LA COLECCIÓN
MEMORIAS DE NUEVA ESPAÑA

La compleja y larga formación de la Colección Memorias de Nueva España ilustra las tensiones entre criollos y peninsulares durante el declive del dominio español. Entre esas diferencias se encuentran las pugnas por la apropiación del pasado, desde la península, para construir una hispanidad que unificara la diversidad del mundo español y mejorara su imagen ante el resto de Europa, y desde la Nueva España, para fortalecer el sentido de identidad con el territorio en que se había nacido, junto con el derecho a ser reconocidos por los otros.

La Corona, en su empeño hegemónico, inhibió el desarrollo de herramientas novohispanas de comprensión histórica, como sucedió en los casos de Boturini y de Sahagún. En cuanto a la obra del franciscano, recuérdese que fue requisada en vida del autor, incluyendo sus borradores;6 en lo que se re­fiere al italiano, su colección de manuscritos fue confiscada por el gobierno virreinal.7 Junto al freno impuesto por la Corona, en el caso que se trata en estas páginas, se percibe una callada pero firme resistencia por parte de los novohispanos a desprenderse de lo propio. De esta suerte, en el último tercio del siglo XVIII, los intereses por la historia obligaron a diferentes grupos sociales a confrontarse.

Para 1780, durante el reinado de Carlos III, el Imperio español había perdido posición y presencia en Europa. Las nacientes potencias imperiales, particularmente Gran Bretaña y Francia, amenazaban su ámbito de influencia tanto en el continente como en las Indias. Por tal motivo, la Corona aplicó varias medidas económicas y administrativas para obtener de la recaudación americana los fondos suficientes para financiar sus campañas militares. Asegurar la dependencia de Nueva España —en bonanza por la minería— respecto de la metrópoli fue, por tanto, prioritario. Desde la estancia del visitador Gálvez en tierras novohispanas, se había implantado una política modernizadora mediante la reorganización territorial en intendencias y la apertura de puertos en las dos orillas del Atlántico (Marichal, 1999).8 Estas reformas sujetaban la economía y, unidas a las ideas de la época y las repercusiones de la entonces reciente independencia de las 13 colonias inglesas, incentivaron las aspiraciones de autonomía.

La estrategia española no solo se manifestó en el aspecto económico-militar sino en los ámbitos de la política y la cultura. El gobierno Borbón trató de forjar una identidad que vinculara Corona y nación a partir de una memoria común entre España y las tierras conquistadas (Molina, 2005: 652). Según la convicción dominante, un Estado era expresión de un pueblo con la misma cultura y lengua, productos de un pasado compartido. Con ello se intentó montar una historia española capaz de enlazar la sensibilidad de la época con la recuperación del esplendor perdido. Así, la descripción fáctica del dominio americano se volvió indispensable y se convirtió en un candente tema de discusión. Se inicia la era que exaltaría a Cristóbal Colón, Hernán Cortés y Francisco y Gonzalo Pizarro, poseedores de las virtudes esenciales del caballero cristiano español: lealtad y servicio al rey, a la patria y a Dios (Mestre Sanchis, 2003: 48). Incluso, en 1762 se redactó una especie de método para escribir esa historia (Salcedo, 1932).

En esta trama resurgió el regalismo, tendencia que considera inherentes a la Corona ciertos derechos y facultades. Para entonces, ya buena parte de Europa estaba apartada de Roma, por lo que fue fácil poner en duda la potestad papal para adjudicar a España los territorios americanos.9 La crítica más ácida y contundente provino de tres autores cuyas voces repercutieron con fuerza en Iberia. Cornelio de Pauw calificó las bulas de “obra del oportunismo papal” y de “monumento a la extravagancia humana”; para el abate francés Guillermo Tomás Raynal eran fruto de un poder universal “que la ignorancia idólatra de dos pueblos igualmente supersticiosos” prolongaba para asociar el cielo con su avaricia. Para el escocés William Robertson, el pontífice simplemente carecía de facultades para efectuar la donación (Mariluz Urquijo, 1993). Esas obras retoman el pensamiento crítico de fray Bartolomé de las Casas, quien cuestionó la forma en que se realizó la conquista americana.10 Señalaban, además de la sobreexplotación y el exterminio de la población nativa, la existencia de la Inquisición; la pobreza en las infraestructuras de comercio, marina e industria, y la carencia de una calidad literaria y artística. Ante la edición de esas obras extranjeras, la intelectualidad española reajustó el pasado para apropiárselo.

En su obra Recherches philosophiques sur les américains ou mémoires intéressantes pour servir à l’histoire de l’espèce humaine (1770), De Pauw —que se apoyaba en las ideas del naturalista Buffon— denostaba a la población americana.11 Partía de características climatológicas y físicas para afirmar que las capacidades de los americanos eran inferiores a las de los europeos, tanto en el aspecto físico como en el intelectual y anímico. Estas ideas eurocentristas ejercieron influencia en autores como Raynal, Robertson y Juan Bautista Muñoz (Gerbi, 1982: 369-375).

