Primeros pasos de una abogacía democrática
LA OSCURA ESPAÑA DE los años cincuenta, la de la autarquía, la represión y la tímida aparición de la oposición antifranquista, fue también la del nacimiento de una generación de abogados laboralistas que desarrollaron una labor profesional marcada por la decidida vocación de servicio a la clase trabajadora y por el ineludible compromiso antifranquista. En un momento fundacional, plagado de complejidades, estos abogados permitieron el reencuentro entre los profesionales del Derecho comprometidos con la justicia social y el movimiento obrero y ejercieron de portavoces, en diferentes frentes, de la defensa de los principios democráticos.
En el escenario de la dura posguerra empezaron a perfilarse las carreras de aquellos abogados que asumirán la tarea común de reconstruir el vínculo, truncado por la guerra y el triunfo franquista, entre el movimiento sociopolítico y los profesionales del Derecho. En una generación integrada por nacidos mayoritariamente en los años veinte o en los primeros treinta, la fractura que supuso la guerra y el triunfo franquista, junto a las consecuencias que esto conllevó en su círculo inmediato, fue fundamental para motivar su toma de conciencia. La derrota de la causa republicana, que muchos sufrieron en primera persona, o el conocimiento de las represalias a familiares directos, no hizo sino reforzar una concienciación que en la mayor parte de los casos había sido labrada previamente en el entorno familiar y social. Éste, junto a la formación educativa recibida en la infancia y juventud, jugó un papel determinante en las actitudes y posicionamientos que como profesionales estos abogados adoptaron. Sin embargo, una primera aproximación a las biografías de estos pioneros revela la existencia de unos orígenes sociales y familiares diversos, característica apreciable también en sus trayectorias ideológicas. Junto a integrantes del bando de los vencidos (en algunos casos, como los de Solé Barberà o García Esteve, afectados de forma directa por la represión franquista) aparecen miembros de la clase media e incluso hijos de familias acomodadas con vinculaciones nobiliarias (como Antonio Rato). En ocasiones la relación con el pasado formaba parte de la experiencia vital reciente de quienes habían participado en la guerra, ya fuera en el bando republicano, como Solé Barberà, Alberto García Esteve o Luis Castillo Almena, o en el franquista, como Jaime Miralles o Joaquín Satrústegui. Solé Barberà, por ejemplo, tuvo una relación directa con iniciativas colectivas de abogados de izquierdas surgidas en la época republicana y participó en la preparación de la defensa de varios encartados en los consejos de guerra que siguieron a la represión de octubre de 1934 en Cataluña. Durante la guerra, además, fue juez de instrucción y comisario político.1 Para Castillo Almena, un viejo maestro republicano, y para García Esteve, afiliado al Partido Comunista desde agosto de 1936, el período de su encarcelamiento fue el que supuso el inicio de un interés por el estudio y la práctica del Derecho.2 Entre los abogados más jóvenes, que no participaron en la contienda pero sí sufrieron sus consecuencias, la relación con el clima político, social o cultural republicano presenta distintas vertientes. En casos como el de Josefina Arrillaga, la educación en un ambiente republicano o liberal marcó su trayectoria, mientras que para María Luisa Suárez Roldán, el paso por la Institución Libre de Enseñanza fue el que la dotó de un tipo de sensibilidad que, unida a su relación con Fernando Ontañón, combatiente republicano y destacado militante comunista, dio como resultado una fuerte conciencia de oposición al régimen. La influencia de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid o, por ejemplo, de los centros anarquistas de barrios como el barcelonés del Clot ilustran el ambiente roto por la «victoria» en la medida en que ayudan a comprender cómo se afrontará y enfrentará la formación posterior en la Universidad en un contexto completamente diferente.
Una característica común a muchos de los miembros de esta generación es la ausencia de una tradición directa de ejercicio de la abogacía en sus familias. Existen, por supuesto, excepciones notables como la de José Federico de Carvajal, proveniente de una ilustre familia de pasado cercano a la política y al Derecho.3 Otros futuros abogados como Francesc Casares se acercaron al Derecho como una extensión de sus incipientes preocupaciones políticas: «Lo que me influyó más para optar por la carrera de Derecho fue el hecho de haber leído en libros de ciencia política que los políticos en general en este país, y yo suponía que en todas partes, más bien era gente de la rama de Derecho, abogados sobre todo». En este caso, existía una vez más cierto vínculo con el pasado todavía reciente, manifestado en el interés de Casares por figuras como las de Lluís Companys o Francesc Layret, que unían el ejercicio de la profesión de abogado y la política: «Era un tipo social que me atraía».4
Antonio Montesinos, con el recuerdo vivo de haber presenciado el consejo de guerra que condenó a muerte a su tío en 1943, entendió que siendo abogado «podía hacer algo para ayudar a la gente o, por lo menos, para enterarme de por qué se mataba a la gente en esas circunstancias».5 En la misma línea, María Luisa Suárez optó por el Derecho como deber moral de reparación de los desastres ocasionados por la guerra y la represión y, según sus propias palabras, se dijo a sí misma: «Tengo que salir de este pozo en el que estamos todos metidos y algo tengo que hacer. ¿Qué voy a estudiar? Voy a estudiar algo que pueda servirme para luego conocer bien las leyes y hacérselas pasar canutas. [...] No sabía cómo, porque no estaba organizada en ningún sitio, pero yo pensaba estudiar para prepararme para luchar».6 Aunque las posibilidades que ofrecía la abogacía no fueran aún tan evidentes, los estudios de Derecho sí se consideraban ya una herramienta eficaz para luchar por la justicia laboral y social. Sin embargo, si las biografías de estos pioneros de algo son ilustrativas es del efecto extremadamente negativo que las depuraciones tuvieron en el sistema educativo, incluida la enseñanza superior. La promoción de docentes y profesionales con vínculos políticos y militares con el régimen, la primacía de los «buenos informes», los «exámenes patrióticos» y la obediencia por encima de otras consideraciones, distorsionaban gravemente, también entre profesiones liberales como la abogacía, la validez de los criterios de capacitación. El fuerte adoctrinamiento político y el conservadurismo pedagógico de las universidades llevó a que muchos de los futuros abogados antifranquistas tuvieran que formarse y aprender realmente su oficio casi de forma exclusiva en la práctica, con suerte en las pasantías o directamente a través de la creación de sus propios despachos.
Las trayectorias de los pioneros revelan también la pluralidad de vías a través de las que, en este contexto, se adquiere la militancia política. En el Madrid de la posguerra, por ejemplo, la figura del abogado comunista Gregorio Ortiz Ricol es vital para entender el vínculo que los más veteranos tejieron en torno a él, su militancia y su ejercicio profesional;7 para otros, como José Jiménez de Parga, el ambiente estudiantil fue el espacio en el que se cimentaron compromisos que en el futuro le llevarían a militar oficialmente en organizaciones clandestinas.8 En otras ocasiones, la militancia fue adquirida a partir de relaciones establecidas en el extranjero, que continuaron con la vuelta a España. Así, por ejemplo, Antonio Montesinos gastó su primera minuta, en 1954, en un viaje a París en el que conoció a Jorge Semprún, responsable del trabajo de los comunistas entre los intelectuales y profesionales. Los contactos establecidos en ese viaje le llevaron a integrarse, en 1957, en la célula que el PCE había creado en el Colegio de Abogados de Madrid.9 También en 1954 Antonio Rato aprovechó una estancia en París para ampliar su formación política, frecuentar la Librería Española y mantener encuentros con cuadros comunistas y futuros camaradas como Manolo López o Manuel Ballesteros.10
El sombrío escenario de la posguerra creaba así las condiciones necesarias para que comenzara a surgir una generación de hombres y mujeres pioneros en la concepción de su profesión, que lograron retomar el contacto con las organizaciones de la izquierda clandestina —tanto con aquéllas que mantenían sus direcciones en el exilio como con las creadas en el interior— y consiguieron que, tras la honda fractura de la guerra y la derrota republicana, la abogacía democrática volviera a caminar con pasos firmes.
