PRÓLOGO

de Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, presidente de la Fundación Abogados de Atocha

El actual sistema democrático arrastra un notorio déficit en cuanto se refiere al reconocimiento de aquellos que contribuyeron a la recuperación de las libertades en las adversas condiciones impuestas por la dictadura franquista. Tan solo en los últimos años ha ido cobrando cada vez más fuerza una corriente que reivindica la importancia de la lucha antifranquista en la gestación de la democracia, dentro de una creciente insistencia en los temas relacionados con lo que se ha dado en llamar «memoria histórica». Más exactamente, de la «memoria democrática común», que es el término que mejor refleja esta realidad.

Las cuestiones relacionadas con la represión han dado lugar a una ya abundante producción bibliográfica, así como a un tratamiento literario y cinematográfico que ha encontrado una nada desdeñable audiencia. La Administración de Justicia en las condiciones generadas por un régimen que no se ajustaba a los mínimos requisitos del Estado de derecho y el papel desempeñado en ese tiempo por quienes se volcaban en defender derechos y libertades sistemáticamente violados resultan mucho menos conocidos.

Por otra parte, la reivindicación de la memoria de las víctimas y de los opositores a la dictadura carece, a menudo, de la capacidad para combinar el rigor de la investigación con la eficacia de la divulgación, de modo que ambas discurren con excesiva frecuencia por cauces paralelos. La declaración de 2006 como Año de la Memoria y la entrada en vigor en 2007 de la llamada Ley de Memoria Histórica, aprobada por el Parlamento español, abrían al fin perspectivas de una mayor sensibilidad de las instituciones democráticas hacia la reparación de la deuda con las víctimas de la dictadura y quienes la combatieron. Una ley que solo fue un paso adelante que aún necesita ser completado. En la sociedad española puede apreciarse un creciente interés por las cuestiones referidas a un pasado traumático, sin cuya comprensión difícilmente puede ser construida una cabal memoria de las bases en que se asienta la actual convivencia democrática. Tomar en consideración esas preocupaciones constituye una necesidad moral y política, al atender a una demanda social y requerir una pedagogía democrática adecuada.

El presente libro pretende, a un tiempo, hacer avanzar el conocimiento sobre la evolución y realidad de los abogados laboralistas durante el Franquismo mediante una aportación historiográfica relevante, realizada desde el rigor académico por investigadores con experiencia, y la difusión de sus resultados a través de lenguajes accesibles a públicos más amplios. Asimismo, conscientes de la importancia que adquiere el reconocimiento simbólico e institucional de la labor de aquellos que contribuyeron con su sacrificio personal a la conquista de libertades democráticas y la defensa de derechos eliminados, se contempla como necesario complemento de la labor investigadora y divulgadora la organización de actos y la adopción de decisiones que permitan plasmar ese público tributo mediante una adecuada política de la memoria.

Para estos propósitos, se hace preciso buscar una sinergia que combine la labor de los investigadores e historiadores con las adecuadas capacidades técnicas y el respaldo tanto material como político que pueden brindar las instituciones. La confluencia de unos equipos experimentados (dirigidos por José Gómez Alén y Rubén Vega García) con el apoyo de la Fundación Abogados de Atocha proporciona el impulso adecuado para emprender esa labor.

En esa línea que es institucional pero también puramente social y política, hay que señalar la importancia que para la Fundación Abogados de Atocha tiene esta nueva publicación con las semblanzas de estas tres grandes y bravas mujeres, reflejadas en el libro Cristina, Manuela y Paca, una excelente obra de gran valor histórico, y por ello no hemos tenido ninguna duda en apoyarla.

Desde la Fundación también hemos impulsado otras publicaciones de los mismos autores, comenzando con ellas un proyecto de investigación bajo el título genérico Los abogados laboralistas y la lucha por una justicia democrática. En el primer libro se adoptó un carácter de análisis de fuentes, recopilación de datos de tipo general sobre el contexto político y un repaso sobre los abogados laboralistas y sus despachos. El segundo libro se centró de un modo más exhaustivo en las biografías personales de 21 hombres y mujeres de aquella abogacía antifranquista, y en el que ya se asumió el compromiso de que habría una obra dedicada a las mujeres de esa abogacía. La tercera publicación versa sobre el despacho histórico del número 16 de la calle de la Cruz, libro que se publicó con motivo del 50 aniversario de la puesta en marcha de ese despacho laboralista en diciembre de 1965.

