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Se monta la brigada política: Marcelino Martín Blas

Asuntos Internos ha sido siempre impenetrable. Sus hombres son anónimos, sus métodos secretos, las matrículas de sus coches indetectables y sus teléfonos inexpugnables. La propia sede propia sede de Asuntos Internos (la única que existe en todo el país) parece sacada del Berlín Oriental en plena guerra fría53.

Las oficinas se ubican en la entreplanta de un anodino y secreto edificio de vecinos de la calle Cea Bermúdez, en el corazón del barrio madrileño de Chamberí. Unos periodistas que lo visitaron señalan que, desde fuera, bien podría ser la sede de una aburridísima sucursal de distribución de válvulas industriales. Ni una placa. Ni vigilancia en el exterior. Solo la señal de vado para vehículos policiales revela que allí hay algo más54 y que su jefe, el Comisario Marcelino Martín Blas, un gestor fiable que había demostrado en los años noventa intentando ordenar el sector de la seguridad privada, protegía por encima de cualquier cosa.

La Unidad de Asuntos Internos investiga históricamente a otros policías sobre los que existen indicios de delito55. Sin embargo con la llegada al puesto de Marcelino Martín-Blas Aranda algo había cambiado. Su nombre sonaba para ocupar puestos de responsabilidad cuando el PP ganara las elecciones de 2011, aún meses antes de que se produjera el relevo en Moncloa56. Descrito en el Cuerpo como auténtica mano derecha de Eugenio Pino, Martín-Blas fue destinado sin embargo a una unidad sin visibilidad pero clave en el control de los más de 68.000 agentes que integran la Policía y, sobre todo, para realizar «gestiones de máximo secreto directamente para la dirección del Partido Popular y completamente «ajenas a sus funciones policiales»», según consta en una denuncia interpuesta por el Comisario Villarejo en la Dirección General de la Policía y en el Juzgado de Guardia57.

El grupo socialista aún no sale de su asombro cuando se enteró de que esa unidad, que se ocupa legalmente a perseguir a los policías corruptos, en realidad se dedicaba a investigar la «delincuencia organizada» y que el ministro le había otorgado «una especial protección». Jorge Fernández Díaz le había otorgado «la clasificación de secreto», tanto en «su estructura como organización, medios y técnicas operativas utilizadas». También lo eran «sus fuentes o informaciones». El carácter «secreto» de la nueva unidad Marcelino Martín Blas era el único departamento de Asuntos Internos del mundo que ya no se dedicaba a perseguir a los agentes corruptos, sino que se inmiscuía en los sumarios que afectaban al Gobierno.

Sea o no cierto lo anterior, lo realmente significativo es que Martín Blas puso a la Unidad de Análisis que dependía de Asuntos Internos a operar como grupo de apoyo en otros casos de corrupción, como la operación Emperador o la operación Malaya58. Treinta analistas empezaron a expurgar y analizar sumarios y proteger al PP59, aunque su primer cometido fue archivar un caso antiguo que afectada a mandos de la Policía Nacional, a los que se denunciaba por haber espiado, precisamente, al Partido Popular. Concluyó que no había base para actuar penalmente contra los dos exaltos mandos policiales que fueron consejeros de Interligare. Esta empresa fue señalada por el PP y El Mundo como un «nido de espías» y el eje de una red corrupta montada por Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior. Según dicha investigación, los comisarios FR y GF habrían incurrido como máximo en una «deslealtad profesional» hacia las empresas privadas para las que trabajaban a la vez que para Interligare. Pero, según los dos citados, sus respectivas empresas estaban informadas y les dieron las autorizaciones pertinentes.

Cerrado el capítulo anterior, Marcelino Martín Blas llenó de poder a su grupo. Por allí pasarían, los próximos meses el Pequeño Nicolás, dos exempleados de mi empresa, Julián Peribáñez y Antonio Tamarit, el chófer de Luís Bárcenas o sus informes con marchamos secreto sobre cuentas en Suiza o Andorra de gente vinculada a CIU fueron muy cuestionados. Pero en aquellos días de 2012 lo único que interesaba era, por un lado, proteger al Partido Popular de posibles fugas de información y canalizar todos los sumarios comprometidos que se estaban investigando en las diferentes unidades policiales de España. Sobre todo a los policías de la Comisaría Central de la Policía Judicial, donde los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigaban las principales tramas de corrupción financiera de este país.