A lo largo de sus trayectorias los abogados antifranquistas desarrollaron su trabajo en muy distintos frentes, pero en este período fundacional su principal campo de batalla fue la asesoría jurídica laboral, una tarea que, junto a la militancia política, es fundamental para comprender su relación con el movimiento obrero.
La concepción que el nuevo régimen tenía de la legislación laboral había quedado definida ya durante la guerra. El punto VII del Fuero del Trabajo y el Decreto de 13 de mayo de 1938 habían establecido la creación de Magistraturas de Trabajo —reguladas en 1940—, que en un primer momento sólo tenían competencia para resolver conflictos individuales.11 De hecho, y hasta el final de la dictadura, la laboral será una de las denominadas Jurisdicciones Especiales cuya desaparición e integración en la justicia ordinaria motivará buen número de pronunciamientos de los Colegios de Abogados. Además, hasta la Ley de Procedimiento Laboral de 1958, la representación de los trabajadores ante estos tribunales estuvo hegemonizada, de forma casi incontestada, por los funcionarios y abogados de la asesoría jurídica de la Organización Sindical Española (OSE), uno de cuyos principales objetivos era apurar al máximo las posibilidades de conciliación. Ante esta realidad, ya desde finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, muchos demandantes obreros, en gran parte militantes clandestinos, comenzaron a desconfiar de la práctica de los letrados del aparato del Estado y decidieron acudir a los pocos asesores independientes que, con gran valentía, se entregaron a la tarea de darles cobertura legal. Antoni Cuenca, Felipa Español, Antonio Martín y Agustí de Semir fueron los primeros que, retomando el camino que en la Cataluña de principios de siglo había iniciado el republicano Francesc Layret, se pusieron al servicio de unos trabajadores que en el marco del sindicato vertical carecían de representación y defensa.12 Estos profesionales coincidían en la crítica teórica y práctica de un sindicalismo oficial que consideraban un instrumento incapaz —e ilegítimo— tanto para representar a los trabajadores dentro de la empresa como para asesorarlos en sus demandas contra los incumplimientos de aquélla. Como abogados independientes cuestionaban duramente el trabajo profesional de los letrados de la OSE, una institución impuesta por el Estado, y entendían que era necesario tomar partido por los más desfavorecidos, ejercer su defensa y luchar por sus derechos laborales. Este planteamiento desembocará en la reivindicación de un nuevo tipo de profesional del Derecho comprometido con una perspectiva de clase, con métodos de funcionamiento y organización distintos a los habituales en la profesión, y que estará en el origen de los futuros despachos laboralistas. De hecho, si en sentido estricto un laboralista era un especialista en Derecho del trabajo, gracias a la labor de estos pioneros el laboralismo acabó siendo identificado, no sólo por la profesión sino sobre todo por la ciudadanía, con aquéllos a los que con gran precisión Albert Fina denominó «abogados de obreros».
En este contexto legal y represivo no es extraño que gran parte de estos precursores del laboralismo llegaran a la defensa de los derechos e intereses de las clases trabajadoras a través de su vínculo con el catolicismo social. En los años cuarenta y cincuenta, el obrerismo militante y las críticas a la desigualdad social sólo podían expresarse con cierta libertad mediante los dos lenguajes políticos tolerados por el Régimen: la retórica falangista de la revolución pendiente y la deriva socializante dentro del nacionalcatolicismo. Teniendo en cuenta la abierta dependencia del falangismo respecto de los aparatos de Estado de la dictadura, solamente la Iglesia gozaba de autonomía para elaborar y difundir ideas de justicia social que no provocasen inmediatamente una dura represión. Además, el carácter proselitista de las ramas obreras del apostolado católico permitía a los activistas vivir desde dentro las realidades del mundo del trabajo y extender su influencia sobre amplias capas de lo que será el nuevo movimiento obrero. Desde su nacimiento en 1946 la Hermandad de Obreros de Acción Católica (HOAC) impulsó la creación en sus secciones de Asesorías Jurídicas Laborales, precedente directo de una plataforma de asesoramiento jurídico laboral al margen del oficial. La actividad de estos asesores pronto fue más allá de su labor pastoral y permitió la incorporación de especialistas en Derecho laboral con la finalidad expresa de formar e informar a los trabajadores.* En 1959, en respuesta al Plan de Estabilización, la HOAC se embarcó en una campaña nacional contra el paro y por la «seguridad en el trabajo» que proponía en uno de sus puntos, junto a la creación de cajas de socorro para los despedidos, «la puesta en marcha de consultorios y asesorías jurídicas a todas las escalas: local, provincial, nacional, internacional».13 Así, la Hermandad acabó compitiendo abiertamente con el sindicato único desde su Secretariado de Servicios Sociales a Obreros o las Mutualidades Laborales. Sus letrados (jóvenes abogados, estudiantes de Derecho o graduados sociales) recopilaban información laboral y legal de publicaciones como el BOE y la organizaban en ficheros que, en muchas ocasiones, acabaron fundamentando legalmente las reclamaciones laborales de los obreros.14
La influencia de estos primeros movimientos obreros cristianos, alrededor de los cuales se vehicularon en Cataluña buena parte de las primeras formas de organización contra el régimen franquista, fue determinante en la evolución profesional y política de quien es considerado el primer abogado laboralista de Barcelona tras la Guerra Civil, Antoni Cuenca.15 Hoacista de simpatías libertarias, en 1951 fue nombrado responsable del gabinete jurídico de la Comisión Diocesana de la ciudad y, partiendo de esa experiencia, en una fecha tan temprana como 1952 abrió un despacho en la barriada de Sant Martí del Clot. Desde esta plataforma Cuenca no sólo se especializó en la defensa de reclamaciones laborales, sino que también se ocupó de otros casos relacionados siempre con las necesidades del entorno popular en el que trabajaba. Fue uno de los primeros abogados civiles en participar en la defensa de procesados en consejos de guerra y su «clientela» abarcó desde maquis libertarios hasta dirigentes del PSUC. Como miembro de la Comisión Diocesana de la HOAC, y a instancias de Guillermo Rovirosa, elaboró un programa de atención al problema de las barracas marginales que proliferaban en Barcelona, y desarrolló una labor de asesoramiento y gestión en iniciativas relacionadas con la mejora de viviendas que puede considerarse como precedente directo del activo papel que a partir de los años setenta desempeñarán los abogados antifranquistas en los movimientos vecinales.16 Además, en las elecciones para la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona en 1957, fue uno de los impulsores de las candidaturas de oposición dentro de la institución, después de haber sido durante años una de las pocas voces críticas que intervenía públicamente en un foro dominado por los abogados adictos al régimen.17
Con su entregada y polifacética labor, desplegada en muy diversos frentes, este abogado, que aunó el catolicismo social con una progresiva identificación con el anarquismo, se convirtió en el «hermano mayor de los laboralistas de Cataluña».18 Por su despacho de Roger de Llúria pasaron abogados como Antonio Martín Martín, Felipa Español o Albert Fina, que trabajó con él en 1958 y que recordaba así las implicaciones de su paso por el despacho de Cuenca:
Antoni Cuenca tiene el mérito de haber sido el primer abogado de la posguerra en defender a los trabajadores en circunstancias realmente difíciles. Al principio estaba solo y aislado. Recuerdo que, entonces, alternábamos nuestro trabajo en Barcelona y Vilanova i la Geltrú, dedicados a temas laborales con otras materias del Derecho en las cuales se veían implicados trabajadores, desde problemas de tipo penal, a civil, fiscal, arrendamientos urbanos, etc. Toda esta experiencia me sería muy útil para convertir en realidad mi nueva ideología y poder ponerla en práctica. He de agradecer a Antoni Cuenca el haberme permitido contactar con el mundo obrero. Trabajando con él conoceré al abogado Antonio Martín, con el que desde entonces me une una sincera amistad. Y va a ser también en el despacho de Cuenca donde contacto con un mundo obrero políticamente organizado —anarquista o comunista— y donde veo la necesidad de llevar a cabo una actividad política obrera.19
