Capítulo B

El sistema presidencial indonesio

B-1. Introducción

Indonesia es una república con un sistema presidencial en la que, como sucede en otros lugares con regímenes similares, hay una estricta separación entre el poder ejecutivo, que está en manos del presidente, y el poder legislativo, que ostenta el Parlamento. La legitimidad popular se decide mediante elecciones que se celebran cada cinco años, primero legislativas y, tres meses después, presidenciales.

El presidente, como titular del poder ejecutivo, es el encargado de formar Gobierno. El Parlamento es la Asamblea Consultiva Popular (la MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat) y está formado por dos cámaras, el Consejo de Representantes del Pueblo (el DPR, Dewan Perwakilan Rakyat) y el Consejo de Representantes de las Regiones (el DPD, Dewan Perwakilan Daerah).

La actual configuración del sistema presidencial indonesio es el resultado de una larga evolución que empezó con la proclamación de independencia del país. Para alcanzar la separación y el equilibrio de los poderes del Estado del presente, han sido necesarios muchos años de lucha y reivindicación política para superar largas etapas en las que el presidencialismo indonesio se caracterizaba por un marcado autoritarismo y por una concentración de poder casi absoluta en manos del presidente.

Primero con el presidente Sukarno, de 1945 a 1967, y luego con Suharto –el presidente del Nuevo Orden–, de 1967 a 1998, la dinámica del presidencialismo en Indonesia fue un ejemplo claro de absolutismo en el poder (Linz, 1994; Valenzuela, 1994). Pero la democracia multipartidista que se ha llevado adelante desde la reforma de 1998 sirve para demostrarnos que el sistema presidencial no es incompatible con el desarrollo de la democracia (Cheibub, 2002, 2006) y que se puede combinar perfectamente con un sistema multipartidista (Mainwaring, 1993). El presidencialismo en Indonesia es, en definitiva, un apasionante tema de estudio, tanto por los vericuetos de su desarrollo como por la personalidad de los protagonistas de su práctica política.

Este texto tiene como objetivo proporcionar la información básica para conocer las normas y prácticas constitucionales del sistema presidencial de Indonesia, y está destinado a aquellos lectores interesados en conocer el sistema político y de gobierno de este país.

Se realizará una presentación del sistema presidencial en Indonesia, primero en los tiempos de la democracia guiada, después en la era del Nuevo Orden y, finalmente, tras el proceso de democratización que se ha llevado a cabo a partir de 1998. Cabe señalar, sin embargo, que la mayor parte de estas normas y prácticas constitucionales del presidencialismo indonesio son posteriores a 1998, por lo que el período de la democracia guiada y el del Nuevo Orden se presentan brevemente con el fin de mostrar cuál ha sido la evolución del sistema presidencial hasta llegar a su versión actual.

En este trabajo se presentan tres temas principales. En primer lugar, se muestra el camino desde el presidencialismo absoluto hasta la democracia. En segundo lugar, se explica el proceso de elección del presidente, cómo se desarrolla una elección presidencial y qué determina su legitimidad, especialmente en la etapa de la democratización. Y en tercer lugar, se estudia el ámbito de los límites del poder, detallando los mecanismos que existen para controlar los poderes del presidente.

B-2. La lucha del presidencialismo: del autoritarismo a la democracia

En la historia del sistema político y de gobierno de Indonesia, el presidencialismo presenta un lado oscuro personalizado en las figuras de los dos presidentes que gobernaron el país antes de la reforma democrática de 1998: Sukarno (1945-1967) y Suharto (1967-1998). Los regímenes que implantaron son dos claros ejemplos de presidencialismo autoritario y absolutista.

Sukarno fue el primer presidente de Indonesia tras la proclamación de su independencia de los Países Bajos el 17 de agosto de 1945. Los primeros años de su mandato fueron difíciles. El gobierno holandés, que no reconocía la independencia de su ex colonia, intentó desestabilizar el régimen recurriendo tanto la violencia como la presión diplomática. Este reconocimiento y la consiguiente transferencia de la soberanía no llegaron hasta el 27 de diciembre de 1949, aunque no acabaron ahí las dificultades. La dinámica política en aquellos años convulsos estuvo marcada por las luchas habituales en un país que acaba de nacer: el debate constitucional sobre ideología básica y Estado, la búsqueda del sistema territorial más idóneo (federal frente a unitario) y la determinación del mejor sistema de gobierno. En cuanto a esto último, en ese año 1949 se optó por un sistema parlamentario de tintes democráticos que, mientras estuvo vigente, se caracterizó por una dinámica de rotación de gabinetes (Feith, 1962).