Primero se crea la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación (UPEC). Según el periodista Manuel Cerdán «la Unidad de Inteligencia está formada por una treintena de analistas y, orgánicamente, está adscrita al director adjunto operativo de la Policía (DAO), Eugenio Pino. En el organigrama policial del DAO aparece como Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación. Y, según informó en su día el propio Ministerio del Interior, sus competencias consistían en la «coordinación entre las diferentes áreas policiales» para «intentar maximizar el rendimiento de la inteligencia en la Policía Nacional». A una de sus secciones, el Área de Planificación y Prospectiva, le corresponde «recabar, recibir, integrar y elaborar todas las informaciones de carácter estratégico». El trabajo de campo lo desarrollan agentes de la Unidad de Asuntos Internos, que asimismo estaba englobado dentro de las competencias del DAO. El comisario de Asuntos Internos es también el enlace de la Policía con el Centro Nacional de Inteligencia60. «Fue el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien dio instrucciones al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que la Policía y no el CNI se encargara de la investigación de la corrupción en Cataluña. De esa manera, contarían con una ventaja: sus informes siempre podrían ser judicializados».

En la UPEC trabajan varios destacados agentes policiales, incluso desarrollando algoritmos informáticos, en coordinación con Estados Unidos, para la realización de «sistemas dinámicos aplicados a modelos criminales, y tiene como objetivo incidir en el análisis y el desarrollo de modelos matemáticos y estadísticos para la identificación de patrones temporales de hechos delictivos»61. Aunque el perfil de los policías allí destacados se cubrió con policías venidos de Navarra y el País Vasco y con un concurso interno para captar policías con estudios y especializados en investigación de corrupción política, como los de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dedicada a casos como el de Francisco Correa, Bárcenas, Nóos o los sumarios relacionados con los Pujol. Los «requisitos» para optar a la plaza, que poco o nada tienen que ver con la investigación de policías «podridos», no pueden ser más reveladores: asuntos Internos busca funcionarios con «conocimientos o experiencia en la investigación» de «delincuencia económica y fiscal» y «blanqueo de capitales»62. También puntuaba tener «conocimiento de idiomas», especialmente si son de las «lenguas cooficiales de España». Algo que dejaba claro dónde los enviaban a investigar.

El Gobierno consideraba que «todo lo referido a Asuntos Internos, y siempre como punta de lanza contra el crimen organizado, tiene “la clasificación de secreto”, tanto en “su estructura como organización, medios y técnicas operativas utilizadas”. Tampoco un solo dato, avisa el Ejecutivo, sobre “sus fuentes o informaciones” que puedan comprometer el carácter “secreto” de esta nueva unidad de Asuntos Internos, el único departamento de Asuntos Internos del mundo que ya no se dedica a perseguir a sus agentes corruptos.

Primeros de abril de 2012
Dirección General de la Policía
Despacho de Eugenio Pino

—Si alguien en Cataluña levanta el dedo y dice: “independencia” a ese lo investigamos» —ordenó Pino63 a sus hombres, antes de quedarse solo.

Se sentía joven, a pesar de haber cruzado los sesenta años, pero cada vez que se peleaba con el ordenador recordaba su edad. Alguien le había dejado frente a él una nota informativa que había realizado Villarejo y sonrió pensando en aquel hombre. Él se había formado en la calle, dando palos con los antidisturbios, y admiraba a la gente que, como Villarejo, era capaz de enfrentarse a los malos con su inteligencia. «Cuando llegué a la DAO el comisario Villarejo ya estaba allí», pensó Eugenio Pino frente a su mesa. A diferencia de Martín Blas, con el que tenía una gran amistad. Sonrió al acordarse de cómo «Marcelino iba todos los días a despachar con él. Tomaba cafés juntos, todos los días y Marcelino le contaba cosas»64.

Estaba orgulloso de esa amistad y por eso había designado a Marcelino intermediario entre el CNI y el Cuerpo Nacional de Policía. Marcelino era un hombre de confianza («Habíamos acordado entre la Secretaría General del CNI buscar un interlocutor, ellos buscaron un interlocutor y yo busqué otro que era Marcelino»).

Por eso los había elegido para investigar a los catalanes.

—¡Maldito ordenador! — exclamó. —Gago ayúdame.

José Ángel Fuentes Gago entró al despacho. Era su mano derecha y la persona que le ayudaba con todo. Tocó un par de teclas y al fin el ordenador se estabilizó.

—Por cierto, jefe. Están llegando informaciones que vinculan a Mas y a Pujol con casos de corrupción.