Buena parte de los despachos laboralistas que proliferaron en Barcelona desde finales de los años sesenta fueron fundados por abogados que en su día se iniciaron en la práctica de la abogacía con, o al lado de, Antoni Cuenca. Pero además, en el primer laboralismo catalán destacan otras figuras pioneras entre las que es necesario recordar a Francesc Casares Potau, quien precisamente reconocía a Antoni Cuenca como «no de los primeros, yo diría el primero en Barcelona que merece esta calificación de abogado laboralista. Y no solamente hacía defensas laborales, sino que si había una familia que tenía un problema de desahucio del piso, temas de arrendamientos o todo lo que hacía referencia a lo que podían llevar gente de clase humilde. Y tenía el despacho en el Poblenou».20 Casares, abogado y militante del Moviment Socialista de Catalunya (MSC), de enorme prestigio entre la profesión gracias a su rigor dialéctico, técnico y jurídico, había formado parte, durante sus años de estudiante de Derecho en la Universidad de Barcelona (entre 1945 y 1948), del Front Universitari de Catalunya. Tras finalizar sus estudios, en 1950 se especializó en Derecho laboral y hasta la apertura de su propio despacho trabajó como pasante con Gabriel Avilés, haciéndose cargo de los asuntos de laboral y adquiriendo así una notable experiencia en la defensa de demandas obreras:
Antes de ejercer por mi cuenta, que no fue hasta el año 57 o 58, 58 debía ser, yo estuve trabajando de pasante en el despacho del abogado Avilés, el padre de Montserrat Avilés, don Gabriel Avilés Cucurella, que tenía un despacho que se había ido orientando a los temas laborales y que defendía trabajadores, si venían, y, sobre todo, empresas. Y allí, ya lo he explicado algunas veces, quizá exagerando el aspecto humorístico, pero sí que era así, que a veces entraba la criada y decía, —«Don Gabriel, hay una visita»—, y el señor Avilés le preguntaba, —«¿Qué aspecto tiene?»—, quería decir si eran obreros o no, y la criada le decía, —«Me parece que son trabajadores, obreros»—, y, entonces, el señor Avilés decía, —«Que los reciba Casares»—, y así empecé yo, dentro de un despacho que defendía también empresas, a defender trabajadores.21
En 1955 su compromiso con la defensa de la clase trabajadora cristalizó con la apertura, en Sabadell, de la Asesoría Técnico-Jurídica del Productor, especializada en cuestiones laborales. A pesar de que, ya durante sus años de facultad había establecido contactos con el MSC, no ingresó en sus filas hasta finales de 1953, cuando se lo pidieron Joan Reventós y Ramon Porqueras. Siendo aún un joven abogado recibió el encargo de asesorar a uno de sus militantes, caído en 1953 tras la detención del socialista Tomás Centeno, y en el desarrollo de su cometido Casares puso en práctica algunas de las funciones que posteriormente resultarán más representativas de la actividad de los abogados laboralistas. Por ejemplo, desde el primer momento fue él quien ejerció la labor de enlace entre los presos políticos y la dirección clandestina.22 Los paros y subsiguientes despidos que tuvieron lugar en la Pirelli de Manresa en la primavera de 1954 reforzaron la relación entre militancia política y actividad profesional de Casares, lo que, sumado a su experiencia ante las magistraturas de trabajo, llevó al MSC a ofrecerle participar en el despacho de uno de sus militantes, Lluís Torras, para hacerse cargo de las demandas de los obreros ante la empresa.23 Aunque en ese momento decidió no incorporarse formalmente al despacho, Casares sí se hizo cargo de redactar y fundamentar las demandas, poniendo en marcha una iniciativa de colaboración que supone un ejemplo temprano de cómo la idea de crear despachos colectivos de laboralistas empezaba ya a fraguarse. En 1958 pasó varios días preso en Carabanchel, junto con otros miembros de la dirección del partido, y tras su puesta en libertad retomó el activismo político y centró sus esfuerzos en la defensa de los detenidos y el asesoramiento de los trabajadores a través de un despacho propio, que estableció «de una manera precaria» en Sabadell en 1959. En principio el bufete estaba dirigido «a todo el que viniera, es decir, lo que se podría decir un abogado generalista [...] Claro, después ya vino la defensa de casos, pues, motivados por la persecución política y, claro, entre los trabajadores que venían al despacho había los que únicamente se había de plantear una reclamación social a las Magistraturas del Trabajo de aquella época y aquellos que, además, se distinguían por ser unos elementos activos del movimiento obrero y, entonces, acababan muchas veces represaliados y en manos de la policía y pasaban a la cárcel y pasaban a ser juzgados, después, ya mucho más adelante, por el Tribunal de Orden Público, etcétera. Y, entonces, los abogados que actuábamos como laboralistas, para decirlo en la terminología diríamos que ya ha tomado carta de naturaleza, pues al mismo tiempo éramos los que llevábamos las defensas políticas».24
La apertura de su despacho en un entorno como el de Sabadell, de tipo industrial, y la defensa de los trabajadores acrecentaron su conciencia social y política: «Empecé a incrementar las dos actividades, o sea, política en la clandestinidad con el MSC, y el aspecto social convirtiendo mi despacho o guiando la dirección de mi despacho hacia la defensa de trabajadores y, evidentemente, como deriva natural de esto, la participación en defensas políticas cuando el Estado español actuaba represivamente sobre todos aquellos que reivindicaban posiciones que no eran compartidas por un Estado totalitario, o sea, tanto por las reclamaciones de tipo social y económico como las de tipo político».25 A partir de ese momento su despacho se convirtió en un centro neurálgico al que jóvenes abogados acudían con el reclamo de que allí «se podía hacer un aprendizaje de profesión jurídica, es decir, de abogado al servicio de una clase, la clase trabajadora, y de un movimiento, el movimiento obrero».26
Así, en la temprana fecha de 1959 había establecidos en Barcelona ya dos despachos, los de Cuenca y Casares, especializados en la defensa jurídica de los trabajadores. De la labor de ambos y de su forma de entender la profesión, al servicio de los más desfavorecidos, surgieron posteriormente los distintos sectores de abogados laboralistas que desempeñaron en la Cataluña de los años sesenta y setenta un papel fundamental.27
Si en los años cincuenta el Derecho empezaba a perfilarse como un campo de posibilidades que podía ser especialmente fértil para lograr una imbricación de la vertiente profesional con la militante, en esta misma etapa plataformas como los Colegios de Abogados comenzaron a adquirir una notable relevancia como portavoces de demandas de democratización y como espacios en los que esa convergencia de intereses podía hacerse realidad.28 Comunistas, socialistas, monárquicos y democristianos se sirvieron de la seguridad y la libertad de movimiento —ambas precarias— que proporcionaban el Estatuto General de la Abogacía y los Colegios de Abogados para articular redes de militantes en un sector social que pronto se reveló como fundamental para llevar a la práctica proyectos unitarios de oposición. Con todas sus limitaciones, tras la restauración por Orden Ministerial de diciembre de 1951 de las normas de elección de los Decanos, los Colegios se convirtieron en uno de los pocos espacios en los que se podía practicar un sistema de gobierno con rasgos democráticos, por lo que en su interior comenzaron a organizarse grupos de abogados que optaron por promover candidaturas encabezadas por republicanos moderados, conservadores o monárquicos desafectos a la dictadura y a los letrados que ejecutaban la política gubernamental en los colegios. Las iniciativas llevadas a cabo en la capital resultan, a este respecto, muy ilustrativas.