La primera convocatoria de elecciones no tuvo lugar hasta el año 1955. En septiembre se disputaron las legislativas, en las que se eligieron a los 257 miembros del Consejo de Representantes del Pueblo (DPR) y a las que concurrieron un centenar de formaciones. Mientras que en el mes de diciembre se celebraron las elecciones a la Asamblea Constituyente, que era la que se tenía que encargar de la redacción de la nueva Constitución del país.

Estas dos convocatorias no trajeron consigo la estabilidad política. Más bien al contrario, aquella fue una etapa convulsa, con frecuentes cambios de primer ministro o de gobierno, con la redacción del texto constitucional que no avanzaba y con abundantes conflictos y rebeliones en distintas regiones del país. Ante esta situación, Sukarno decidió virar al autoritarismo y el 5 de julio de 1959 emitió un Decreto Presidencial que retiraba el poder al gobierno y se lo adjudicaba a él mismo. Para Feith (1962), el fin de este primerizo sistema parlamentario significó el declive de la democracia constitucional en Indonesia.

El mandato de Sukarno a partir de ese momento se caracteriza por una concentración del poder en manos del presidente y por el establecimiento de lo que se ha denominado «democracia guiada», con la base de una ideología marcadamente nacionalista (Vickers 2005; Legge, 1973). Así, el sistema presidencial durante este período se puede etiquetar de absolutista, si bien hay que tener en cuenta que el absolutismo no es siempre sinónimo de abuso del poder político y de corrupción financiera por parte de un individuo o un grupo.

Esta etapa tuvo, además, un marcado carácter antioccidental, que se tradujo en una llamada a la revolución política contra EE.UU. y sus aliados, a los que Sukarno consideraba fuente del neocolonialismo (Legge, 1973). Las consignas que se lanzaban durante las celebraciones del Día de la Independencia y la política exterior de aquellos años son ejemplos claros en este sentido (Vickers, 2005). Y fue precisamente esta hostilidad hacia Occidente, por la pérdida de apoyos exteriores que conllevó, la que acabaría significando el fin de la presidencia de Sukarno.

Antes, el 30 de septiembre de 1965, tuvo lugar un oscuro intento de golpe de Estado que el Ejército atribuyó enseguida al Partido Comunista de Indonesia (PKI), que en aquellos momentos era uno de los principales apoyos del régimen de Sukarno (Montimer, 1974). El suceso, que fue seguido de una violenta campaña anticomunista, no ha sido aún del todo aclarado y aún hoy se discute sobre el grado de participación del PKI, el Ejército, el presidente Sukarno y los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses (May, 1978, Anderson; Kahin, 1982).

La intentona golpista supuso el debilitamiento definitivo del presidente Sukarno, que se vio obligado a entregar el poder al Ejército, dirigido entonces por el general Suharto. El derrocamiento de Sukarno le permitió a Suharto adquirir prestigio político y consolidarse en el poder en pocos años (Bourchier; Hadiz 1993, 2003); así, el 12 de marzo de 1967 fue proclamado presidente en funciones por la Asamblea Consultiva Popular Provisional (MPRS) y lo que significó la instauración del llamado «régimen del Nuevo Orden».

El poder del presidente durante los más de 31 años de gobierno de Suharto es ilimitado y absoluto. A partir de 1977 se celebran elecciones legislativas cada cinco años, en las que se permiten participar a tres partidos, el Golkar, el PPP y PDI-P. Pero se trata de procesos controlados y amañados en los que indefectiblemente siempre se impone el partido de Suharto, el Golkar.

A diferencia de lo que sucedió en la democracia guiada del presidente Sukarno, el absolutismo del Nuevo Orden de Suharto se construye en un marco de control y fuerte represión política. En el régimen de Suharto, todas las fuerzas políticas están bajo el control del presidente del Estado y jefe del Ejército, y se preconiza una despolitización de la sociedad del país en pos de un ideal de desarrollo social y económico (Jakcson 1978, Anderson 1983, Emmerson 1983, Elson 2001). Pero esta etapa estuvo marcada por la degeneración de la situación política, por la propagación de la corrupción y el nepotismo, así como por la comisión por parte del aparato represivo del Estado de numerosas violaciones de los derechos humanos (Vatikiotis 1994, Elson 2001). La situación se fue degradando y, tras la importante crisis financiera asiática de los años 1997 y 1998, se produjo la quiebra y el colapso del Nuevo Orden, incapaz ya de contener a los crecientes movimientos prodemocráticos.

