1. LOS HOMBRES DE LAS PRIVATIZACIONES

1 LOS HOMBRES DE LAS PRIVATIZACIONES

En circunstancias en que se ha vuelto a plantear la «necesidad de privatizar» las empresas del Estado como una manera de combatir los abusos o anomalías que se generaron en empresas públicas al amparo de leyes y costumbres heredadas del régimen militar, resulta de interés dar una mirada a la suerte que han corrido los grandes artíﬁces del proceso privatizador del régimen del general (R) Augusto Pinochet.

Los mismos que desde ministerios, estratégicas asesorías o desde el interior de las ex empresas del Estado impulsaron ese proceso bajo el régimen militar gozan hoy de los resultados de su tarea. A la vez, han conﬁgurado un mapa del poder afín al proyecto de largo plazo que hoy encarna la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Para los responsables de la política económica del Gobierno militar, que iniciaron su tarea desde antes del 11 de septiembre de 1973, cuando dieron forma al primer programa económico, conocido como «El Ladrillo»¹, no fue fácil llevar a cabo la privatización de las grandes empresas del Estado. Encabezados por Sergio de Castro, quien llegó al Gobierno como asesor del ministro de Economía Fernando Léniz Cerda, debieron traspasar la desconﬁanza que este modelo inspiraba en los propios uniformados. No obstante, la paciente y cuidadosa tarea tuvo ﬁnalmente su momento en la década de los ochenta, cuando se vislumbraban señales de que el régimen encabezado por el entonces general Augusto Pinochet tendría un ﬁn tras la crisis de comienzos de esa década.

Ese proceso fue de la mano con la reforma previsional que incluyó la creación de las AFP, las que necesitaban invertir sus recursos. La deteriorada economía privada, intervenida en alta proporción después de la hecatombe ﬁnanciera de 1982, no era suﬁciente para hacer interesante el negocio previsional. Para que la privatización fuera viable en el tiempo y se consolidara el control de las empresas traspasadas con recursos ajenos, requería que las AFP, a su vez, pudieran invertir parte de sus fondos en las empresas públicas. Por eso, hasta el día de hoy, en muchas de ellas, están en las listas de sus principales accionistas.

El salvavidas para la economía chilena, llevada a una profunda crisis por los grupos económicos que crecieron al alero de la dictadura, había costado ya al país unos 7.000 millones de dólares entre 1982 y 1985. El Estado auxilió al sistema bancario en ese período a través del dólar preferencial, compras de «cartera vencida» y reprogramaciones de deudas. En la práctica signiﬁcó la «socialización» de las pérdidas².

El superintendente de Bancos en el momento de la intervención de los principales bancos era Hernán Büchi Buc. Y mejor que nadie él sabía que la cuantiosa ayuda entregada aún no era suﬁciente para asegurar el crecimiento del país y la permanencia del modelo neoliberal impuesto.

En febrero de 1985, Hernán Büchi juró como ministro de Hacienda de Pinochet. Llegó entonces el momento.

El proceso de privatización de empresas del Estado desarrollado en Chile entre 1985 y 1989 fue el primero de América Latina y mucho más radical incluso que el de Inglaterra, considerada la cuna de las privatizaciones.

Entre 1985 y 1989, el Estado de Chile se deshizo de treinta empresas, lo que le signiﬁcó una pérdida que se estimó en más de 1.000 millones de dólares, es decir más de 570.000 millones de pesos hoy.

A esto se suman los efectos negativos para los consumidores de empresas proveedoras de servicios básicos que, en muchos casos, pasaron a ser monopolios naturales sin sistemas de regulación que permitieran cobrar tarifas y otorgar servicios adecuados a la población.

Si se observa lo que quince años después han pagado los grandes consorcios internacionales por grandes empresas privatizadas, como Endesa, Gener, y más recientemente la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), se podría estimar que el Estado de Chile dejó de ganar una cantidad muy superior.

No obstante, la derecha ha logrado convencer a muchos —incluso dentro de la Concertación— de que la mejor manera de desarrollar el país es privatizando todo, incluso Codelco, la principal empresa chilena y la que más recursos entrega al erario del país. Para ello se ha argumentado, entre otras cosas, los elevados sueldos que ganarían los ejecutivos de Codelco³.

Diferentes voces, desde los institutos que ha creado la misma derecha, o desde sus bancadas parlamentarias, proponen «abrir» la empresa cuprífera para que las AFP puedan invertir en ella. Ese sería el primer paso para iniciar, también con Codelco, un camino de privatización que generaría un nuevo foco de inﬂuencia y negocios para quienes manejan las AFP, gracias a los fondos previsionales de los trabajadores.

VIGENCIA Y RED DE PODER

La mayoría de quienes fueron decisivos en la privatización de empresas del Estado ostenta hoy posiciones de poder que desarrollaron y consolidaron precisamente gracias a las privatizaciones. Forman los directorios de grandes empresas privadas o privatizadas donde los gerentes generales ganan en promedio unos 12 millones de pesos al mes líquido y donde las dietas de los directorios alcanzan frecuentemente a un millón por sesión o más.

Hay también casos —y no pocos— de ex funcionarios públicos que se privatizaron con las empresas y gracias a ello se transformaron en prósperos empresarios.

La participación de cada uno en el proceso de privatización ha sido distinta. En algunos casos se trata de los ideólogos del modelo económico, para quienes la privatización de empresas era un objetivo estratégico fundamental para la perpetuación en el poder. En otros, de personas que desde un ministerio pudieron diseñar el programa y hacer posible su ejecución. Otros tuvieron una labor de asesoría y contribuyeron al diseño de la política privatizadora y a generar un marco desregulado que pudiera favorecer los intereses de los nuevos propietarios. Y están los que, desde el interior de las empresas, fueron determinantes en la ejecución del programa.

Pero todos tienen algo en común: son en su mayoría ingenieros comerciales y algunos ingenieros civiles. Y, en lo político, abundan los militantes o proclives a la UDI.

Muchos de ellos tuvieron también relación con las otras «modernizaciones» ocurridas bajo el régimen militar. Entre estas, la instauración y desarrollo del sistema de previsión privada, que se echó a andar en 1981, aparece estrechamente vinculada a los fundamentos de la privatización. El sistema de AFP necesitaba nuevos cauces para sus cuantiosas inversiones. Las empresas del Estado podían ofrecerlo. Y, con posterioridad, en nombre de las AFP, los ex ejecutivos del régimen militar se mantuvieron o accedieron a los directorios de las empresas privatizadas. Se llegó así a la paradojal situación de que los ex ministros y altos funcionarios del régimen militar controlen las ex empresas del Estado en representación de los fondos previsionales de los trabajadores.

Para el diseño y ejecución de este proceso fue clave lo que se ha denominado la «alianza UDI-Chicago-militares» que se empezó a conﬁgurar desde ﬁnes de la década de los setenta. Si bien, personeros de otras ramas de las Fuerzas Armadas, activos o en retiro, detentaron cargos de responsabilidad, poco a poco la mayoría de los puestos de Gobierno se fue concentrando en los hombres del Ejército y en civiles de su conﬁanza.

MILITARES Y PRIVATIZACIÓN

La participación de los militares en la política económica del Gobierno de Augusto Pinochet y, en especial, en la privatización de las grandes empresas del Estado que antes eran consideradas «estratégicas», constituye una de las paradojas de la historia económica reciente.

El 11 de septiembre de 1973, cuando se produjo el golpe militar, el Ejército no tenía un plan deﬁnido para enfrentar la situación económica. Incluso en la repartición por áreas que se efectuó inmediatamente después del golpe, le correspondió a la Marina el sector económico. Y fueron los marinos quienes tuvieron los primeros contactos con el equipo civil que esbozó el programa inicial, originalmente a través de Roberto Kelly —quien fue el primer ministro director de Odeplan de Pinochet— y de Hernán Cubillos Sallato, integrantes junto a Agustín Edwards de la Cofradía Náutica del Pacíﬁco Austral⁴.

Hasta comienzos de los años setenta, los criterios económicos prevalecientes en el Ejército eran los tradicionales del Chile de hace tres décadas: economía mixta, con las riquezas básicas y las empresas denominadas estratégicas en manos del Estado. Pocos hubieran podido imaginar por aquel entonces que bajo un Gobierno militar se realizaría en Chile la privatización de las grandes empresas del Estado.

