“Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio.”
NICOLÁS MAQUIAVELO
—J. A., és possible cremar uns diners?
—Què vol dir, President?
—Tinc uns coneguts que m’han fet una consulta. Tenen molts diners a Andorra i no saben què fer amb ells, si acollir-se a l’amnistia fiscal d’en Montoro o fer-los desaparèixer… Per això et volia preguntar.
—Desaparèixer?
—Sí, sí, cremar-los…
—Ja, entenc, President. Els diners, físicament, es poden cremar, però el que no es pot cremar és la seva història, el seu rastre.
—Ah, d’acord, entesos, doncs els ho diré. És veritat. Moltes gràcies.
—Ja sap, President, qualsevol cosa, em té a la seva disposició.
—Gràcies, bon dia.1
Esta hipotética conversación de Jordi Pujol i Soley no lo es tanto. Podría tratarse, por ejemplo, de una llamada telefónica de Jordi Pujol a su asesor fiscal de cabecera. Puede no haberse producido jamás o constituir una prueba inequívoca de cuánto pesaba en la conciencia católica del ex presidente de Cataluña la posesión irregular de una cifra de dinero significativa oculta al fisco español tras las montañas del Pirineo. Una riqueza propiedad de la familia que durante 34 años, y de acuerdo con su propia confesión, no había sido regularizada ante Hacienda y sobre la que empezaban a pesar demasiadas sospechas y lastres como para complacerse de su tenencia. Le debían parecer descomunales los años en los que miró hacia otro lado y cercanos a su fin. “Más que un fraude ha cometido una estupidez”, explica un amigo suyo para radiografiar el mayor escándalo de la política catalana.
A Pujol le apretaba la suela de su zapato por los fondos propiedad de su familia que en 1990 llegaron a Andorra, a una sucursal de la Banca Reig (hoy Andbank), procedentes de otro paraíso fiscal anterior (Suiza, según todos los indicios conocidos). Existen los certificados de apertura de esas cuentas corrientes a nombre de los miembros del clan familiar, su esposa Marta y sus siete hijos. Esos documentos que aún conservan los titulares serán de capital importancia: permitirán a la familia sostener jurídicamente que han cometido un fraude fiscal, pero no un delito de blanqueo de capitales. Con el proceso judicial abierto, Pujol queda fuera de combate, KO, y el pujolismo se acerca a su fin.
Algo estaba cambiando a principios de 2013 y no sólo en la política catalana, donde el maremoto soberanista había comenzado ya. Fue en los primeros días de ese año cuando el matrimonio Pujol y sus hijos recibieron un requerimiento de información oficial sobre los bienes que poseían en el extranjero. La consulta de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) levantó sospechas en el clan. Pujol y tres de sus hijos respondieron discretamente. Él dijo no tener nada. La esposa y los otros cuatro hijos a los que se les ha detectado cuentas abiertas también dijeron no poseer bien alguno. Luego, entre prisas y miedos, regularizaron sus bienes en Andorra el 14 de julio de 2014 acuciados por las informaciones conocidas. Sin embargo, aquel aviso de 2013 se quedó en sólo un mal augurio: pasaron seis meses en los que Hacienda no dijo nada, en consecuencia la diligencia inspectora decayó, quedó sin efecto. El Fisco procrastinó: había puesto la caña, pero no había querido pescar. “Fue pura dejadez de Hacienda”, explica un experto tributario consultado sobre qué camino siguen ese tipo de trámites. La tranquilidad regresó al grupo de los Pujol. Al menos, temporal y formalmente.
Unos meses antes, el Ministerio de Hacienda había promovido una gran amnistía fiscal (de junio a noviembre de 2012) para recuperar dinero furtivo de españoles depositado en el extranjero y oculto a la tributación del país. El dilema acechaba al clan. Pujol no quiso acogerse. Con aquella negativa ignoró incluso las consecuencias tributarias que tenía saltarse la ventana de oportunidad abierta por la Agencia Tributaria2. Le podía costar más de lo que acumulaba. Fuera por dejación pura o por actitud superlativa, en ningún momento quiso poner su nombre como contribuyente a disposición del ministro Cristóbal Montoro, uno de los pocos españoles que conoce la lista de los ciudadanos que regularizaron sus fondos ocultos antes de que acabara el plazo. Era darle un inmenso poder a un PP con el que sus correligionarios de CiU andaban enfrascados en pleno proceso de fogosidad soberanista. El riesgo de utilización política hacía inviable la que parecía la última regularización posible de su vida. De ahí que en algún instante de debilidad y tormento interior llegase a plantearse a principios de 2013 incluso la estrafalaria posibilidad de destruir físicamente los fondos que poseía. Quemar el dinero, como le recordó su asesor fiscal, no destruía ni su origen, ni su rastro, ni su historia. Y, menos aún, su capacidad de detonar políticamente, como al final sucedió.
Cuando el 3 de septiembre Montoro dijo en el Congreso que Hacienda estaba investigando al clan Pujol, y que gracias a eso el patriarca había confesado ante la opinión pública explicaba una verdad a medias. La Agencia Tributaria había amagado, pero por desidia de los responsables de inspección o por instrucciones políticas su primer conato quedó en nada. En un susto, si acaso. Las razones de la confesión del patriarca del clan, por tanto, se hallan en otros lugares diferentes a los secretos que alberga la sede del Ministerio de Hacienda.
La primera de las motivaciones por la que el padre de la saga decide dar un paso al frente se remonta a muchos meses atrás. Sus posiciones políticas, que han avalado el proceso soberanista auspiciado por Artur Mas, no gustan en Madrid. A la totalidad del gobierno del PP le parece que Mas ha llevado su estrategia negociadora demasiado lejos. Piensan que, como respuesta, lo que corresponde es prepararle el terreno para que se despeñe en solitario. La tendencia a la simplificación fue obvia. En la Moncloa se opina que el patriarca del clan es más que una figura política retirada: es el inspirador de un régimen y el alquimista de un estado de cosas, además del símbolo principal del nacionalismo catalán. Algunas intervenciones públicas de Pujol dándole a Mas apoyo explícito en sus aspiraciones, sus entrevistas en algún programa de televisión mostrándose independentista de nuevo cuño y el rumbo que van adquiriendo los acontecimientos tras la manifestación de la Diada de 2012 hacen temblar algunas estructuras del Estado, observadoras inactivas hasta aquel momento de un fenómeno político inquietante.
La pacificación del País Vasco y la relativa disminución de algunas amenazas terroristas islamistas habían creado un periodo más ocioso en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En la propia página web del organismo público se deja muy claro cuáles son sus funciones y objetivos: “El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es un organismo público responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones”3. En medios y entornos del nacionalismo en Cataluña se dio la voz de alarma y se llegó a sostener que el CNI había enviado a Barcelona a 200 agentes para imposibilitar el tema catalán. Las informaciones sobre un servicio secreto ni se confirman ni se desmienten, por esencia. Lo cierto es que ‘El centro’, como lo llaman sus agentes, había acelerado el paso. “Hubo más analistas dedicados al tema de Cataluña, se acentuó el interés, los informes y la búsqueda de información. Para nada son esas cifras que han circulado, pero sí hubo más efectivos. Y, sobre todo, se activaron las colaboraciones estructurales. Sólo en Cataluña, el CNI tiene a 12 agentes entre alcaldes y concejales de CiU”, revela alguien próximo en Cataluña a la inteligencia del Estado.
