Introducción

Tal vez sea por esto por lo que pensar en un
hombre se parece a salvarlo.

Roberto Juarroz, poeta y ensayista argentino

Construcción social

La noción de violencia escolar es una construcción social. Es un concepto construido desde el imaginario colectivo e impuesto por la opinión pública a partir, claro está, de una realidad cotidiana violenta. Y esta construcción social es solidaria con la responsabilidad que les cabe a las comunidades, que son las que construyen este tipo de nociones. El fenómeno de la violencia escolar se implanta como un discurso que permite construir una imagen sobre la realidad social. Esta imagen hace las veces de una envoltura formal de la problemática. Y entonces esta realidad así planteada, paradójicamente, pacifica. ¿Por qué? Porque el «fenómeno» de la violencia escolar aparece entonces delimitado y ajustado a una idea más inteligible, más aprehensible. De este modo se puede ejercer vigilancia y control social sobre ella, con el objetivo de dominar lo que se presenta como caos y descontrol.

Propongo redefinir la noción de violencia escolar entendiéndola como violencia social que irrumpe en las escuelas y no como una entidad o una categoría sociológica más.

Pensar e investigar cómo se construye socialmente la noción de violencia escolar será un objetivo principal en este estudio. Analizaré desde la sociología del conocimiento el imaginario social y desde el psicoanálisis la constitución subjetiva del hombre. Tomaré también algunos conceptos del derecho para poder dilucidar las normativas que regulan la vida y las acciones de los más jóvenes en nuestro país. Para llegar así a una idea más certera: violencia en las escuelas.

Intentaré dilucidar primero el origen y la conformación subjetiva del ser humano para hacer más perceptible cómo construye hostilidad y agresión hacia el entorno y hacia los otros semejantes. También, con la ayuda del psicoanálisis, podremos dilucidar qué valor tiene la conformación del control de los impulsos y el nacimiento de dos estructuras fundamentales para la subsistencia pacífica del hombre: la conciencia moral y el sentimiento de culpabilidad, freudianos. Y luego, al delimitar el imaginario social que se tiene sobre la ley y la justicia, se podrán determinar los valores legales y normas formales e informales que se da, a sí misma, una sociedad en un momento puntual.

¿Y por qué es importante hacer estas localizaciones? Porque las sociedades tienen baja tolerancia frente a lo que no encaja exactamente en los modelos e ideales comunitarios. Y su única respuesta, en el caso de los hechos de violencia en las escuelas, es la criminalización de los jóvenes, el castigo, la represión policial y la judicialización de las acciones.

Veremos que la incorrectamente llamada violencia escolar es solo un momento de la violencia social y que puede, manejada en forma adecuada, ser un analizador institucional2, no solo del sistema educativo, sino de la sociedad toda.

La violencia social que asalta el orden escolar ha atravesado todas las épocas, los géneros, las edades, las clases y las jerarquías. Y la encontraremos en todos los procesos que dieron origen a las organizaciones educativas de nuestro país. Para poder percibir cómo ha sido esta evolución analizaré, desde el psicoanálisis, los aspectos subjetivos de algunos paradigmas de la historia argentina, que nos acercarán al conocimiento de cierta ideología violenta ejercida sobre los niños y que utilizaré como modelo para pensar la infancia. Este análisis puede proyectarse sobre la historia de cualquier país.

Iniciaré ese recorrido a partir de la creación de la Casa de Niños Expósitos, a fines del siglo xviii, que acogió los primeros niños abandonados en las callejuelas del incipiente Virreinato del Río de la Plata. Luego haré un alto en lo que fue el primer saqueo de niños de nuestra historia durante la Campaña de la Conquista del Desierto, que despojó a miles de familias indígenas de sus hijos. También analizaré las falsedades y traiciones que dieron origen a las primeras legislaciones sobre la minoridad, perpetradas en la siniestra Ley de Patronato de la Infancia, en los inicios del siglo xx. Intentaré luego mostrar cómo ciertos intereses espurios acompañaron las primeras leyes sobre adopción en la Argentina, que definirían el destino de cientos de niños institucionalizados a partir del abandono parental. Asimismo revisaré las consecuencias que nos deparó la última dictadura militar (1976-1983). Una época en que la niñez se convirtió en un botín de guerra.