La sonrisa de Pino lo decía todo.

—José Ángel, recuérdalo. A partir de hoy todas las informaciones sobre los catalanes son prioritarias. Cualquiera que nos quiera contar algo es bienvenido. Y luego ya te pediré consejo a ti o le encargamos a Villarejo que lo compruebe.

Había dejado claro su planteamiento. Marcelino estaba para el control de los casos que afectaban a la policía y al PP. Villarejo se debía ocupar de Cataluña. Margarita Robles recuerda que aquello no era una novedad y que ya en 1996 algunos policías viendo que el PP iba a ganar las elecciones «pasaban información con el ánimo de medrar en los nuevos puestos». Había que controlar a Bárcenas para que no se desmadrase y, por eso, «investigaban todas las noticias que decían que había dinero en una serie de paraísos y una serie de cuentas65». La Unidad de Asuntos Internos también incluía en sus «bases de datos de inteligencia policial» multitud de causas judiciales. Sus hombres analizaban causas antiguas como la Operación Clotilde66 en la que se detuvo al alcalde de Lloret Xavier Crespo, la Operación Avispa contra Fernández Teixidó67, el Caso Pretoria68, Saratoga y Riviera69, Macedonia70 y el Caso Palau cualquier otra con ramificaciones en Cataluña.

Mientras, en la otra punta de Madrid, Moragas pedía consejo a miembros de los anteriores gobiernos para encontrar fórmulas con las que afrontar las demandas económicas y sociales de Artur Mas.

Sesión de control al Gobierno
Senado de España
10 de abril de 2012

Casi marcial y con papeles en mano, Jorge Fernández Díaz, anunció en la sesión de control en el Senado que durante el anterior gobierno socialista, se investigó de forma ilegal al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. «A finales del mes de julio y principios del mes de agosto» de 2011 González fue «investigado irregularmente [por la policía] al margen de los protocolos establecidos».

González sonrió desde su despacho al escuchar las declaraciones del ministro. Había conseguido atajar las investigaciones policiales. Ya solo le quedaba acabar con los detectives que se habían atrevido a investigarle.

Jefatura de Policía de Barcelona
Via Laietana
26 de abril de 2012

La fachada de la Comisaría de la Policía en la Vía Laietana no atemorizó a Marcelino Martín Blas, a diferencia de a muchos ciudadanos que aún recordaban al Comisario Creix, al que Manuel Vázquez Montalbán definió como un «profesional de la humillación»: un torturador de sindicalistas, catalanistas e intelectuales como Joan Oliver, Joan Comorera o Gregorio López Raimundo. De eso ya hacía muchos años, debió pensar el Comisario cuando ascendía los escalones del edificio que antaño había sido un hotel y que hacía ya mucho tiempo que había democratizado sus actos. Sin embargo, Martin Blas viajaba para controlar que el traspaso de poderes entre el antiguo y el nuevo Jefe Superior de Policía se materializaba con normalidad.

Pero lo que encontró no le gustó nada. Las aguas andaban revueltas. Hacía pocos meses que Eugenio Pino había mandado destituir al gerundense Narciso Ortega, por un amigo del ministro del Interior, Agustín Castro. Ortega había tomado posesión de la Jefatura en septiembre de 2008, dejando el mismo puesto en Canarias donde había sido el azote del PP: caso Eolo71, caso Faycan72,caso Góndola73 y caso Las Teresitas74. Y aquello no podía volver a ocurrir.

Aunque Ortega llevaba desde el mes de febrero de 2012 destinado en Zaragoza tenía a mucha gente que le seguía apoyando desde el interior y debía acabar con las divisiones internas. Su sustituto, Agustín Castro Abad, anterior jefe de la Brigada de Información del CNP en Cataluña, al que le unía una «amistad muy estrecha con el ministro del Interior con el que, además, compartía parroquia y rezos»75 había puesto en marcha un caso que parecía adormecido: la Operación Pitiusa.

¿Recuerdan las advertencias que me habían realizado sobre la inquina de la policía contra los detectives? Pues aquel operativo estaba destinado a localizar las fuentes de información de los detectives españoles y Martín Blas temía que hubiese policías implicados en aquellos hechos. La propia Unidad de Asuntos Internos había informado sobre un Inspector de Policía vinculado76 a la trama.