Uno de los intentos de oposición interna más tempranos y significativos fue la creación de la agrupación de abogados socialistas conocida como Secretariado de Abogados de la UGT, cuyo origen estaba en una iniciativa puesta en marcha en 1952 por la dirección socialista exiliada. A cargo del mismo, trabajando inicialmente desde Casablanca, se encontraba Miguel Peydró. El secretariado, con representación en la dirección ugetista encabezada por Pascual Tomás, comenzó su andadura a través de los contactos que su responsable mantenía con abogados socialistas exiliados en Francia, Inglaterra, Argentina y el norte de África, fundamentalmente. Para la expansión en Hispanoamérica se contó con la colaboración del veterano Luis Jiménez de Asúa. Entre sus principales cometidos estaba el de proporcionar a los afiliados un servicio de consulta jurídica gratuita, dirigida fundamentalmente a solucionar los problemas laborales de los trabajadores exiliados e inmigrantes españoles que encontraban serias dificultades en el mercado laboral y en la legislación de sus países de acogida. Tampoco faltaban consultas de carácter más privado relacionadas, por ejemplo, con la obtención de documentación para acreditar el estado civil cuando se carecía de originales o con la situación de los hijos nacidos en Francia así como divorcios, legitimación de hijos o desahucios. Para ello se emplearon diversos procedimientos, desde la apertura de asesorías en las agrupaciones, hasta el uso de páginas en el Boletín de la UGT. La iniciativa resultó exitosa y aumentó notablemente la demanda de este tipo de servicio. Además de la asesoría laboral el Secretariado tenía encomendadas otras tareas, entre las que destacaba la colaboración con asociaciones de abogados y juristas socialistas, la redacción de informes sobre los procesos políticos y la situación de los presos en el interior, la divulgación de las sentencias de los tribunales franquistas o la redacción de artículos en la prensa extranjera. Todas estas actividades se insertaban directamente en la estrategia socialista de mantenimiento y extensión de una importante red de relaciones internacionales, especialmente con los partidos socialdemócratas y laboristas así como con la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL).29
Las campañas llevadas a cabo en el exterior para que los procesados socialistas y ugetistas en consejos de guerra pasaran a la jurisdicción civil ordinaria (el principal campo de actuación política del Secretariado en estos años) tuvieron, en la segunda mitad de 1953, un interesante correlato con respecto a los contactos en el interior. Tras la muerte de Tomás Centeno, su sucesor al frente de la organización barcelonesa, Ramon Porqueras (militante del MSC), fue detenido junto a nueve militantes ugetistas y juzgado en consejo de guerra. El Secretariado de Abogados en el exilio, por sugerencia del Comité Ejecutivo del sindicato, envió a profesionales y Decanos de varios colegios de abogados españoles una carta circular exponiendo su condena del uso de tribunales militares para actividades políticas y solicitando solidaridad con los detenidos, para lo que apelaba moralmente a su profesión por encima de las ideologías políticas:
Pero en ningún instante ha llegado a nuestro conocimiento que los abogados que ejercen en España actualmente hayan elevado sus voces condenando los procedimientos, los fallos de los tribunales, las ejecuciones, que tienen lugar allá. [...] Los abogados de España han permanecido silenciosos durante catorce años ante una situación que viola los derechos de la persona humana, que es un atentado permanente a la justicia, que significa el desconocimiento total del Derecho. [...] Ninguna profesión es más honrosa que la del abogado, ninguna más encumbrada ni más noble, como tampoco más delicada, más áspera, más difícil. [...] Y animados de cuanto en nosotros vive de amor profundo a nuestra profesión, a la Justicia y al Derecho, requerimos a nuestros colegas de España para que, sobre las politiquerías del momento (que jamás pueden ser eternas aunque duren años), sitúen sus deberes profesionales y por cuantos procedimientos tienen a su alcance traten de imposibilitar la continuación en nuestro pobre país (que es de todos: vuestro y nuestro) de cuanto signifique violación de los Derechos Humanos, de la justicia y de las más elementales normas de probidad y de humanidad en la esfera de sus competencias.30
Sin embargo, a pesar de sus ambiciosos objetivos, los nexos de la organización con el interior debieron de ser francamente débiles, pues el 12 de septiembre de 1958 se constituyó en Madrid el Secretariado de Abogados de la UGT en el interior, sin que constara dependencia orgánica con respecto al exilio y aprovechando el dinamismo que había impreso a la actividad socialista el liderazgo de Antonio Amat, las luchas estudiantiles de 1956 y la propia efervescencia que se estaba viviendo en el Colegio de Abogados de Madrid.31 A cargo de esta organización, activa hasta marzo de 1960, se encontraban dos jóvenes militantes de PSOE/UGT, José Federico de Carvajal (que ya se había ocupado de algunas defensas encargadas por Antonio Amat) como presidente y Josefina Arrillaga (por aquel entonces profesora auxiliar en la Facultad de Derecho de la capital) como secretaria. Ambos ostentaban sus cargos sin recibir remuneración y el acta de constitución subrayaba el hecho de que habían sido «elegidos por unanimidad, en votación directa y secreta». El Secretariado tenía el cometido de defender sindicalmente los intereses profesionales así como los intereses y derechos de los trabajadores españoles. Además, debía ocuparse de la defensa de los despedidos y sancionados, dando a estos servicios carácter gratuito, sin perjuicio de reembolsar los gastos que el procedimiento o el material utilizado ocasionaran para fomentar la solidaridad y comprensión que debía existir «entre los trabajadores españoles manuales, intelectuales y de todas las profesiones». Asimismo, debía mantener contacto con el Secretariado de Abogados de la UGT en el Exilio y con las Organizaciones Internacionales de Abogados de espíritu libre y democrático, así como con la CIOSL. Finalmente, el Secretariado debía «trabajar en la medida de sus posibilidades por el restablecimiento en España del Estado de Derecho, que corresponde a la categoría europea y civilizada del pueblo español».32
Junto al presidente y la secretaria, firmaban el acta constitutiva de este Secretariado Ángel Gutiérrez Escudero, Antonio Villar Massó, Antonio Alonso Baño y José Antonio Muñoz Atienza. Carvajal y Arrillaga permanecieron en sus cargos hasta septiembre de 1959, año en que fueron sustituidos, durante escasamente mes y medio, por Juan Miguel Bautista Bolonio (presidente) y Antonio Alonso Baño (secretario). En la creación del Secretariado destacó el papel de Antonio Villar Massó, un cuadro socialista procedente de la Facultad de Derecho de Madrid, en la que había sido secretario del Sindicato Español Universitario (SEU). Tras un viaje a Francia en 1950, Villar contactó con las organizaciones socialistas y se convirtió en el enlace entre la dirección de aquéllas y el núcleo de profesionales universitarios. A él, abogado en ejercicio y con experiencia en defensas políticas, se le encomendó la puesta en marcha de la organización. Como ya se ha señalado, no parece que haya existido una relación de dependencia orgánica entre el Secretariado de Abogados del exilio y la nueva agrupación profesional madrileña. Villar Massó hacía referencia, en el informe que daba noticia de su constitución, a los escasos contactos existentes con su homólogo del exilio, dada la falta de actividad de éste. Sobre los miembros del Secretariado afirmaba que