Todo este primer recorrido nos permitirá comprender que el presente no se construyó en la última década del siglo xx, cuando se manifiesta más claramente con la violencia, el consumo masivo de estupefacientes y la portación ilegal de armamento dentro de las escuelas, sino que se fue gestando a lo largo de la historia social del país. Nuestro presente es la consecuencia inapelable de nuestro pasado.

En estos tiempos de globalización cultural, la violencia social se ha transformado en un problema jurídico-penal, pero de carácter eminentemente sociopolítico y económico. Y la sociedad llama a ejercer control (y vigilancia) sobre la «anormalidad» de los grupos y de los sujetos que provocan hechos de violencia. Frente a este llamado de la sociedad, no se puede pretender que toda la problemática de la violencia en las escuelas tenga el mismo encuadre ni explicación. Ni se puede contemplar ni prevenir todo. Porque este ideal puede hacernos caer en el terrorismo institucional del panoptismo3.

También abordaré la declinación del orden democrático en las organizaciones educativas, tratando de rescatar, desde el punto de vista filosófico, el valor del concepto de «experiencia» como modo de supervivencia institucional. ¿Por qué la experiencia de asistir a la escuela es un valor que hay que rescatar? Porque esa experiencia es lo que va a fundar la posibilidad de que los jóvenes participen del proceso escolar. La experiencia quiere decir que cuando los niños y jóvenes van a las escuelas deben sentir que ese lugar les pertenece, que ellos participan y registran que su presencia y su palabra tienen valor, tanto como para modificar esa realidad. No es posible que ellos queden fuera del proceso educativo y perciban que nada de lo que digan pueda llegar a modificar lo que ocurre en las aulas. Para esto quise incluir un par de propuestas concretas de trabajo, en el aula, tales como la conformación de los Consejos de Aula y los Nuevos Acuerdos de Convivencia Grupal. Estas estrategias deberían implementarse desde el nivel inicial.

Finalmente formularé, ante la magnitud que está tomando la violencia social proyectada dentro del ámbito escolar, una serie de políticas y estrategias de reducción de daños, como herramientas concretas para los docentes y los profesionales de la educación.

La propagación de una ideología garanto-abolicionista del delincuente y del delito ha llevado a muchas comunidades al borde de un abismo. Un garantismo exacerbado sobre la conducta del transgresor, fundamentado en el origen social del delito, ha permitido no solo la proliferación de esa conducta, sino la absurda justificación para no sancionar. Esta ideología revoca la condición de delincuente explicando que su origen compromete a la sociedad y por lo tanto no se puede castigar lo que ella misma provoca y produce.

Las políticas y estrategias de reducción de daños son procedimientos y recursos que al implementarse tienden a disminuir el daño que provoca la violencia social que irrumpe en la escuela. No obstante, se debe hacer una instrumentación tal que esas estrategias no anulen los procesos de sanción ante la transgresión de la norma. La reducción de la violencia, y de los daños que ella provoca, implica reforzar las escuelas como ámbito de pertenencia de los jóvenes, no el sistema educativo porque esa será una tarea de la que se tendrá que ocupar el Estado. Esto permitirá fijar una postura frente a las propuestas de mediación escolar, las que en su mayoría no han podido resolver hasta el momento la temática de la violencia en las escuelas. La mediación escolar es un excelente recurso para la desarticulación de conflictos, pero no de violencias. La violencia debe cesar y solo se limita con una sanción que permite la toma de conciencia del hecho cometido y la reparación del daño.

En esta nueva edición no incluiré los capítulos dedicados a la problemática del consumo de sustancia psicoactivas, pues será tema de un futuro libro.

