QUE DIOS NOS AYUDE

(Julio, 1990 – Febrero, 1991)

Un tumulto de cámaras lo espera. Ya no tiene la banda presidencial. Alan García camina por el hemiciclo de la Cámara de Diputados para dar su mensaje final. Sus compañeros aplauden, batiendo las palmas apristas. Antes de subir al estrado, da la mano y abraza a Patricio Aylwin, Jaime Paz Zamora, Fernando Belaúnde, Luis Alberto Sánchez y al presidente de los diputados, Víctor Paredes. Detrás, cual fiel escudero, Jorge del Castillo acompaña sus pasos.

Sube y saluda a Máximo San Román, presidente del Senado. Allí ve que las bancadas de FREDEMO, Frente Independiente Moralizador, Izquierda Unida e Izquierda Socialista no lo aplauden. Ni siquiera se han puesto de pie. Suena el Himno Nacional, ahora sí, todos se paran. Culminada la canción patria, García saluda a Virgilio Barco y a Carlos Menem. Por fin, sube a dirigir su último mensaje como presidente del Perú. Se escucha el grito de «¡ladrón!», que presagia lo que vendrá.

Comienza el ruido de carpetazos en el hemiciclo. Provienen de la bancada de FREDEMO. Al frente, responden con las palmas apristas y gritando «Alan presidente». García sonríe nervioso. Toma valor.

—Señor presidente…

Vuelven los carpetazos desde FREDEMO. Se toca el timbre. Vienen los gritos. «¡Ladrón!». «¡Callen, mierdas!» Las alusiones maternas continúan. García se suma a las mismas, sin expresarlas en el micro. Los apristas vociferan: «La derecha no gobernará». San Román llama al orden. Finalmente se callan.

—Señor presidente…

Nuevos carpetazos, pero esta vez, los parlamentarios de Libertad, el SODE y el Partido Popular Cristiano, se levantan y se van. Los apristas responden con sus consignas. Finalmente, García puede hablar.

—Una cosa es soñar y otra es gobernar.

García reconoció en su breve alocución que el modelo que aún consideraba como oligárquico no podía ser cambiado por decreto. Como el único gran logro aparecía el proyecto de descentralización que el saliente mandatario había iniciado, paradójicamente, por decreto y desde arriba.

García terminó su discurso. Sacó de una caja una banda presidencial hecha para la medida de San Román y que este trasladaría a Fujimori. En medio de gritos de «Alan presidente», que provenían de su bancada, se despidió de los altos dignatarios extranjeros, Belaúnde y Sánchez. Esta vez, sus custodios eran Armando Villanueva y Luis Negreiros Criado. Hizo un saludo militar a la guardia de honor y se marchó. Volvía a ser un ciudadano más26.

—Es para mí un alto honor haber sido elegido con la más alta votación histórica.

Fujimori iniciaba su mensaje presidencial con una inexactitud. El ingeniero olvidaba que, en primera vuelta, había obtenido 29.09 % de los votos. El respaldo de la segunda vuelta electoral, que se aplicaba por primera vez en 1990, no implicaba necesariamente el mandato amplio que el exmandatario quería tener. Curiosamente, incurrió en aquello que criticó a Vargas Llosa durante la contienda presidencial. En esa línea, continuó con las alusiones a su antiguo adversario:

—El electorado peruano consagró un mandato de unidad nacional y de rechazo a las propuestas alternativas fundadas en la confrontación, polarización y conflicto abierto como estilos políticos de gobierno.

El presidente hizo una promesa que, luego de su decenio de mandato, resonaría como un compromiso incumplido:

—Atendiendo a ese mandato proclamo que desde hoy la palabra moralización dejará de ser un vocablo de rutina de los discursos de 28 de Julio, para convertirse en la gran palanca que dará inicio al verdadero cambio que cada peruano alberga en su corazón.

Más aún cuando aludió al gobierno anterior:

—Acusaciones muy graves y que comprometen a figuras públicas en casos de contratos lesivos al interés nacional, enriquecimiento ilícito, complicidad en millonarias defraudaciones a inocentes ahorristas se vuelven frecuentes y comunes.

Fujimori también anunció un Comité contra la Corrupción, a cargo de un comisionado presidencial, figura que nunca se creó.

