2. En el volcán

Eduardo Cuevas había partido a Santiago desde Carahue para hacerse futbolista profesional. Se probó en las inferiores de Colo-Colo, pero no fue seleccionado. Luego trabajó durante dos años en la Industria Técnica, desde donde finalmente fue despedido.

Sin muchas opciones, volvió a su tierra. Ahí, un tío le propuso intentar ingresar a Club Deportes Laja, equipo propiedad de la Papelera de Laja. En 1969 fue aceptado.

El club, con estadio propio y un equipo de básquetbol, formaba parte del Regional Concepción, liga que reunía a Huachipato y Deportes Concepción, entre otros. «Yo era delantero, zurdo y pateaba muy fuerte, desde donde fuera. Compartía con ex futbolistas profesionales, fichados igual que yo, como el “Chueco Torres” y Eugenio Jara. A la Papelera le interesaba proyectar su éxito económico a través de su equipo», recuerda Eduardo.

A cambio de que jugara en Deportes Laja, la compañía le ofreció un trabajo. «Ingresé a trabajar a la sección cuadrilla auxiliar. Luego de un tiempo fui contratado como empleado en el departamento mecánico de electrólisis. Reparábamos instalaciones con químicos altamente tóxicos, necesarios para la preparación de la celulosa. Todo el día con máscaras. De repente se rompían las cañerías, salía el cloro y teníamos que correr escapando a los cerros», cuenta Eduardo.

Por ese mismo tiempo, un joven se le acercó cuando salía del trabajo. Venía de Concepción. Conversaron un rato. «Me preguntó si estaba apurado. Le dije que no, que me interesaba escucharlo». El joven le entregó la revista El Rebelde y otros documentos políticos. A Eduardo le gustaron las ideas que le planteaban. Quedaron de verse otra vez. Con el tiempo, las visitas se hicieron más seguidas y pasó a militar en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Iniciado el gobierno popular, Eduardo ya era encargado de una célula formada por él y unas doce personas, entre funcionarios de la CMPC y estudiantes. Apoyaban las acciones del gobierno tendientes a dificultar el funcionamiento de la empresa para así lograr su estatización: «Tomas de caminos para evitar el paso de los camiones, paralización de las acciones, hasta el paro total de 1972. Era un período en que no podías mantenerte al margen. O estabas de un lado, o estabas del otro», señala.

A la lucha subterránea que libraba Arturo Matte Larraín, apoyado por el gobierno estadounidense, se sumaba una pública, política y laboral. Su sobrino en segundo grado, Eliodoro Matte Ossa, a esas alturas su brazo derecho, había ido aumentando su participación en la empresa de forma progresiva desde su ingreso en 1961 con un pequeño paquete accionario.

Eliodoro no era un hombre de fortuna personal. Su padre murió cuando tenía diecisiete años y debió comenzar a trabajar a partir de ese momento. Entre sus labores como apatronado destaca su rol de capataz en la mina de cobre El Teniente y como vendedor en varias tiendas. Ni con esta ni otras labores logró hacer demasiado dinero. Su pasión y habilidad con las cartas –el bridge– lo llevó a amasar sus primeros millones. Integró el equipo del Club de la Unión con el que fue campeón por casi treinta años. Apostador por naturaleza, con este dinero compró su primera acción en el lugar donde se jugaba la propiedad de las empresas: la Bolsa de Comercio de Santiago. Ahí se inició como corredor de bolsa y, mientras continuaba con las cartas, adquirió acciones de varias empresas. En 1961, su tío Arturo y Jorge Alessandri lo invitaron a formar parte del directorio de la Papelera. De modo paralelo a su papel gerencial y a su crecimiento progresivo dentro de la CMPC, Eliodoro Matte fue haciéndose de otras propiedades. A mediados de los sesenta liquidó una de ellas, la Fábrica Nacional de Sacos. Con el dinero aumentó su participación en la Papelera y otras sociedades, como Renta Urbana y Pizarreño.