Quien para Pujol fue un “empresario modélico”, el hombre de negocios Javier de la Rosa, en 2011, fue contactado por la inteligencia del Estado para recabar información sobre el ex presidente catalán. Él lo conoció ampliamente en su época de esplendor empresarial e hizo todo tipo de tratos con el político. Tenía lógica que el CNI le buscase como fuente de información. De la Rosa insiste en que desde un principio se negó a colaborar si de aquello iba a derivarse un asunto político, en el que no quería interferir. A través de un abogado de Madrid, de la Rosa fue consultado sobre documentos que le presentaron para que validase. En ningún momento pudo dar fe definitiva de ninguno de ellos. Por ejemplo, de una cuenta corriente en la entidad bancaria suiza Lombard Odier que en algún momento contabilizó un saldo hipotético de 136 millones de euros (167 millones de francos suizos). Pero sí que pudo recordar a su interlocutor que él fue quien presentó al banquero suizo Thierry Lombard y a Jordi Pujol.
De la existencia de esos contactos con ánimo de buscar información, de la Rosa rindió cuentas al que consideraba que era su mejor amigo en el entorno convergente. En un encuentro que se habría producido de noche, y en un vehículo en movimiento por Barcelona, el empresario explicó a Xavier Trias, alcalde de Barcelona, que había sido objeto de preguntas y comentarios relativos a los Pujol. Tras los correspondientes agradecimientos, el alcalde habría pedido que si se producían nuevos contactos se le notificara otra vez. El indicio entra en el terreno de la suposición, pero parece obvio que Pujol y Artur Mas fueron alertados. Sobre todo el primero, a la vista de lo que sucedió después.
Por encima de la avenida Diagonal de Barcelona y enfrente de los jardines de Piscinas y Deportes, justo en la calle Dr. Fleming donde reside el empresario de la Rosa, se halla la cafetería Moroni. Ése fue el lugar en el que Pujol, a través de su secretaria, citó a su interlocutor. Corría mediados de 2011 y los Pujol ya tenían noticia de la presión sobre sus actividades. La conversación fue desagradable, mucho. De la Rosa, para asegurarse de que no habría represalias, lo confesó ante la policía de la UDEF y sigue explicándolo hoy. Pujol le dio, según su versión, una enorme bronca. Le responsabilizó de ser él quien estaba moviendo de forma proactiva la información contra él y su familia. De ser, en definitiva, el abastecedor de los datos que comenzaban a circular sobre hipotéticas fortunas ocultas y negocios inconfesables. No acabó bien el encuentro. El viejo político siguió en sus trece y amenazó, según la versión contenida en la declaración policial, a quien antes había sido su amigo del alma. Con quien había compartido, incluso, los servicios de una bruja gallega con domicilio en Andorra que el empresario traía a Barcelona regularmente para asegurarse, mediante prácticas basadas en tradiciones de los chamanes, que no existían conjuros en su contra.
“En plena discusión, el señor Pujol le espetó que ‘a partir de ese momento se sintiera controlado y vigilado, ya que él y su familia viven en Cataluña’”. Así de contundente reza el atestado policial que se elaboró el 5 de diciembre de 2011 cuando De la Rosa, que sí se siente vigilado y controlado, decidió acudir a la policía para guarecerse, con esa confesión, de un mal mayor. Antes de declarar ante la UDEF, había advertido a Trias de que los contactos seguían produciéndose. En uno de los whatsapp intercambiados, De la Rosa recibe una respuesta del alcalde que viene a decirle “no sé de qué me habla” y “no le conozco”. El empresario rememora que quien le presentó a su esposa, Mercedes Misol, fue el hoy primer edil barcelonés. El pasado julio, y una vez confesado Pujol su pecado, Trias dijo que lo mejor que podía hacer el ex presidente era “desaparecer y renunciar a todo”. Así se pronunció en los primeros días de agosto. Sólo unas semanas después, el alcalde modificó sus declaraciones y se limitó a calificar los hechos de “gravísimo error” y a reconocer la aportación política de Pujol. En caliente, la reacción fue visceral. De la Rosa le remitió un mensaje telefónico de felicitación al alcalde por su valentía. No obtuvo respuesta. En frío, los análisis se matizan.
Ante los policías de la UDEF el empresario amigo de Pujol acabó haciendo declaraciones comprometedoras para el ex presidente. Admitió que él, personalmente, había presentado a Pujol y al banquero suizo Lombard en el Palau de la Generalitat y que allí se abrieron cuentas a favor del político. Es más, dijo que las cantidades que él había entregado en metálico a Pujol procedían de comisiones por la venta del edificio de Grand Tibidabo a la Generalitat. “El propio presidente me lo pidió”, agregaba. En su relato ante los agentes policiales, De la Rosa explicó que se negó a pagar a Lluís Prenafeta, entonces mano derecha de Pujol, y que entonces fue el presidente quien le pidió el dinero directamente.
De la Rosa insiste por activa y por pasiva en que toda su aportación de información tenía la única intención de protegerse personalmente ante el rumbo que iban tomando los acontecimientos. Pujol, el patriarca del clan familiar, le había señalado como el chivato de sus cuitas. De hecho, la declaración ante la UDEF no fue ratificada a posteriori ante un juzgado madrileño. De la Rosa se negó a suscribir lo que recoge el atestado policial, aunque sí ofreció datos a la juez que estuvo en su comparecencia para que pudiera continuar la investigación. ¿Por qué no quiso ratificar los hechos que narraba? “No quise que se hiciera uso político de los datos, no tenía ningún interés en la politización del asunto”, justifica ahora.
Sin embargo, esos y otros datos acumulados y procedentes de otras fuentes e investigaciones saltaron a la palestra y de qué forma. Mas, con apenas unos meses al frente del Gobierno de la Generalitat, decide plantarse ante Rajoy, que no quiso negociar con él un pacto fiscal para Cataluña. Su reacción pasa por convocar unas elecciones autonómicas para el 25 de noviembre de 2012. Mas quería ser refrendado por los catalanes y enseñar al Gobierno del PP su disposición a tensionar la negociación política. En ese otoño de 2012 se suceden los acontecimientos. El diario El Mundo, el medio de comunicación de Madrid que más ha fiscalizado a los políticos catalanes y claramente contrario a cualquier veleidad independentista, facilita una información en la que asegura que tanto Pujol como Mas tienen cuentas en el extranjero, en Suiza concretamente. La filtración se atribuye a un apócrifo informe policial que genera toda clase de discusión política en el epicentro de la campaña electoral. La respuesta de Pujol y de Mas fue inmediata, negando la mayor. Es más, iniciando actuaciones legales (una querella criminal por injurias y calumnias que fue finalmente archivada) contra los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, autores desde El Mundo de la información de marras.
Faltaban cinco días para las elecciones cuando Pujol decidió asistir inesperadamente a un mitin de su partido en la ciudad de Granollers y tomar la iniciativa sobre el caso. “Ya desde el primer momento hay ilegalidad, filtración y mentiras y por eso presentaremos una querella”, sentenció ante un fervoroso auditorio. Con su habitual habilidad para rodearse de la escenografía nacionalista, añadió que los responsables de esos ‘ataques’ contra él, su partido y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, “saben que con pulcritud democrática y juego limpio no pueden ganar”. No contento con sus primeras palabras, y todavía investido de una cierta autoridad política, apeló a quienes les atacaban a “rectificar e ir al terreno del respeto”. Lo demás vino rodado, comparó aquella campaña electoral con lo sucedido a principios de los ochenta con el caso Banca Catalana y, sin miramientos, advirtió a los socialistas catalanes en un enorme e impropio error de tiro político: “Los que se comprometieron con esa jugada no ganaron las elecciones al Parlamento de Cataluña”.
CiU ganó las elecciones del 25N, pero perdió la friolera de 12 diputados. Se alejó así de la mayoría absoluta y se entregó a los designios de ERC para mantener su pulso con el Gobierno central. En el PP de Madrid antes se guardaba un escrupuloso respeto por el nacionalismo moderado catalán. Se había pactado con él durante toda la transición, era una calcomanía de la derecha española en materia económica. Como diferencia sólo había, en definitiva, la lengua, la singularidad del poder y el dinero de sus dirigentes. La percepción de los populares sobre sus equivalentes conservadores fue cambiando a medida que crecía el desafío soberanista. Los entornos aznaristas o esperancistas sostenían que con CiU y el caso catalán, cuanto peor, mejor. Rajoy ya había conseguido vencer la batalla de los tiempos con la hipotética intervención de la economía española y quería aplicar idéntica estrategia con este asunto. Era toda una expresión táctica: dejar hundirse a sus antiguos socios, quienes sin acabar el proyecto político pedían más dividendo de la empresa común.