En los primeros tiempos después del golpe, el Comité Asesor de la Junta Militar (COAJ), creado en 1974, que más tarde pasó a ser el Comité Asesor Presidencial (COAP), formado por oﬁciales fundamentalmente de Ejército y algunos civiles preocupados de asesorar a los nuevos gobernantes en las políticas que seguirían, tuvo un papel signiﬁcativo. Incluso en muchas ocasiones actuó de barrera de contención donde topaban los proyectos ultraliberales del equipo civil. Originalmente integraron ese comité, entre otros, los entonces coroneles Gastón Frez, Luis Danús y Horacio Toro Iturra.

Ya en 1974, por ejemplo, el ministro de Economía de ese momento Fernando Léniz Cerda⁵, llevó al Comité Asesor una proposición de privatización de la Corporación del Cobre (Codelco), la principal empresa del Estado de Chile. El proyecto no prosperó porque los militares lo impidieron, desplegando una verdadera operación defensiva contra esa embestida.

Por esa época se iniciaba la primera ola privatizadora del Gobierno que involucró empresas y bancos que estaban en manos del Estado en calidad de intervenidas o traspasadas, pero no se planteaba siquiera la posibilidad de vender grandes empresas públicas.

Cuando las ideas privatizadoras tomaron vuelo, hubo algunos altos oﬁciales, como el general Gastón Frez, quien —desde los máximos cargos en Codelco— tuvo un papel protagónico en 1980 cuando se elaboró la Constitución y se logró que quedara garantizado el carácter estatal de Codelco y de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Más de veintiséis años después, Léniz vuelve a insistir en su idea de privatizar Codelco.Ahora el argumento es destinar el fruto de su venta a mejorar la educación, como expresó en El Mercurio el 30 de enero de 2001.

No obstante, mientras Pinochet iba asentando su poder como máximo jefe del país y los economistas fueron convenciéndolo de las bondades de su «modelo», muchos militares se fueron transformando en entusiastas seguidores de esta política económica. Este proceso aumentó de intensidad en la medida que los economistas fueron adquiriendo más poder político y se fue generando un encuentro entre las élites civiles y militares, hasta llegar a conformar una verdadera «alianza», base de sustentación del régimen de Pinochet.

Ya desde ﬁnes de la década de los setenta y comienzos de los ochenta, el general (R) Augusto Pinochet conﬁguró su aparato de gobierno sobre esa «alianza UDI-Chicago-militares»⁶. Este fenómeno se advirtió en distintos ámbitos del Gobierno, pero es especialmente nítido en el terreno económico, donde se fueron estrechando los lazos entre dos grupos que no parecían tener mucho en común: los economistas civiles inspirados en la Escuela de Chicago, partidarios del liberalismo económico a ultranza, y los militares que en Chile tenían una tradición nacionalista y otorgaban al Estado un papel importante en la economía.

La crisis de 1982 a 1983 obligó a los Chicago boys a emprender una retirada de los puestos más visibles en la conducción económica que fueron ocupados por civiles más tradicionales y por militares, pero, a esa altura, las ideas neoliberales habían traspasado los puestos de mando de los cuarteles. El impacto de la crisis no logró, tampoco, destruir los planes privatizadores que resucitaron en gloria y majestad hacia 1984. La toma de posesión de Hernán Büchi del Ministerio de Hacienda en febrero de 1985 marca no solo el retorno de los economistas a la conducción económica, sino el inicio de la tercera etapa privatizadora del régimen militar, que fue la más signiﬁcativa, ya que abarcó a las principales empresas del Estado. Por ese tiempo, ya los altos mandos uniformados no presentaban resistencia a la privatización de las ex empresas estratégicas.

Las investigaciones realizadas permiten concluir que la alianza entre los Chicago boys y los militares —en servicio activo o en retiro— fue una realidad en esos años. Y que altos oﬁciales del Ejército fueron coprotagonistas de un profundo cambio en las estructuras de la economía chilena, que —entre otras cosas— incluyó el traspaso a grupos privados —chilenos o extranjeros— de las principales empresas del Estado. Sin la colaboración estrecha de los ideólogos civiles y los altos mandos militares, dicho proceso no habría podido ser realizado.

Es preciso recordar, asimismo, que todas las «grandes modernizaciones» efectuadas por el régimen militar se gestaron en un ambiente de falta de libertades, de debate restringido, de ausencia de información para la mayoría y de información privilegiada para unos pocos. El clima impuesto por la dictadura permitió que estas reformas, así como las privatizaciones de las empresas del Estado, se hicieran con una rapidez y falta de transparencia que en una sociedad democrática no habría sido posible.

Pero al revisar lo que ocurre hoy en el escenario económico, se advierte un fenómeno: los Chicago boys y los ejecutivos ligados a la UDI, es decir los civiles que formaron parte de esa alianza, mantienen sus lazos, sus posiciones de poder y las consiguientes regalías económicas. Ex ministros, ex subsecretarios, los que fueron directores de servicios y asesores están presentes hoy en los directorios de las empresas que ellos mismos contribuyeron a privatizar. Estos son prósperos hombres de negocios que encabezan grupos económicos, que inﬂuyen en el destino de los fondos previsionales de los trabajadores, a través del control de las AFP, y que ocupan cargos en los directorios de las empresas privadas. Sus inﬂuencias alcanzan variadas y fundamentales áreas de la producción y de servicios.

Con los militares, la situación, a simple vista, es distinta. Tras una revisión detenida de los directorios de las empresas que encabezan el ranking del poder económico, después de indagar en los directorios de bancos, AFP, Isapres y compañías de seguros, solo se advierte casi por excepción la presencia de algún general o coronel que tuvo poder en la década de los ochenta.

Entre esas excepciones está el caso del general retirado Enrique Seguel Morel, ex ministro de Hacienda de Pinochet y último presidente del Banco Central antes que este tuviera estatuto autónomo. Fue considerado en su tiempo «el más Chicago de los militares». Hoy se encuentra junto a sus antiguos compañeros de equipo económico en el directorio de la privatizada Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), bajo la presidencia del empresario Juan Hurtado Vicuña⁷.

Otro general que estuvo ligado en forma permanente al equipo económico es Manuel Concha Martínez, quien fue ministro de Economía y presidente del Banco Central bajo el Gobierno de Pinochet, después de haber estudiado economía en el programa de posgrado en la Universidad de Chile.

Uno de los más entusiastas privatizadores con marcada presencia en los directorios de los años ochenta fue el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, el entonces coronel Guillermo Letelier Skinner. Hoy general retirado, aparece tras las bambalinas del imperio creado por el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, en directorios de empresas ﬁliales de la privatizada Soquimich⁸.

LOS CIVILES DECISIVOS

Entre los civiles que participaron decisivamente en las privatizaciones ﬁguran los ex ministros de Hacienda Sergio de Castro, Hernán Büchi y Carlos Cáceres, quien también al ﬁnal de ese Gobierno ocupó la cartera de Interior. Entre los artíﬁces de las estrategias privatizadoras tuvieron un lugar destacado el ex ministro de Minería y Trabajo José Piñera Echenique y el ex asesor de Hernán Büchi, Bruno Philippi. El primero, especialmente con su diseño del sector previsional y la creación de las AFP. El segundo, con su visión de largo plazo para el sector energético, en el que estuvo involucrado desde el comienzo del Gobierno militar.

Junto a ellos destacan entre los más signiﬁcativos los nombres del actual senador y ex ministro del Interior Sergio Fernández Fernández, cuyo socio Vasco Costa, también ex ministro del Trabajo, estuvo vinculado a la privatización de Telex Chile; del ex canciller y ex presidente del Banco Central Hernán Felipe Errázuriz, quien se ha desempeñado en el último tiempo como abogado personal de Pinochet; del ex subsecretario del Trabajo Guillermo Arthur, actual presidente de la Asociación de AFP; del ex ministro secretario general de Gobierno y de Vivienda Miguel Ángel Poduje, quien después de 1990 ha contribuido a aﬁanzar el imperio económico ﬁnanciero de Álvaro Saieh —uno de los más inﬂuyentes civiles entre los militares—, y de Jorge Selume, quien fuera director de Presupuesto bajo la dictadura. Saieh y su grupo son los actuales dueños, entre otras empresas, del Consorcio Periodístico de Chile (Copesa), que edita los diarios La Tercera, La Hora, La Cuarta y la revista Qué Pasa.