Durante el gobierno de Allende, Eliodoro apostó por aprovechar la venta obligatoria de Cementos Melón, producto de su expropiación, y adquirió parte de Minera Valparaíso, empresa nacida en 1969 de la división de Cementos Melón en Minera Valparaíso S.A. y Fábrica de Cemento Melón S.A. Entre las propiedades que traía consigo la compañía se encontraba la central hidroeléctrica Los Quilos y las instalaciones portuarias de la Carbonífera Lirquén. En el futuro, a partir de Minera Valparaíso, él y sus hijos materializarían importantes negocios, como el Puerto de Lirquén (1970), el Banco Bice (1979) y AFP Summa (1981).

Para 1972, Eliodoro capitalizaba también su participación en la CMPC: era socio mayoritario con cerca de un 26% de las acciones.

Ese año, los trabajadores de la CMPC, en la lucha por la estatización, lograron un paro del cien por ciento de las actividades, causando graves perjuicios a la producción de la compañía. Los principales líderes sindicales y políticos eran los militantes del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) Jorge Andrés Lamana Abarzúa11, director del Sindicato de Operarios, y Luis Onofre Sáez Espinoza12, secretario del mismo sindicato y dirigente provincial de la Central Única de Trabajadores. También laboraba ahí y participaba de las actividades políticas el socialista Heraldo Muñoz Muñoz13, director de la Junta de Abastecimiento y Precios de Laja y del Sindicato de Obreros de la Construcción, junto a los comunistas Fernando Grandón Gálvez14, delegado del Sindicato de Operarios; Raúl Urra Parada15, delegado sindical y bombero de la Tercera Compañía de Laja, y Juan Villarroel Espinoza16, delegado sindical.

El 1 de diciembre de 1971, el ministro de Economía, Pedro Vuskovic, había anunciado en el Congreso el proyecto para crear el Instituto Nacional del Papel Periodístico, cuyo objetivo era dictar normas para la distribución del papel desde el Estado, con un directorio dominado por el gobierno17. Dentro de sus atribuciones se encontraba el reconocimiento o no de una empresa periodística, lo que redundaría en un control de la prensa18. Dentro de los argumentos que Vuskovic presentó en esa ocasión para estatizar la CMPC, se encontraba su carácter monopólico, afianzado a partir de las prebendas otorgadas por el Estado en administraciones anteriores. Entre ellas mencionó la asfixia que habían sufrido dos de sus competidoras: Infasa y Fanapel. La primera había funcionado con una cláusula que le impedía competir en el mercado interno y, luego de traspasada a privados, debió ser «rescatada» por el Estado debido a que sus dueños no reinvirtieron las utilidades. La segunda, Fanapel, había sido liquidada luego de sucumbir en la competencia contra la CMPC19.

El proyecto del Instituto Nacional del Papel Periodístico fue rechazado por el Senado con los votos de la Democracia Cristiana20.

Durante gran parte de 1971, el gobierno había intentado la compra de acciones de la empresa a través de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), como un mecanismo paralelo para hacerse de su propiedad. En respuesta, el comité de accionistas de la CMPC creó el Fondo de la Libertad, que reunió a cerca de dos mil privados que, de modo individual, compraron acciones en el mercado, evitando la estrategia del gobierno. Según información proveniente de la misma Papelera, se invirtió cerca de un millón de dólares de la época en esta labor21.

El 23 de diciembre de ese mismo año, los senadores de la Democracia Cristiana Renán Fuentealba (presidente de la colectividad) y Juan Hamilton lograron que la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de reforma constitucional redactado por ambos. Definía las áreas de la economía según la propiedad de las empresas, a la vez que dejaba sin efecto las estatizaciones llevadas a cabo desde el 14 de octubre de 1971, fecha en que el proyecto de ley inició su trámite22. Fue vetado en varias de sus partes por el presidente Allende. A su vez, el Senado rechazó los vetos presidenciales.

Al año siguiente, en 1972, El Mercurio filtraba a través de sus páginas una supuesta minuta perteneciente al ministro Vuskovic que indicaba el estado de las 91 empresas destinadas a ser estatizadas. Nuevamente aparecía ahí denunciada la situación de la CMPC. Según el diario, la estrategia del gobierno para lograr su estatización no estaba decidida aún23.

En febrero, el Congreso Pleno aprobaba la reforma constitucional donde, además de definirse las áreas de la economía, establecía requisitos específicos para que las empresas pudieran ser expropiadas, entre los que se encontraba el cese de funciones. El gobierno consideró dicha reforma como perjudicial para los objetivos de su programa, pues limitaba sus facultades expropiatorias24.