Quedó claro que de Soto no había sido un colaborador más. Dentro de los primeros anuncios estaba una ley de participación popular hecha en coordinación con el Instituto Libertad y Democracia, el think tank presidido por el economista.

Si bien Fujimori había llegado con los votos apristas, el presidente no dejó de fustigar a su antecesor:

—Heredamos, pues, un desastre. Remontar la crisis primero y sentar luego las bases de desarrollo integral de nuestro país son nuestros objetivos centrales. Esta es una tarea gigantesca de la cual debemos tomar entera conciencia o perderemos el rumbo de la historia. Nadie debe sustraerse a ella.

Las ofertas del primer mensaje de Fujimori fueron ambiguas: reducir los trámites aduaneros, evaluar la situación de las empresas públicas sin que ello condujera necesariamente a una privatización y la solicitud de delegación de facultades legislativas en materia tributaria. En uno de sus pocos anuncios concretos, indicó que presentaría una iniciativa para derogar la Ley de Estatización del Sistema Financiero.

Hacia el final de su alocución, Fujimori dijo otras palabras que hoy, a la luz de lo que conocemos, fueron una trágica ironía:

—La violencia terrorista que enfrenta actualmente nuestra joven democracia no puede justificar de manera alguna la violación sistemática o esporádica de los derechos humanos. La lucha antisubversiva que emprenderá mi gobierno se enmarcará y ejecutará conforme a los principios consagrados por la Constitución y las leyes de la República.

Todos aplaudieron.

—Dios ilumine al pueblo del Perú y me ilumine para emprender esta tarea gigantesca, pero hermosa, que hoy se inicia.

Así acabó el mensaje. Fujimori se fue entre aplausos, pero también entre las dudas que habían generado sus vagas palabras.

Una vez que llegó a Palacio de Gobierno, Fujimori juramentó en pleno Patio de Honor a todo su gabinete. Allí comenzó una tradición de su década en el poder: la celebración informal de su cumpleaños, con tortas y canciones incluidas.

Por debajo del discurso, sin embargo, las primeras acciones del gobierno serían las que hablarían27.

Terminadas las celebraciones, el ministro de Defensa Jorge Torres Aciego comenzó a despachar en su oficina. Vladimiro Montesinos lo conocía muy bien desde la época de Velasco y, además, había sido el director general de Contribuciones en el Gobierno de García. De hecho, fue él quien lo recomendó a Fujimori.

Montesinos entró al despacho, donde se encontraba el entonces comandante general de Ejército, Jorge Zegarra, ratificado en el cargo y quien también conocía al asesor desde la época en que trabajaron juntos para Mercado Jarrín. Entraba con la resolución de pase al retiro del almirante Alfonso Panizo Zariquiey, comandante general de la Marina de Guerra del Perú y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Era una venganza.

Panizo había recibido una «Hoja Informativa» elaborada por el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, Rafael Córdova, en la que se consignaban todos los antecedentes penales y políticos de Montesinos. El documento señalaba la desconfianza que tenía sobre su lealtad. Con Córdova, el asesor ajustaría cuentas un mes después, cuando la filtración de la «Hoja Informativa» generó una llamada de atención del jefe nominal del Servicio de Inteligencia Nacional, Edwin Díaz, lo que a la postre acabó con su carrera.

El marino ingresó a la oficina de Torres Aciego y le anunciaron su despido. Lo mismo ocurrió, minutos más tarde, con el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Germán Vucetich Zevallos. El pretexto para el relevo de ambos era un supuesto movimiento inusual de tropas. A Fujimori, el SIN le vendió la idea de que se venía un golpe de Estado.

Y la idea continuó al día siguiente, cuando Montesinos indicó al gobierno que el general Carlos Mauricio había preparado una asonada para evitar el desfile militar del 29 de julio. Lo cierto era que Mauricio aparecía como supuesto ministro de Defensa en una «Hoja de Coordinación» para un presunto golpe contra García, un día antes de dejar el mando, a fin de forzar a Fujimori a aplicar un Plan Verde, elaborado en los dos años anteriores por mandos militares que querían destituir al mandatario aprista. Los rumores sobre la ausencia de la Marina de Guerra en el desfile militar, ante la destitución abrupta de Panizo, se multiplicaron en las últimas horas del 28 de julio.