En enero de 2013, ya con los resultados interiorizados, Pujol accedió a conceder una entrevista a una televisión de ámbito español. Fue en el espacio Espejo Público de Antena 3. Su intervención se basó en decir que no tenía cuentas en el extranjero. Aprovechó que el banco suizo Lombard Odier había negado la existencia de las cuentas que el informe policial señalaba. “Se puede jugar con Pujol, pero no se puede jugar con un banco suizo”, sentenció. Sobre sus hijos expresó confianza en ellos sin dar muchas más claves, pero la perla de aquella entrevista fue su referencia al órgano policial que había puesto el dedo en la llaga de sus fondos ocultos. “Todo esto de la UDEF… ¿Qué coño es eso de la UDEF? Todavía no sabemos si hubo o no borrador”.
Lo sorprendente de la defensa esgrimida por Pujol durante aquellas fechas estriba en que no tuvo la más mínima duda en cargar contra la UDEF, el diario El Mundo, los políticos que le pedían cuentas… y, sin embargo, en ningún momento negó las declaraciones que Javier de la Rosa había hecho ante la policía. Ni un minuto para desmentir los asuntos de Lombard Odier, la hipotética comisión de Grand Tibidabo, los talones del Banco de España en su americana… Algunos asesores del ex presidente catalán sostienen que la condena que llevó a De la Rosa a prisión por el caso KIO era suficiente coartada para aplicar aquel refrán de que el mejor desprecio era no hacer aprecio. Que su antiguo empresario modelo hubiera cometido algunas extravagancias propias de la desesperación de su situación legal lo desprestigiaban más que cuando, por ejemplo, De la Rosa consiguió ser exonerado del caso Hacienda por el que sí que fueron condenados algunos empresarios catalanes de renombre, como el expresidente del Barça Josep Lluís Núñez, o el abogado Juan José Folchi, los inspectores de Hacienda Huguet, Abella, Lucas… Algún periodista de la ciudad con antiguos asuntos pendientes con el financiero también ha abundado en esa tesis de descrédito. De la Rosa se había convertido en un enemigo del pujolismo y de sus satélites. No tiene amigos políticos o periodísticos en la ciudad, su voz no tenía eco. Pujol lo sabía.
El 7 de julio de 2014 el diario El Mundo que dirigía ya entonces Casimiro García Abadillo (era reciente la sustitución de Pedro J. Ramírez, uno de los periodistas más críticos con Pujol y su descendencia durante años) publica una bomba informativa de proporciones siderales. Cinco miembros de la familia Pujol habían realizado sendas transferencias de fondos desde sus cuentas en Andbank a otras abiertas en Banca Privada de Andorra (BPA). Las operaciones habían tenido lugar entre diciembre de 2010 y enero de 2011. El periódico ilustraba su exclusiva con un pantallazo de un ordenador. Aquella imagen dejaba constancia incontestable de los números de cuenta y de los titulares de las mismas. Los detalles no dejaban espacio a la contrainformación política: eran en total 3,4 millones de euros y procedían de varias entidades (Banca Mora, Andbank). Los que realizaron las operaciones eran la esposa Marta y los hijos Mireia, Marta, Pere y Oleguer. Algunos de ellos tenían sus fondos originarios en dólares, uno en yenes, mientras que otros en euros. Era obvio que habían deshecho posiciones en un lugar para cambiar4 el destino y el rastro de su patrimonio oculto. Esa maniobra ya había sido realizada con anterioridad por el resto de los miembros del clan: el hijo mayor Jordi y sus hermanos Josep y Oriol. Era San Fermín y los toros se habían desbocado por el planeta de los Pujol, había que correr.
En la sede central del clan, la vivienda familiar de la Ronda General Mitre, hubo un terremoto. Ya eran muchos días envueltos en la bandera, como en tiempos de Banca Catalana, y la presión de la información tan detallada y directa no podía ser disimulada como en ocasiones anteriores. Con la madre al frente, los Pujol admitieron interna y silenciosamente que el asunto trascendía lo soportable. A todo esto, dos de los hijos permanecían imputados en casos judiciales diferentes y con una retahíla de delitos posibles en su mochila. Lo primero fue una reunión urgente del clan. ¿Qué hacer? En medio de exabruptos diversos contra la prensa, España y todos los supuestos enemigos potenciales, la familia decide ponerse en manos de los expertos, amigos de la casa, y ver qué solución y consecuencias podía tener esa revelación.
En los días sucesivos se producen llamadas telefónicas y contactos de todo tipo entre ellos. Se decide que participen, de momento, quienes han sido descubiertos. El primogénito, que no sale en la información de las cuentas, y Josep y Oriol tienen otros frentes y otras preocupaciones inmediatas. Son llamados dos asesores de confianza de la familia. El abogado penalista Javier Melero y el asesor fiscal Joan Antoni Sánchez Carreté. Ambos son los encargados de evaluar profesionalmente la situación y recomendar las actuaciones urgentes que se deben aplicar. Entre el 9 y el 11 de julio, las reuniones y los contactos se suceden de manera constante. La primera conclusión es obvia, contra Marta y cuatro de sus hijos sólo hay una información publicada en prensa, pero nada más en el terreno legal. El dinero detectado es únicamente 3,4 millones de euros. En consecuencia, para evitar que el escándalo pueda pasar a otro estadio más perjudicial hay que conjurar los riesgos. Se trata de evitar que la justicia considere esa evasión como un delito fiscal. De ser así, las consecuencias penales son obvias y hasta duras. El ensañamiento y la voluntad de ejemplarizar serán obvias, presuponen todos los participantes en los encuentros.
En las primeras reuniones se aporta toda la documentación en poder de la familia, desde extractos de cuentas hasta certificados de apertura, liquidaciones de fondos de inversión, contratos de los productos financieros contratados, declaraciones de renta, patrimonio. En concreto, toda la información contable y fiscal que permitiera poner al descubierto el alcance de la situación. Melero y Sánchez Carreté coinciden de inmediato en el diagnóstico: lo más urgente es regularizar con la Agencia Tributaria por los fondos en posesión de cada uno y no declarados al Fisco. La decisión es dura para el clan: realizar las declaraciones ante Hacienda supondrá pagar, al final, una cifra superior a la que ha sido ocultada. Cada uno de los cinco afectados debe incorporar el saldo de su cuenta andorrana a la última renta. Un 43% de esa cantidad irá a parar de forma directa a las arcas del ministerio de Montoro. Otro 15% habrá de pagarse en concepto de intereses de demora por declarar fuera del plazo legal establecido y, finalmente, la sanción de Hacienda sobre la base declarada es del 150% por no haber regularizado bienes mobiliarios en el extranjero. En términos netos, equivale al 110% de lo que cada uno de los Pujol mantiene en Andorra.
La declaración complementaria se prepara con urgencia y se presenta de manera telemática ante Hacienda el 14 de julio. Marta Ferrusola lo hace a través del despacho de Sánchez Carreté. El resto de los hijos utilizan sus propios asesores fiscales. Los Pujol abonan en los días posteriores las primeras cantidades y dejan listo, mediante la apertura de unas cuentas en Banco Madrid (filial de BPA), los fondos para hacer frente a la sanción, que será comunicada por Hacienda con la liquidación definitiva. Mientras hacen eso sustituyen a Melero por dos abogados de la Ciudad Condal, el penalista Cristóbal Martell, la toga de moda de los delitos fiscales de la ciudad, y Albert Carrillo. Martell es también el abogado de su hijo Jordi, quien ya está imputado por el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional.