En julio de 1972, el Senado rechazaba una indicación hecha por el Ejecutivo al proyecto de reforma constitucional de origen DC, que buscaba incluir un artículo que le permitiera reservar al Estado la fabricación de papel y celulosa.

Durante ese período existieron acercamientos entre el gobierno y la DC en torno a los vetos presidenciales respecto del proyecto, pero la defensa de la colectividad en torno a la Papelera evitó un potencial acuerdo25.

Desde las comunicaciones, El Mercurio fue uno de los principales aliados de la Papelera. De realizarse los cambios, el diario de Agustín Edwards, seguramente, se vería perjudicado. Por todas sus vitrinas promovió la campaña encargada a una agencia publicitaria26: «La Papelera… ¡No!», cuyo mensaje directo apelaba a que la expropiación de la CMPC implicaba la violación de un derecho fundamental: la libertad de prensa.

Según el periodista y ex militante de Patria y Libertad Manuel Fuentes Wendling, el actor y publicista demócrata cristiano Jaime Celedón, quien en ese momento las hacía de presentador del programa de Canal 13 A esta hora se improvisa, lo citó en su oficina27. Desde su tribuna, Celedón había entrevistado tiempo atrás al gerente general de la Papelera, Ernesto Ayala Oliva, quien había tenido ahí el espacio para denunciar la persecución de que su empresa era víctima. Fuentes Wendling señala que Celedón le encargó «hacer ambiente en los medios de comunicación de provincias en contra de la expropiación de la Papelera. «Debe ser algo sutil, no una campaña publicitaria. La campaña vendrá después», le habría señalado Celedón. Según Fuentes, le pagó bastante bien por el trabajo de lobby y le señaló que, a cambio de defender a la Papelera en notas editoriales y comentarios, su agencia pagaría a los medios a través del avisaje de una campaña publicitaria.

El mismo Ernesto Ayala, por entonces gerente general de la Papelera, señaló que Celedón y el líder gremialista Jaime Guzmán fueron decisivos en la campaña y en la creación de su eslogan. «Una vez nos juntamos con Jaime Guzmán [...] y con Jaime Celedón. De repente Guzmán dijo: “Ya que estamos diciendo que a la Papelera no la expropien, lancemos el grito: ¡La Papelera No!”. Y lanzamos el grito en todas las radios, cada media hora se tocaba la Marcha de Yungay y se gritaba “¡La Papelera No!”. Conseguimos un apoyo increíble»28.

Consultado por el tema, el publicista e integrante de la mítica compañía de teatro Ictus, Jaime Celedón, señaló: «Lo que le puedo decir es que en mi agencia [oficina Cóndor, propiedad de Jorge del Solar y sucesora de Cruz y del Solar] hizo la campaña “¡La Papelera No!” y que yo fui parte de la creación del eslogan». En mayo del 73, el ministro de Economía discutía en el Congreso la presentación de una ley que permitiera al Ejecutivo la expropiación de empresas, aumentando el número original de 91 a 93. En la lista continuaba la Papelera.

En julio, sumados al frente político y publicitario, los empresarios iniciaron una campaña financiera para apoyar las pérdidas producidas por la Unidad Popular, a través del Comité de Defensa de la Compañía de Papeles.

Poco antes de septiembre de 1973, Arturo Matte y su sobrino Eliodoro, con la ayuda de Jorge Alessandri, medios de comunicación y una parte importante del empresariado, aunque con pérdidas, evadían la expropiación de la Papelera.