Pero en la mañana del 29 de julio, toda especulación fue disipada. El desfile se hizo con normalidad y los comandantes generales fueron a brindar con Fujimori en Palacio de Gobierno, para el tradicional almuerzo por Fiestas Patrias. Montesinos anotó sus primeros avances en su estrategia de control castrense28.

A las 8.00 p. m. del jueves 8 de agosto de 1990, los peruanos se sorprendieron al ver una claqueta de color naranja que anunciaba el «Mensaje del señor presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas Juan Carlos Hurtado Miller». Algunos compatriotas se percataron de que se venía algo fuerte. El shock que se había prometido no hacer.

—Es así que la lata de leche evaporada, que costaba 120 000 intis, costará a partir de mañana 330 000 intis. El kilo de azúcar blanca, que se conseguía a 150 000 intis, costará desde mañana 300 000 intis. El pan francés, que costaba hasta esta tarde 9000 intis, costará a partir de mañana 25 000 intis.

Con estas frases, nos enteramos de que el sistema de control de precios y subsidios a los alimentos se había terminado. En ese mismo mensaje, Hurtado anuló el tipo de cambio controlado —denominado como Dólar MUC—, y redujo los aranceles y el Impuesto General a las Ventas (que se cobra a todas las transacciones comerciales). También eliminó las exoneraciones arancelarias. A cambio, se brindó una bonificación de un sueldo a los trabajadores.

Hurtado Miller fue bastante efectista: mostró un billete de 500 000 intis. Y declaró:

—Con el que hace cinco años se hubiera podido comprar una casa de cuarenta mil dólares, hoy solo alcanza, en el mejor de los casos, para un tubo de pasta de dientes.

Pero el remate del mensaje quedaría resonando en la memoria de todos los peruanos, para siempre. Al culminar su alocución, Hurtado no se despidió con un «buenas noches» tradicional, sino con una frase que generó inquietud:

—Que Dios nos ayude.

Aunque el shock había sorprendido a la mayoría de los peruanos, estaba en elaboración desde que Fujimori desechó a su primigenio equipo económico. De Soto primero y Hurtado Miller después convencieron al mandatario de que no existía otra salida para comenzar a andar la economía. El pragmático mandatario se terminó de convencer cuando las reacciones de los organismos multilaterales a un programa de ajuste estructural eran favorables.

Se trazó una doble estrategia. Desde el punto de vista de la seguridad, se había convocado a las Fuerzas Armadas para apoyar la acción de la Policía Nacional en algunos puntos clave de la ciudad a la espera de grandes saqueos. En el imaginario de muchos en el gobierno, se encontraban las escenas de destrucción de la propiedad privada ocurridas en Caracas en 1989, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez anunció medidas de ajuste estructural en Venezuela. Aún no se tiene idea exacta de cuántas personas murieron en el denominado «Caracazo». En el Perú, El Comercio informó de tres personas fallecidas en incidentes en las colas para adquirir alimentos y un amago de saqueo. No hubo protestas masivas de magnitud, en parte porque muchos peruanos consideraban que había que intentar una medida de este tipo, en parte por el miedo al terrorismo.

Desde el punto de vista político y económico, Hurtado Miller fue hilvanando todos los detalles. Encargó a su viceministro Alfredo Jalilie a realizar los cálculos exactos de los precios de productos de primera necesidad que subirían. El presidente de CONFIEP, el ingeniero y empresario constructor Jorge Camet, fue informado de la medida. El presidente del Consejo de Ministros encargó a los economistas Ricardo Lago y Tomas Hardy, representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional respectivamente, que convencieran a los miembros disconformes del gabinete de la necesidad del anuncio. El único subsidio que se mantuvo fue el de los pasajes de transporte urbano, en medida acordada con los sindicatos.

El mensaje de impacto fue elaborado entre Hurtado, el empresario Augusto Bedoya y el ingeniero Felipe Ortiz de Zevallos. Este último era propietario del Grupo Apoyo, un espacio de consultoría empresarial e información económica bastante recurrido por las principales corporaciones del país. Ellos fueron los autores del remate del mensaje. Ortiz de Zevallos hizo la redacción final e incluyó referencias a las diferencias de precios de primera necesidad. La transmisión de Hurtado Miller fue lanzada desde Panamericana Televisión, la principal televisora del país en aquel momento.