El fin del régimen de Suharto en mayo de 1998 abre el camino a una profunda reforma del sistema presidencial para hacerlo verdaderamente democrático. Demostrado queda, por la experiencia indonesia y por la de otras naciones, que un sistema con un presidente como único jefe del ejecutivo es proclive a caer en el autoritarismo y otras prácticas antidemocráticas (Stephen; Skach, 1993; Linz, 1994; Valenzuela, 1994; Shuggart; Mainwaring, 1997). Para evitarlo, es necesario que se establezacan mecanismos fuertes de rendición de cuentas políticas y que se consiga alacanzar un equilibrio entre los diferentes poderes.

Cabe recordar que el sistema presidencialista es diferente del sistema parlamentario, en el que la población elige a los miembros de las instituciones representativas (el parlamento), quienes se encargan de escoger al titular del poder ejecutivo (Lijphart, 1999; Carey, 2005). Así, el poder ejecutivo es una consecuencia de la presencia o ausencia de apoyo parlamentario.

La reforma democrática de 1998 estableció el control y una serie de restricciones de las facultades del presidente, entre las cuales la limitación de la duración del cargo (de presidente y también de vicepresidente) a cinco años, con la posibilidad de ser reelegido en una sola ocasión, como se señala en el artículo 7 de la Constitución, segunda enmienda:

Esta limitación del mandato, que no había existido hasta entonces, fue un paso funtamental para acabar con las también hasta entonces habituales situaciones de abuso de poder.

Otra de las restricciones que se estableció en aquel momento se impone la estricta separación de los poderes ejecutivo y legislativo, ambos igualmente legitimados al ser elegidos directamente por el pueblo. En este sentido, en la Constitución se declara de forma explícita que el presidente no tendrá el poder de disolver el Parlamento (artículo 7 C, tercera enmienda: «The President may not freeze and/or dissolve the DPR»). De nuevo se produce un claro contraste respecto a las etapas anteriores, cuando la posición de las instituciones representativas era notoriamente vulnerable y podían ser manipuladas o incluso disueltas por el poder del presidente. Y es que es evidente que para poder hablar de una democracia real es necesario garantizar la independencia del Parlamento.

Otros ámbitos en los que se aplicaron frenos y contrapesos a los poderes del presidente son las relaciones exteriores, la defensa y la seguridad, las finanzas públicas, el derecho y los procedimientos judiciales. Más adelante, en el apartado «El control de los poderes del presidente», se explicarán estos aspectos con más detalle.

Otro de los objetivos del proceso de reformas demócraticas iniciado en 1998 era el de dotar de la suficiente estabilidad a los gobiernos que en adelante debían salir de las urnas. La inestabilidad, recordémoslo, había sido una constante en los gobiernos de la primera etapa del mandato de Sukarno y, de hecho, fue una de las principales causas de su deriva autoritaria. Y, además, en aquellos momentos de transición, con una democracia aún poco consolidada, la falta de estabilidad para gobernar podía povocar una involución política y que los militares se hiciesen de nuevo con el poder (Stephen; Sckach 1993; Linz, 1994). Algo parecido estuvo a punto de ocurrir durante la presidencia de Abdurrahman Wahid, elegido en las primeras elecciones de este período que se celebraron en 1999. El suyo fue un mandato débil, marcado por a división y el enfrentamiento, a veces violento, entre las distintas instituciones políticas. La caída de su gobierno en 2001 desembocó en una situación de caos que cerca estuvo de llevar el país a una nueva dictadura. Finalmente, Megawati Sukarnoputri ocupo su cargo y logró reconducir la situación.