The History of America de Robertson, editada en Londres en 1777, logró aceptación entre los miembros de la Academia de la Historia en España, al grado de tramitar, en 1778, la anuencia real para afiliarlo e imprimir la obra en español. Aunque Robertson seguía el discurso de escritores españoles, criticaba la disminución drástica de la población india a causa de los trabajos forzados y la opresión española. Atacó la manera en que se había coartado el flujo de mercancías al concentrar el intercambio en un solo puerto, pero elogió a Carlos III por las medidas adoptadas en favor del libre comercio.12 El rey aceptó en principio publicar la obra comentada, bajo el auspicio del entonces director de la Academia, Pedro Rodríguez Campomanes.13 La edición fue suspendida abruptamente en enero de 1779, debido al incremento en la tensión de las relaciones con Inglaterra, según Fernández Duro (1903: 14). En opinión de Cañizares-Esguerra, el ministro José de Gálvez, apoyándose en los argumentos de un autor anónimo (probablemente Juan Bautista Muñoz), fue quien detuvo la impresión (2001: 174-182).14

Por su parte Raynal publicó, entre 1770 y 1780, tres versiones de su Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, traducida al español en 1790 con importantes modificaciones por el duque de Almodóvar (bajo el seudónimo de Eduardo Malo). Pese a exaltar los progresos comerciales derivados de los descubrimientos, Raynal criticaba a “los grandes asesinos que se llaman conquistadores”, el poder de la Iglesia en los territorios sojuzgados y el fanatismo y la ignorancia de los españoles (Brading, 1998: 456-482).15 El artículo de Masson de Marvillers, publicado en 1782 en la Encyclopédie con el título “¿Qué se debe a España?”, ponía en entredicho la aportación española a la cultura y la ciencia europeas en los siglos anteriores y, lo que era más importante, negaba los avances de las políticas reformistas de la época, a más de menospreciar cualquier posible éxito del Estado ilustrado.

El contraataque tenía que darse en el terreno de las ideas; por ello, en la metrópoli se rebatieron los argumentos con un discurso histórico-político elaborado en España y desde España (Molina, 2005: 654). Los receptores serían los mismos españoles y el resto de Europa. Por medio de la palabra escrita, Feijóo, Cadalso, Nuix, Forner, Ezcóiquiz y Montenengón combatirían esas interpretaciones de la conquista y la colonización.16 El jesuita catalán Juan Nuix y Perpiñá, desde el exilio escribió en italiano Riflessioni imparziali sopra l’umanitá degli spagnoli nell’Indie (1780), traducida dos años después al castellano.17 La argumentación del autor sintetiza muchas de las posiciones de aquel momento:

Ya que nuestros contrarios, como hemos demostrado, son injustos en exagerar los males, veamos por fin su malevolencia e injusticia en callar y disimular los grandísimos bienes que los españoles llevaron a las Indias. […] Aun cuando no hubiesen hecho otra cosa que llevar y establecer allí el cristianismo ¿quién sino un ateísta o un deísta el más bárbaro podrá negar que por este beneficio debe las Indias a España el origen de toda su felicidad temporal? [Los misioneros] fueron los que derribaron el imperio del demonio en todas aquellas tierras y que inspiraron el conocimiento del único y verdadero Dios y la creencia en nuestro redentor a aquellas naciones que eran las más estúpidas y bárbaras, convirtiendo en hombre o por mejor decir en ángeles dignos del cielo a aquellos insensatos salvajes que parecen a los ojos de nuestros filósofos poco mejores que bestias. Todos los filósofos antiguos y modernos con todos sus conocimientos y pretendida humanidad no han hecho jamás un beneficio como este al género humano (Nuix, 1782: 296).

Sin duda, la historia del descubrimiento, y sobre todo de la conquista y la colonización del Nuevo Mundo por los españoles, constituyó un campo de enfrentamientos ideológicos y políticos (Mestre Sanchis, 2003: 186 ss.). En España, las primeras historiografías del siglo XVIII pretendían legislar el pasado, ya que nacían en “un emborronamiento del discurso histórico, determinado por la voluntad de administrar la memoria, de gestionar la historia” (Marzo, 2010: 12). Fueron tiempos de asentar que la esencia de lo español era el ser cristiano, por lo que su mérito en América —se pensó— había sido aumentar la población creyente. Por este enfoque, la publicación de obras y documentos de carácter histórico acerca del Nuevo Continente estuvo estrictamente reglamentada a partir de 1755, fecha en que la Academia de la Historia recibió el título de cronista de Indias.18 Se dieron fuertes debates sobre cómo escribir la historia del Nuevo Mundo y sus pueblos. La tensión entre el Consejo de Indias y la Real Academia de la Historia, que implicaba el acceso de esta a los documentos reservados, así como su dificultad para decidir el método y las fuentes apropiadas para asumir la abrumadora tarea que le había sido impuesta, es ampliamente descrita por Cañizares-Esguerra (2001: 160-169).

La elaboración de una nueva versión de la conquista y la colonización, dentro de esta crisis de historia corporativa, implicaba localizar a la persona idónea para tal propósito. El que había sido nombrado, en 1770, cosmógrafo mayor de Indias fue seleccionado.19 Recomendado por personas cercanas, el 17 de junio de 1779 el rey encargó al valenciano Juan Bautista Muñoz (1745-1799) escribir la historia de las Indias.20 Su designación implicó enemistarse con la Real Academia de la Historia.

La intención del encargo es clara en la solicitud que hace Muñoz al rey para que formalice su nombramiento:

Con esto se logrará indemnizar al gobierno tantas censuras injuriosas, desagraviar a la Nación de los injustos cargos de los extranjeros, disipar las nubes que han opuesto a la verdad la ignorancia y la preocupación, vindicar las verdaderas glorias de España, haciendo ver el valor de sus héroes, la benignidad del gobierno y el increíble aumento que ha recibido la religión cristiana por el celo de los gloriosos progenitores de Vuestra Majestad (Real Academia de la Historia, 1956, t. III: XLII).