Al ﬁnalizar el régimen militar ya se podía advertir que el círculo se cerraba y aparecían a plena luz del día como dueños, directivos o ejecutivos de las empresas que eran del Estado, personajes como el yerno del general (R) Pinochet, Julio Ponce Lerou, prácticamente dueño de Soquimich y sus ﬁliales —quien además posee otros cuantiosos bienes en el sector forestal y ganadero— y con intereses en otras empresas que fueron del Estado; los ex ministros Sergio de Castro y Vasco Costa, directores de Soquimich en ese entonces, o el ex ministro Jorge Cauas.

Así también hay casos de personajes que mantuvieron un «perﬁl bajo» en tiempos del régimen militar, pero que su opinión era muy escuchada en las altas esferas del Gobierno. Un ejemplo ilustrativo es el de Juan Hurtado Vicuña, un ingeniero, gran amigo de Hernán Büchi, que fue miembro de diversos directorios de empresas estatales y que hoy es uno de los empresarios más poderosos del país. Similar es la situación de Ernesto Silva Bafalluy, quien fuera uno de los más estrechos colaboradores de Miguel Kast⁹. Silva hoy es parte del grupo Penta junto a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes estuvieron ligados a una privatización menos conocida, como fue la del Instituto de Seguros del Estado (ISE), que beneﬁció directamente a quienes son parte del equipo de máxima conﬁanza del ex candidato presidencial y actual alcalde de Santiago, Joaquín Lavín Infante.

Hoy ellos siguen manteniendo destacadas posiciones en la dirección de ex empresas públicas o de otras empresas privadas de gran relevancia, y desde esas han logrado controlar parte importante de la actividad económica nacional.

Resulta sintomático, por ejemplo, comprobar que el propio ex ministro de Hacienda y ex candidato presidencial de la derecha en 1989, Hernán Büchi Buc, tal vez el más decisivo hombre de las privatizaciones chilenas, asumiera el 19 de enero de 2000 como vicepresidente de Soquimich, la empresa que encabeza el ex yerno del general (R) Augusto Pinochet; y que Carlos Eugenio Lavín y Juan Carlos Délano mantuvieran por varios años, hasta diciembre de 2000, el control del Banco de Chile.

En la actualidad, estos grupos dominan diversos sectores de servicios que afectan el día a día de los chilenos. Aparte de las empresas privatizadas, sus inﬂuencias se extienden a las AFP, donde administran los dineros de la previsión de los trabajadores; a la salud privada, donde dirigen el negocio de las Isapres y las clínicas; a la banca y, en general, a las actividades ﬁnancieras. Últimamente han incursionado en forma decidida en el mercado de los seguros, que ha tomado gran impulso, precisamente por su relación con el negocio de las Isapres y de las AFP.

Todo esto ha reportado ganancias pecuniarias medidas en miles de millones de dólares a los socios de este fuerte club del pinochetismo económico, que se mantiene incólume pese al deterioro humano y político del general y a algunas peripecias desafortunadas sufridas por algunos de sus integrantes. A la vez, la gestión de las autoridades democráticas se ha visto complicada por este poder «fáctico»¹⁰ que se suma a las «amarras» institucionales y económicas dejadas por el régimen militar.

PERFIL DE LOS HOMBRES DECISIVOS

A continuación, una reseña de los hombres decisivos y su actividad actual.

Hernán Büchi Buc

Ingeniero civil en minas, fue ministro de Hacienda desde el 12 de febrero de 1985 hasta el 3 de abril de 1989, cuando renunció para postular como candidato presidencial. Su período como máxima autoridad de la política económica que se aplicó en Chile en ese período coincide con la fecha en que se realizó el proceso de privatización de las que fueron grandes empresas del Estado de Chile.

Fue subsecretario de Economía (asumió en 1979), subsecretario de Salud (a partir de 1981), donde tuvo un rol clave en la privatización del sector. El 10 de agosto de 1983 pasó a ser ministro director de Odeplan. Estuvo en ese cargo hasta el 8 de mayo de 1984, cuando —tras la crisis de 1983— fue nombrado superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. El 12 de febrero de 1985 asumió como ministro de Hacienda.

Junto a José Piñera y Miguel Kast fue uno de los ideólogos del Plan Laboral —en vigencia desde 1979— y de la Reforma Previsional que se empezó a aplicar en mayo de 1981. Participó activamente en la Reforma de la Salud y fue el máximo conductor del proceso de privatización de las empresas públicas emprendido entre 1985 y 1989.

Büchi estuvo estrechamente vinculado a la privatización de las empresas eléctricas y muy interesado en la privatización de la Compañía de Acero del Pacíﬁco (CAP). Entre 1979 y 1981 fue vicepresidente de esa compañía. Al mismo tiempo, fue director, vicepresidente y presidente de empresas públicas desde mediados de los setenta. En 1975 hizo su primera incursión en el directorio de una empresa estatal al asumir como director suplente de la Industria Azucarera Nacional (Iansa). En 1978 integró el primer directorio provisional de la Compañía de Teléfonos, después de la intervención. En 1979, siendo vicepresidente de CAP, Hernán Büchi asumió como vicepresidente de Endesa. En diciembre de ese año fue designado subsecretario de Economía. Se mantuvo como vicepresidente de Endesa hasta 1982, cuando ascendió a presidente de la empresa, mientras era subsecretario de Salud. Acompañó a Büchi en Endesa el ex yerno del general (R) Pinochet, Julio Ponce Lerou, como vicepresidente. Ambos estuvieron hasta la crisis de 1983.

Bajo el mandato de Büchi en Endesa se efectuó la división de la empresa en ﬁliales. Fue el paso previo a la privatización que, tras el freno impuesto por el colapso de 1983, retomó la recta ﬁnal a partir de 1985 bajo la batuta de Hernán Büchi como ministro de Hacienda.

Asimismo, su hermano Richard Büchi fue gerente general de la privatizada Chilquinta y después pasó a Entel, donde es hasta ahora gerente general. Ha sido en estos años hombre de conﬁanza de Juan Hurtado. Su hermano Marcos Büchi «heredó» el cargo de Richard cuando este pasó de Chilquinta a Entel, donde estuvo hasta la venta de Chilquinta en 1999. Actualmente, Marcos Büchi es gerente general del Consorcio Nacional de Seguros, de la compañía Vitalis y presidente de la Asociación de Compañías de Seguros.

Hernán Büchi es desde 1994 presidente de la empresa de productos alimenticios Lucchetti, del grupo Luksic; miembro del directorio la multitienda Falabella y de la metalúrgica Madeco, todas clasiﬁcadas como grandes empresas, donde sus gerentes generales reciben sueldos líquidos mensuales superiores a los 10 millones de pesos.

A la participación en esos directorios se sumó en 1999 la presidencia de P&S, el holding Previsión y Seguros de su amigo Juan Hurtado Vicuña. Asimismo, desde enero de 2000 se desempeña como vicepresidente de Soquimich, la privatizada Sociedad Química y Minera de Chile, que quedó en manos del ex yerno del general (R) Pinochet, Julio Ponce Lerou.

Para tener una idea de lo que este nuevo cargo le reporta al ex ministro de Hacienda Hernán Büchi, vale la pena consignar que durante 1999 el holding Soquimich gastó 565.380.306 pesos en dietas para el directorio. El vicepresidente anterior, Patricio de Solminihac, obtuvo por ese concepto casi 230 millones de pesos¹¹.

Hernán Büchi participa asimismo en directorios de otras compañías, entre ellos el de Cecinas San Jorge, de su amigo Alberto Kassis. La inﬂuencia del ex ministro y ex candidato a la Presidencia se proyecta a distintos planos. Además de sus constantes columnas de opinión en las páginas de El Mercurio, desde de este año acompaña a su amigo Álvaro Saieh y su grupo en el directorio del conglomerado periodístico Copesa.

En el campo universitario agregó a la condición de profesor la de socio de la Universidad del Desarrollo, eje intelectual del grupo Penta que reúne a Joaquín Lavín, Ernesto Silva Bafalluy y Cristián Larroulet con los empresarios Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Desde el año 2000, Hernán Büchi es el presidente del consejo directivo de esa universidad.