El garanto-abolicionismo y la naturalización del delito

Dado que la violencia en las escuelas es tomada por diferentes discursos: ético-jurídico, médico-psicológico, pedagógico-moral, entre otros, dedicaré una buena parte de este trabajo a analizar las diferencias entre lo que se denomina tradicionalmente indisciplina de los hechos de violencia social que irrumpen en las escuelas, así como de los hechos aberrantes individuales o grupales producidos por enfermedad mental, dentro de las escuelas. Este análisis lo haré en el marco de un ideario criminal, que rige en la actualidad, denominado garanto-abolicionismo. Esta ideología se ha desarrollado no solo en nuestro país, sino en varios de Latinoamérica a partir de la expansión de gobiernos populistas. Se trata de una tergiversación conceptual acerca de lo que significa la transgresión a la norma, el delito, la sanción y el castigo.

Rige socialmente, desde hace muchos años en la Argentina y en otros países latinoamericanos, una doctrina garantista y abolicionista del delincuente y del delito. Es un sistema que ha impregnado el imaginario colectivo a partir de una ideología que piensa el delito y el castigo de un modo perverso. ¿A qué me refiero? A la moderna política penal que nos han impuesto mediante las modificaciones de los Códigos Penal y Civil y que pone en práctica un ideario institucional siniestro. Estas nuevas políticas públicas que impregnan la letra de la nueva norma penal favorecen la excarcelación de los delincuentes. Un análisis no muy profundo puede demostrar fácilmente el grado de influencia que puede llegar a tener esta ideología a la hora de analizar los conflictos dentro de las escuelas.

Este razonamiento perverso dice que si el delincuente es producto de una sociedad desigual y contraria a toda inclusión resulta inapropiado castigarlo cuando comete una transgresión. Por lo tanto, la sociedad debe hacerse cargo de su producto y pagar el costo que tiene esa acción. De este modo el delincuente debe estar libre y debe recibir un resarcimiento por el daño que le ocasionó la sociedad.

Pocas veces en mi carrera profesional escuché un razonamiento tan malicioso como el antes mencionado. Pues una cuestión es que se respeten las garantías del debido proceso, aun para quien comete una transgresión o un delito, y muy distinto es abolir con esta concepción el delito y a su protagonista.

Una pregunta que se me impuso desde que comenzó a propagarse esta concepción fue: ¿por qué se proclaman los derechos humanos de los delincuentes y se omiten los derechos humanos de las víctimas? Esta ideología posmoderna no contempla que los derechos humanos de las víctimas fueron arrebatados por los delincuentes. Esos mismos delincuentes que son excarcelados por las políticas garanto-abolicionistas.

Una invitación a la experiencia democrática

Este libro en su nueva edición es una invitación para el debate. Y se plantea no solo a los docentes, sino a todo aquel que esté involucrado en la educación y en el porvenir de los niños. En definitiva esta es una invitación a reconquistar la experiencia democrática para los chicos y los jóvenes. Y para eso hay un trabajo por hacer. Este trabajo no es necesario inventarlo. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es un instrumento que en nuestro país tiene rango constitucional desde 1994. Está ahí. Solo hace falta que nos la apropiemos y que finalmente le demos fundamento y contenido a la letra de estas nuevas leyes4, intentando así comprometer a una juventud responsable y con palabra propia. Esta convención debe poder generar una doble vertiente que considero que ha sido dejada de lado en la última década y tiene que ver con poder transmitir la representación de los derechos humanos pero, y sin ningún lugar a dudas, convalidando necesariamente las responsabilidades y obligaciones que estos conllevan. Ha habido un abuso y una extralimitación en la ampliación y el otorgamiento de derechos ciudadanos.

Desde hace muchos años en la Argentina, dada esta ideología garantista y abolicionista del delincuente y del delito, no se considera la necesidad de fundar conciencia moral sobre esos derechos. Resulta urgente reposicionar esta transmisión, ya que los derechos ciudadanos solo se pueden ejercer cuando se es responsable y cuando se pueden asumir las obligaciones que esos derechos conllevan. La doctora Diana Cohen Agrest, filósofa especializada en bioética, señala la importancia de una relocalización de la justica garantista en el lugar del que nunca debió salir y sostiene: «Silenciar la injusticia es una respuesta que inaugura y perpetúa la violencia»5.

Para todo eso, la propuesta de este libro. Que no es más que la tarea de pensar. Y pensar en la infancia y en los niños, tal como el poeta Juarroz nos ha enseñado, equivaldrá a salvarlos.

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