El primer golpe a sus finanzas no acaba aquí: durante todos los años que han sido propietarios de esa fortuna oculta, ningún miembro de la familia ha incluido tampoco esas cifras en su declaración del impuesto del patrimonio, un tributo que la Administración central cedió a las autonomías, que se ha movido como una montaña rusa (a temporadas con un tipo, a otras, con otro y, en algunos momentos, incluso fue inexistente). En este caso sólo es necesario declarar los ejercicios fiscales de 2011, 2012 y 2013. El resto está prescrito y la Agencia Tributaria Catalana, el organismo encargado de recaudar los impuestos que se administran en Cataluña, es un organismo menos fiero que la Hacienda española.
Sólo hay una buena noticia en materia tributaria para el clan descubierto y pendiente de pagar sus impuestos. Si la hipotética herencia, como luego iba a confesar el padre, data de septiembre de 1980, la fecha de la muerte del padre de Jordi Pujol, el impuesto de sucesiones que se aplica en la aceptación del legado por parte de la Generalitat ha prescrito en 1985. Éste también es un tributo de administración y control catalán, como el del patrimonio.
Melero hace las advertencias lógicas del abogado, incluso del que ha tratado con la familia en multiplicidad de ocasiones y que sigue siendo el asesor de Oriol Pujol en el caso de las ITV por el que está imputado. La ley es taxativa: pagar reduce de manera considerable una eventual condena penal. De hecho, es la táctica que están aplicando los defensores de los últimos casos de fraude fiscal descubiertos en los últimos años, como Lionel Messi, Manuel Torreblanca y Liliana Godia, el FC Barcelona… Se acepta una condena mínima por fraude fiscal que, en el peor de los casos, la mayor huella que deja consiste en que el sujeto tributario suma unos antecedentes penales a su expediente. Como dice alguno de los afectados, una verdadera “putada” si se tiene a posteriori un incidente de tráfico o algún otro menor por el que pueda ser condenado. La prisión entonces ya no espera.
En el día del patrón de España, a primera hora de la mañana empezó a circular por la ciudad de Barcelona la especie de que Pujol iba a hacer una revelación extraordinaria ese mismo día. En un pasillo del Palau de la Generalitat, Mas le dijo a un colaborador suyo esa mañana una frase premonitoria (“Pujol nos dará hoy un disgusto”) después de haber sido informado por el propio patriarca del clan. La noticia de que existía la posibilidad de una especie de acto de contrición sólo la desveló, tímidamente, Economía Digital alrededor de las 13 horas para hacer frente al runrún intenso que se había desatado. El político catalán confesó avanzada la tarde del 25 de julio, como sucede con las informaciones relevantes de las empresas (con el mercado cerrado), ante una atónita opinión pública catalana. Decía que el dinero oculto en el extranjero –y por tanto opaco a Hacienda– procedía de una herencia, al margen del testamento oficial, que su progenitor, Florenci Pujol Brugat, había legado a la mujer de su hijo, Marta Ferrusola, y a sus siete hijos. En aquella carta de pecador, Pujol relacionaba el legado oculto con las dudas que su padre siempre mantuvo sobre su vocación política y su capacidad de sostener a su prole.
Como justificación –y con esa vocación la confeccionó su autor–, la confesión tenía sentido aparente. Perdía credibilidad, en cambio, si se tenían en cuenta otras consideraciones obvias. Por ejemplo, que un hombre como Florenci Pujol, de principios del siglo XX, fuese un burgués tan moderno que era capaz de dejar una parte de su herencia a su nuera a una edad (septiembre de 1980, según la confesión) en la que Marta Ferrusola todavía era una mujer joven (45 años en aquella fecha) y que, en cambio, su heredero y protegido no tuviera una cuenta abierta a su nombre.
Las dudas sobre la verosimilitud de esa herencia se desvanecieron apenas unas horas después de que el viernes de dolores de la confesión, su cuñado y otrora estrecho colaborador Francesc Cabana y su hermana María aparecieran en la prensa escandalizados por la revelación del ex presidente. Pujol, sabedor del efecto que su relato tendría en sus familiares, los visitó la misma mañana del 25 de julio. Era el día de Santiago, patrón de España, toda una premonición. Se acercó a ellos para explicarles cuál sería la tesis de su confesión. Si existía una herencia paterna, es obvio que Maria Pujol i Soley, su hermana, debía ser conocedora de la misma y legítima beneficiaria de una parte. Más incluso, si como explicó, fue la encargada de cuidar de su madre hasta el final de sus días en una vivienda colindante con la suya. Un piso que se vendió al fallecimiento de la madre y que, tras hacer frente a alguna deuda contraída para sufragar los cuidados de la anciana, se liquidó y repartió entre los dos herederos legales.
Pujol no sólo había engañado a la opinión pública. “Que Déu t’ajudi!”5, le dijeron su hermana y su cuñado al despedirlo aquel día. Esa actuación le acercaba a otro gran personaje de la Cataluña de la corrupción: Fèlix Millet. El saqueador confeso del Palau de la Música no dudó en aprovechar la boda de uno de sus hijos para saquear a sus consuegros con unos gastos que jamás pagó. Marca de la casa. Cuando conocida la confesión el sindicato de funcionarios Manos Limpias interpone acciones judiciales contra el matrimonio Pujol arrancan también investigaciones en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona. Nadie se traga la milonga de la herencia. Tampoco Alejandro Luzón, el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. En un informe6 que remite al juzgado el 10 de septiembre aduce varias razones para poner en duda la argumentación que el padre había realizado al confesar. “Las operaciones que generan los ingresos por transferencias en las diferentes cuentas de BPA, a nombre de cada uno de los intervinientes se realizan en fechas distintas, existiendo también ingresos en efectivo”. Es decir, el dinero no estaba estático esperando a ser heredado por una compungida familia, sino que en esas cuentas llegaba también dinero en metálico. ¿Extraña coincidencia, no? El fiscal repara en ella, pero también en que esas cuentas reciben ingresos tanto en dólares, como en euros, incluso en yenes. Lógicamente, y en contra de lo que le había solicitado la magistrada encargada de la instrucción, los Pujol tampoco aportaron “documentación legal de la herencia”, algo que para el fiscal es determinante.
El origen de los fondos se antoja para la mayoría de investigadores demasiado diverso. La verdad sobre ese dinero oculto es conocida por muy pocas personas, y algunas de ellas ya han fallecido. La explicación más plausible nada tiene que ver con la tesis utilizada por Pujol cuando confiesa los últimos días de julio que su familia oculta casi cuatro millones de euros, en sendas cuentas abiertas en la oficina principal de un banco andorrano. Las sospechas de los investigadores coinciden, en todos los casos, en remontarse en el tiempo a finales de los setenta y principios de los ochenta, al Pujol banquero, no al político. El que fuera presidente de los catalanes había sido antes vicepresidente ejecutivo de Banca Catalana, una entidad financiera que durante su etapa como gestor puso al servicio de su causa política con nefastos resultados para el negocio. “Trabajé allí preparando un libro con Ernest Lluch y durante un tiempo en la misma planta del despacho de Pujol. Era increíble el tipo de gente que pasaba a diario por su despacho: escoltas, monjas, asociaciones culturales… Todos recibían fondos”, rememora Joan Pujol, secretario general de Foment del Treball, para recordar que el político nunca jugó a la construcción de un partido político, sino de un movimiento nacional que le tenía a él en el vértice superior.
Su aventura en la banca incluía, también entonces, a toda su familia. Su padre Florenci y su cuñado Francesc Cabana estaban en el epicentro de aquel grupo financiero cuyas cuentas obligaron al Banco de España a intervenir en noviembre de 1982 para solucionar el desequilibrio patrimonial detectado. La llegada del salvamento estatal se produjo después de que una información divulgada por Europa Press dijera que se preparaba una inminente suspensión de pagos. Aunque aquella noticia no llegó a producirse, el temor provocó una salida de depósitos en las horas siguientes que puso a la entidad definitivamente contra las cuerdas.