De acuerdo con las actas del Consejo de Ministros, las medidas fueron aprobadas por el gabinete en la sesión del 7 de agosto de 1990. En esa misma sesión, Amat y León, Sánchez Albavera y el ministro de Industria, Guido Pennano, debatieron sobre la posibilidad de establecer la paridad entre el dólar y el inti, como se contempló en el plan de recuperación económica de Argentina. Prevaleció la idea de dejar flotar el dólar.

Más allá de los iniciales intentos de saqueo, el shock no generó mayores protestas. Para la mayoría de nuestros compatriotas, quedaba claro que no había otra salida al problema inflacionario generado durante el gobierno de García29.

Sin embargo, era claro también que la implementación de un programa de ajuste severo debía ser acompañado con algún tipo de soporte social articulado desde el Estado. El gobierno planteó un Programa de Emergencia Social, dirigido por el ingeniero Percy Vargas y que tuvo una comisión coordinadora donde estaban presentes CONFIEP, la Iglesia Católica, instituciones asistenciales de las iglesias evangélicas y organizaciones creadas por los propios ciudadanos pobres para su autosubsistencia, como los comedores populares.

Si bien Vargas señaló que se habían cubierto necesidades básicas muy rápidamente, diversos medios de comunicación constataron que esto no era necesariamente así. El propio Fujimori tuvo que reconocer a fines de agosto de 1990 que los alimentos no estaban siendo distribuidos en la forma esperada. Recién en septiembre, a partir de la acción de las organizaciones de las iglesias, el PES comenzó a tener mejoras para el reparto de bienes de primera necesidad.

Vargas solo duró un mes en el cargo. Fue reemplazado por una persona de confianza de Fujimori: Vidal Bautista Carrasco, docente de la UNALM.

Un mes después de su designación, a cargo del Programa de Emergencia Social, Bautista constituiría la asociación APENKAI, junto con Rafael Espinoza Mosqueira (físico y docente universitario), Alberto Sato Abe (ingeniero forestal), Leoncio Ruiz Ríos (ingeniero pesquero), Absalón Vásquez Villanueva (ingeniero agrónomo y docente molinero) y Rosa Fujimori de Aritomi. Esta última era hermana del presidente y su esposo, Víctor Aritomi, había sido un personaje de suma confianza en la campaña electoral: era secretario de Prensa de Cambio 90 y, en la práctica, manejó los fondos del partido durante la contienda. APENKAI se armaría, en teoría, para canalizar las donaciones provenientes de privados japoneses para la mejora de la situación económica y social en el Perú30.

Las críticas al PES no amainaron. Durante los meses siguientes, Carlos García y García, segundo vicepresidente de la República, fue muy duro con este programa del gobierno. Todos los diarios señalaban que lo poco que funcionaba el programa tenía que ver con los esfuerzos de las entidades benéficas privadas.

Un sector que mostró duramente su inconformidad con la forma como se llevó a cabo el Programa de Emergencia Social fue la Iglesia Católica. El cardenal Juan Landázuri Ricketts expresó que el gobierno debía tener una opción preferencial por los pobres. Para octubre de 1990, Cáritas, la organización de ayuda social de la Iglesia Católica, señalaba que los alimentos donados al PES se habían agotado.

Frente a ello, Fujimori planteó un tema en el que sabía que la Iglesia Católica tendría una posición polémica. El presidente señaló que implementaría un programa de planificación familiar sobre la base de la entrega de métodos anticonceptivos. La reacción fue la esperada: desde el conservador obispo del Callao Ricardo Durand hasta el progresista prelado de Chimbote Luis Bambarén se manifestaron en desacuerdo con la medida. La Conferencia Episcopal Peruana se pronunció en contra de una «campaña antinatalista». El mandatario retrucó que se favorecían opiniones «medievales y recalcitrantes» y pudo aparecer como un liberal en materia sexual.

El debate continuó durante un mes. Los problemas del PES salieron de las primeras planas31.

Las acciones del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) continuaron con el nuevo gobierno, a pesar de los cambios en la Policía Nacional32. Se nombró ministro del Interior a Adolfo Alvarado Fournier, un general del Ejército, cuestión que no ocurría desde el fin del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas en 1980. Alvarado Fournier encabezaría una poda de altos mandos policiales.

El Grupo le seguía la pista al administrador de la academia preuniversitaria César Vallejo, Luis Alberto Arana Franco. Ya se había detectado que se trataba de una persona clave para el financiamiento de Sendero Luminoso. Sin embargo, decidieron dejarlo libre. Pensaban que Arana los llevaría a más dirigentes de la organización. Así que no solo lo seguían, también interceptaban sus llamadas telefónicas.