Sergio de Castro Spíkula

Considerado en su tiempo el máximo ideólogo del modelo ultraliberal inspirado en la Universidad de Chicago, fue asesor del Gobierno de Pinochet desde la primera época. Antes del golpe había sido uno de los gestores de la estrategia económica que se impondría. Fue nombrado ministro de Economía el 14 de abril de 1975 y estuvo en ese puesto hasta el 27 de diciembre 1976, cuando fue designado ministro de Hacienda. Se mantuvo como jefe del equipo económico hasta el 22 de abril de 1982.

Desde el Ministerio de Economía y luego como titular de Hacienda fue motor y artíﬁce de las privatizaciones desde su etapa de diseño y preparación de las condiciones para llevarlas a cabo. Fue De Castro quien encargó los primeros estudios sobre privatizaciones a sus asesores. Hacia 1975 trabajaron en esa tarea Juan Hurtado y Hernán Büchi.

Aunque se le identiﬁcaba como un académico, De Castro, al dejar el Gobierno, incursionó de lleno en las actividades empresariales. Partió como asesor de Agustín Edwards y fue gerente del Banco Edwards. Estuvo en ese cargo hasta 1985, cuando el banco fue vendido a Jacobo Ergas. No obstante, por más de diez años se mantuvo como director del Banco Edwards y a comienzos de 1996 pasó a ser presidente de dicha entidad¹², hasta mediados de 1999, cuando gestó el traspaso de sus acciones y las de la familia Edwards al grupo Luksic.

A ﬁnes de la década de los ochenta, en 1988 y 1989, participó en el directorio de Soquimich, la empresa salitrera privatizada. Además, era presidente de la metalúrgica Cintac, donde tenía el control junto a Juan Carlos Latorre Díaz, hasta hace pocos meses, cuando la vendieron a la Compañía de Acero del Pacíﬁco (CAP).

Con Latorre y el grupo encabezado por Álvaro Saieh eran propietarios del Consorcio Periodístico de Chile (Copesa), pero De Castro y Latorre Díaz vendieron su parte en junio de 2000.También eran socios con Saieh y su grupo en la AFP Provida, donde Sergio de Castro fue presidente del directorio. Los negocios de De Castro y sus socios se han extendido también a otros países latinoamericanos y hasta 1999 era presidente del Banco Transandino en Argentina.

Tras las ventas efectuadas en los últimos meses, el ex ministro de Hacienda se está concentrando en el negocio inmobiliario, donde, junto a Latorre, opera como Grupo Ecsa. Dueños de una superﬁcie de 1.600 hectáreas en Chicureo, tienen entre sus proyectos el denominado «Chamisero», que abarcaría 500 hectáreas urbanizables en una primera etapa, con una inversión —según se ha dicho— de 620 millones de dólares y una ediﬁcación prevista de 7.800 viviendas¹³. Por eso, para Sergio de Castro resulta crucial que se decida la carretera de acceso nororiente a Santiago, ya que esta le valorizaría aún más sus terrenos.

Jorge Cauas Lama

Ingeniero civil, máster en Economía en la Universidad de Columbia, nació el 13 de agosto de 1934; ni por edad ni por formación pertenece al grupo UDI ni a los Chicago boys. Estudió en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile. Trabajó en Endesa entre 1952 y 1962. Fue director del Banco Central entre 1962 y 1968, y vicepresidente entre 1967 y 1970, bajo la presidencia de Eduardo Frei Montalva. Entre 1970 y 1972 fue director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, y después estuvo en Washington como director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Banco Mundial.

El 11 de julio de 1974 fue designado ministro de Hacienda con facultades de «superministro». Su nombramiento marcó la decisión del general (R) Pinochet de adoptar el modelo monetarista ultraliberal y a Cauas le signiﬁcó su alejamiento del Partido Demócrata Cristiano, al que había pertenecido. Durante su período, que se prolongó hasta diciembre de 1976, se aplicó el «tratamiento de shock» sobre la economía chilena¹⁴. Cuando dejó el gabinete, en diciembre de 1976, se vinculó estrechamente al grupo económico de Manuel Cruzat Infante y Fernando Larraín Peña.

Al sobrevenir la crisis de 1982, Cauas era el presidente del Banco de Santiago, principal entidad ﬁnanciera de ese grupo. En ese cargo había estado desde 1978.También, entre 1981 y 1983 presidió la AFP Provida, la mayor del sistema previsional, creada por el grupo Cruzat-Larraín.

Paralelamente, Jorge Cauas se mantuvo cerca del Gobierno de Pinochet, tanto que desde 1981 fue integrante de la Segunda Comisión Legislativa.

Después fue presidente de Entel hasta 1990. Estuvo también en los directorios de la sociedad Cruz Blanca S.A., la empresa holding del nuevo grupo Cruzat, y presidió hasta 1997 la Isapre Cruz Blanca S.A., que se había mantenido en manos de Manuel Cruzat lnfante, hasta que se la vendió al grupo encabezado por Juan Hurtado Vicuña. Actualmente, Jorge Cauas integra el directorio del Banco de Crédito e Inversiones y es presidente de la compañía de seguros Axa Seguros Generales.

Carlos Cáceres Contreras

Ingeniero comercial, fue ministro de Hacienda desde el 14 de febrero de 1983 hasta febrero de 1984. Antes había sido presidente del Banco Central entre abril de 1982 y agosto de 1983.

Carlos Cáceres fue el hombre de las ﬁnanzas en la campaña de Pinochet para perpetuarse en el poder a través del plebiscito de octubre de 1988. En esa oportunidad, Cáceres diseñó el instrumento de «los bonos de la libertad» para obtener ﬁnanciamiento entre los empresarios. Después de la derrota acompañó al dictador como ministro del Interior, desde el 17 de noviembre de 1988 hasta el término de su régimen el 10 de marzo de 1990.

Admirador de Friedrich von Hayek y de Milton Friedman, estrechamente relacionado por décadas con el grupo de Pedro lbáñez, fue rector de la Universidad Adolfo lbáñez —en 1990— y después permaneció como vicepresidente ejecutivo y profesor de la universidad hasta octubre de 2000.

Desde 1991 preside el Instituto Libertad y Desarrollo —vinculado a la UDI—, principal centro de difusión del pensamiento y opinión de la derecha chilena. Carlos Cáceres ha reconocido en entrevistas que la UDI es el partido que más lo interpreta en lo político.

Cáceres se caracteriza por su activa presencia en directorios de grandes empresas. Actualmente preside la Compañía Chilena de Tabacos, otra de las mayores empresas del país, donde se calcula que el gerente general tiene una remuneración que se eleva sobre los 10 millones de pesos y las dietas por directorio son suculentas.

Participa además en el directorio de la multitienda Almacenes París y en Industrias Alimenticias Carozzi —cuyo presidente es Gonzalo Boﬁll de Caso—, entre otras¹⁵.

Según un artículo de la revista Qué Pasa publicado en 1997, Carlos Cáceres en ese momento reunía diez directorios de sociedades anónimas. Eso le signiﬁcaba —sobre la base de datos de diciembre de 1996— un ingreso mensual superior a los 26 millones de pesos en moneda de esa fecha, lo que lo situaba entre los «directores top», en el segundo lugar de ese ranking.

Como otros de sus colegas ex ministros, la presidencia del Instituto Libertad y Desarrollo reﬂeja su interés político que también expresa en sus libros.

Tras la crisis de Enersis-Endesa, que signiﬁcó la retirada del primer plano de José Yuraszeck, Cáceres fue designado presidente del directorio de Enersis, en reemplazo del polémico «zar de la electricidad». Desde abril de 1993, Cáceres era el presidente de la compañía Chilectra Metropolitana (conocida también como Chilectra S.A.), uno de los centros neurálgicos del poder eléctrico que encabezaba José Yuraszeck. Por eso, su designación fue considerada una «fórmula de continuidad en la administración del holding eléctrico». No obstante, su presencia allí no perduró como en los otros directorios en los que ha formado parte desde hace años. El caso Enersis lo envolvió hasta llevarlo a los tribunales, donde el directorio de la empresa ha tenido que dar cuenta de sus acciones.