Justo al tratar de reflejar el clima ideológico de la época del descubrimiento, Muñoz resaltó que se consideraba obra santa echar fuera a quienes no creían en Cristo. Al mismo tiempo destacó que los príncipes más empeñados en ello eran reputados de piadosos y que el papado había impulsado las empresas de conquista como cruzadas redentoras.21

Para rendir cuenta de ese proceso, según él, debía escribirse una historia basada en documentos de la conquista y la colonización, puesto que la veracidad histórica debía apoyarse en testimonios escritos. En las obras ya escritas no encontró ninguna capaz de “llenar su pensamiento”, y censuró la americanística de su época. En Idea de la historia general de América y del estado de ella, Muñoz expresó algunas ideas acerca de la forma de elaborar una historia rigurosa y refrendada de América. Tras la muerte de Carlos III, la anuencia a esta labor fue reiterada por Carlos IV, a pesar de la reticencia de la Academia de la Historia, que reclamaba para sí el derecho de elaborarla con el argumento de que era su labor. El nuevo rey solucionó el diferendo al nombrar a Muñoz miembro de la institución e insistió en que le facilitaran su trabajo (Real Academia de la Historia, 1956, t. III: LXXXIII-XCV; Fernández Duro, 1903: 15-18). El agotamiento y las tensiones terminaron con la vida de don Juan Bautista antes de finalizar la revista de acervos. Solo alcanzó a ver la edición del primer tomo, único impreso, después de minuciosas críticas por parte de José de Guevara Vasconcelos, representante de la Academia (Fernández Duro, 1903: XL-XLIII).22

Su labor contó con todo el apoyo para consultar archivos españoles oficiales, religiosos y particulares. En su ardua empresa de revisión, selección, anotación, copiado —que le tomó más de 15 años—, reunió y transcribió diversos manuscritos tanto en Madrid como en El Escorial, Simancas, Sevilla, Cádiz, Tolosa y Andalucía, lo mismo que en Portugal. Aunque no se ha localizado información que permita corroborar que fue por expresa voluntad de Muñoz la solicitud de documentos históricos a los americanos, es poco probable que no haya sido así. Casi un año después de iniciar su labor, y tras revisar los fondos del Consejo de Indias, donde pudo ver mucho de lo utilizado por el cronista Herrera, se gestionó en los reinos de América el envío de documentos. Muñoz solicitó directamente a los miembros de la expedición científica encabezada por Alejandro Malaspina información fidedigna y de primera mano de las culturas prehispánicas de los lugares que visitaran (Pedro Robles, 2006: 313).23 Los documentos de su recopilación siguen reunidos en la biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid, en la Colección Juan Bautista Muñoz (Romero Tallafigo, 1994; Bas Martín, 2002). A juzgar por los materiales que se conservan, su tarea fue realmente titánica.

El acopio de papeles históricos en América tampoco fue faena sencilla. En Nueva España hubieron de pasar diez años para que surtiera efecto la orden real de entregar evidencias escritas sobre la conquista y la colonización. La flema con que se tomó el mandato revela que los criollos tenían un proyecto propio para construir su identidad, deseo que se cumpliría por medio de una historia singular.

LAS PRIMERAS ÓRDENES REALES PARA RECOPILAR DOCUMENTOS Y EL CASO BOTURINI

El interés por allegarse documentos sobre la historia de Nueva España tiene como antecedente la gestión de Lorenzo Boturini para recobrar los que reunió en México durante su estancia de 1736 a 1743.24 Aunque su interés estaba centrado en la tradición guadalupana, en su búsqueda se interesó también por la historia prehispánica que, de acuerdo con lo que escribió, “clamaba por sujeto que la sacase del túmulo del olvido” (Boturini, 1986: 5). Con esta inquietud, recorrió pueblos de indios en las inmediaciones de la Ciudad de México, en la región de Puebla y Tlaxcala; también, probablemente, en Michoacán y Oaxaca. Consiguió varios tipos de testimonios: pictografías y manuscritos en lenguas indígenas; trasuntos de la historia antigua (Ixtlilxóchitl, Chimalpáhin, Tezozómoc, Zapata) compuestos a partir del repertorio de la biblioteca del colegio jesuita de San Pedro y San Pablo, consignatario del legado de Sigüenza, etcétera. Cuando esta colección de objetos históricos y documentos fue incautada, se conservó en un estante de cedro. En el ir y venir de las comunicaciones para recuperarla, se terminó por referirse a ella, para abreviar, simplemente como el mueble de cedro o mueble de Boturini, que más tarde se conoció como Museo Boturini.

Tras insistentes gestiones en España y gracias al apoyo de José Borrull, fiscal de Nueva España en el Consejo de Indias, en diciembre de 1747 Boturini obtuvo el nombramiento de cronista en Indias. Este cargo, que implicaba trabajar en territorio de Nueva España, le permitiría regresar a México para recuperar su colección; sin embargo, la falta de medios se lo impidió (Ballesteros Gaibrois, 1990: XV). En la solicitud al Consejo para obtener ese nombramiento, se sugería la fundación de una academia de historia en la Nueva España que, a más de Boturini, incluyera a otros estudiosos; la propuesta fue rechazada (León-Portilla, 1986, XXVII). En 1766, años después de su muerte, la Real Academia de la Historia, en su calidad de cronista mayor de las Indias, solicitó infructuosamente que le fuera enviada la colección original. Todo indica que hubo renuencia a entregar este acervo a España, pues las reiteradas órdenes en este sentido nunca fueron cumplidas.

El primer requerimiento de documentos para el trabajo de Juan Bautista Muñoz sobre la intervención española en América fue la orden real del 12 de mayo de 1780, suscrita por José de Gálvez, ministro de Indias, y dirigida al recién nombrado virrey, Martín de Mayorga. El rey mandaba recoger libros y documentos sobre sus dominios, de todas las bibliotecas y archivos públicos, de comunidades y de particulares. Luego debían depositarse en el archivo y librería de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de Indias para ser remitidos a España (AGN, RCO, vol. 119, núm. 59, f. 69).25