A quien sí decidieron capturar fue a Deodato Juárez Cruzat, miembro del Comité Central de Sendero Luminoso, y encargado del Departamento de Propaganda. Para muchos, era una persona en la que Abimael Guzmán pensaba como posible sucesor. Lo capturaron el 19 de septiembre de 1990, luego de cuatro días de perderle el rastro. Fue la primera vez que los integrantes del GEIN detectaron una posible fuga de información.

Una siguiente evidencia fue una mujer que se contactó con Arana Franco a fines de noviembre de 1990. La siguieron desde Lince hasta, nuevamente, San Borja. Una casa en la avenida Buenavista, ubicada en la urbanización Chacarilla del Estanque, una zona residencial exclusiva a pocas cuadras del Cuartel General del Ejército, era el nuevo centro de las operaciones de observación, vigilancia y seguimiento.

El operativo resultó ser más complicado, dado que la zona era bastante solitaria y, además, los senderistas comenzaban a tomar mayores precauciones. La evidencia más valiosa resultó la basura de la casa: los cigarros, cuyas marcas correspondían a los gustos tabacaleros de Guzmán e Iparraguirre, medicamentos para la psoriasis —enfermedad detectada al líder terrorista a fines de la década de los setenta— y papeles con documentos con línea senderista. Luego advirtieron que una de las mujeres que custodiaba la casa había comprado un perfume caro en Chacarilla, un día antes del cumpleaños de Guzmán.

Pese a todo, no estaban seguros de que el líder senderista estuviera allí. Pero, a fines de enero de 1991, repararon en una posible mudanza en la casa de Buenavista y, luego, ningún signo de vida. Entonces decidieron entrar: no había nadie.

Existen varias hipótesis sobre lo que ocurrió entre los últimos días de 1990 y los primeros de 1991. Iparraguirre señaló al historiador Antonio Zapata que la casa de Buenavista era una oficina de Guzmán y que decidieron abandonar la vivienda porque detectaron movimientos extraños. Gustavo Gorriti refirió en un artículo publicado en 2008 que, debido a órdenes superiores policiales, se frustró un ingreso en diciembre de 1990, lo que él atribuye a Fujimori o Montesinos. Por su parte, los miembros del GEIN sospechan que fue el asesor presidencial, quien tenía hombres infiltrados en la DINCOTE, quien alertó a los senderistas colocando un papel debajo de la puerta.

Si bien Guzmán se les escapó, el GEIN obtuvo un botín valioso: videos del Primer Congreso de Sendero Luminoso. En estas cintas, se apreciaban partes del velorio de Augusta La Torre «Norah», la primera esposa de Guzmán, quien falleció en circunstancias aún no esclarecidas. Y, también, una celebración amena donde Guzmán, barbado y visiblemente bajo los efectos del alcohol, baila con Iparraguirre el sirtaki final de la película Zorba, el griego, rodeado por el Comité Central de su agrupación.

Toda la cúpula senderista fue identificada. Benedicto Jiménez mostró los videos al nuevo jefe de la DINCOTE, Héctor John Caro. El 7 de febrero de 1991, Fujimori exhibiría la cinta como parte de un mensaje a la nación. El Perú vería, al fin, el rostro del criminal más peligroso del país. El mandatario resaltó la nueva estrategia de su gobierno. Y pronunció una frase cuyo tenor recién se entendería, en toda su magnitud, años más tarde:

—Nuestro enemigo era invisible y había que enfrentarlo de la misma manera. Seguiré manteniendo reserva en los casos que ello amerite. No se resuelven estos problemas de otra manera.

La Iglesia Católica no era el único sector con el que Fujimori se había ganado pleitos. En su primer mensaje a la nación, Fujimori enfrentó directamente a los jueces del país:

—No puedo dejar de mencionar la crisis del Poder judicial que tanto afecta la administración de justicia, desde hace muchas décadas. Es muy doloroso repetir aquí lo que el pueblo piensa de nuestro Poder Judicial y del mal llamado Palacio de Justicia. El pueblo lo llama simplemente Palacio de la Injusticia. Esto ciertamente no alcanza a los magistrados probos, que hay. Los procesos judiciales no solo son lentos y engorrosos, sino que muchos están viciados por la manifiesta deshonestidad.