Algún informe policial redactado con brocha gorda y que circula desde principios de año por las redacciones de los medios de comunicación de Madrid y Barcelona sostiene que un poco antes de esa intervención, la familia había cerrado una operación de salvaguarda de sus intereses, sabedores que la llegada del Estado a la entidad era una de las posibilidades ciertas en aquellos momentos. Unas acciones de su propiedad, cuya tenencia estaba en manos de Fundació Catalana, fueron vendidas por los Pujol a su propio banco que las adquirió en concepto de autocartera. La cifra suponía ingresar unos 700 millones de pesetas de la época (algo más de cuatro millones de euros al cambio). Ésa es una de las tesis que se ha abierto paso en los últimos días sobre el origen de los fondos del clan en el extranjero: que poco antes de tener lugar la toma de control del Estado, la familia se vendió su patrimonio en títulos del banco para esconder una parte del dinero ahorrado en el extranjero. Sin embargo, desde el entorno de Raimon Carrasco, el que fue el último ejecutivo de Banca Catalana, el hombre que consiguió sacar a Jordi Pujol de la dirección del banco, se reitera que eso no fue así. Que ninguno de los consejeros de la última etapa realizó ninguna operación de autocartera y que, en todos los casos, lo que se produjo fue una acción de gran generosidad. Si los Pujol habían vendido, Carrasco debía saberlo porque la operación hubiera sido imposible de cerrar sin su firma. Y, sin embargo, ese extremo se niega. Los fondos de Pujol en el extranjero tampoco venían todos de su participación en Banca Catalana, todo fue mucho más sencillo.
Hubo más. Algunas fuentes financieras relatan que en aquella operación de Banca Catalana la familia se sintió herida por perder el control de su propiedad y así se lo hizo saber al nuevo propietario al que el Fondo de Garantía de Depósitos entregó la entidad: el Banco de Vizcaya. Alfredo Sáenz y José Ángel Merodio fueron los primeros presidente y consejero delegado, respectivamente, de la nueva etapa. Banca Catalana, saneada por el Fondo, seguía manteniendo operativa financiera regular con la Generalitat que presidía Jordi Pujol desde 1984. En más de una ocasión, a través de emisarios diversos, los Pujol recordaron a Pedro de Toledo, entonces factótum del Vizcaya, que el banco les había pertenecido y que su salida del mismo había sido poco menos que un atropello injustificado. Una línea de investigación policial trabaja con la hipótesis de que esas gestiones habrían sido realizadas por el entonces mano derecha del presidente, el empresario Lluís Prenafeta. Aunque las pretensiones de compensación iniciales eran de 1.000 millones de pesetas de la época (seis millones de euros), los nuevos propietarios se habrían avenido a pagar sólo la mitad en una cuenta corriente abierta fuera de España antes de su muerte, en septiembre de 1980, por Florenci Pujol. La policía considera que ésa es la conexión más evidente con la hipotética herencia a la que se refirió Jordi Pujol en su confesión.
Que sobre la familia Pujol existe tanta fabulación interesada como desconocimiento es ya hoy una obviedad. Y que su capacidad como clan para guardar secretos hasta extremos insospechados está demostrada es moneda de cambio. Con todo, no hay nadie en el mundo empresarial o político barcelonés que se haya creído la historia de la herencia paterna ni que esos fondos descubiertos en Andorra sean los únicos a disposición del grupo familiar. Una tesis extendida entre personas muy próximas a Pujol y su entorno durante los últimos años habla de su actividad como administrador de fondos empresariales de diferentes orígenes a favor del partido y las tesis políticas que defendía. “En alguna ocasión faltaban 100 millones de pesetas (600.000 euros) para pagar las nóminas de CDC. ¿Quién pagaba? El propio Pujol obtenía el dinero y sólo un minúsculo grupo de personas, todas ellas vinculadas a la finanzas del partido, sabían el origen y la procedencia de la pasta”. Es la tesis de un alto directivo barcelonés con grandes responsabilidades en Madrid y vínculos con la propia familia del ex presidente.
De ser ésa la motivación original para la acumulación de fondos en el extranjero, la duda que sigue vigente es hasta cuándo los Pujol mantienen esa actitud de albaceas de un supuesto patrimonio político al servicio de la causa. En qué momento se produce el cambio de actitud y el grupo deja de facilitar esos recursos a la causa para acumularlos en beneficio propio. O bien, un pellizco para cada uno…
El hombre a quienes todos señalan como el verdadero heredero de esas prácticas financieras es su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. Todos los indicios que existen sobre su proceder durante años le convierten en el administrador de los recursos de la familia, pero también en el hombre de hierro de las finanzas no visibles del partido que encabezaba su padre. Las dudas mayores sobre su figura se ciernen en la segunda de las funciones que parecía tener asignadas: cuánto tiempo sus negocios tenían el proyecto político como principal ocupación y en qué momento la ocupación deviene una preocupación obsesiva por atesorar un patrimonio personal siguiendo el esquema de la financiación irregular.
En la recta final de los ochenta y principios de los noventa, CiU está confortablemente instalada en el poder autonómico y tomándole el pulso a la Cataluña nacida de la transición. Pujol posee la Generalitat como plataforma personal y política y ha renunciado a hacer política en Madrid de forma directa. Aunque en sus inicios fue diputado en el Congreso de los Diputados, el presidente catalán cuenta con un escudero de primer nivel para esa función: Miquel Roca.
Durante años, el grupo parlamentario de CiU en Madrid ha sido conocido en Barcelona como “la gestoría”. Todos aquellos diputados catalanes que han pasado por él son reconocidos como gestores al servicio no sólo de los intereses regionales en la política española, sino también los hombres que son capaces de resolver los problemas y líos de cualquier empresa, lobby o grupo de presión catalán. El propio Roca, Francesc Homs, Josep Sánchez Llibre, Lluís Recoder… o el más activo de todos ellos, el propio Josep Antoni Duran Lleida.
Pujol siempre dejó hacer a sus hombres en Madrid. Lo hacía en el bien entendido de que estaban sometidos a la disciplina de Barcelona y que, en consecuencia, él era el verdadero jefe de la tribu convergente. Sin embargo, los enviados especiales a la capital del Reino parecían al cabo de los años tener la peligrosa tendencia de volar solos. Pasó con todos y cada uno de ellos, y a Pujol ese esquema siempre le supuso un problema. El mayor de todos se produjo con el abogado y padre de la Constitución Miquel Roca, un político al que Cataluña se le quedaba pequeña desde hacía demasiado tiempo. La proximidad al poder económico y político de la capital española era una influencia que costaba conjugar con la visión más regional de Pujol, que pese a sus virtudes políglotas seguía teniendo su país en el centro psicológico y espiritual de sus preocupaciones.
Pero Miquel Roca, a diferencia de otros sucesores en ese cometido, tenía una virtud especial: sus capacidades le permitían ser la voz de CiU en España a la vez que controlaba con mano de hierro el partido en todo su territorio. No era un enemigo fácil de batir para Pujol porque el abogado tenía bajo su férrea mano las agrupaciones, las finanzas y todas aquellas cuestiones que afectaban a la organización de una formación política que nació como un conglomerado de sensibilidades, como una especie de crisol de catalanistas de origen y procedencia diversa ensamblados por la voluntad de ocupar el nuevo poder nacido del estado autonómico.
Las diferencias entre Jordi Pujol y Miquel Roca son de sobras conocidas y volver sobre ellas no tiene especial sentido salvo por una cuestión: la victoria de Pujol sobre Roca supuso un cambio de planteamiento en la organización del partido de vital importancia para lo sucedido después. Las finanzas internas, la financiación ilegal que practicaban casi todas las formaciones políticas democráticas cambiaba de manos. Y fue justo a partir de aquel momento cuando emerge la figura del hijo mayor del ex presidente.