La solicitud incluía el llamado Museo Boturini, las colecciones de la Universidad y la obra de Mariano Echeverría y Veytia, junto con los manuscritos que este tuviera en sus manos. Se presumía que, por haber accedido a documentos de Boturini, estos continuarían en su poder.26 Esta primera orden requería manuscritos originales: “igualmente prevengo a Vuestra Excelencia de orden de Su Majestad que en caso que Veytia y los demás cuerpos y particulares que tuvieren manuscritos quieran quedar con copias de ellos se lo permita Vuestra Excelencia, dándoles el tiempo preciso para sacarlas, y que se costee de la Real Hacienda el gasto que en ello hicieren” (AGN, RCO, vol. 119, núm. 59, f. 69). Sacar copias, por fuerza, debió de ser lento. No se tienen noticias al respecto sino hasta que es nombrado virrey Matías de Gálvez, hermano del influyente José de Gálvez. Probablemente como respuesta a algún requerimiento, don Matías, en carta del 24 de octubre de 1783, dio cuenta de lo realizado hasta entonces. Reseñaba que se habían recogido de doña Josefa de Aróstegui, viuda de Mariano Veytia, varios manuscritos y la historia que escribió de la Nueva España (AGN, CV, vol. 146, núm. 335, f. 349).27 La viuda de Veytia entregó la obra de su esposo sin pedir más que un resumen de su contenido (AGN, H, vol. 35, f. 5).28 Aunque se dice que la entrega fue voluntaria, sería extraño que no se hubiera ejercido presión sobre ella, o bien, como afirma su hijo en una carta al editor de la Historia antigua de México, la cesión se debió a que Veytia había tenido acceso a los documentos gracias al apoyo real.29

El 22 de febrero de 1784, otra orden real reiteraba el mandato de colectar documentos para la historia que escribiría Juan Bautista Muñoz (AGN, H, vol. 35, ff. 1-3). A la solicitud previa, a partir del supuesto de que deberían de existir en las bibliotecas de los jesuitas expulsados, se agregó la lista de los manuscritos citados por el jesuita Francisco Xavier Clavijero, en obra recientemente editada en Italia.30 Autores como Motolinía, Olmos, Zurita, Pimentel y de Tovar, así como de Muñoz Camargo, Alva Ixtlilxóchitl, Chimalpáhin y Alvarado Tezozómoc, estaban inscritos.31 Requería, además, buscar en conventos y colegios lo que hubiera sobre el tema, para lo cual se debía designar a la persona idónea. Insistía en la colección Boturini.

En la promoción del cumplimiento de esta segunda orden se hizo partícipe, como supervisor, a don Ramón de Posada, fiscal de la Real Hacienda.32 El virrey aceptó la sugerencia de enviar cartas, acompañadas por la orden real, a los provinciales y superiores religiosos para obtener su anuencia a la brevedad posible (AGN, H, vol. 35, ff. 4-7). A sus instancias se demandó también la historia de la provincia de Michoacán del franciscano Pablo de Beaumont, recién fallecido.33 El manuscrito lo entregó Manuel de Avella, guardián del convento franciscano de Querétaro, en ese año de 1784. Al mismo tiempo, Posada insistió en la importancia de un sujeto activo e inteligente para tal labor. Se percibe dificultad en la designación, porque esa persona debía poseer, además de conocimientos, suficiente autoridad y prestigio para que religiosos y particulares le permitieran el acceso a sus depósitos y, sobre todo, le entregaran lo solicitado. Frente a esta contingencia, se indicó que, si era conveniente, se dejaría a los propietarios duplicado de sus documentos. De acuerdo con las sugerencias del fiscal, el virrey Gálvez pidió al rector de la Real y Pontificia Universidad que designara, de esa institución, a la persona conocedora, capaz y con tiempo y disposición para que, con cartas del virrey, entrara en contacto con los religiosos y realizara búsquedas en la propia Universidad. Francisco Beye de Cisneros asumió la tarea, aunque no con la premura que requerían las autoridades, pues todavía en marzo de 1787 el fiscal insistió en el envío de lo solicitado e incluso lo emplaza a su entrega en tres días (AGN, H, vol. 35, ff. 7 y 8; 27 y 34v-35). No sabemos a ciencia cierta si don Francisco asumió el encargo de manera formal, pues en abril de 1785, en atención a su labor, pretendió sacar libros y documentos de la Universidad, pero el entonces rector se opuso, diciéndole que mientras no mostrara documentos que lo acreditaran como comisionado, no podría retirar nada (Osorio Romero, 1986: 235-236).

En diversas cartas se reiteran quejas del retraso por parte de la Universidad. Es probable que, además de la dificultad propia del encargo, influyera el celo por los documentos originales, puesto que lo propio cobraba creciente interés entre los criollos. Además, y cómo podrían faltar, había razones personales: un antepasado de Francisco Beye de Cisneros había impulsado la instalación de la biblioteca en la Universidad.34

En septiembre de 1786, el fiscal Posada se quejó nuevamente del incumplimiento de la orden real. Solicitó al virrey Matías de Gálvez que pidiera al rector que remitiera todo lo entregado en 1771. Indicó que, una vez recibidos los documentos, estos debían depositarse en un expediente creado para tal fin, junto con lo de Beaumont y lo demás que se fuera agregando. En marzo de 1787 señalaba a propósito del expediente: “ha corrido con la desgracia de todos los que no valen dinero”. En noviembre del mismo año renovó el reclamo y solicitó al virrey reconvenir a Beye por “lo reparable que se ha hecho su falta de puntualidad” y le urgía a que fuera en lo sucesivo más exacto en obedecer las órdenes superiores (AGN, H, vol. 35, ff. 29-29v; 34v y 230). Estas recriminaciones, de apariencia burocrática o administrativa, muestran una tensión por la documentación que sustentaba el acontecer en tiempos antiguos.