En cualquier tipo de régimen político, la estabilidad del poder viene determinada por la fuente de legitimidad de su gobierno. En aquellos primeros momentos de reforma, Indonesia había optado por un sistema presidencialista con una fuente de legitimidad indirecta, es decir, que dependía de la correlación de las fuerzas políticas en las instituciones representativas. Así, la población elegía en las elecciones la composición del Parlamento, y eran sus miembros los que posteriormente escogían al presidente y otros cargos (Lijphart, 1999; Carey, 2005), que es lo que había sucedido en el caso de Wahid. En la práctica y en ciertos contextos políticos, el presidencialismo puede llegar a funcionar como un sistema parlamentario (Colomer; Negretto, 2005). Pero en el año 2004 se produce un cambio crucial en este sentido: se establece la elección directa del presidente por parte del pueble mediante elecciones. Así, el artículo 6 bis, tercera enmienda, de la Constitución reza: «The President and Vice- President shall be elected directly by the people».

La elección directa del presidente en Indonesia dará una legitimidad y solidez suplementarias al poder, haciendo que su figura quede más protegida de las intrigas políticas y proporcionándole estabilidad a la hora de formar gobierno. Y establecerá lo que se ha venido a llamar «un presidencialismo a medias» (Hanta Yuda, 2010). En el siguiente apartado se verá como este modelo no ha acabado totalmente con las tensiones y siguen dándose disputas entre el presidente y el DPR.

De lo anteriormente descrito, se puede concluir que, en sustancia, la reforma del sistema presidencialista en Indonesia puso el énfasis en dos aspectos: la rendición de cuentas y el control de los poderes del presidente y el fortalecimiento de la legitimidad del poder del presidente, que deriva directamente del pueblo y ya no está determinada por las instituciones representativas. Y ello con el doble objetivo de dotar de estabilidad al presidente y a su Gobierno y de evitar las prácticas autoritarias que se habían repetido a lo largo de la corta historia del país.

B-3. El nacimiento del proceso presidencial

La figura del presidente y su elección siempre ha sido un tema central en la política contemporánea de Indonesia, algo del todo lógico en un país en el que dicha figura cuenta con amplias cuotas de poder como jefe de Estado y jefe de Gobierno. Como ya se ha explicado, con anterioridad a 2004 tanto el presidente como el vicepresidente eran elegidos por los miembros de un Parlamento que, además de representantes electos, reservaba cierto número de escaños al estamento militar. En este apartado se describirá el desarrollo del sistema presidencial después de la reforma democrática y en especial tras la adopción del sistema de elección directa en 2004, lo que incluirá el proceso de nominación, la selección y la proclamación del presidente electo.

El sistema indonesio establece que son los partidos políticos los que deben nombrar a los candidatos a la presidencia. Como se indica en la sección 6 A del artículo 2, tercera enmienda, de la Constitución:

Esta situación provoca que el proceso de nominación de un presidente tienda a ser de dominio exclusivo de los partidos políticos y no de oportunidad a que sea nombrado un candidato independiente sin partido. El peligro es que no existe ninguna garantía de que el proceso interno de los partidos sea democrático y abierto y, por lo tanto, potencialmente positivo para la sociedad. Además, esto obliga a los líderes políticos que quieren alcanzar la presidencia a fundar partidos políticos con ese único fin, como fue el caso del Partido Demócrata de Susilo Bambang Yudhoyono en las elecciones de 2004 o de Gerindra, el partido que formó Prabowo Subianto para las elecciones de 2009.

La nominación del presidente o del vicepresidente es una clara muestra del dominio que ejercen las oligarquías sobre los mecanismos internos de los partidos. La Ley nº 23 de 2003 (elecciones presidenciales de 2004) y la Ley nº 42 de 2008 (elecciones presidenciales de 2009) establecen los principios y normas democráticos que se deben seguir en la nominación de los candidatos, pero en la práctica el funcionamiento de los partidos suele ser elitista y favorece a las oligarquías. Se trata de un modelo muy diferente del de las elecciones primarias abiertas en EE.UU.

El nombramiento de candidatos para la presidencia o la vicepresidencia esta cada vez más delimitado por los términos establecidos en la Ley del Elecciones Presidenciales. De acuerdo con la Ley nº 23 de 2003, solo el partido o la coalición de partidos que obtiene al menos el 15% del total de escaños en el Parlamento o el 20% de los votos en las elecciones legislativas, podrá presentar sus candidatos a presidente y vicepresidente (artículo 5, sección 4). La Ley nº 42 de 2008 hace aún más estrictas estas exigencias al establecer que solo podrá presentar candidato el partido político o coalición que obtenga al menos el 20% de los votos del DPR o el 25% de los votos validos a nivel nacional (artículo 9).