Jordi Pujol encargó a su primogénito que fuera el responsable de trasladar el mensaje a los financiadores del partido de que los fondos ahora debían tener otro recorrido. Le ayudaba Antoni Comas. “No se había solucionado un problema histórico en la política española. Se creyó que la democracia era más barata que la dictadura, y fue un error. La democracia y el sistema de partidos son más caros. Todos los partidos apelaron a sistemas paralelos de obtención de recursos para hacer frente a sus campañas y para financiar sus estructuras. Lo único que pasó entonces es que Júnior visitó a los paganos de toda la vida y les explicó que a partir de aquel momento no cobraría Roca sino él”, relata un ex alto cargo de la formación nacionalista hoy apartado de la vida política. Son confesiones en voz baja y bajo estricto compromiso de confidencialidad, lo que da buena prueba del temor que todas estas cuestiones todavía suscitan, incluso con Pujol y el pujolismo fuera de juego.
Convergència i Unió se financió durante largo tiempo por dos vías, explican sus dirigentes más proclives a analizar lo acontecido. La primera era la que tenía por origen fondos de algunas grandes fortunas catalanas que por tradición familiar o bien por intentar romper con el franquismo y su significado aportaron recursos sin buscar contrapartidas a cambio. Eran, digamos, los donativos ideológicos sin más intención que lograr el buen fin del propósito político. “Patriotas catalanes”, los llama un ex dirigente. Con la legislación española en la mano eran tan ilegales como cualquier otro, pero se distinguían por no tener un fin crematístico en sí mismo. La segunda vía, en cambio, la formaba todo un grupo de empresas y empresarios que contribuían al partido a cambio de obtener réditos en sus negocios. Comisiones, contratos, licitaciones, permisos, cambios de planeamientos urbanísticos, obtención de modificaciones legislativas… eran la motivación para aportar sus recursos. “Fue un sistema importado de Madrid –explica otro dirigente–, era el que se estaba utilizando en la capital sobre todo por el PP, aunque el PSOE había comenzado también en municipios y autonomías a ponerlo en práctica”. A finales de los ochenta había nacido de forma clara la simbiosis entre las grandes constructoras y los partidos políticos. Era sólo el principio. La gran aventura política de Roca y Florentino Pérez, la Operación Reformista, fue un fracaso absoluto en lo político, pero un éxito en cómo se diseñó la financiación: los catalanes pagaron unos cuantos años su peaje para la causa. El de la autopista A-18, que enlaza la comarca del Vallès con el Pirineo. Sus notorias curvas para una vía de circulación de esas características son, a decir de todos los que conocieron lo sucedido, una consecuencia del sobrecoste que pagó la concesionaria Ferrovial. En el precio iba la obra pura y la obra política pendiente de pago.
El año 1993 fue el momento en el que Miquel Roca dio el portazo definitivo a la política y a Jordi Pujol. El abogado se largó de CiU enrabietado. Antes de dejar del todo la actividad intentó cobrarse una personal revancha y puso algunos procedimientos oscuros del partido en conocimiento del Estado. Aquello supuso un nuevo enfrentamiento con quienes se habían quedado al frente de la organización. Al final, entre estiras y aflojas florentinos, el abogado consiguió que su nuevo bufete, sin apenas experiencia, sin ninguna cartera de clientes, se convirtiera de la noche a la mañana en el que se utilizaba desde todo tipo de organismos de la Generalitat para confeccionar dictámenes, arbitrajes, organizar sociedades públicas… Pujol tuvo que claudicar ante él y repartir con Roca una parte del negocio que podía desprenderse del ejercicio del poder.
Jordi Pujol Ferrusola se convirtió de la noche a la mañana en el nuevo hombre fuerte de las finanzas del partido. Era el designado con el mandato, la autoridad y el apellido para visitar a los paganos. “Los de la causa le hicieron menos caso, pero lo respetaban muchísimo. Aquellos que buscaban provecho se echaron en sus brazos sin ningún tipo de miramiento”, explican desde la cúpula del partido catalán. En aquella época se labró una intensa amistad con muchas personas diferentes como Carles Vilarrubí. Pero la más intensa es la relación que trabó con una de las pocas personas que en los últimos tiempos consentían en mantener relaciones con él. Ese amigo ha sido un hombre importante en el partido y en los últimos gobiernos de Mas, que le ha confiado sucesivamente las consejerías de Interior y la de Empresa y Ocupación (con Pujol lo fue de Obras Públicas). Felip Puig es uno de los políticos que todas las fuentes señalan como un alter ego del hijo del presidente. Aunque sobre él todavía no se han descargado las tormentas de las investigaciones realizadas en los últimos años, el material acumulado parece suficiente para hacer temblar su cómoda posición a decir incluso de algunos miembros de su partido político. Hoy, Puig es el hombre que domina el aparato de la organización convergente. Un hermano del consejero ha tenido negocios reiterados con el hijo del presidente. Para el sector de su partido que piensa que el único cataplasma válido es hacer borrón y cuenta nueva, Puig es un obstáculo por los vínculos que ha mantenido con el clan.
El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, un organismo dependiente del Banco de España, confeccionó un reciente informe sobre unas transferencias de fondos que consideraba de dudosa justificación. Una entidad bancaria (Catalunya Banc) las paralizó al recibirlas y no las aceptó por su extraño origen. La cantidad total ronda el millón de euros y eso ha supuesto que Jordi Puig Rodés y su hermano Oriol tengan que comparecer a primeros de octubre ante el juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona. El magistrado Miguel Ángel Tabarés deberá comprobar las declaraciones de los dos hermanos del consejero, que el Banco de España considera “incongruentes” en su informe, y seguir el rastro de ese dinero. Aunque en principio esas operaciones no parecían tener una vinculación política aparente, lo que parece obvio es que los amigos del clan de los Pujol juegan siempre al límite de la legalidad, incluso cuando hacen negocios de cualquier tenor.
Quienes han conocido de cerca al primogénito de los Pujol establecen dos etapas en su pasado como hombre de negocios que hacía uso del apellido para obtener suculentos beneficios. El primero abarcaría desde que sustituye al equipo de Roca, en 1993, y se extendería hasta 2003, cuando su padre deja la presidencia de la Generalitat. La segunda fase se prolonga desde entonces hasta nuestros días.
Como cualquier recaudador de un partido, las primeras operaciones de búsqueda de fondos tienen a la organización como destinatario único. Se trata del cumplimiento puro de la encomienda. A medida que pasan los años, y sabedor del riesgo delictivo que está corriendo, quien se encarga de obtener los fondos empieza a quedarse con una parte como una especie de cobertura para él y su familia por lo que pueda suceder. Al final del proceso, el buen recaudador utiliza la influencia y el nombre que representa para enriquecerse vilmente sin más escrúpulos. Al partido, en la práctica, le llegan las migajas del dinero obtenido.
¿Cuándo pasa eso en el caso de Jordi Pujol Ferrusola? En la primera de sus etapas como cobrador del impuesto revolucionario, el partido sigue siendo el principal beneficiario del dinero que obtiene de empresas y empresarios. Pero hay fondos que ya no pasan por las arcas de la organización. Directamente toman otros destinos en el extranjero. Sobre todo, aquellos que son obtenidos en formato de dinero negro, en billetes. Ahí nacen, según personas próximas a la familia, la verdadera fortuna oculta de los Pujol en el extranjero. Un capital que administra por mandato familiar el mayor de los hijos y del que tiene puntual información la madre y algunos de los hermanos, pero no todos ellos.