LA UNIVERSIDAD Y SUS ACERVOS

No era ocioso recurrir a la Universidad, pues era la depositaria de buena parte de lo demandado.35 A fines de 1784 se había reportado que en la Secretaría Virreinal no se encontraba el mueble de cedro que contenía la colección Boturini. Más tarde, en diciembre de 1786, en la escribanía se localizó la constancia de que, entre diciembre de 1771 y enero de 1772, el virrey Bucareli había ordenado que se trasladara a la Real Universidad. Sin embargo, al parecer el acervo de Boturini ya no estaba completo. El virrey Croix había entregado una parte al arzobispo Lorenzana para la edición de las cartas de Hernán Cortés (AGN, H, vol. 35, ff. 8v-17v).36 Además, otros escritos fueron facilitados a personajes como Mariano Veytia y Antonio León y Gama. A pesar de no estar íntegro, la Universidad lo resguardaba con algunos objetos y documentos. También había pasado a la institución universitaria, por intervención de Lorenzana, una parte del fondo de Temporalidades, formado para contener los bienes de los jesuitas expulsados.37

El retraso de la Universidad en el cumplimiento de la orden real fue una estrategia defensiva para retener un acervo tan difícilmente conformado. Más aún, por tratarse de documentos preciosos para la historia novohispana en una época en que era patente, entre los americanos, el escrúpulo por lo patrimonial. Siguiendo el camino abierto por Sigüenza, los criollos de la Nueva España habían mostrado interés por documentar el pasado. En 1722, Juan Ignacio de Castorena y Ursúa editó la Gaceta de México, que retomó Juan Francisco Sahagún de Arévalo hasta 1742. En este periódico se dedicaron algunos espacios a temas históricos. En 1755, Juan José de Eguiara y Eguren publicó un volumen de la Biblioteca mexicana, primer gran esfuerzo por documentar las publicaciones de nativos y avecindados en la Nueva España. Esta obra se propuso refutar la idea adversa del deán de Alicante, Manuel Martí, acerca de la cultura y la intelectualidad local.38 Para formar su obra, Eguiara solicitó y obtuvo información de varias ciudades de la Nueva España y de otras regiones de América, principalmente de órdenes religiosas, colegios y personas eruditas. Consiguió diversos listados que, aunados al de su propia biblioteca, le permitieron acercarse a su propósito, interrumpido por su muerte en 1763.39 De acuerdo con diversos autores, esta obra constituye “la primera formulación sistemática de la identidad criolla” (Comes Peña, 1999).40

A diferencia de los españoles, entre los nacidos en América hubo interés especial por la valoración del pasado prehispánico. En 1740, Antonio de Solís inició la exploración de los monumentos de Palenque. La Historia antigua de México de Clavijero constituyó un hito en la historiografía criolla; además de criticar las ideas de Pauw, exaltaba la grandeza del mundo antiguo mexicano. Hacia finales del siglo, en 1791, Alzate publicó Antigüedades de Xochicalco, y en 1792 se dio a conocer Descripción histórica y cronológica de dos piedras de León y Gama.41

El interés criollo por el pasado no impidió que el 21 de diciembre de 1787 el rector José Ignacio Beye de Cisneros enviara a la Secretaría del Virreinato varios libros acompañados por un catálogo de lo localizado en la Universidad, en archivos y bibliotecas de conventos y colegios, empeño de su hermano Francisco. Esta lista consta de 19 incisos, algunos con varias obras. Aparte de la descripción formal, indica la lengua del escrito, el nombre del autor —en ocasiones algunos de sus datos—, el título de la obra y su tipo documental. Describe su importancia; si es impreso raro, original o copia; si debía reproducirse y devolverse al repositorio original, o si fue copiada por el comisionado. También anuncia las dificultades que enfrentó su cumplimiento (AGN, H, vol. 35, ff. 41-52).42

Para justificar la demora, el rector señalaba que solo podrá hacerse cargo de nuestros trabajos para esta colección quien tuviere un perfecto conocimiento del número de estas bibliotecas, las pocas horas que hay en el día en que se puede entrar a ellas para no perturbar el sosiego y régimen de los religiosos, el inmenso volumen de los archivos de todas ellas y, sobre todo, el poco o ningún orden con que están colocados los papeles de estos y libros de aquellas, principalmente manuscritos casi no hay otro en los archivos que la simple colocación de papeles de todos géneros sin separación alguna por el año en que se introdujeron en ellos. Esto y estar muchos de letras antiguas muy difíciles de leer, sin carátulas los más viejos que era en donde pensamos hallar lo que se solicitaba, dificultó mucho su reconocimiento y después de trabajar semanas enteras no se conseguía cosa alguna conducente a nuestro intento. Por otro lado después de haber hallado algún cuaderno o libro en que bajo de una carátula de Historia de México y otra igual, pensábamos hallar algo útil, hallábamos no traer otra cosa que lo mismo que dicen los autores todos por haberlos copiado los que lo son de aquellos manuscritos, y ya se ve que iguales obras solo han servido de hacernos perder el tiempo en leerlas para despreciarlas y no abultar con un volumen inmenso de papeles inconducentes la colección de nuestro destino (AGN, H, vol. 35, ff. 40-40v).43

Respecto a la lista de Clavijero, que se había rastreado sin éxito en la biblioteca de San Gregorio, Beye de Cisneros informaba que, exceptuando los libros impresos, solo se habían localizado algunos: “bien que habiendo pasado por tantas manos no es de extrañar que o despreciaran por impericia unos papeles que tal vez les parecieron inútiles o que al contrario, haciéndose cargo de su utilidad y de su suma importancia, los extrajeran” (AGN, H, vol. 35, ff. 48v-49).44 En lo que corresponde al museo de Boturini, mencionó que, por haberse integrado a la biblioteca universitaria, su localización era lenta. Sin embargo, en abril de 1788 dio cuenta de lo realizado y remitió el famoso estante de cedro que contenía lo que se había podido colectar, pues el resto, dada su dispersión, era difícil de reunir (AGN, H, vol. 35, ff. 57-62).