Bruno Philippi Irarrázabal

Ingeniero civil, asesor de Hernán Büchi, cuando este fue ministro de Hacienda, y uno de sus mejores amigos, fue secretario general de la Comisión de Energía entre mediados de los setenta y 1984. Se le considera uno de los cerebros de la privatización de las empresas y de las medidas que apuntaron a la jibarización de la Universidad de Chile. Está entre los diseñadores de la privatización de la electricidad.

Su participación en la venta y en la compra de la central hidroeléctrica Pilmaiquén —ex planta de Endesa—, que inauguró esta modalidad, fue uno de los primeros episodios polémicos del proceso privatizador. Desde 1982, Philippi fue director de esa empresa privatizada hasta ahora, cuando ha intentado su venta.

Desde 1990 había sido el presidente de la privatizada Chilgener (Compañía Chilena de Generación Eléctrica), actualmente llamada Gener, donde su gran amigo Juan Antonio Guzmán Molinari se desempeñó durante el mismo período como gerente general.

Su fallido intento de alianza estratégica con la compañía petrolera francesa TotalFinaElf y la posterior asociación entre esta y la estadounidense AES Corporation, llevaron a Philippi al mayor traspié en su vida empresarial. Con los hechos que culminaron en la adquisición de Gener por parte de AES el penúltimo día de diciembre del año 2000, terminó una era para Bruno Philippi, quien había sido admirado por su habilidad para manejar y desarrollar una empresa «sin poseer una acción», como él mismo había aﬁrmado.

Gener es una de las grandes empresas del país, y la segunda en términos de generación eléctrica, después de Endesa. Bruno Philippi, a la vez, presidía o era director en otras sociedades en las que el grupo tiene participación, tanto en Chile como en otros países de América Latina. Así, hasta diciembre de 2000 era el presidente de Gener Internacional, de Chivor S.A., constituida en Colombia en 1996; vicepresidente de Gener en Argentina y miembro del directorio de Energy Trade and Finance Corporation. Asimismo, integraba el directorio de Merchant Energy Group of the Americas Inc. (MEGA).

En todas estas empresas participaba también Copec, la mayor empresa privada chilena¹⁶, de propiedad del grupo de Anacleto Angelini, quien no vio con buenos ojos el intento de Philippi y Guzmán de llevar a cabo la fórmula de la «alianza estratégica» con la petrolera francesa TotalFinaElf. A raíz de ese episodio, que prosiguió con la asociación de TotalFinaElf y la eléctrica norteamericana AES Corporation y la compra de la empresa eléctrica por parte de AES, por primera vez se puso en duda la capacidad de dirección de Philippi, quien desde la privatización actuó como virtual dueño del holding sin ser el propietario de las acciones.

La remuneración que ha recibido Philippi en estos años por desempeñar la presidencia de Gener es una de las más elevadas en ese tipo de cargos. En el Acta de la Junta de Accionistas de Gener de abril de 2000 se señala que se aprobó una dieta para los directores de la empresa de 120 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) y que en el caso del presidente es el doble de esa suma. Esto signiﬁca que la presidencia de Gener le reportaba a Bruno Philippi por concepto de dieta 240 UTM (brutas) al mes, lo que equivale a 6.584.400 pesos mensuales¹⁷. En la Junta Ordinaria de Accionistas realizada en abril de 2000, donde se aprobaron esas elevadas dietas, se manifestaron votos en contra de accionistas de ADRs¹⁸.

No se señala cuál es el sueldo del gerente, pero a la luz de encuestas y estudios efectuados por empresas consultoras se puede estimar que el gerente general de Gener obtendría entre unos 10 y 12 millones de pesos al mes.

Bruno Philippi es consejero de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la máxima entidad de los industriales e integrante de la Junta Directiva de la Universidad Andrés Bello —de propiedad del grupo Saieh—, cuyo presidente era hasta enero Juan Antonio Guzmán, quien fue designado rector recientemente.

El 3 de enero de 2001, el mismo día que los representantes de AES tomaban el control de la empresa y elegían al directorio que reemplazaría al conducido por Bruno Philippi, el ex presidente fue objeto de un homenaje en el Club House del Arrayán.

A la «celebración» —así la deﬁnieron varios asistentes, que especiﬁcaban que no era un «desagravio»— convocada por el vicepresidente de la Sofofa, Juan Eduardo Errázuriz, concurrieron numerosos empresarios, y el discurso estuvo a cargo de Richard Büchi Buc, el hermano de Hernán y gerente general de Entel. Brilló por su ausencia, en cambio, el presidente de la entidad empresarial y presidente de Copec, Felipe Lamarca¹⁹.

Juan Hurtado Vicuña

Ingeniero civil y empresario, aunque durante muchos años tuvo bajo perﬁl público, Juan Hurtado es uno de los hombres clave en el proceso de privatizaciones de empresas estatales y en el control del poder económico que se conﬁguró después. Desarrolló una gran amistad con Hernán Büchi Buc desde los tiempos de estudiante universitario y los vínculos se mantienen ﬁrmes hasta hoy. La primera tarea que se le encomendó fue realizar un perﬁl ﬁnanciero de las empresas estatales para su futura privatización.

De cincuenta y dos años, ex alumno del Saint George’s y de ingeniería de la Universidad de Chile, Juan Hurtado es cuñado del dirigente de Renovación Nacional Ricardo Rivadeneira (casado con su hermana Mercedes) y del concejal de Renovación Nacional por Las Condes Carlos Larraín Peña (casado con su hermana Victoria), quien —a su vez— es hermano de Fernando Larraín Peña, ex socio de Manuel Cruzat en el grupo Cruzat-Larraín y actual socio de José Yuraszeck en CIC.

Fue Juan Hurtado quien presentó a Hernán Büchi y Sergio de Castro en 1975. En la misma época, Hurtado entró al directorio de Soquimich, donde desarrolló amistad con el yerno del general (R) Pinochet, Julio Ponce Lerou.

Su actividad en los directorios de las empresas estatales continuó en la década de los setenta. En Endesa estuvo hasta 1982. En Chilectra fue director desde 1977 hasta 1981, y ya en los ochenta fue el primer presidente de Chilmetro, en 1982 y 1983.

Desde ﬁnes de los setenta se vinculó con el grupo Cruzat-Larraín, por ese entonces el más poderoso grupo económico del país y el más cercano al Gobierno de Pinochet. Con posterioridad, su más constante «compañero de ruta» ha sido el empresario Eduardo Fernández León, también vinculado históricamente a Manuel Cruzat, de quien había sido compañero de colegio²⁰.

Juan Hurtado y Eduardo Fernández León vienen haciendo negocios juntos desde comienzos de los ochenta. Antes de la bancarrota que llevó al derrumbe del sistema ﬁnanciero chileno, lograron vender al propio Cruzat sus acciones de Forestal S.A., empresa matriz del imperio que con su sobreendeudamiento fue factor clave de la hecatombe que afectó duramente la economía nacional.

Por otra parte, la familia Hurtado Vicuña era por esa época dueña de empresas medianas y pequeñas, entre las que estaban Lota Green, la Inmobiliaria Los Pajaritos, la Compañía Nacional de Cueros, Muebles Andes y la Productora de Alimentos para Peces, Alitec.

Cuando los activos de Cruzat-Larraín cayeron a la denominada «área rara» de la economía y el Gobierno los comenzó a liquidar, a mediados de los ochenta, la familia Hurtado adquirió un 1,6 por ciento de las acciones de Copec. El paquete se fue incrementado, lo que permitió a Juan Hurtado llegar a ser director de Copec, actualmente la principal empresa del grupo Angelini.

Con posterioridad, Hurtado y Fernández León participaron activamente en la privatización de Chilquinta, una de las tres empresas en que el equipo económico del régimen militar dividió a la antigua Chilectra Metropolitana (Chilmetro). En la gerencia general de Chilquinta instalaron a Richard Büchi Buc, hermano de Hernán, quien a lo largo de los años se ha transformado en el brazo derecho de Hurtado. Pero la relación de Hurtado y Fernández con los Büchi abarca a toda la familia del ex ministro.