En 1989, Antoni Subirà es nombrado consejero de Industria de la Generalitat. El político era uno de los hombres de la vieja guardia pujoliana y con proximidad personal con el presidente. El nuevo consejero era un hombre leído, que había impartido clases en la universidad y en el IESE, y tenía algunas tesis interesantes sobre la necesidad de aplicar políticas industriales para revitalizar el tejido productivo catalán.
Un año después, Michael E. Porter, un académico estadounidense publica una obra que cambiará de manera sustancial los estudios que hasta la fecha se habían realizado sobre la estrategia de las empresas y sus cadenas de valor añadido. Porter acuñó el concepto de clúster, como agrupación territorial de empresas especializadas y lo que eso suponía en términos de especialización de zonas en determinadas producciones.
Subirà tuvo la visión7 de importar a una administración sin demasiadas tesis propias las teorías de Porter. Y de hacerlo mucho antes de que se fueran desarrollando y adquirieran un cierto reconocimiento en todo el mundo. Según ha confesado alguna vez, gracias a un alumno suyo tuvo la oportunidad de conocer el manuscrito del libro antes incluso de que se hubiera publicado y lo repartió entre sus directores generales de la época, entre los que se hallaba la después ministra Anna Birulés.
Pasados unos meses, el consejero decidió que Cataluña debía hacer su política industrial a partir de las teorías de los clústeres y se encargaron diferentes estudios para identificarlos y situarlos como objetivo a corto y medio plazo. El clúster del mueble de La Sènia, el de los carroceros de Arbúcies, los curtidos de Igualada, el textil y el lanero de Sabadell, los géneros de punto de Mataró, varios de turismo… en Cataluña habían diferentes territorios en los que era fácil identificar concentraciones productivas a las cuales podía ayudarse a un cierto desarrollo económico a favor de las empresas allí situadas.
Lo que estuvo concebido con un elemento político para ayudar a las compañías catalanas de sectores productivos aparentemente en fase de potencial crecimiento fue, por arte y decisión del pujolismo, un mecanismo recaudador. Algunos empresarios todavía recuerdan cómo se les ofrecía adquirir una parte del estudio elaborado bajo los criterios de Porter sobre su subsector industrial. Aquellos trabajos de perfil académico circularon por no pocos polígonos industriales y oficinas corporativas de las empresas. Lo curioso era que el primer comercial de aquel producto no era otro que el hijo mayor del entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola. El encargado de vender algunas páginas de un informe a los potenciales interesados aprovechaba su apellido, la inversión pública del departamento de Industria y unos conocimientos académicos de los que jamás dispuso. Lo explican algunos de los que le recibieron con el cartapacio-coartada debajo del brazo. Como siempre, todo legal, pero de inmoralidad manifiesta.
No obstante, la época más dulce del mayor de los Pujol en sus actividades recaudatorias con el empresariado catalán tuvo lugar entre 2000 y 2003, cuando su hermano Oriol ejerció directamente como secretario general de Industria de la Generalitat. El mayor de los hermanos no necesitaba disponer de un despacho en el Paseo de Gràcia de Barcelona junto al Palau Robert. Simplemente los suyos podían desatascar aquellos asuntos en los que andaba empleado para beneficio final del grupo familiar. Su autoridad nadie la discutía en la propia familia.
Sobre los hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola podrá establecerse cualquier sentencia negativa, pero que han tenido siempre una excelente y colaboradora relación familiar parece innegable a estas alturas. El padre pasó por la cárcel convirtiéndose en un patriota y muy joven optó por la política en vez de los negocios. Quizá lo único cierto de la confesión de Pujol eran las dudas que albergaba su padre Florenci sobre la capacidad que iba a tener en el futuro con esa profesión de sacar adelante una familia numerosa con siete hijos.
Ahí estaba, no obstante, la madre. Durante años ejerció como cabeza de familia en los aspectos más directos de la educación de los hijos y fue, a decir de sus propios amigos, la verdadera constructora del clan. Los hermanos no han dejado de ayudarse entre ellos durante su vida profesional y todos mantenían al hermano mayor durante años como la referencia paterna y el verdadero transmisor de las instrucciones de la matriarca del clan. El espíritu de Fuenteovejuna en versión catalana.
El Pujol padre jugó a la ambigüedad. A un reducido grupo de personas próximas a sus primeros gobiernos les dijo en infinidad de ocasiones que les ayudaran. “Échales una mano a mis hijos” fue una frase repetida y descarada que algunos ilustres, incluso algún ministro del PP, escuchó en alguna ocasión. No entraba en detalles, pero no tenía dudas en pedir a ese grupúsculo de empresarios u hombres de negocios que contribuyeran a colocar en el mundo profesional a su prole. “Tenía un cierto complejo de haber dejado la familia de lado e intentaba compensarlo de esa manera”, relata alguien que escuchó esa frase en no una sino varias ocasiones. No es verdad que mirara hacia otro lado, lo que hacía era ocuparse indirectamente, añade.
De ahí nacieron algunas de las primeras colaboraciones que personas como Antoni Comas, el que fuera uno de los primeros consejeros de Pujol, o el propio Lluís Prenafeta, su todopoderoso número dos durante algunos años, prestaron al mayor de todos los vástagos. No en vano, los hijos de Pujol operaron en 16 sociedades de sectores tan diferentes como el inmobiliario, la energía o el comercio de arte mientras su padre ejerció la presidencia de Cataluña. El capital social inicial de esas empresas llegó a totalizar hasta siete millones de euros de acuerdo con 37 certificaciones de diferentes registros mercantiles de España que han sido incorporados a la querella que Guanyem, Podemos e ICV presentaron ante la Audiencia Nacional bajo la inspiración del que fuera uno de los dos fiscales que investigó en los ochenta los hechos de Banca Catalana, hoy ya retirado, Carlos Jiménez Villarejo.
Luego, cuando el mensaje ya había calado entre algunas élites barcelonesas, las ayudas iban viniendo por pura decantación. Incluso eran endogámicas en muchas ocasiones. Es el caso, por ejemplo, de Josep Pujol Ferrusola, el hijo al que toda Barcelona considera más capacitado profesionalmente. Junto a un grupo de jóvenes profesionales fundó la empresa de consultoría (Javier Piera y Joan Vergés) Europraxis Consulting Holding. La compañía no era todavía un grupo consolidado, pero empezaba a despuntar por algunos de los contratos que suscribía. Algunos expertos la valoraban en 2001 en unos nueve millones de euros. No fue el azar sino el apellido de uno de sus socios principales lo que llevó a que Javier Monzón, un ejecutivo que ha sabido conjugar sus relaciones siempre como el principal activo profesional, pagara 44 millones de euros para que Indra, la empresa tecnológica que todavía hoy preside, tomara el control de la firma de la que era accionista el hijo del presidente catalán. A Hacienda no le gustó cómo se tributó esa operación y emprendió una cruzada contra los vendedores, que en la mayoría de los casos se saldó a favor de las arcas públicas.
Para Indra, la operación fue como agua de mayo. Entró en un mercado que desconocía y de repente comenzó a mejorar sus contratos con la administración pública. Indra pasó en poco tiempo de facturar 20 a 60 millones de euros y a ser una empresa prescrita como proveedora por muchos departamentos de la Generalitat. Josep Pujol Ferrusola siguió trabajando en la empresa que fundó. Con unos nueve millones de euros brutos percibidos por la venta se convirtió en uno de los consejeros de la compañía y se especializó en algunos mercados exteriores y en telecomunicaciones. Su último cometido ha sido el de responsable comercial para Europa. Un año más tarde de la venta, la empresa ya trabajaba para cualquiera que se acercara a la Generalitat con una duda empresarial. El caso más sonado, porque fue descubierto a principios de 2002, resultó el cierre de las dos plantas catalanas de la multinacional Lear Corporation. Europraxis fue la empresa que asesoró en los inicios al grupo estadounidense sobre cómo llevar a cabo la desinversión. Al frente de la secretaría general de Industria de la Generalitat estaba en aquel momento su hermano Oriol. Luego se conoció que la multinacional pasó por las dependencias del gobierno autonómico para anunciar su intención de retirarse del mercado y que alguien le aconsejó cuál iba a resultar la mejor vía para ese propósito.