En ese mismo año, Luis de Parrilla, contador de Temporalidades, comunicó al virrey que, al inspeccionar el archivo reservado de la oficina a su cargo, había encontrado tres tomos manuscritos, uno de los cuales contenía el índice de lo incautado a Boturini y pasado a la Universidad. Además, tenía en su poder varios legajos del Colegio de San Ildefonso, que consideró conveniente que fueran revisados por persona entendida.45 En enero de 1785 señaló que, por acuerdo de la Junta Superior de Aplicaciones, 1 352 libros, manuscritos y legajos habían sido entregados a la Universidad para que el rector los hiciera reconocer y separar los de contenido peligroso, y no sabían de ello. A mediados de 1788, en el mismo proceso de reconocimiento de ese archivo, se comisionó a Francisco Beye y a José Enríquez de Rivera separar lo adecuado, registrar y explicar todo en una lista, y se les ordenó cumplir a la brevedad y sin sacar nada. A fines de agosto, Enríquez pasó a Temporalidades para rotular los legajos, con lo que consideró terminada la tarea asignada; poco después se produjo su muerte. No fue hasta enero de 1790 cuando el recién llegado virrey Revillagigedo recordó a Francisco Beye de Cisneros remitir los papeles seleccionados. Este respondió que estaban separados para cuando la autoridad los solicitara al contador de Temporalidades, y que también se encontraban los documentos que ocupaba Francisco Xavier Alegre para la formación de la historia que estaba escribiendo (AGN, H, vol. 35, ff. 63-63v; 232v-233 y 119).46 El 19 de febrero se requirieron formalmente y se enviaron a la Secretaría de Cámara en 37 cuadernos.

Una vez enviado al virrey el material localizado, el fiscal Posada solicitó que se copiaran con buena letra, se organizaran por persona adecuada, se enviaran dichas copias al rey y se restituyeran los originales a las bibliotecas de los conventos, la Real Universidad, el Colegio Seminario y los particulares (AGN, H, vol. 35, ff. 55-55v). En esta respuesta se deslinda el sensible tema de las copias y los originales. Los manuscritos solicitados en las primeras cédulas reales fueron negados y quedarían en México como patrimonio. La postura criolla ante el menosprecio europeo descansó, entonces, en la apropiación de los documentos sobre el pasado, que era suyo.

Posada también solicitaba que se tradujera al español lo que hubiere en lenguas indígenas. Para entonces, tanto el virrey Manuel Antonio Flores Maldonado como el fiscal Posada sabían que este asunto tomaría aún varios meses, pues era necesario localizar a las personas aptas para realizar la tarea de copiar manuscritos y mapas antiguos (AGN, H, vol. 35, ff. 231-231v). Era evidente que en la Secretaría del Virreinato no se contaba con el personal suficiente y adecuado para la excelente calidad requerida, de capital importancia, ya que suplirían a los originales.

El 26 de mayo de 1788 el virrey Flores informó a España acerca de lo realizado hasta ese momento y adjuntó una historia de la provincia de Texas, nueve cuadernillos de noticias extractadas de la historia inédita de fray Antonio Tello y otros papeles sueltos de Boturini “de poco o ningún provecho”. Hacía mención de otros presentados por los comisionados, pero que debían devolverse a sus dueños, por lo que esperaba autorización para el pago de las copias (AGN, CV, vol. 146, núm. 335, ff. 349-350v). El proyecto de recabar información continuaría.

Diez años después de la primera orden real, la de 1780, se habían revisado archivos y bibliotecas, y reunido los documentos seleccionados en la Secretaría del Virreinato conforme a una lista. Se había accedido a colaborar en la escritura de la historia propuesta, pero con información copiada de documentos originales que se conservarían en la Nueva España. En este lapso, la Corona se enfrentó con la realidad de América, su postura con respecto a la historia y las dificultades que implicaba, al igual que en España, recopilar la información.

LA TERCERA ORDEN REAL PARA FORMAR
LA COLECCIÓN MEMORIAS DE NUEVA ESPAÑA

El 21 de febrero de 1790 se emitió una tercera orden real, librada por el ministro Porlier, que tenía como oficial a Juan Bautista Muñoz. Se mandaba continuar el trabajo de recopilar información fidedigna, juntar los papeles de Boturini de acuerdo con inventario, pero se aclaraba que se recibirían en copia. En lo referente a la lista entregada por Francisco Beye, se daban indicaciones precisas de lo que se debía enviar y en qué condiciones. Para que se cumpliera cabal y prontamente, se debería nombrar “literato hábil y curioso” para dirigir cuidadosamente el trabajo asignado, así como revisarlo y finalmente autorizarlo con su firma. Asimismo, expresaba la voluntad del rey: que de su Real Hacienda se hicieran los gastos necesarios, con razonable economía, para elaborar las copias (AGN, RCO, vol. 145, núm. 132, ff. 178-180v).47 La resistencia criolla había vencido.

El virrey Revillagigedo asumió personalmente la solución del asunto.48 Además de acelerar la designación del nuevo comisionado, propuso la creación del Archivo General de Papeles en el Palacio de Chapultepec, así como de un jardín botánico en sus inmediaciones, obras que no se realizaron (AGN, RCO, vol. 164, núm. 307, ff. 132-133, 26/V/1788). Aunque no con claridad, es evidente la crítica que hace al trabajo realizado por Beye de Cisneros, cuando en su correspondencia señala: “se practicaron varias diligencias que no produjeron completamente el efecto que se deseaba”, y más adelante:

se hallaba suspendido el curso del expediente, pero luego que pude reconocerlo mandé que se pusiese en movimiento porque me pareció que el examen de papeles antiguos y modernos no se había hecho con la exactitud y prolijidad que exigían los importantes fines de su colección, porque muchos de los mismos papeles se hallaban dispersos o divididos en distintos parajes donde no era muy fácil confrontarlos y coordinarlos, y porque tuve noticia de que podrían encontrarse otros instructivos y apreciables siempre que se solicitaren con mayor eficacia y esmero (AGN, RCO, vol. 168, núm. 515, ff. 176-179v, 31/XII/1792).49

Es evidente que el virrey recibió instrucción para buscar una vía confiable y expedita para el cumplimiento final del encargo. Aunado a esto, es patente el interés personal de Revillagigedo por la historia.