Una importante operación efectuada en el último tiempo por Hurtado que lo consolidó entre los grandes grupos, fue la adquisición del 57 por ciento de Cruz Blanca Previsión y Seguros a Manuel Cruzat. La operación, estimada en 200 millones de dólares, lo convirtió en el propietario de las empresas más valiosas del grupo Cruzat, entre las que estaban los seguros, la Isapre Cruz Blanca y las AFP de Cruzat en el exterior. Posteriormente, vendió la Isapre y se quedó con los seguros.

El holding contralor pasó a denominarse Previsión y Seguros (P&S) y nombró presidente de la compañía a su amigo Hernán Büchi. Con posterioridad, junto a Banvida, del grupo Fernández León, Hurtado adquirió al Bankers Trust el Consorcio Nacional de Seguros de Vida. A la vez crearon el Consorcio Financiero —del que actualmente es parte el Consorcio Nacional—, que ingresó al pacto del Banco de Chile asociado con el grupo Penta.

Al Consorcio Financiero incorporaron después en calidad de socios —con un 4,6 por ciento cada uno— a Juan Bilbao y Patricio Parodi, que tenían la experiencia del Bankers, y designaron a Marcos Büchi Buc como gerente general del Consorcio Nacional de Seguros y de Vitalis.

En 1999, el conglomerado Chilquinta, como se conocía al grupo encabezado por Juan Hurtado y Eduardo Fernández León, decidió vender la privatizada Chilquinta —a esa altura denominada Chilquinta Energía— al consorcio estadounidense Sempra-PSEG. La operación les signiﬁcó una ganancia de 255 millones de dólares. Con eso pagaron al Bankers Trust el Consorcio Nacional de Seguros.

Y al terminar el año 2000 lograron otro gran negocio: vender a sus socios italianos de Telecom el 25 por ciento de las acciones de la privatizada Entel en 820 millones de dólares, lo que les reportó una utilidad contable de 470 millones de dólares.

Hacia ﬁnes del Gobierno militar, Juan Hurtado se beneﬁció con otra privatización poco conocida públicamente: el yacimiento Punta de Cobre, que era de la Empresa Nacional de Minería (Enami) y pasó a ser controlado por él. Bajo la denominación «Pucobre», el yacimiento ubicado en la III Región es hoy una sociedad minera de la familia Hurtado y del grupo Fernández León. La controlan a través de la sociedad Pacíﬁco V Región, propietaria del 57 por ciento de las acciones.

Asimismo, Juan Hurtado y los Fernández León incursionaron en los últimos años en la privatización de las empresas sanitarias, pero actualmente tienen solo el 50 por ciento de Aguas Décima, después de vender las acciones de Aguas Quinta.

Junto a los Fernández León, Juan Hurtado tiene también intereses en el campo inmobiliario, como por ejemplo en el loteo Las Brisas de Santo Domingo, donde también participa el grupo Penta, y en el proyecto residencial Ayres del Pilar en Argentina.

Diversos rankings efectuados por medios de comunicación han situado a Hurtado —al igual que a Cáceres y Büchi— entre las personas que contabilizan más directorios de empresas a su haber. Presidente de la privatizada Entel, Juan Hurtado es miembro del directorio de Copec y de Soquimich. Todas están entre las grandes empresas del país, con elevados sueldos gerenciales y suculentas dietas de directorio. En empresas de esa envergadura se calcula que el sueldo bruto de un gerente general estaría entre los 14 y los 20 millones de pesos al mes, y que el líquido no bajaría de los 10 millones de pesos.

Pero en el caso de Hurtado los ingresos que le han reportado sus negocios de los últimos quince años se miden en millones de dólares y no de pesos. A los 470 millones de dólares de utilidad que les signiﬁca la venta de su parte en Entel, se suma el de las acciones del Banco de Chile que el Consorcio Financiero vendió ﬁnalmente al grupo Luksic en diciembre de 2000.

Qué harán Hurtado y Fernández con esos recursos frescos es una de las incógnitas con que se inició el año 2001. Algunos vaticinan que el fortalecimiento del Consorcio Financiero y los seguros puede ser un camino. La actividad inmobiliaria puede estar también en el foco de interés.Tampoco le es ajena la minería. Y no se descarta que, al menos Hurtado, actualmente director de Soquimich, se interese en participar más activamente en esa empresa.

Lo que está claro hoy es que la venta de Entel les dejó con recursos suﬁcientes para efectuar más de alguna apuesta. Y que tanto Juan Hurtado como su socio Eduardo Fernández León han demostrado ser buenos apostadores.

Julio Ponce Lerou

Ingeniero forestal, estuvo casado con Verónica Pinochet Hiriart. Desde el 10 de junio de 1978 fue presidente de Celulosa Constitución (Celco), que estaba en manos del Estado. Ocupó ese cargo hasta 1979, cuando Celco fue licitada.

En julio de 1979, Ponce Lerou fue designado gerente de empresas de Corfo y estuvo en esa posición hasta abril de 1983, cuando fue nombrado gerente general de Corfo. Pero alcanzó a estar solo unos meses, ya que el 15 de julio de 1983 tuvo que renunciar, tras un gran escándalo suscitado por la poca transparencia en torno a su rápida forma de hacer fortuna.

Aparte de sus cargos en el ámbito forestal, Ponce Lerou participó activamente en los directorios de las empresas públicas. Ya en 1979 fue designado presidente de dos importantes empresas: la Compañía de Teléfonos y la Industria Azucarera Nacional (Iansa). En ambos cargos se mantuvo hasta 1982. Desde 1980 a 1983 fue presidente de Soquimich.

En 1982 pasó a ser también vicepresidente de Endesa. En ese momento, el presidente de la empresa eléctrica era Hernán Büchi.

Ponce Lerou debió dejar todos esos cargos en julio de 1983. Por ese entonces ya se sabía de las inversiones que había efectuado siendo funcionario público que lo hicieron propietario de tierras y animales a lo largo del país. Entre los que se le conocían estaban el fundo Puyehue, en la comuna de Entre Lagos; El Cardenal, junto a Puyehue; Vista Hermosa, cerca de Temuco, y otras propiedades como un establecimiento de cultivo de choros zapato en Toltén.

El 23 de agosto de 1983, Julio Ponce Lerou presentó su renuncia a la presidencia del directorio de Soquimich, donde estaba desde 1981. Acusado de «enriquecimiento ilícito», tuvo que dejar todos sus cargos públicos. Sin embargo, tres años más tarde, después de un proceso iniciado por la misma Corfo, que estaba por aquellos años bajo tutela militar, y en el que se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado, obtuvo un veredicto favorable de los tribunales de justicia y prosiguió su vida de negocios.

Con posterioridad, en 1984 y 1985, la propia Corfo le concedió créditos por 150.000 Unidades de Fomento (UF) a través de la sociedad Monasterio, con largos períodos de gracia —cuatro y dos años—, para ﬁnanciar proyectos ganaderos. A pesar de las facilidades establecidas, el pago fue a destiempo y no se le cobraron reajustes ni intereses. Esto, sumado a las diferencias en tasaciones de animales y tierras en el momento de la «dación en pago», implicaría una pérdida para el Estado superior a las 100.000 UF.

Es un hecho evidente que a Julio Ponce Lerou sus cargos públicos y sus lazos familiares le ayudaron a cohesionar una próspera posición económica. Cuando tuvo que alejarse de la actividad pública, la tarea ya estaba hecha: había logrado crear una bien armada red de familiares y socios que —con la venia de militares y del equipo económico civil— alcanzó hasta los principales puestos ejecutivos en las empresas estatales más importantes: Codelco —donde su socio Patricio Contesse llegó a ser vicepresidente—, Soquimich y CAP.

Precisamente cuando Ponce Lerou tuvo que sumergirse apareció a la cabeza del grupo el entonces vicepresidente de Codelco, Patricio Contesse González, quien exhibía a esa altura una carrera tan meteórica como multifacética, estrechamente ligada al ex yerno de Pinochet.

No obstante, en 1987 Julio Ponce Lerou reapareció con la privatización de Soquimich, la empresa productora de salitre y yodo de la que había sido ejecutivo en representación del Estado.

Junto a su grupo encabezó la privatización de la productora de salitre natural y yodo. Una herramienta clave en ese proceso ha sido la sociedad de inversiones Pampa Calichera, que es el principal accionista de Soquimich y está bajo el control de Ponce Lerou.