Estos requisitos hacen casi imposible la aparición de nuevos candidatos, de modo que son siempre los mismos nombres los que se barajan en la política indonesia. En las elecciones de 2004, había cinco parejas en competencia: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) junto con Jusuf Kalla, Megawati Sukarnoputri y Hasyim Muzadi, el general Wiranto con Salahuddin Wahid, Amien Rais y Siswono Yudhohusodo y, finalmente, la pareja formada por Hamzah Haz y Agum Gumelar. Mientras que en las elecciones de 2009, las opciones disminuyeron a solo tres parejas: SBY junto a Boediono, Megawati Sukarnoputri con Prabowo Subianto y Kalla con Wiranto. El El vencedor en ambas contiendas fue Susilo Bambang Yudhoyono.

De cara a la celebración de las elecciones presidenciales de 2004, se realizó una enmienda en la Constitución que establecía que, para ser elegido presidente, el candidato necesitaba obtener más del 50% de los votos a nivel nacional, con al menos un 20% de los votos en más de la mitad de las provincias del país. Se trataba, así, de dotar a la presidencia de una doble legitimidad, popular pero también territorial. En las presidenciales de ese año, celebradas el 5 de julio, ninguno de los candidatos alcanzó estos resultados, por lo que fue necesario llevar a cabo una segunda vuelta, que se disputó el 20 de septiembre y en la que Susilo Bambang Yudhoyono, con Jusuf Kalla como vicepresidente, logró derrotar a la hasta entonces presidenta Megawati Sukarnoputri, al obtener el 60,62% de los votos. Cabe señalar el contexto de tensiones políticas que dominaron esta contienda, dado que tanto SBY como Kalla formaban parte como ministros del gobierno de la presidenta Megawati.

En la siguiente convocatoria de elecciones presidenciales, que tuvo lugar el 8 de julio 2009, la victoria fue en primera instancia para Susilo Bambang Yudhoyono, que en esta ocasión iba acompañado por su ministro de economía, Boediono, como vicepresidente, que obtuvo el 60,8% de los votos y derrotó con claridad a las parejas Megawati-Prabowo y Kalla-Wiranto. Las tensiones esta vez se dieron ente SBY y su vicepresidente, Jusuf Kalla, que se postuló para la presidencia. Se produjeron, por otro lado, diversos problemas en la gestión de las elecciones que afectaron al censo electoral y al sistema electrónico de recuento de votos. La novedad de esta convocatoria electoral fue la utilización de encuestas electorales y el recuento rápido para informar de los resultados electorales momentos después del cierre de las urnas. Tan pronto el resultado ha sido ratificado por la Comisión Electoral, se informa a la población del nuevo presidente y vicepresidente.

Tras ser elegido, el presidente toma posesión de su cargo en una ceremonia que se celebra ante la MPR. No hay ningún contacto directo entre el presidente y su pueblo, como sí sucede en otros regímenes con un sistema presidencial como los Estados Unidos, Brasil o Bolivia. Aunque en gran medida se trate de un acto simbólico, la toma de posesión del presidente electo en Indonesia es un reflejo de una actitud elitista y exclusivista.

Una vez que ya está en el ejercicio de su cargo, el presidente forma un gobierno del que es el jefe único. Del mismo modo que sucede en otros regímenes presidenciales, y según se establece en la Constitución, el poder presidencial en Indonesia es muy amplio y alcanza todos los mecanismos de funcionamiento del Estado, al menos en la teoría. Así, el presidente goza en principio de total libertad a la hora de elegir a los miembros de su gabinete, que no tienen que ser obligatoriamente miembros electos de la legislatura, sino que son escogidos en función de su competencia para cumplir las misiones que se les encomiendan. Pero en la práctica, el amplio apoyo que se requiere para ser elegido presidente le obliga a apoyarse en una coalición de partidos y a forjar delicados equilibrios de poder. La consecuencia es que el poder se comparte entre varios partidos y el presidente no es en la práctica el único mandatario (the single chief), sino el primero entre muchos (the first among the many), que es el principio que se aplica en el parlamentarismo. Esta situación pone de manifiesto la complejidad de la combinación del sistema presidencial con el sistema multipartidista (Mainwaring, 1993).