Eduardo recuerda que mientras corría el año 1973, los integrantes de Patria y Libertad que laboraban en la empresa, asociados a los «Gremialistas Libres»29, convivían en una relación cada vez más tensa con los partidarios de la expropiación. «Junto a la Democracia Cristiana estaban en una posición de confrontación y defensa férrea de la empresa. El día del “tanquetazo”, en junio de 1973, tenía libre, pero cuando me levanté por la mañana escuché la radio y pude darme cuenta de que se estaba realizando una intentona golpista. Me fui a la fábrica a hablar con algunos compañeros sobre lo que estaba sucediendo. Al entrar al departamento de la maestranza apareció Guillermo Bolomey, hombre de confianza de la Papelera y dirigente de Patria y Libertad30, quien sacó una pistola, me la puso en el estómago y me dijo: “Aquí te mato”. Yo le respondí: “Mátame”. Un compañero de él de apellido Cordero Valenzuela se acercó para golpearme. En ese momento, Antonio Araneda, colega y amigo, salió en mi defensa. Golpeó a Cordero en la cara tan fuerte, que cayó y se azotó la cabeza contra el piso. Empezó a sangrar y debieron llevarlo de inmediato a Concepción. De pronto, de un lado y de otro estábamos armados con lo que había, un fierro o lo que fuera, cada uno en un bando, a punto de pelear. Llegaron los jefes a ver qué sucedía. Junto a Araneda nos expulsaron de la empresa y a Bolomey no le hicieron nada. Luego, gracias al Sindicato de Obreros y de Empleados, a los dos días debieron reincorporarnos».

Para el 11 de septiembre de 1973, los trabajadores de distintos bandos ya no se saludaban. «Llegué a las nueve de la mañana. Desconectado, desinformado. Junto a mis compañeros empezamos a movernos por los distintos departamentos para averiguar qué pasaba. Los directivos y compañeros que apoyaban a la empresa ya sabían del golpe. Subían a las oficinas de la directiva para conversar. Te miraban de reojo, burlones, con sonrisas», recuerda.

A la una de la tarde, el golpe ya era un hecho. Eduardo no se convencía de que todo hubiera ocurrido tan rápido. «Confiaba todavía en que aparecerían nuestros dirigentes sindicales. En esos instantes nos enteramos de que nos habían descabezado. Era cierto».

A las cuatro de la tarde terminó su turno. Debía salir. Mientras avanzaba hacia la puerta principal de ingreso, vio dos largas filas paralelas de trabajadores ubicadas en el interior de la fábrica. El superintendente administrativo, Carlos Ferrer, recorría las dependencias arriba de un jeep, con un casco en su cabeza. «Eran entre 300 y 400 compañeros parados, uno detrás de otro en las filas, silenciosos, asustados. Un grupo de seis o siete carabineros ordenaba las filas a punta de golpes. Nadie podía hablar».

Cuando Eduardo caminaba hasta una de las filas, vio al jefe de vigilantes de la empresa, Pedro Jarpa, acompañado de carabineros de Laja. Tenía un papel con una lista y los uniformados detenían a los trabajadores gracias a su colaboración, probablemente asociando los nombres de la lista con los rostros de los trabajadores31. Antes de camuflarse en la fila, Jarpa lo identificó: «Me miró y les dijo: “Allá viene”. Quedé al medio, mientras los carabineros se acercaban, furiosos. Con insultos me ordenaron poner las manos en la nuca. Un fierro que llevaba en una manga para mi casa se me cayó al pavimento haciendo un gran ruido».

Los carabineros se abalanzaron sobre él. «Culatazos en la espalda, en todo el cuerpo. Y gritaban que me iban a matar mientras pasaban balas, terror puro.

»Yo estaba en el piso recibiendo los golpes. De pronto, una voz gritó: “¡No le peguen más!”. Uno de los policías, que dejó de golpearme, gritó: “¡¿Quién fue, mierda?!”, y se quedó mirando a los trabajadores, furioso. Todos en silencio».

Semiconsciente, los carabineros lo tomaron de ambos brazos y lo llevaron en andas hasta donde estaba el teniente Alberto Fernández Michell, encargado de la tenencia de Laja. Lo tiraron frente a sus pies. Eduardo lo conocía de vista. «Burlón, me dijo que a partir de ese momento Carabineros y las Fuerzas Armadas mandaban en el país». Lo levantó desde la parte posterior de su chaquetón, «exhibiéndome ante el resto, diciendo que era la última vez que me verían», declaró Eduardo en 201232.

La plana ejecutiva de la planta de celulosa de Laja tenía entonces como cabeza a Alejandro Lionel Aguilera Covarrubias. Inmediatamente después de él estaba Luis Humberto Garrido Avilés. Debajo de ellos, Carlos Ferrer Gómez, superin­tendente administrativo; Domingo Bucarey Torres, jefe de relaciones industriales, y dependiente directo de él, y Pedro Jarpa Forester, encargado de control y vigilancia, con 37 guardias bajo su mando33.