Desde la Corte Suprema de Justicia y la Asociación de Magistrados, calificaron las declaraciones presidenciales como injustas. Era claro que Fujimori había acertado con el sentir popular, pero los problemas del sistema de justicia eran más profundos y complejos en sus causas que la descripción brindada por el mandatario.

En octubre de 1990, Fujimori visitaría por primera vez el establecimiento penitenciario Santa Mónica, destinado para presas en el distrito limeño de Chorrillos. Allí se había instalado un estrado, un podio y un micrófono. Invitó a Diego García Sayán, director de la Comisión Andina de Juristas, una organización no gubernamental regional que se encargaba de temas vinculados a justicia y derechos humanos, para que se colocara a su lado. El mandatario comenzó a leer un discurso furibundo donde indicaba que había jueces que abusaban de sus cargos y no dudó en llamarlos «canallas» y «chacales».

Luego de la ceremonia, algunos magistrados se molestaron con García Sayán. Pensaron que había tenido que ver con el discurso. El jurista desmintió cualquier conexión con esos pronunciamientos, pues se había enterado de las palabras de Fujimori en pleno establecimiento penal. Eran los primeros pasos de un plan mayor33.

Otro campo de confrontación fue el Congreso de la República. Fujimori lanzaba provocaciones contra el parlamento bicameral, que buscaba defender sus fueros. Así se fue iniciando un camino de mutuas desconfianzas entre ambos poderes del Estado. Cuando presentó su política general de gobierno a fines de agosto, Hurtado Miller pidió una delegación de facultades legislativas «para iniciar la transformación del Estado y evitar la catástrofe nacional». Desde el hemiciclo, Manuel Moreyra del SODE retrucó que era necesario especificar más las materias para los decretos legislativos que quería expedir el Poder Ejecutivo. Al final, se otorgó la delegación para normar sobre materia tributaria.

En octubre de 1990, se suscitó el primer enfrentamiento grave. Se impidió que Fujimori viajara a la reunión del Pacto Andino —hoy Comunidad Andina— en Venezuela, pues no se le otorgó el permiso solicitado. La moción para el viaje se planteó luego de un debate sobre un crédito suplementario vinculado al presupuesto aprista. Esto hizo que los parlamentarios, que no eran fujimoristas ni del APRA, se manifestaran en contra del viaje, pero la moción nunca se votó. Varios parlamentarios y analistas pensaron que era una maniobra del propio mandatario para alentar la confrontación.

Diciembre fue un mes problemático. Fujimori criticó a senadores que «habían regateado su voto» para los ascensos de algunos generales del Ejército. La Constitución de 1979 indicaba que los ascensos de altos grados militares debían ser ratificados por el Senado. Claro está, Fujimori no había indicado a la opinión pública que los militares ascendidos con una votación ajustada eran José Valdivia Dueñas, sindicado como el principal responsable de la masacre de Cayara, a quien Montesinos había ayudado; y Jorge Rabanal Portilla, involucrado en ejecuciones extrajudiciales durante y después del develamiento de motines senderistas en los penales de Lima en 1986.

Posteriormente, Hurtado Miller tuvo que hacer un alza de gasolina de urgencia. La medida mereció que lo criticaran desde la izquierda hasta los parlamentarios electos bajo el paraguas de FREDEMO.

El 1 de enero de 1991, Fujimori promulgó la Ley de Presupuesto General de la República, pero con quince artículos observados por él mismo. Algo sin precedentes y ciertamente irregular. El mandatario dijo a su favor, ante la opinión pública, que el Congreso no había querido someterse a las normas de austeridad que el Poder Ejecutivo había planteado. La confrontación subió más cuando el Congreso se autoconvocó para una legislatura extraordinaria para ver este tema, con diez votos a favor de parlamentarios de Cambio 90. Se anuló la promulgación parcial de la Ley de Presupuesto. Al final, tuvieron que llegar a un acuerdo.

Las tormentas internas fueron síntoma de los cambios en el entorno fujimorista, lo que refleja las tensiones al interior de un gobierno donde varias agendas propias se cruzaban y el rumbo aún no se definía34.

Gerardo López fue el primer diputado expulsado de la bancada de Cambio 90. Su salida se produjo por reclamar que, luego del shock, el salario mínimo debería ser de 60 dólares.