de momento, hemos considerado conveniente que intervengan como miembros fundadores exclusivamente militantes del Partido de la UGT, de probada seguridad. Esto explica el reducido número de firmantes, dejando aparte el hecho de que algunos otros compañeros que hubieran debido firmar se encuentran ausentes de Madrid. No obstante, habida cuenta el carácter sindical y oficialmente apolítico que debe revestir el Secretariado, creo interesante que en el futuro vayamos incorporando otros compañeros de profesión que, aun no siendo correligionarios, tengan ideas democráticas y antifranquistas, y una conciencia sindical y social suficientemente desarrollada. Sin embargo, no temas que el Secretariado se nos escape de las manos; los socialistas, dentro de él, procuraremos ser siempre los más entusiastas y eficaces y, además... los más numerosos.33
Este deseo de ampliar el número de adherentes por encima de las siglas quizá explique la aparición, ya en septiembre de 1959, de algunos nombres de destacados abogados comunistas entre los diez abogados en ejercicio con que contaba el Secretariado en esa fecha. Además, había cuatro abogados que se adjuntaban como «apartados temporalmente» de la organización por voluntad propia. Solamente había dos mujeres y, entre los integrantes, cuatro procedían de familias represaliadas (como el secretario Alonso Baño) o habían sufrido ellos mismos la persecución franquista.34
La organización de abogados de UGT en el interior afrontó, a finales de 1959, importantes debates que ayudan a definir el tipo de actividades que sus miembros llevaron a cabo. Así, en octubre tuvieron lugar tres reuniones de las que se rindió cuenta a Toulouse. La primera de ellas se centró en la designación de letrados para defender a los presos políticos encarcelados en Carabanchel tras la caída de Antonio Amat en 1958, que arrastró a su vez a destacados militantes de Asturias, País Vasco y Madrid. Entre los tres abogados designados, Josefina Arrillaga se hizo cargo de la defensa de Amat. En la segunda reunión, se acordó realizar gestiones para entrar en contacto con la comisión de mujeres de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, en visita por las cárceles de mujeres de Ventas y Alcalá de Henares y se llegó al acuerdo, por otra parte, de que cuatro miembros del Secretariado se inscribiesen en los Cursos de Estudios Sindicales ofrecidos por la OSE. Pero, sin duda, uno de los debates de mayor trascendencia fue el que enfrentó a los miembros del Secretariado partidarios de que la UGT y el PSOE abonaran minutas por la defensa de presos políticos y los que consideraban que esta práctica desprestigiaría a las organizaciones, opción esta última que acabó triunfando. Asimismo, y en el marco de la agitación existente en el Colegio de Abogados de Madrid, se dio cuenta a Toulouse de la adhesión de «seis antiguos y prestigiosos abogados de claro abolengo republicano». Además, la denuncia de infiltrados también tuvo cierto protagonismo en sus reflexiones.35
La organización interna del Secretariado en la clandestinidad adoptó el habitual sistema de fragmentación en células de cinco militantes, con un responsable en cada una de ellas encargado de mantener el contacto con el presidente y el secretario. Las funciones básicas de la agrupación se dividieron en cuatro: profesional, corporativa, técnica y de conexión o actuación sindical. La primera de ellas consistía en «la defensa y asistencia jurídica a los perseguidos por el Régimen, sin discriminación de credos, pero muy especialmente a aquéllos pertenecientes al PSOE y a la UGT». Como ejemplo, se informaba a Toulouse de las defensas realizadas en Madrid y Zaragoza, estando también otras en curso. En segundo lugar, la actividad denominada corporativa tenía como marco el Colegio de Abogados de Madrid, institución considerada fundamental ya que eran los Colegios de Abogados de toda España los que se habían situado «en franca rebeldía con el régimen». En el desempeño de esta función los abogados ugetistas entraron en contacto con otros grupos de oposición y participaron en comisiones como la encargada de la redacción de un proyecto de Estatutos para el Colegio. Aunque se reconocía que tenía pocos visos de ser aceptado, esta iniciativa mostraba la fuerza que la oposición tenía en la institución. La tercera de las actividades, la llamada técnica, comprendía la elaboración de informes y dosieres sobre leyes sindicales, asociaciones y otras cuestiones laborales, mientras la actividad sindical apostaba por una visión de la realidad española y de los nuevos actores en la oposición antifranquista que partía de la necesidad de «extenderse y conexionarse con el resto de las fuerzas sindicales del país».36
El trabajo político dentro del colegio madrileño incluyó, por ejemplo, una activa participación en el debate sobre las tasas judiciales aprobadas por el gobierno para gravar las profesiones vinculadas a la Administración de Justicia. Al cuestionar directamente las directrices del ministerio, la reivindicación profesional se convertía en una polémica de inevitable carácter político. La tensión se incrementó con los expedientes disciplinarios que la Junta de Gobierno abrió a un abogado de la oposición (de procedencia falangista) y la solicitud —avalada por cuatrocientas firmas— de convocar una Asamblea Extraordinaria en el Colegio. A esta situación se unió la prohibición de constituir una agrupación de Abogados Jóvenes, considerada por los letrados franquistas como una maniobra comunista que daría alas a quienes proponían la disolución de los Colegios y la integración en un sindicato profesional dentro de la OSE. Otras actividades del Secretariado incluían, por ejemplo, la divulgación de literatura y prensa socialistas o democráticas entre los colegiados.
El Secretariado se convirtió pronto en el símbolo de la UGT en Madrid. Sin embargo, como afirma Manuela Aroca, las funciones que en la práctica asumió fueron, indudablemente, menores que las que se le atribuían en la declaración de su constitución. Durante algunos períodos, de hecho, su actividad se limitó a las reuniones en los despachos o los domicilios de los abogados.37 El temor a que el trabajo político pusiera en peligro la seguridad del grupo, así como una amarga polémica interna que se saldó con la dimisión de Carvajal y Arrillaga, llevó a que el Secretariado del interior se disolviera en marzo de 1960.38 Sin embargo, esta experiencia no desapareció sin más sino que contribuyó de forma decisiva a que el Colegio madrileño contara, en los años sesenta, con una serie de profesionales, como Pablo Castellano, que asumirán la representación de esta corriente antifranquista en los debates y acciones del futuro próximo. Además, los abogados del Secretariado siguieron trabajando, a título individual y coordinadamente, por la consecución de sus fines fundacionales.39 José Federico de Carvajal continuó su carrera profesional combinando defensas ante Magistratura de Trabajo y en el Tribunal de Orden Público. Por su parte, Josefina Arrillaga, además de asumir funciones de reorganización del movimiento socialista del interior, defendió a colectivos obreros como los mineros asturianos detenidos a raíz de las huelgas de 1963.40 Sus disensiones con la estrategia de la UGT en el exilio fueron haciéndose cada vez más profundas, sobre todo debido a los contactos con comunistas, democristianos y otros sectores que no gozaban de la confianza de la dirección de Rodolfo Llopis. Con Josep Pallach y otros militantes formó parte de la Alianza Sindical Obrera (ASO), constituida en gran medida por sindicalistas socialistas descontentos con Toulouse, y junto a Manuel Fernández Montesinos mantuvo abierto un despacho en Madrid situado en la línea ya consolidada de asesoría jurídica laboral y centro de organización política y sindical. A raíz de una serie de caídas de militantes de la ASO y decepcionada con la UGT en el exilio, Josefina Arrillaga abandonó España en dirección a Alemania en 1966.41