La razón de la práctica parlamentaria del presidencialismo en Indonesia no se puede separar del proceso inicial de nominación del presidente, que obliga a los partidos políticos a postular un candidato para cada coalición. Y el resultado es una figura presidencial en ocasiones debilitada. Así, por ejemplo, durante la etapa de Susilo Bambang Yudhoyono, el presidente tuvo numerosos litigios con el parlamento, que le acusaba de querer concentrar el poder. Asuntos como la investigación sobre el escándalo de rescate de Century Bank y el rechazo por parte del Parlamento de la subida del precio del combustible en los primeros días del segundo mandato del presidente SBY, son muestras claras de que, a pesar de contar con un importante respaldo popular, el presidente se veía obligado a compartir el poder con los partidos políticos.

Este reparto de poder implica a menudo, como decíamos, una debilidad del presidente en el ejercicio del poder ejecutivo. La falta de coordinación entre los distintos ministerios que se produce a menudo, las maniobras políticas llevadas a cabo por ministros de forma autónoma o los casos de corrupción, que implican a un gran número de departamentos, muestran que el presidente tiene un poder limitado por unos ministros (y viceministros) que, en teoría, no deberían ser más que meros colaboradores presidenciales.

Los ministros deben una doble lealtad al presidente y a su propio partido político. De hecho, llega a suceder que los poderes del presidente se vean eclipsados por la Secretaría Conjunta, que es el foro que reúne a los líderes de los partidos políticos que lo apoyan. Oficialmente, la Secretaría Conjunta no determina la dirección del poder, pero en la práctica participa ampliamente en su control. Así, en el contexto actual, parece claro que el presidencialismo en Indonesia todavía está en el camino de la consolidación democrática, del mismo modo que sucede en algunos países de América Latina (Mainwaring 1993; Pereira Melo, Andre, 2012).

B-4. El control de los poderes del presidente

En un sistema político democrático, cuanto mayor es el poder más estricto debería ser el control, dado que el potencial del abuso de poder también es cada vez mayor. La Constitución indonesia afirma que los poderes del presidente incluyen todos los aspectos de la política del Estado, no solo en términos de ejecución, sino también en cuanto a la planificación política. El artículo 5 de la Constitución indica que el presidente tiene derecho a presentar un proyecto de ley en la Cámara de Representantes y establecer normas para llevarlo a cabo. La aprobación de un proyecto de ley implica siempre al presidente (por lo general representado por un ministro) y al Parlamento, y en la mayoría de los casos la iniciativa ha sido tomada por el Gobierno, que es el que realiza la mayor parte del trabajo, tanto en la proposición del proyecto como en el proceso de aprobación. El Parlamento solo suele llevar la iniciativa y desplegar una mayor actividad en aquellas cuestiones que tienen una relación directa con los intereses de los partidos políticos; algunos ejemplos en este sentido son la Ley Electoral, la Ley de Partidos Políticos y la Ley relativa a los temas financieros.

Por lo demás, el presidente también tiene el poder, en su calidad de jefe de Gobierno y de jefe de Estado, en las siguientes áreas: la defensa y la seguridad del Estado (como la organización de las Fuerzas Armadas [artículo 10 de la Constitución] o la declaración del estado de emergencia [artículo 12]), las relaciones internacionales (como los acuerdos con otros países o con las organizaciones internacionales [artículo 11]), el nombramiento y la aceptación de los demás representantes del Estado (artículo 13), la ley y el poder judicial (como la concesión del indulto, la rehabilitación o la amnistía [artículo 14]), y la concesión de títulos, condecoraciones y honores (artículo 14).

En la administración de los poderes que se acaban de mencionar, el presidente está obligado a consultar con las instituciones competentes –especialmente el Parlamento y el Tribunal Supremo, en este segundo caso para los temas judiciales–, pero el control y la responsabilidad queda enteramente en manos del presidente. Estas atribuciones generan a menudo controversias. Así, el caso de la posible concesión del indulto la ciudadana australiana Schapelle Corby, condenada por tráfico de drogas, ha despertado una agria polémica en el país ya que se especula sobre un posible intercambio de favores entre el presidente y el Estado australiano. Y otro asunto que ha generado un amplio debate público ha sido la posible concesión del título de héroe nacional al difunto presidente Suharto.