Sorpresivamente, en septiembre de 1990, Jorge Chávez Álvarez, fue nombrado presidente del Banco Central de Reserva. Se trataba de uno de los economistas heterodoxos que habían rodeado a Fujimori en la segunda vuelta electoral.

Para octubre de 1990, llegaría la primera baja ministerial. Carlos Amat y León renunció luego de señalar la necesidad de financiar la campaña agrícola y otorgar mayores créditos al agro, aunque otras versiones lo colocan como discrepante del estilo fujimorista.

En diciembre se iría Gloria Helfer. La ministra de Educación se marchó porque no pudo cumplir la promesa de no recortar los sueldos a los docentes de escuelas públicas. Como consta en el acta de la sesión del Consejo de Ministros del 7 de diciembre, Fujimori explicó a su gabinete que la salida de Helfer se debió a diferencias sobre las homologaciones y bonificaciones del personal docente y administrativo de su sector.

En enero de 1991, se concretarían más cambios: la Cancillería, el Ministerio de Pesquería y la cartera de Transportes y Comunicaciones serían objeto de modificaciones. A este último puesto arribó otro nikkéi: Jaime Yoshiyama Tanaka, quien se había desempeñado en los primeros meses de la era Fujimori como presidente de la empresa estatal Electrolima, que proveía de luz a la ciudad. Yoshiyama había llegado al gobierno gracias a Aritomi, pues ambos procedían de Huancayo. Se volvió rápidamente aliado de Santiago Fujimori.

A su vez, a Aritomi se le recompensó con la embajada en Tokio. En diciembre de 1990, Fujimori había comunicado a Japón que cualquier coordinación sobre una cuenta abierta por él en el Banco de Tokio, para donaciones «para el bienestar de los niños del Perú», sería coordinada por su cuñado.

Por su parte, Montesinos hacía lo suyo. Dado que Jorge Zegarra pasaba a retiro en diciembre de 1990, debía colocar a un comandante general del Ejército afín a sus intereses. Para ello, filtró denuncias sobre supuestos malos manejos en el alquiler de tractores contra Juan Fernández Dávila, candidato natural para suceder a Zegarra. La estrategia dio resultados y lo invitaron a retiro a fines de noviembre. Así, el nombrado fue Pedro Villanueva. Y también alejó a un posible comandante general para el futuro: el general Jaime Salinas Sedó fue nombrado representante en la Junta Interamericana de Defensa, un puesto que tradicionalmente es un primer paso para alejar a un alto mando de un futuro promisorio. Alberto Pinto continuó con las labores de custodia de Fujimori en forma informal, gracias a la anuencia de Montesinos y de su jefe directo, el general Víctor Malca Villanueva.

A fines de 1990, Montesinos traicionaría a su mentor. Edwin Díaz, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, el hombre que lo había puesto en el camino de Loayza y Fujimori, tendría que dejar el cargo. Se había armado una comisión investigadora en el Congreso para indagar sobre unas denuncias en torno a espionaje telefónico durante el gobierno de García a políticos de oposición. Díaz había ejercido el puesto durante casi toda la administración aprista. Se filtró información a la prensa que confirmaba que, durante ese periodo, las líneas telefónicas de diversos políticos habían sido interceptadas. Montesinos le dijo a su supuesto jefe que Fujimori iba a despedirlo. Díaz dimitió. Entonces, fue nombrado el general Julio Salazar Monroe como jefe del SIN. Salazar había sido salvado del retiro por Montesinos, quien, en la práctica, se terminó de apoderar del Servicio.

Sorpresivamente para todos, el siguiente en irse fue Hurtado Miller, ocupado en viajes para la reinserción económica del Perú en la comunidad internacional luego del anuncio del shock. En febrero de 1991, se filtró un plan gradualista de la reforma económica, elaborado por el ministro de Industria Guido Pennano, también economista. La idea de Pennano era reactivar el sector industrial que dependía de su cartera. Desde hacía meses, la relación entre Hurtado y su colega era mala. Fujimori cortó por lo sano: los sacó a los dos. Décadas más tarde, el saliente presidente del Consejo de Ministros le diría al periodista Fernando Vivas que su relación con su jefe había quedado resentida por la popularidad adquirida luego del shock. Señal de que Fujimori no permitía que nadie brillara a sus expensas.

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