Los abogados ugetistas habían comprobado las posibilidades que ofrecía la acción común con otros antifranquistas, así como las exigencias del doble papel profesional y político que caracterizaba a la abogacía comprometida. Y en este terreno los letrados comunistas no se mantuvieron inactivos. Al contrario, la documentación generada por el Partido desde finales de los cincuenta deja constancia del temprano interés que el PCE y el PSUC, conscientes de la importancia de los contactos entre la clandestinidad política y los disidentes dentro de los colegios, mostraron por las actividades desarrolladas dentro de los Colegios de Abogados de Barcelona y Madrid.42 En la capital, en la segunda mitad de los años cincuenta, Gregorio Ortiz Ricol, Antonio Montesinos y Luis Castillo Almena formaron el núcleo de un grupo de abogados comunistas madrileños que, en 1957, se constituyeron en célula dentro del Colegio de Madrid. La decisión de iniciar una actividad de agitación política en el seno del Colegio de Abogados partió de Francisco Romero Marín, encargado de la reorganización del Partido en la capital. Fue él quien puso en contacto a Antonio Montesinos —que desde 1956 trabajaba en el despacho de Gerardo Abad Conde y que en 1957 había formalizado su ingreso en el Partido Comunista— con Gregorio Ortiz Ricol —enlace con la dirección comunista clandestina— y Luis Castillo Almena —un viejo maestro que se había hecho abogado en el penal de Ocaña—. En los años siguientes, a través de Gregorio Ortiz, se incorporaron al Colegio otros profesionales como María Luisa Suárez Roldán o José Jiménez de Parga y esta institución se convirtió, así, en punta de lanza de iniciativas y gestiones encaminadas a la consecución de un Estado de Derecho.43 Además, otros importantes abogados comunistas como Diego Carrasco, Amandino Rodríguez Armada, Alfredo Flórez o Antonio Rato participaron en esta iniciativa que trataba de explotar las posibilidades de crítica y expresión que ofrecía la institución para el debate, así como de llevar a cabo una labor proselitista y de contacto con otras fuerzas antifranquistas. Antonio Montesinos no dudaba en calificar al Colegio de Abogados de Madrid como una suerte de parlamento:
El Colegio de Abogados de Madrid era una especie de parlamento. Realmente en las sesiones que había en las Juntas Generales del Colegio se hacía política. Yo recuerdo que los primeros que empezaron a hacer política ahí, junto al PCE, y yo creo que antes incluso, son los monárquicos. Fueron los partidarios de don Juan III, como le llamaban. Y, ciertamente, que se movieron muy bien. [...] Y tomamos contacto con esta gente, de Unión Española [...] y tomamos café con ellos. [...] Ciertamente que se movían. Y se movían también los socialistas. De los socialistas sí que recuerdo que eran conocidos. Además, tampoco se ocultaban mucho. Pero nosotros sí, claro. No teníamos otro remedio que ocultarnos [...] En aquella época, a partir del 57 o 58, ya se movían en el Colegio de Abogados. Yo creo que era el sitio donde más gente se movía.44
Desde el principio, la célula comunista se concentró en la reivindicación profesional como herramienta para la captación y la movilización de los abogados. Como principal instrumento para esta tarea, además de los contactos personales y la participación en la creación de organismos unitarios (entre los que destacará la Asociación de Abogados Jóvenes), la célula publicó un boletín clandestino que comenzó su andadura en 1959 con el nombre de Ecos del Foro. Portavoz de los abogados madrileños. El periódico estuvo a cargo de Gregorio Ortiz Ricol, junto al que trabajaron Antonio Montesinos y Luis Castillo Almena, y tuvo tiradas de hasta 700 ejemplares, publicándose a lo largo de 1959 y hasta comienzos de 1960.45 Su subtítulo era, en sí mismo, un programa y una estrategia: quería representar las demandas profesionales de los abogados sin distinción, esquivando cuidadosamente cualquier referencia a la filiación comunista de sus redactores. Sin embargo, distaba mucho de ser un órgano puramente profesional, lo que quedaba de manifiesto en el hecho de que la consigna que encabezaba sus números fuera, precisamente, «Amnistía para los presos y exiliados políticos». La proximidad del periódico al PCE era patente, también, en la línea editorial, convergente con la estrategia de Reconciliación Nacional que adoptaron Ortiz Ricol y Montesinos como principales responsables de su redacción, así como en el empleo de un léxico político acorde con esta propuesta. Como planteamiento general, el boletín defendía la necesidad de que la abogacía no se aislara del resto de la sociedad y para ello sus redactores llevaron a cabo una labor de orientación sobre cuestiones nacionales candentes, que no les hizo, sin embargo, olvidar los problemas específicos de una profesión liberal como la suya.46 Además de las reivindicaciones profesionales, que constituían uno de los ejes de la oposición en los colegios, estos artículos mostraban también la existencia de una incipiente reflexión sobre la relación entre compromiso sociopolítico y abogacía. El objetivo prioritario de forjar lazos con el resto de la sociedad llevó a proponer, por ejemplo, la constitución de una alianza de los perjudicados por el Plan de Estabilización que abarcara desde la pequeña y mediana empresa hasta los trabajadores, a quienes la situación de indefensión en que les colocaba la preferencia de la dictadura por el gran capital nacional y extranjero llevaría a acudir necesariamente a la abogacía:
Ninguna profesión se halla tan inmediata y directamente vinculada como la nuestra a la situación económica de estas clases. Todos nuestros clientes pertenecen a ellas. Su regular y sano desarrollo económico es condición precisa para la subsistencia de nuestra profesión, que no por capricho se la califica de profesión liberal. Las grandes sociedades monopolistas tienen ya sus abogados a sueldo, lo que realmente es la negación de la abogacía.47
La célula comunista coincidió además con otros grupos antifranquistas en una de las grandes luchas corporativas del momento, el decreto de fijación de tasas impuesto por el gobierno en 1959. La estrategia de sus integrantes consistió en llamar a la unión de los abogados, pero también a la identificación entre estos profesionales y su clientela, que deberían actuar para hacer presión sobre una medida gubernamental considerada autoritaria y arbitraria. Además el asunto de las tasas tenía un filo político dentro del propio Colegio de Abogados relacionado con el voto de censura al decano Manuel Escobedo.
En 1960, con motivo de la organización y desarrollo de la frustrada Huelga General Pacífica de 1959, Gregorio Ortiz Ricol fue detenido y María Luisa Suárez Roldán, que trabajaba entonces de pasante en el despacho del decano Escobedo Duato, fue la encargada de sucederle como responsable de la célula. La caída de Ortiz Ricol terminó con la andadura de Ecos del Foro, pero no de la célula.48 De hecho, el ambiente unitario generado en el Colegio fue decisivo para la puesta en marcha de otra de las iniciativas que permitieron desarrollar en estos años una mayor actividad opositora, la Unión de Abogados Jóvenes, que aunque no tenía cobertura legal, se reunía en los locales del Colegio.49 La Unión de Abogados Jóvenes, que recogía el espíritu del Congreso de Valencia, puede considerarse también parte de la estrategia entrista que grupos de oposición como los comunistas estaban llevando a cabo en el ámbito laboral, mediante la participación en las elecciones sindicales con la aspiración de intervenir en la gestión de los organismos e imprimirles, en la medida de lo posible, un sentido antifranquista. Además, el debate sobre esta asociación participó de lleno en las polémicas que presidieron los últimos años del mandato de Escobedo en el Colegio de Abogados de Madrid. Como recuerda quien fue uno de sus promotores, Antonio Montesinos:
Tratamos de constituir la Asociación de Abogados Jóvenes. Allí participaban grupos comunistas, socialistas y, claro está, allí teníamos un policía. Pero lo cierto es que todo aquello significaba unos debates que venían a politizar a las gentes que se interesaban por aquello. [...] Estábamos 30 o 40, quizá más. Pero también al final conseguimos que el Decano, que era contrario, nos dejara intervenir. Nos dejó usar el salón para reunirnos. Así que, bueno, el Decano tenía más o menos su tolerancia. Pero, claro, la Dirección de Seguridad nos mandó un policía. Y ya sabíamos que lo que había que hablar importante, había que esperar a que se fuera el policía para eso. La Asociación tuvo su interés porque en alguna de las elecciones conseguimos meter en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados a dos abogados, uno era Eugenio Mazón, que no era del Partido Comunista, pero que estaba de acuerdo con nosotros en muchas cosas. Y otro hombre, del que no recuerdo el nombre. Estos dos intervinieron después en defensa de Grimau cuando le detuvieron y me parece que uno de ellos estuvo en el Consejo de Guerra. No lo sé con exactitud. Y cuando detuvieron también a Gregorio Ortiz. Es decir, que la Asociación de Abogados Jóvenes, aquella asociación tolerada, tuvo su influencia en la vida colegial y sirvió además como un medio de cambiar impresiones, de mantener viva la idea política. Había gente de todos los colores allí.50
En una línea similar Antonio Rato, a quien se le había encomendado la tarea de establecer contactos con monárquicos como Satrústegui, Jaime Miralles o Piniés, lo recordaba como una especie de «tapadera para la agitación».51 Los intentos de legalizar la Unión fueron un arma arrojadiza para los abogados monárquicos, socialistas y comunistas que se enfrentaron a la Junta de Gobierno. En el número del Boletín del Colegio de noviembre-diciembre de 1958 se había publicado una nota en la que anunciaba la voluntad de constituir la asociación. Casi un año después, 50 abogados firmaron un llamamiento dirigido a la Junta en el que demandaban el reconocimiento formal de la Unión de Abogados Jóvenes y aprovechaban para dar publicidad a sus principios. Los abogados jóvenes aptos para entrar en la Unión debían contar con menos de diez años de ejercicio y ser menores de cuarenta años. El escrito subrayaba su acatamiento tanto a los procedimientos como a las instituciones que regían la vida colegial, aunque también su voluntad de crear una Junta de Gobierno autónoma para la asociación «de forma democrática». Afirmaban también que los fines que perseguían eran exclusivamente «el fomentar la cultura jurídica y estudiar los problemas de índole profesional que a los abogados jóvenes se les plantean».52
El anuncio fue acogido con frialdad y recelo por algunos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio. Sintiéndose amenazada, la mayoría de Escobedo incluso apeló a la amenaza gubernamental contra la autonomía corporativa de la profesión para desalentar a sus promotores en el propósito de creación de la Unión. En una reunión se advertía de la existencia de «maniobras comunistas dentro del Colegio» y se aseguraba que si no unían esfuerzos para defenderlo «quizá la policía lo clausurase y los abogados se integrarían en toda España en un Sindicato Vertical dependiente de la Organización Sindical Española».53 Esta advertencia tenía cierta base en la notoriedad que había adquirido la filiación política de algunos abogados antifranquistas y lo cierto es que gran parte de los desacuerdos y polémicas que se discutían, como los problemas de procedimiento e interpretación de los estatutos, en realidad encubrían una pugna política cada vez más evidente. Los abogados jóvenes no esquivaron la batalla y así, en noviembre de 1959, apareció otro llamamiento colectivo firmado por «un grupo de Abogados Jóvenes que nos sentimos abochornados por el lamentable espectáculo que presenciamos en la Junta General del pasado día 14». En aquella ocasión se había demandado un voto de censura contra Escobedo que había sido, según los afectados, desestimado y silenciado de forma autoritaria y expeditiva. Esta exhibición de autoridad por parte de la Junta y el decano eran denunciadas en el escrito, en el que se afirmaba que «actitudes como ésta no creemos que puedan ni deban tolerarse. Estamos contra los que alborotan, pero estamos igualmente contra los que con su conducta provocan los alborotos».54 Los motivos de la censura son explicados en otra carta pública que la justificaba:
Porque queremos un Colegio en el que sólo se discutan y ventilen problemas profesionales, donde los debates se dirijan por los imparciales y no por los implicados en ellos, donde se discuta con mesura y se vote con orden, sin que a nadie se le exija, con firma legible, la manifestación pública de a quién vota o por quién vota, te lo pedimos en fin, porque queremos un Colegio, en el que nuestros representantes sientan el honor de nuestros mandatarios y no consideren como una condecoración la pérdida de la investidura. Queremos, en fin, algo nuevo, sin mixtificaciones ni engaños, venimos con el caudal de nuestra juventud a llenar todo con el aire puro de la Ciudad Universitaria.55
Su tabla reivindicativa incluía un nuevo estatuto y un reparto más justo de los tributos y cargos colegiales. La nómina de firmantes integraba a representantes de todas las tendencias opositoras en el Colegio, desde democristianos, monárquicos y liberales, hasta socialistas y comunistas.56 En 1960 algunos miembros de la Agrupación de Abogados Jóvenes como Antonio Rato, Tomás Maestre Aznar, F. G. Puyol o Pascual Meneu remitieron al decano del Colegio de Madrid un escrito en el que demandaban la realización de un congreso en el que los «temas a tratar habrán de escogerse y tratarse no en función de un interés de clase o económico sino pensando más bien en el interés general, como bien se dijo en el Congreso de Madrid de 1932, recordando que “la abogacía tiene una nota característica entre todas las profesiones; se ejerce para los demás”, por lo que habremos de ocuparnos no de aquello que nos atañe principalmente sino de aquello que afecta al interés del país, y este en primer término es el interés de la justicia».57
Sin embargo, a pesar de su considerable actividad, la vida de la Unión transcurrió en un limbo legal cada vez más amenazado por motivos internos y externos a la situación en el Colegio. El enfrentamiento, además, adquirió connotaciones políticas más rápida y abiertamente, si cabe. En abril de 1960, Francisco Zapico, en calidad de presidente de la Comisión Organizadora de la Asociación de Abogados Jóvenes, y J. A. Zulueta presentaron un escrito al director general de Prisiones protestando por el trato dado a los presos políticos detenidos en las caídas socialistas y comunistas de 1958 y 1959, que estaban llevando a cabo una huelga de hambre en Carabanchel. Firmaban 30 abogados «que somos o hemos sido abogados defensores de procesados por delitos políticos o hemos colaborado en la defensa de los mismos». En el escrito se defendía abiertamente el carácter político de estos presos, que el gobierno se negaba a reconocer. Igualmente, elevaban una queja contra «las dificultades crecientes con que tropezamos para ejercitar nuestra asistencia jurídica y concretamente al intentar comunicar en la prisión con nuestros defendidos».58
Tras este incidente la Unión de Abogados Jóvenes se disolvió progresivamente. En la decisión seguramente influyeron tanto la creciente presión sobre los abogados socialistas y comunistas, cada vez más involucrados en tareas de enlace y otras facetas del trabajo clandestino, como el fracaso en el intento de legalizar la asociación. La coincidencia en el tiempo de la detención de Gregorio Ortiz Ricol con la desarticulación del Secretariado de Abogados de UGT ayudó también a sumirla en una atonía de la que sería difícil recuperarse.59 Su utilidad, sin embargo, fue para quienes la integraron indiscutible. En palabras de María Luisa Suárez Roldán:
Fue muy interesante porque creo que fue como si dijéramos la levadura de lo que más tarde... no pretendo decir con esto que fue el origen de la Plataforma Democrática o de la Junta Democrática, ni muchísimo menos, pero sí fue un principio de reunirnos todos, de distintas tendencias y ponernos de acuerdo sobre cosas de tipo profesional que luego fueron llegando a otras que no eran ya tan profesionales...60
Precisamente por ello esta iniciativa no cayó en el olvido y ya en los setenta se puso en marcha una Asociación de Abogados Jóvenes que alcanzó una considerable extensión por el resto de España, llegando incluso a convocar un congreso propio en Palma de Mallorca.61 Una vez más, la labor de quienes ya se consideraban «pioneros» resultaba inspiradora para las generaciones más jóvenes.