El 7 de junio pidió al provincial del Santo Evangelio, fray Francisco García Figueroa, que aceptara la responsabilidad de reunir y copiar los documentos necesarios (Carta de Revillagigedo a García Figueroa, AGN, H, vol. 35, ff. 126-127v).50 ¿Por qué acudió a los franciscanos? Después del fracaso con los universitarios, la ausencia de los jesuitas y tal vez la desconfianza hacia los civiles ilustrados, es probable que la antigüedad, disciplina, reputación del arte de los amanuenses, conocimientos de algunos miembros de la orden, su biblioteca y acervo documental hicieran virar la mirada del virrey hacia el convento grande de San Francisco. Habría que considerar plausible el conocimiento previo con el provincial. Algo sobre las causas de esta elección se expresa en la carta al ministro Porlier del 27 de julio de 1790: “he pensado en conciliar dos objetos, de que entiendan en el arreglo unos individuos prácticos que deben poseer los mejores escritos y noticias antiguas del reino como que fueron los que primero se situaron en él y también la razonable economía [con] que debe procederse” (Carta de Revillagigedo al ministro Porlier de octubre de 1792; AGN, H, vol. 35, ff. 171-172).

García Figueroa, después de un mes, aceptó el encargo. En su misiva expresa haber nombrado dos religiosos de la orden. Finalmente, el designio recayó solo en fray Manuel de Vega, a quien se hizo entrega de la lista y los mapas, fragmentos antiguos y papeles relativos a la historia de México (AGN, H, vol. 35, f. 131).51 Se ordenó al director general de Temporalidades darle todas las facilidades. Autores como Romero Tallafigo consideran que fue por medio del mismo Porlier que el virrey Revillagigedo escogió a Manuel de Vega como colector (Romero Tallafigo, 1994: 90-91). La única evidencia de una relación entre Manuel de Vega con el anterior comisionado tiene un tono ríspido, quizás aderezado por el rescoldo de viejas rencillas entre el clero secular y el regular. El 2 de junio de 1792 solicitó al virrey que se le entregaran varios documentos pertenecientes al convento franciscano que se hallaban en poder de Francisco Beye, quien los devolvió el día 27 diciendo que el franciscano pudo habérselos solicitado directamente “sin molestar el tiempo del virrey” (AGN, H, vol. 35, ff. 152-159v).

De las gestiones de los franciscanos hay algunas referencias. Una de las órdenes específicas consistió en recurrir a la familia de Veytia en Puebla y solicitarle el resto de la obra, en vista de que lo entregado se consideraba incompleto. García Figueroa solicitó un traductor del náhuatl para que, en los casos necesarios, se pasara al español. Para tal efecto Revillagigedo comisionó a don Vicente de la Rosa Saldívar, traductor de la Real Audiencia, quien además certificó, sobre la colección Boturini, que la selección realizada por el franciscano era correcta.52

Con la intervención del intendente de Puebla se entregaron a García Figueroa los papeles de Veytia —borradores, libros y otros manuscritos— pidiéndole que se copiara lo necesario y se devolvieran los originales a sus dueños. De la Rosa Saldívar, por su parte, señalaba al virrey que solo había traducido al español lo referente a los tres niños mártires de Tlaxcala, por considerar que lo demás no era útil para la recopilación encargada (AGN, H, vol. 35, ff. 142-148 y 149).53

De la capacidad y labor de Manuel de Vega, García Figueroa menciona el cabal cumplimiento de los deseos del virrey al hacer la entrega final:

elegí, llamé y destiné para las operaciones de este importante objeto (operaciones difíciles que exigían por su naturaleza, genio, crítica, conocimientos de la historia de esta América Septentrional, vasta lectura, reflexiones, tareas, aplicación y constancia) al padre fray Manuel de Vega, quien eficazmente empeñado hizo justas medidas, practicó los recursos convenientes, y puso en planta todos los medios que pudieron contribuir a prosperar los trabajos y realizar las soberanas intenciones (AGN, H, vol. 35, f. 163).54

Esta impresión la comparte el virrey Revillagigedo, quien recomendó que fuera enviado a España a colaborar con Muñoz (AGN, CV, t. 16, núm. 115, ff. 176-179v).55

LOS 32 VOLÚMENES DE LA COLECCIÓN
MEMORIAS DE NUEVA ESPAÑA

Después de dos años y seis meses de meticuloso trabajo, el 25 de octubre de 1792 el provincial franciscano García Figueroa entregó las copias terminadas, que se conocerían como Memorias de Nueva España, junto con la relación de gastos.

Razón que yo fray Francisco García Figueroa, provincial de la del Santo Evangelio de México, doy de los gastos que se han erogado en la formación de unas copias de algunos códices que en virtud de Real Orden de Su Majestad previno el excelentísimo señor virrey de este reino en oficio de 7 de junio de 1790, se sacaron en este convento de nuestro padre san Francisco de dicha ciudad para la extensión de un cuerpo de noticias de América con objeto de usar de ellas en el de la Historia universal.

A saber:

Primeramente por el honorario satisfecho a los escribientes ocupados en la copia de los treinta y dos tomos de que consta el todo de la obra	1.372.4.0
Por veinte y ocho planos geográficos con que se instruye el todo de dicho [sic] obra	126.0.0
Por valor de veinte resmas de papel, al respecto de cuatro pesos cada una	080.0.0
Por la encuadernación de los citados treinta y dos tomos, al respecto de un peso cada uno	032.0.0
Por gastos de plumas, tinta y demás necesarios	019.6.0
	1.630.2.0

Asciende el total importe de los gastos invertidos en el indicado objeto un mil seiscientos treinta pesos dos reales. Y para que conste lo firmé. México y octubre 25 de 1792 años.