En los inicios de los despachos laboralistas, comprometidos en la defensa de los derechos de los trabajadores de todas clases y en la lucha por la democracia, el papel de las mujeres fue sustancial para su desarrollo y consolidación. Es un acto de justicia recordar a mujeres como Rosa Roca, trabajadora del despacho de Atocha, Dolores Sancho, viuda de Pedro Patiño —asesinado en Madrid—, Pilar Rodríguez, Isabel García y Manoli Castro, del mismo despacho; Emilia Graña, Jacinta, Margot Ruano, María Antonia Menéndez, Carmela Cantó, trabajadoras del despacho de Españoleto; Pepita Belloch del despacho de Alcalá; y entre las abogadas, María Luisa Suárez Roldán, una de las pioneras, Montserrat Avilés, Elisa Veiga, Rosi Sáez de Ibarra, Elvira Posada, María Antonia Lozano, Ángeles Ortiz, Pilar Bueno, Lola González Ruiz, superviviente de Atocha que falleció en enero de 2015, Julia Marchena, Elisa Maravall, y las tres, Cristina, Manuela y Paquita, a quienes rendimos tributo aquí, forman un colectivo clave en la resistencia antifranquista —las luchas por las mujeres— y en la consolidación de los abogados laboralistas en el abrupto panorama jurídico español de los últimos años del Franquismo.

Empecé a trabajar como abogado en Palomeras (Vallecas), junto a Luis Javier Benavides, asesinado en Atocha, y Antonio Doblas, desde el apoyo del despacho de Lista, el de Paca Sauquillo, conociendo la alternativa y las bases ideológicas de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT), que era uno de los pocos partidos políticos que trabajaban en aquel barrio marginal de Madrid; luego nos incorporamos al PCE, que también tenía amplia presencia en Vallecas. Paca perdió a su hermano Javier en Atocha. Después seguí de cerca el trabajo y el compromiso de Paca en otros ámbitos, desde la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad y desde su trabajo en el Parlamento Europeo, en la lucha incesante por los derechos humanos.

Con Cristina me une una amistad de muchos años, la constancia de nuestra colaboración en la resistencia democrática y su participación en la acusación particular en el juicio de Atocha. Fue importante para los sobrevivientes del atentado en nuestro despacho de Atocha, el apoyo del suyo en Españoleto, que, tras el atentado, recibió a los abogados de barrios, haciendo posible así el crecimiento del movimiento ciudadano madrileño.

Manuela Carmena, que tuvo a su nombre los dos despachos de Atocha, en los números 49 y 55, de la trágica noche de enero, significa el compromiso de los laboralistas hoy en el Ayuntamiento de Madrid; nunca podré dejar de hablar de la gratitud y el cariño que me unen a ella, en una trayectoria divergente pero que tuvo en Atocha una indudable maestría en el enfoque siempre imaginativo de los problemas laborales y en las respuestas que dábamos en las magistraturas de Trabajo.

Es un honor y un placer poder prologar este libro que las reconoce, en una vida entregada a la lucha obrera, también por los derechos de las mujeres, por la justicia y los movimientos por la paz en el mundo. Queremos mostrar, por último, nuestro enorme agradecimiento al Consejo General de la Abogacía de España y al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, sin cuya implicación y patrocinio habría sido imposible por parte de la Fundación poner al servicio de la ciudadanía este libro, que entre otros objetivos pretende servir de homenaje a los abogados de Atocha, asesinados aquella fatídica noche del 24 de enero de 1977 y a quienes recordamos, con las palabras de Joaquín Pérez Azaustre, «plenos de entusiasmo, con esa maravillosa energía que nos devuelve el rostro de nuestro mejor futuro».