Desde 1987, Julio Ponce Lerou es presidente de Soquimich y su socio Patricio Contesse, gerente general de la empresa que cuenta con más de un millón de hectáreas de propiedad minera y ha diversiﬁcado su producción incursionando hacia el litio y el cemento.

José Piñera Echenique

El caso de José Piñera es especial. Su obsesión por la reforma previsional que ideó para Chile lo ha llevado a recorrer el mundo tratando de que se aplique un modelo similar, con un entusiasmo que no decae con el correr de los años. Ingeniero comercial, fue ministro del Trabajo y Previsión Social desde el 26 de octubre de 1979 hasta el 29 de diciembre de 1980. Durante esa época fue autor del denominado Plan Laboral y junto con Hernán Büchi y Miguel Kast diseñó la Reforma Previsional que entró a regir en mayo de 1981. Desde enero de 1981, José Piñera se desempeñó como ministro de Minería. Estuvo en ese cargo hasta 1982 y fue también el principal autor del Código de Minería.

Desde diciembre de 1987 fue presidente de la privatizada Chilmetro —surgida de la división de Chilectra previa a la privatización—, que después pasó a llamarse Enersis. En 1992 y 1993, Piñera fue miembro del directorio de Endesa —en representación de Enersis— y una de las ﬁguras clave de la nueva administración de Endesa en la primera etapa de su privatización. Se le veía como uno de los «cerebros» tras la operación de toma de control de Endesa.

José Piñera, creador del sistema de previsión privada constituido por las AFP, aﬁanzó su posición en Endesa a ﬁnes de los ochenta gracias, precisamente, a los directores que representan a las AFP. Más tarde, no obstante, dejó ese directorio y se distanció de su amigo José Yuraszeck, a quien criticó públicamente por la operación con Endesa España en 1997.

Tras un fugaz paso por la actividad política (fue elegido concejal en las elecciones municipales de 1993 por la comuna de Conchalí y posteriormente, renunció a su cargo y postuló a la Presidencia de la República, donde obtuvo alrededor de un 6 por ciento de los votos), en el último período se ha dedicado a los negocios y a consultorías internacionales. Viaja por todo el mundo destacando las ventajas del sistema privado de pensiones que él diseñó y asesorando a gobiernos y grupos particulares.

En los últimos meses se ha dedicado especialmente a «vender» su reforma previsional en Estados Unidos, desde el Instituto Cato, donde el modelo de privatización previsional en la línea de Piñera se ha convertido en uno de los programas estrella de la entidad. Se aﬁrma que el ex ministro chileno confía en que con la elección del nuevo presidente de Estados Unidos, George Bush Jr., su reforma podría ser aplicada²¹.

Álvaro Saieh Bendeck

Ingeniero comercial, prorrector de la Universidad de Chile y ex decano de la Facultad de Economía. Integró los directorios de diversas empresas del Estado, fue asesor del equipo económico y se le conocía como persona de gran inﬂuencia, especialmente entre los militares.

Aparte de la universidad, inició sus actividades empresariales en Sogeco y en la consultora Econsult, que tenía con otros colegas.

Entre 1982 y 1984 estuvo en el directorio de la Empresa Nacional de Explosivos (Enaex), y entre 1983 y 1984 integró el directorio de Chilgener, antes de la privatización de esta empresa que nació de la división de Chilectra.

Hacia 1986, en pleno proceso privatizador, se le señalaba como integrante del grupo que fue denominado «los Tucanes», todos funcionarios y asesores del Gobierno militar que diseñaron y ejecutaron las privatizaciones de las ex empresas del Estado.

Luego pasó al Banco Osorno cuando el grupo Abumohor-Kassis tomó el control de la entidad. Durante varios años fue gerente general y después vicepresidente.

Más tarde fue socio del ex ministro Sergio de Castro y de Juan Carlos Latorre en el Banco Osorno, la AFP Provida y Copesa.

En 1999 traspasó Provida al banco español Bilbao Vizcaya, que después se fusionó con el Argentaria. El grupo Saieh quedó con un paquete accionario del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y él como asesor previsional de la entidad para América Latina.

AI mismo tiempo encabeza el grupo que controla el Banco Corpbanca y la Compañía de Seguros Corpvida.

En junio de 2000 les compró a Sergio de Castro y a Juan Carlos Latorre Díaz su parte en Copesa, que edita los diarios La Tercera, La Cuarta y la revista Qué Pasa.

Además de sus actividades ﬁnancieras, actualmente su interés se concentra en dos ámbitos: el de los medios de comunicación, particularmente el diario La Tercera, y en el universitario. Es uno de los dueños de la Universidad Andrés Bello, que quiere ser convertida por Saieh y su grupo en la principal universidad privada del país, orientada a sectores medios en una abierta de competencia con la Universidad de Chile, según lo han declarado algunos de sus integrantes.

José Yuraszeck Troncoso

Tras su estrepitosa caída en agosto de 1997, después de la venta de Endesa, pocos hubieran apostado a una reaparición tan pronta del ingeniero José Roberto Yuraszeck Troncoso, el ex «zar de la electricidad». No obstante, primero levantó su voz en reuniones empresariales y políticas y ya desde octubre de 1999 empezó a hacer públicos sus negocios en distintas áreas, mientras aún no terminaba de deﬁnirse su situación judicial.

Militante de la UDI, Yuraszeck se mostró eufórico celebrando «el triunfo» de su candidato Joaquín Lavín el 12 de diciembre de 1999, tras conocer los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial.

Gran amigo de Ernesto Silva Bafalluy, Yuraszeck, quien había estudiado ingeniería en la Universidad de Chile, fue —como Silva y Lavín— discípulo de Miguel Kast. Forjado profesionalmente en Odeplan a ﬁnes de los setenta, llegó a ser subdirector de esta entidad en 1982.

Su vinculación con el sector eléctrico data de la década de los setenta. Por ejemplo, en un decreto del 31 de agosto de 1978, ﬁrmado por el general (R) Augusto Pinochet, su ministro del Interior, Sergio Fernández Fernández, y el de Hacienda, Sergio de Castro, se contrató a honorarios a Yuraszeck, en Odeplan, «para preparar un documento sobre la energía eléctrica en la XI Región» que incluiría «el consumo de energía eléctrica requerido, la potencia instalada y la proyección de dichos factores para poder satisfacer las demandas futuras».

Desde Odeplan pasó a ser ejecutivo de conﬁanza de las entonces empresas estatales eléctricas y luego participó en el diseño privatizador para, ﬁnalmente, armar sociedades que le permitieron quedarse con ellas.

En noviembre de 1983 fue designado gerente general de la entonces empresa estatal Chilmetro, presidida por Juan Hurtado Vicuña. Desde ese puesto clave encabezó el proceso privatizador de la compañía de electricidad y se privatizó con ella.

En julio de 1987 impulsó la fabricación de sociedades que se conoció como «Operación Chispitas». A través de ese procedimiento, Yuraszeck y otros diecisiete ejecutivos tomaron el control de las sociedades inmobiliarias Luz y Fuerza y Los Almendros, generadas en nombre del «capitalismo popular». Con ello alcanzaron el poder en la propia Chilmetro, hoy llamada Enersis. Gracias a Enersis llegaron al control de Endesa.

Tras la junta de accionistas de abril de 1997, Yuraszeck dejó la gerencia general de Chilmetro para asumir, junto a José Piñera, como director de Endesa privatizada. Desde allí tuvo en sus manos las redes de la energía eléctrica en Chile hasta agosto de 1997, cuando debió dejar sus cargos en medio del escándalo nacional despertado por su negociación con Endesa España.

Junto a otros ex ejecutivos de Enersis, como Marcos Zylbeiberg, Arsenio Molina, Eduardo Gardella, Marcelo Brito, Francisco Monzón y Alfonso Torrealba, en esta nueva era Yuraszeck está operando a través de dos sociedades: Prospecta y Latinluz.

Prospecta tiene por ﬁnalidad desarrollar varios proyectos de inversión y crear empresas. Concretó sus planes de ingreso al negocio inmobiliario al echar a andar un proyecto residencial en terrenos adquiridos en La Dehesa al Complejo Santuario del Valle, que era de la inmobiliaria Manso de Velasco, perteneciente al conglomerado Endesa.