FRAY FRANCISCO GARCÍA FIGUEROA [RÚBRICA]56

Poco más tarde, se enviaron los estados de cuenta de otras dos copias que se hicieron, igualmente certificadas por fray Francisco. Una se entregó el 13 de diciembre del mismo 1792, y la otra, el 5 de enero de 1793. Ambas importaron un precio menor (1 280 pesos), debido a que ya no se hicieron a partir de los originales, sino de la primera copia. Las tres copias se depositaron en la Secretaría de Cámara del virrey el 5 de enero de 1793, de donde fueron distribuidas. Por lo que se sabe, dos copias se enviaron por conducto de Malaspina, tal vez dirigidas al Despacho de Indias que Carlos III había dividido en dos secretarías. Por ello, don Luis Gutiérrez y don Juan de Aranda, ministros generales de Ejército y Real Hacienda, se encargaron respectivamente de pagar los duplicados (AGN, CV, t. 16, núm. 115, ff. 83; 89; 190 y 193-196).

Una vez entregados los resultados, se procedió a la devolución de los originales a sus dueños: se avisó al provincial de Querétaro que podía recoger el manuscrito de Beaumont, y al rector de la Universidad que podía recuperar el estante de cedro (AGN, CV, t. 16, núm. 115, ff. 194-195 y 197-199).

Como se observa, el mayor gasto lo llevaron los copistas. En la carta que acompañó al envío de los volúmenes, Revillagigedo señalaba que “se han triplicado los 32 tomos de la obra para que remitidos a Vuestra Excelencia los principales y duplicados, queden los correspondientes en la Secretaría del Virreinato”; situación mencionada también por Manuel de Vega: “se remitieron a Vuestra Majestad por duplicado el año de 93 quedando otro ejemplar en la Secretaria de Cámara de vuestro virrey en México” (AGN, CV, vol. 168, núm. 515, ff. 176-179v; AGN, H, 35, ff. 200-201).57 Esta última es el origen del importante grupo documental Historia del Archivo General de la Nación de México.

Las copias —se dice— son en sustancia fieles, pero se advierten algunos obstáculos. Uno fue “las muchas palabras y dicciones se encontraron sin el arreglo que previene la buena ortografía”. Los defectos, explicables en parte por los problemas inherentes a la antigüedad de los originales, impedían una lectura fluida, ya por los rasgos y encadenamientos diferentes, ya por la lengua (latín o náhuatl) en que se escribieron. Una dificultad importante fue la falta de costumbre de los amanuenses respecto del tipo de documentos (AGN, H, vol. 33, ff. 8-9). El padre colector incluyó notas al margen para indicar la relación temática con otros documentos de la colección o de los impresos tanto de México como de España que trataban el tema o lo ampliaban. Al inicio de cada tomo se presentaba una advertencia de los hechos, lugares, autores, materiales o fuentes de donde se sacaron. Cada volumen cuenta con la certificación de García Figueroa.

El documento, sin firma (aunque probablemente fuese de Manuel de Vega), titulado Plan, división y prospecto general de los XXXII tomos de Memorias para la Historia Universal de la América Septentrional, que por el año de 1792 se dispusieron, extractaron y arreglaron en este convento grande de nuestro santo padre san Francisco de México, posiblemente fungió como presentación en la entrega de la Colección Memorias de Nueva España (AGN, H, vol. 33, ff. 1-74).58 En él se expresa que los 11 primeros volúmenes comprenden la copia de los escritos solicitados por el fiscal Posada, y los otros 21 son los documentos que el colector consideró adecuados, atendiendo la orden de que “se copien y remitan los manuscritos y documentos que se hallaren conducentes”. Con el primer conjunto, los solicitados expresamente por el rey, formaron los primeros seis volúmenes: el primero contiene piezas de la colección Boturini (se escogieron 18 solamente), así como el informe de Palafox al conde de Salvatierra; el segundo y el tercero, el Teatro de virtudes políticas de Carlos de Sigüenza, la historia de los niños tlaxcaltecas traducida del náhuatl, los cantares de Netzahualcóyotl, un calendario indiano y cinco relaciones históricas sobre Nuevo México; el cuarto, la Relación de Alva Ixtlilxóchitl; quinto y sexto, la historia de la conquista de la Nueva Galicia, de Mota y Padilla, y del séptimo al undécimo volumen se reproduce la crónica de Beaumont.

Los seleccionados por Manuel de Vega son del duodécimo en adelante. Entre el 12 y el 14 se hallan, entre otros, la Crónica mexicana de Alvarado Tezozómoc; la Historia chichimeca de Alva Ixtlilxóchitl; textos de Baltasar de Medina y Andrés de Rivas, así como información sobre el establecimiento de las órdenes religiosas, colegios y seminarios.

A partir del volumen 15 y hasta el 30 se recogen datos sobre las distintas provincias del norte de México, mucha información derivada de las Cartas Annuas y otros escritos de jesuitas y franciscanos. La abundancia de este tipo de notas se debió quizás a que en la metrópoli no se contaba con suficiente información sobre esos territorios norteños.

El volumen 31 presenta noticias de varias ciudades de la Nueva España y el último volumen contiene la obra del franciscano José Mariano Díaz de la Vega.

Al revisar la historia y el contenido de la recopilación para aumentar el acervo de Juan Bautista Muñoz, es pertinente preguntarse por su cabal cumplimiento. Si a priori se parte de una respuesta positiva, se podría pensar que los temas recabados son los que interesaban en España para construir una historia oficial de lo que había sido la conquista. En la colección salta a la vista la gran cantidad de temas referentes a las provincias norteñas, ya para entonces amenazadas por las incursiones extranjeras. Si la recopilación tenía la intención de resaltar los testimonios de las bases de la hispanidad, el volumen 32 contrasta con esta intención.

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