Ortega recuerda que «la operación Pitiusa se puso en marcha para detectar qué policías y funcionarios miraban antecedentes y otros datos personales de personajes importantes. No era normal que en una causa como Malaya o Gürtel un policía de fuera de Madrid mirase los antecedentes penales y querían atajarlo77». Pero su sustituto empezaba a dar muestras de indecisión en aquel y otros casos. Además, en aquellos momentos lo único importante era sacarse de en medio a Ortega muy vinculado al federalismo socialista y con fama de ser un «hombre de Rubalcaba» y Castro, al que en el seno de la policía se le conoce como «papelines» por su amor a la burocracia, se había visto desbordado por un puesto de esa importancia.

Castro había anunciado en su toma de posesión: «vienen tiempos difíciles» y aquel operativo que se había puesto en marcha en la época de Ortega tenía que acabarse urgentemente. Alguien había dicho que afectaba al marido de una dirigente del Partido Popular y aquello no se les podía ir de las manos.

Cumbre policial
Restaurante La Camarga
Barcelona
30 de abril de 2012

La calle Aribau de Barcelona ese lunes al mediodía se colapsó de coches oficiales y escoltas. El Ministerio del Interior en pleno fue entrando en el Restaurante La Camarga donde tenían un reservado un salón privado para comer. En el interior les esperaba el jefe superior de policía de Catalunya, el comisario principal Agustín Castro, y el general de la zona catalana de la Guardia Civil, Ángel Gozalo. Cuatro días antes, el 26 de abril de 2012, el Comisario Marcelino Martín Blas había visitado Barcelona para coordinar parte de la reunión que iba a mantener el ministro con las Fuerzas de Seguridad locales.

Se había anunciado que el ministro del Interior iba a visitar un centro de internamiento por la mañana, pero finalmente no había asistido. El Presidente del Gobierno había indicado públicamente que no pensaba ceder «en el tema catalán» y la radicalización de los nacionalistas había cambiado la agenda de Jorge Fernández Díaz.

Lo cierto es que aquellos días fueron intensos para el ministro. Convergencia había anunciado la celebración de un referéndum y Mariano Rajoy tenía claro que no iba a pasar a la historia como «el Presidente bajo cuyo mandato se había roto España». Poco después, Alicia Sánchez Camacho pidió una reunión con Artur Mas para reiterar su preocupación por la deriva tan independentista y radical que había tomado CDC tras la celebración de su congreso de marzo. «Me aseguró que su prioridad es la recuperación de la economía» —dijo la entonces Presidenta del PPC al diario ABC78. Sin embargo, añadió: «ese viraje imposibilita que podamos tener una relación de colaboración. Nosotros abriremos un periodo de reflexión y el partido decidirá qué hacer después de Semana Santa».

Tres días antes, el 27 de abril de 2012, la dirigente popular se había reunido con el Presidente Rajoy en Moncloa para hablar de Catalunya y la deriva nacionalista de Artur Mas, algo que es obvio que le debieron transmitir a Jorge Fernández Díaz, porque cuando bajó del coche oficial frente a La Camarga, parecía agotado y preocupado. Llevaba pocas semanas a cargo del Ministerio y ya achacaba la presión del cargo: parecía irascible, sus tics se desmadraban, algo que contrasta con su lábil capacidad para guardar secretos. Casi sin saludar, cruzó el restaurante y cuando entró en el reservado anunció que no tenían mucho tiempo para almorzar. A las cuatro les esperaban en la sede de la Delegación de Gobierno en Barcelona.

Hablarían de todo aquello y coordinarían los últimos flecos del dispositivo de seguridad de la cumbre del Banco Central Europeo (BCE) que se iba a celebrar ese jueves en la ciudad condal y que desplegó a dos mil trescientos policías y mil doscientos guardias civiles.

Y obviamente de la deriva de los nacionalistas: CIU había solicitado el «pleno reconocimiento y la confianza del papel que tienen los mossos d’esquadra como policía integral del Estado». Los nacionalistas habían intentado coordinar la seguridad de aquella cumbre, pero Fernández Díaz no había accedido ni a eso ni a facilitarles el acceso a las bases de datos policías. Si los mossos querían usarlas deberían pedir permiso, caso por caso. «Así sabían lo que los policías autonómicos se llevaban entre manos», me dijo un policía en aquella época.

A pocos metros del restaurante, en el Foro Tribuna Barcelona, el conseller de Interior Felip Puig lamentaba que no hubiese un centro de coordinación de la reunión del BCE coordinado los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional durante la cumbre del Banco Central Europeo. «El Ministerio ha preferido tener su propio centro», aceptó resignado Puig mientras anunciaba un mayo caliente.

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