Latinluz actúa en Argentina. Se asoció con empresarios canadienses para explotar un mineral de oro y plata en la provincia de Neuquén. El proyecto que está desarrollando Minera Andacollo Gold (Magsa) es controlado por Latinluz, que tiene el 75 por ciento de la propiedad del proyecto que inició su marcha blanca en diciembre de 1999. El 25 por ciento restante de las acciones está en manos canadienses.

Asimismo, a ﬁnes de diciembre de 1999 se informó que Yuraszeck, tras comprar un 14,7 por ciento de las acciones de la tradicional empresa CIC, a través de la Inmobiliaria Santa Cecilia, asumía como director de esa compañía dedicada a la fabricación de muebles. CIC pertenece a Fernando Larraín Peña (18,8 por ciento) y a Leonidas Vial Echeverría (40,5 por ciento), amigo de Yuraszeck y vinculado antes en negocios.

Entretanto, lo que fue denominado «el negocio del siglo», donde el ex zar de la electricidad aparece como principal responsable, aún no es cosa juzgada. Las causas contra Yuraszeck y los recursos de su defensa aún están debatiéndose en los tribunales.

Ernesto Silva Bafalluy

Actualmente rector de la Universidad del Desarrollo, es el mayor de nueve hermanos, entre los que está el ex ministro del Trabajo y directivo de Banmédica Máximo Silva, y José Antonio, casado con la dirigenta de la UDI Marcela Cubillos.

Muy próximo a Miguel Kast, Ernesto Silva fue jefe del Departamento de Estudios y del Departamento de Planes de Odeplan. Después fue subdirector de Odeplan, vicepresidente de la Comisión Chilena del Cobre, desde donde intentó llevar a cabo un plan para privatizar Codelco. Pero fracasó en el intento al toparse con la resistencia militar, encabezada en aquel entonces por el general Gastón Frez. Posteriormente, se dedicó a ENAP, de donde salió en 1983, cuando cayeron, temporalmente, en desgracia los Chicago boys.

Durante su período en ENAP instauró las políticas de ﬁliales de la empresa estatal y de indemnizaciones a quienes dejaban una de ellas. A la vez, estuvo siempre vinculado a la privatización de las empresas del Estado, en particular a las de energía eléctrica.

Militante de la UDI y muy religioso, lo mismo que Joaquín Lavín, es padrino de bautismo de la menor de las hijas del ex candidato presidencial y nuevo alcalde de Santiago. Caliﬁcado como muy inteligente y trabajador incansable, había acompañado a Lavín en sus anteriores campañas y a Carlos Bombal en la que lo transformó en senador por Santiago.

A la vez, Ernesto Silva es gran amigo del ex senador y actual presidente de LAN Chile, Sebastián Piñera, quien lo llevó a Ladeco en 1986, donde fue gerente durante varios años, después de salir de ENAP. Con José Yuraszeck trabajó en Endesa desde 1995 y fue su brazo derecho en la consolidación de la toma de control de Endesa por parte de Enersis.

Participó en los directorios de varias empresas del conglomerado eléctrico controlado por Yuraszeck hasta después de la caída de su amigo. Hasta 1998, Silva presidía la inmobiliaria Manso de Velasco —del mismo grupo Enersis— y la sociedad Túnel El Melón y era director de Endesa y Enersis.

A diferencia de lo ocurrido con otros ex directores, Silva Bafalluy aún permanece en el directorio de Enersis, después del traspaso a Endesa España, en representación de la AFP Cuprum, controlada por el grupo Penta, del que forma parte.

Socio y rector de la Universidad del Desarrollo, Ernesto Silva es presidente del directorio de la compañía de seguros generales ISE-Las Américas, propiedad del grupo Penta.

Pablo Baraona Urzúa

Ingeniero comercial y agricultor, Pablo Baraona Urzúa fue uno de los primeros chilenos máster en Economía de la Universidad de Chicago. Nacido en 1935, ex alumno de los Padres Franceses y de la Universidad Católica, fue presidente del centro de alumnos de su facultad en 1957 y luego presidente de la Federación de Estudiantes (FEUC) entre 1957 y 1959. Más tarde partió a Chicago, donde obtuvo un máster en Economía.

Junto a Sergio de Castro estuvo entre los artíﬁces de lo que sería el Instituto de Economía de la UC, del cual fue director en 1964. Su inﬂuencia como profesor del Instituto de Economía y como uno de los voceros más conocidos del nuevo modelo de libre mercado importado de Chicago fue signiﬁcativa en las generaciones de economistas de derecha menores que él. Asimismo, bajo el Gobierno de la Unidad Popular, antes del derrocamiento del presidente Salvador Allende, participó activamente en el grupo de economistas —entre los que estaba también De Castro— que elaboró las bases de la estrategia que impuso el régimen militar.

Tras el golpe estuvo participando desde un primer momento en el Gobierno. Primero como asesor del ministro de Economía de entonces, Fernando Léniz Cerda, y en 1974 pasó a ser vicepresidente del Banco Central, para después ascender a presidente de la entidad.

Fue ministro de Economía en dos oportunidades: desde el 27 de diciembre de 1976 hasta el 26 de diciembre de 1978, y posteriormente, en los últimos años de ese régimen, desde el 5 de abril de 1988 hasta el 11 de mayo de 1989. Desde octubre de 1988 a mayo de 1989 fue paralelamente ministro de Minería. Entremedio, en tiempos del «boom» estuvo ligado al grupo Cruzat-Larraín y también fue presidente del liquidado Banco Unido de Fomento (BUF). Se retiró del Gobierno en 1989 para asumir como generalísimo de la campaña presidencial de Hernán Büchi. Este había sido su jefe de gabinete en su primer período como ministro de Economía.

Aunque fue uno de los primeros en esgrimir un discurso marcadamente privatizador, a diferencia de muchos otros economistas de Chicago que integraron el equipo económico, no aparece hoy especialmente vinculado a las empresas privatizadas, aunque sí está conectado con quienes fueron sus compañeros de ruta en el régimen militar.

Pero Baraona no parece dedicado a los directorios de empresas. Solo se le menciona como director de SQM Nitratos, donde en el ejercicio de 1998 percibió una dieta de 5.334.126 pesos y en 1999 solo recibió 579.629 pesos²².

Desde 1988 es rector de la Universidad Finis Terrae, que nació en 1996 y en 1999 se fusionó con la Universidad Francisco de Vitoria, de propiedad del movimiento católico integrista Legionarios de Cristo. Junto a los legionarios encabezados por el sacerdote John O’Reilly, ingresaron inﬂuyentes empresarios, como Felipe Lamarca, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril; Eliodoro Matte, del grupo de su mismo apellido y miembro del Centro de Estudios Públicos (CEP); Agustín Edwards del Río, hijo de Agustín Edwards, director de la empresa El Mercurio, y Juan Obach, del grupo Pathﬁnder, vinculado al actual senador Marcos Cariola. Ellos se sumaron a Bruno Philippi, Álvaro Bardón Muñoz, Adelio Pipino, Sergio de Castro y José Antonio Guzmán, que —entre otros— ya formaban parte del Consejo Directivo de la Finis Terrae.

Su aﬁción por la política llevó a Pablo Baraona presentarse como candidato a senador en la elección de diciembre de 1997, donde postuló por Renovación Nacional en la VI Región, pero resultó derrotado.

PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

Junto a los hombres decisivos hubo otros que participaron en el proceso de privatización y que hoy ostentan importantes cargos en empresas o en grupos privados que crecieron gracias a la privatización. El siguiente es un cuadro resumen de algunos de ellos.

Fuentes: Los datos sobre cargos en el régimen militar son de recopilación efectuada por la autora en investigaciones anteriores. Los antecedentes actuales sobre directorios de empresas, AFP e Isapres corresponden a septiembre de 2000, obtenidos en la Superintendencia de Valores y Seguros, donde periódicamente son entregados por las sociedades anónimas abiertas, actualizados de acuerdo a información de prensa. Las referencias a directores de bancos son de febrero de 2000 publicados en el Boletín de la Superintendencia de Bancos del primer semestre. Los de universidades han sido recogidos de la información entregada por las propias universidades (página web u otras publicaciones) y de la prensa.