La legitimidad para este amplio ejercicio de poder y gobernabilidad del presidente emana, como ya se ha explicado con anterioridad, directamente del pueblo, pero ello no obsta para que sea sometido al control del resto de las instituciones del Estado.

El primer control que ejerce la Cámara de Representantes se produce en el proceso legislativo, incluyendo las decisiones sobre las finanzas del Estado (artículo 20). El DPR tiene, de manera inherente, otros mecanismos de supervisión de la actividad del presidente: la interpelación, la investigación y el derecho de expresión (artículo 20 bis, segunda enmienda). El uso de estos derechos puede llevar al presidente incluso a un proceso de destitución. La Constitución, en su artículo 7A, tercera enmienda, estipula que el presidente y el vicepresidente solo pueden ser apartados del cargo si se descubre que han violado la ley en un acto de traición, corrupción, soborno u otros delitos graves, como la depravación moral, o si se demuestra que ya no están capacitados para ejercer como tales.

La apertura de un juicio al presidente es la última posibilidad de control que estipula la Constitución, aunque se trata de un proceso muy largo y dificultoso. Se requiere que la Cámara presente una propuesta, con un apoyo mínimo de los dos tercios de sus miembros, ante el Tribunal Constitucional (MK). Si admite la propuesta, el MK debe comprobar que los cargos que se le imputan contravienen la Constitución y debe trasladar su dictamen a la MPR, donde se deberá tomar una decisión por votación; para que se celebre un juicio contra el presidente se necesita un mínimo de las tres cuartas partes de los votos. Además, el juicio no puede superar, en total, los cuatro meses de duración. Tantas complicaciones se explican por el deseo implícito en el texto constitucional de dar al presidente la oportunidad de ejercer su autoridad con la estabilidad necesaria.

Aunque la Constitución determina que el Parlamento es el organismo que ejerce el control sobre los poderes presidenciales, en la realidad esto no sucede siempre así, ya que la separación de poderes establecida en el sistema presidencial indonesio no es respetada en algunas ocasiones. En situaciones en las que el poder político de la Cámara ha formado parte del poder ejecutivo, las tareas de control y supervisión se han visto claramente descuidadas. Por otra parte, aún son numerosos las irregularidades y los casos de corrupción que salpican a los diferentes estamentos del poder en Indonesia. La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) investiga una gran cantidad de asuntos en los que están involucrados miembros de los poderes ejecutivo y legislativo, algunos incluso de forma sistemática. La opinión pública se resiente ante este panorama, como los demuestran las encuestas, en las que la confianza de la población en los partidos políticos y en las instituciones representativas disminuye de manera alarmante, y que también muestran que los indonesisos consideran casi imposible que la Cámara pueda llegar a ejercer un control efectivo y eficaz de la labor del presidente.

La respuesta antes la situación descrita debe llegar desde la sociedad civil, del pueblo, que, con la fuerza de la protesta y de la presión social, tiene que luchar para que sus gobernantes sean más eficaces e íntegros. Tiene, en definitiva, que asumir su responsabilidad política y hacer oír su voz para alcanzar una democracia auténtica en la República de Indonesia.

B- Conclusiones

El régimen presidencial de Indonesia tiene la misma lógica que la de muchos otros sistemas del mismo tipo que existen en el mundo en la actualidad, en particular con respecto a la legitimidad de los poderes del presidente y a su relación con las instituciones representativas. Aunque, como es evidente, también tiene una serie de singularidades que lo diferencian de los que sucede en otras naciones. El carácter político de un país, que a menudo es diferente del carácter constitucional, está determinado por factores históricos, por la estructura política del sistema y por los partidos políticos de cada Estado.

En el caso de Indonesia, y por medio de un cambio constitucional, se ha pasadode un presidencialismo de carácter autocrático a un régimen aún presidencialista, pero en el que se prevén diversas restricciones al ejercicio del poder por parte del presidente. El pluralismo, tanto social como político, es una realidad muy presente en el país y ha sido un factor determinante en la formación del presidencialismo indonesio, dando como resultado la figura de un presidente que, si bien tiene abundantes atribuciones, está obligado a pensar y a trabajar de forma parlamentaria. Para poder entender el presidencialismo indonesio, por tanto, no basta con conocer solo lo que se establece en la Constitución, sino que también es necesario tener en cuenta cuál es su funcionamiento en la práctica.

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