Luego de los eventos narrados y antes de que terminara septiembre de 1973, la CMPC publicó su Informe Anual a los Accionistas. Su portada señalaba: «La Papelera… ¡No!». A partir de la primera página daba cuenta del triunfo que había significado su campaña, centrada en la defensa del papel como elemento democratizador de la sociedad: «El directorio desea expresar su agradecimiento emocionado a todos aquellos que se opusieron en los días críticos, cuando con grave peligro para el pensamiento escrito arreciaba la decisión política de crear el Monopolio Estatal del Papel [...]»34.

El informe agradecía también a las «miles y miles» de personas que habían ayudado en su lucha, también a otros «miles» de accionistas que resistieron la venta de sus acciones, «porque entendieron que cada acción era un jirón de la libertad de Chile, que no se transa por dinero»35.

Luego enumeraba genéricamente a algunos de los colaboradores que la empresa consideraba trascendentales en su lucha por evitar la expropiación: «Los parlamentarios democráticos, sin distinción de tiendas [...] Impresores, clientes y proveedores [...] A los periodistas libres cuya voz incansable, cual clarinada de alerta, llevó nuestro angustioso mensaje a lo largo de la tierra chilena [...] y a los ingenieros y ejecutivos de esta empresa, que con terquedad obstinada, con indesmayable decisión, fueron venciendo uno a uno los obstáculos más increíbles colocados diariamente a su paso»36.

Dentro de los elementos negativos al interior de la empresa destacaba: «Las relaciones entre la administración de la compañía y sus trabajadores han estado influidas por los efectos de la situación económica y social imperante en el país [...] un cierto número de trabajadores ha actuado de acuerdo con sus ideas políticas incondicionales a favor del gobierno. La inflación desatada este año [...] hizo que grupos importantes eligieran en las directivas sindicales a algunos de estos elementos politizados. [...] Como medio de presión fueron llevados algunos grupos, a nivel de talleres y fábricas, a efectuar paros parciales, trabajo lento, etc.»37.

El informe indirectamente apuntaba también a los trabajadores ferroviarios: «Los Ferrocarriles del Estado, que entregaban normalmente 75 a 80 carros diarios cargados de madera a la unidad celulosa de Laja, bajaron sus entregas a menos de 20 unidades por día»38.

En su parte final agregaba: «Las nuevas autoridades del gobierno que rige los destinos de Chile desde el 11 de septiembre último, han definido principios patrióticos de justicia y de ética nacional que permiten apreciar los tiempos por venir con condiciones absolutamente distintas». Además, explicitaba que la Papelera contribuiría «al desarrollo de la producción y a la campaña de restauración nacional en que la inmensa mayoría del país está empeñada»39.

En el aspecto propietario, entre 1974 y 1978 Eliodoro Matte Ossa aumentó su participación hasta hacerse del control total de la compañía.

En 1976 comenzó el arribo a la industria del segundo hijo de Eliodoro, Eliodoro Matte Larraín, que asumió un puesto en el directorio de la empresa. Antes había llegado a la compañía su cuñado Jorge Larraín Bunster, casado con la mayor de los hermanos, Patricia. Con los años se les uniría el menor, Bernardo, el más parecido a su padre y, durante la Unidad Popular, militante de Patria y Libertad40.

Luego de la detención desde el interior de la Papelera, Eduardo fue trasladado, junto a 18 compañeros de trabajo, hasta la tenencia de Laja en vehículos facilitados por la Papelera y conducidos por sus choferes. «Ahí hubo más golpes e insultos. Lo único que sentía eran las armas pasando balas y el griterío. Nos metieron a todos en una celda chiquitita, sin luz».

Pasada una hora y media los sacaron a la entrada de la tenencia. En ese momento Eduardo vio llegar al segundo hombre dentro de la máxima jerarquía de la planta, Luis Humberto Garrido. «Traía cuerdas que entregó al teniente Alberto Fernández Michell. Con ellas nos ataron las muñecas a todos los detenidos antes de partir. Además, dejó una micro amarilla, propiedad de la CMPC, en la que nos trasladaron»41.