La lucha por la democratización de la justicia y por la conquista de los más elementales derechos civiles y políticos que, desde mediados de los años cincuenta y desde distintas opciones políticas antifranquistas, esta generación de abogados llevó a cabo desde los Colegios, jugó un papel fundamental en la gestación de las primeras denuncias públicas del aparato represivo franquista, y sus esfuerzos por dignificar la profesión y por conseguir que la práctica profesional fuera «ajustada a Derecho» sirvieron para sentar las bases de una renovada concepción de la abogacía como deber de Justicia y compromiso con la sociedad. El Derecho ponía en manos de estos profesionales un arma eficaz para la lucha antifranquista y, por ello, dirigieron su actuación hacia muy diversos frentes. Pusieron sus conocimientos al servicio del asesoramiento jurídico laboral de los trabajadores, se encargaron de su defensa frente a la represión e incluso les asesoraron en su lucha contra los abusos de los ayuntamientos franquistas.62 En sus memorias, Francesc Casares proporcionaba ejemplos para Barcelona, pero existen en esta primera etapa otros precedentes significativos. En Sevilla, por ejemplo, ya a finales de los cincuenta comenzó a funcionar, en San Jacinto, el despacho de José Julio Ruiz Moreno; en lugares como Valencia destacaban, en esas mismas fechas, nombres como los de Rafael Molina Galán, Joaquín Ruiz Mendoza o Rafael Fernández Sanchís, y en Canarias Antonio Cubillo abría en 1956, en Santa Cruz de Tenerife, un bufete en el que puso en marcha prácticas que prefiguraban las de los despachos colectivos de los años sesenta.63 Su combinación de asesoría laboral y organización del movimiento obrero de la isla en un momento de transición, como es el final de la década de los cincuenta, le convierten en un precedente muy relevante. Entre 1956 y 1962 asesoró a un gran número de trabajadores tinerfeños sobre las condiciones laborales en sus respectivas empresas y sectores. En su despacho se extendió la práctica de las «igualas», consistente en que «a cambio del pago, por parte de los obreros de diferentes centros de trabajo o ramos de la producción, de una cuota mensual al abogado en cuestión, éste les presta todos los servicios necesarios de gestión administrativa y de representación y asistencia jurídicas». A través de prácticas como ésta, así como de la utilización que hacía de los resquicios legales del franquismo para presionar con sus propias leyes el incumplimiento de lo estipulado, su despacho se convirtió en un punto de referencia para la clase trabajadora y su labor fue decisiva para que comenzara a resurgir el movimiento obrero no sólo en Tenerife sino también en la isla de Gran Canaria.64 La abogacía empezaba a convertirse, ya en los años centrales de la década de los cincuenta, en un eficaz instrumento para la lucha antifranquista. De hecho, como ya se ha señalado, en casos como el del nutrido grupo de abogados madrileños —entre los que destacaban Federico de Carvajal, Gregorio Ortiz Ricol, Antonio Rato, María Luisa Suárez Roldán o Antonio Montesinos— existían vínculos orgánicos con partidos y sindicatos clandestinos. La estrecha relación que entablaron con los presos políticos y con sus familias es una buena muestra de la concepción comprometida y militante de su trabajo profesional, que excedía al propio de un letrado en el ejercicio de sus funciones.65 En un momento en que aún no había eclosionado el movimiento laboralista, los despachos no tenían aún, lógicamente, la significación política que adquirirán posteriormente. De hecho, abogados como Ortiz Ricol, Antonio Rato, María Luisa Suárez o Antonio Montesinos mantuvieron en un principio su adhesión a la causa antifranquista fuera de sus lugares de trabajo. Montesinos, por ejemplo, militante comunista desde mediados de los cincuenta, combinó durante estos años su labor «subversiva» con su trabajo en el despacho Abad Conde, al que acudían conocidos miembros de la alta sociedad madrileña. También María Luisa Suárez Roldán comenzó a trabajar simultaneando la asistencia al despacho de Rosende con la atención en el suyo familiar de Feijoo 14. Sin embargo, el conocido compromiso político de todos ellos hizo que por su bufete pronto empezaran a aparecer dirigentes obreros, como Romero Marín o Marcelino Camacho, que con relativa frecuencia utilizaban el despacho de María Luisa Suárez como punto de encuentro.66 Como ella misma recordaba, «en 1959 Marcelino Camacho vino a mi despacho, a través del PCE, y así comenzó una relación profesional que resultaría muy fructífera para el desarrollo del embrión de los despachos laboralistas futuros».67 La labor profesional de estos abogados les había llevado al contacto directo con el nuevo movimiento obrero y acabó conduciéndolos a defender a muchos de sus dirigentes en procesos políticos. En una etapa en la que el aprendizaje se adquiría necesariamente por la práctica, estos profesionales aportaron una visión instrumental del Derecho que se convirtió en una herramienta extremadamente eficaz en la lucha que se libraba contra el régimen, ensayando algunas de las características y métodos de organización que definirán al posterior movimiento de los despachos laboralistas de la capital.68 En algunos casos iniciaron incluso una precoz labor en otro frente profesional que excedía el campo del Derecho del trabajo: el asesoramiento y gestión en iniciativas relacionadas con la mejora de viviendas y barriadas obreras. En un contexto de cambio en la política urbanística en el que los desahucios y las protestas vecinales afloraban cada vez con mayor frecuencia, algunos profesionales como Antoni Cuenca en Barcelona, Montesinos en Madrid o José Julio Ruiz Moreno en Sevilla se iniciaron en esta práctica profesional íntimamente conectada con su sensibilidad social y política, abriendo un camino por el que tiempo después, en los años de eclosión del movimiento vecinal, discurrirá la trayectoria de los conocidos como «abogados de barrios».69
Con su labor profesional y política, esta generación de abogados estaba, por tanto, sentando las bases de una renovada visión, comprometida y militante, de la abogacía. Además, las asesorías laborales, los pasillos de Magistratura de Trabajo o las salas del Colegio de Abogados se convirtieron, desde finales de los cincuenta, en lugares para el debate y el intercambio de experiencias. En las defensas, las visitas a los presos y en los colegios se encontraron compañeros y compañeras que participaban de una semejante visión acerca del papel de la abogacía y que compartían los mismos objetivos de compromiso profesional con el movimiento obrero, por lo que pronto surgió la necesidad de poner en práctica acciones conjuntas que hiciesen más eficaz su trabajo. Fue así como en Madrid, de forma similar a como antes había ocurrido en Barcelona, surgió la idea de crear el primer despacho colectivo especializado en la defensa y asesoría legal de trabajadores y presos políticos. En 1965, José Jiménez de Parga, María Luisa Suárez Roldán y Antonio Montesinos unieron sus fuerzas para poner en marcha el despacho en el que aparecen en estado embrionario los parámetros que definirán al movimiento de los despachos laboralistas que las próximas generaciones desarrollarán al máximo.70 De hecho, el bufete de Cruz 16 se convirtió pronto en una auténtica universidad paralela para una nueva generación de abogados que darán en él sus primeros pasos en el laboralismo. Cristina Almeida, Manuela Carmena, Luisa Elena del Portillo o Juan José del Águila, algunos de los discípulos aventajados de Cruz 16, contrajeron con los ya veteranos una deuda que siempre reconocerán abiertamente. Manuela Carmena recordaba que «los nuevos abogados laboralistas nos beneficiamos de la experiencia jurídica y política de los abogados clásicos en el partido», mientras Cristina Almeida aseguraba que «personas del valor humano y jurídico como tenían María Luisa Suárez Roldán, Pepe Jiménez de Parga, Antonio Montesinos y otros [...] nos enseñaron no sólo la práctica jurídica que desconocíamos, sino los valores humanos y el compromiso político que es lo más valioso que he aprendido en mi vida».71 Será esta generación la que, a mediados de los años sesenta, desarrolle plenamente el modelo de los bufetes laboralistas de oposición antifranquista. Sin embargo, la idea de los despachos colectivos como instrumento de defensa de las reivindicaciones obreras y como núcleo de acción clandestina con cobertura legal, puede apreciarse ya en estos años cincuenta y en la labor de ilustres veteranos como Antoni Cuenca, Josep Solé Barberà, Francesc Casares, Gregorio Ortiz Ricol, Antonio Rato, María Luisa Suárez Roldán o Antonio Montesinos. Todos ellos, combinando una cierta espontaneidad y el necesario aprendizaje por la práctica con un sólido compromiso y un incuestionable rigor técnico y jurídico, sentaron las bases de una renovada forma de entender la abogacía, de un nuevo modelo de abogado que, como afirmaba el propio Francesc Casares, «con el tiempo sería reconocido como otro tipo de abogado: es decir, como un abogado laboralista».72