Josep Pujol Ferrusola, tras el escándalo que ha salpicado a su familia, es más una rémora para Indra que un activo profesional. “En España no puede hacer nada ya”, considera un profesional vinculado a Indra. De común acuerdo con Monzón y Manel Brufau, su primer ejecutivo en Barcelona, el economista Josep Pujol Ferrusola ha decidido trasladarse a Miami. Una opción de vida en el extranjero similar a la que baraja Oriol, a quien todos sitúan en un futuro en Canadá. En una ocasión, el hijo que gozaba de la mayor admiración paterna por sus cualidades personales y profesionales se quejó amargamente de la imposibilidad que tenían los familiares de los políticos para desarrollarse personal y profesionalmente. Fue en un artículo publicado de su puño y letra en La Vanguardia. En otra ocasión, en una de las escasas entrevistas que concedió, se lamentaba asimismo de la sombra que proyectaba el padre sobre el conjunto de la prole. Era un sollozo relativo, porque casi todos los hijos han conseguido con los años unas excelentes posiciones en el mundo de los negocios. Cada uno en su actividad. Oleguer, en la transacción inmobiliaria; Pere, con la consultoría medioambiental, y Marta, como arquitecta. A ninguno de ellos parece que la última crisis les haya afectado como al resto de la sociedad. Pero tras la confesión del padre no son bien vistos en casi ninguno de los ámbitos que hasta esa fecha les rendían pleitesía. Hayan cometido algunas o muchas tropelías, empiezan a purgar penas. La parte de la familia más afligida y la que está en condiciones personales y profesionales de hacerlo ha iniciado una diáspora al menos temporal, según explican sus amigos. Antiguos amigos, se apresuran a aclarar algunos.
Llegado 2003, a Júnior se le acaba el ascendente sobre la vieja guardia del partido. En los años en los que CiU pasa a la oposición y el tripartito accede al poder autonómico, Jordi Pujol Ferrusola deja de ser ese hombre al que se le abren todas las puertas casi sin llamar. Al contrario, en el partido se inicia una nueva etapa. “Estábamos pasando penurias económicas serias, no había un duro”, confiesa uno de los dirigentes de la época. ¿Dónde estaba el dinero? Era obvio que el camino que debía recorrerse sería duro y que en la contabilidad oficial de la sede de la calle Córcega no habían fondos para afrontarlo. Artur Mas tomó las riendas de la organización sin tener todavía el visto bueno definitivo de la vieja guardia. Pujol y la sombra que proyectaba era todavía muy alargada, demasiado para hacer borrón y cuenta nueva de manera categórica. Nadie considera que el presidente catalán sea un valiente, pero el nuevo líder de la formación nacionalista adopta algunas medidas que cambiarán sus apoyos y que darán pie a una guerra sin cuartel entre nuevos y antiguos dirigentes.
“Mas le pide a Germà Gordó que saque a Jordi Pujol Ferrusola de todo aquello en lo que esté”. Júnior, como se le conocía en la organización, no tenía ningún cargo orgánico, tampoco ninguno oficial. ¿Dónde estaba, pues? Lo que narran los dirigentes de la época es que la interlocución del partido ante los ‘patriotas’ financiadores y el sistema ilegal y corrupto que funcionaba en la época estaba del todo en sus manos. “Por esa razón, explican, Gordó jamás ha sido bien visto por el entorno Pujol. No lo pueden ver. Es más, le odian profundamente”, añaden esos mismos círculos. Francesc Homs, consejero de presidencia, es quien tiene los mayores enfrentamientos con él. Que hubiera gritos entre ellos en alguna reunión no era inusual. Tampoco Joaquim Triadú, ex consejero de Pujol, había tenido una gran amistad con el hijo del patriarca. Al contrario, en todos los círculos políticos se da por hecho que su salida de la política tuvo que ver con esos desencuentros. Júnior le ganó la batalla. Ahora se dedica a su profesión. Pasó por el bufete Garrigues y hoy trabaja en lo relativo al sector público en PriceWaterhouseCooper.
De esa época en la que Gordó actúa como gerente de la organización procede su obsesión por la seguridad personal. Intenta, a toda costa, evitar las grabaciones, dejar rastro de cualquiera de sus relaciones y actuaciones y, en definitiva, se protege sobremanera. El hoy consejero de Justícia de la Generalitat tuvo el desagradable encargo de acabar con el hijo del ex presidente como hombre de las finanzas irregulares del partido. Se tuvo que encargar de manera personal de recomponer las líneas de ingresos de la organización. Cuando algunos se preguntan las razones por las que Mas y Gordó mantienen tan exquisita relación personal, los conocedores de lo sucedido razonan que el entonces gerente le hizo un servicio con un alto coste personal y que Mas no ha olvidado lo que Gordó tuvo que pasar para alejar a Júnior del partido. Eso sucede así aunque en lo político no han parado de correr hacia extremos opuestos.
¿Tanto miedo generaba el omnímodo poder del hijo del ex presidente a quienes, de forma visible, estaban en el cénit de la política catalana? “Es un psicópata –explica uno de ellos–, un auténtico pirado, un hombre con un problema psicológico ligado a su relación con el padre”. Nadie en el seno de CiU, ni sus antiguos dirigentes ni los actuales, ponen en duda que en las actuaciones del hijo del presidente haya actitudes abusivas, próximas a lo ilegal o, incluso, delictivas. Al contrario, algunos sólo se preguntan cómo pudieron sostener tanto tiempo esa situación dentro del partido. “El gran pecado de Mas siempre fue no haber matado antes a Pujol. Su relación, por más que se diga, y que incluso él diga que era su padre político, era muy, muy compleja. La sucesión lo fue. Pero antes Mas le dimitió dos veces”, explica un colaborador del actual jefe del Ejecutivo catalán. Si Duran Lleida no se hubiera equivocado en su momento hoy sería el sucesor, añaden. A Pujol le era bastante indiferente.
Con Gordó recomponiendo las finanzas de CiU y con los tradicionales financiadores, en especial los de carácter patriótico, avisados del cambio de régimen interno, a Jordi Pujol Ferrusola sólo le queda la opción de sofisticar sus actuaciones en el mundo de los negocios. Su hermano Oriol ya no tenía el mismo mando en plaza que en sus tiempos de Industria y buscaba sus propias referencias. Esa fase, que coincide en el tiempo con el gobierno del tripartito, le aproxima a algunas constructoras muy activas en obra pública catalana y a varias de las grandes firmas madrileñas que siguen siendo las más beneficiadas en la contratación con la administración catalana.
Con independencia del destino final de los fondos, y como demuestran los informes de la UDEF, Jordi Pujol Ferrusola sigue facturando por sus servicios a Copisa o a FCC, aunque su partido no gobierna ya ni manda en Cataluña. ¿Qué vendía pues? ¿Cómo conseguía el favor económico tradicional de las empresas para seguir rentabilizando su particular negocio en nombre del clan? ¿Qué servicios de asesoramiento, intermediación o consultoría vendía con una estructura próxima a cero para que pudiera girar unas facturas de tamaña cuantía? Son preguntas que los investigadores siguen formulándose y que el juez de la Audiencia Nacional parece dispuesto a desvelar minuciosamente en el proceso abierto contra él y su ex mujer.
Otro de los hijos del matrimonio Pujol Ferrusola, el que decidió aventurarse por el camino de la política, tiene algunas respuestas a esas incógnitas. Oriol Pujol pasó a convertirse en un hombre fuerte en el partido y en el Parlamento catalán. Algunas de las gestiones del hermano mayor tenían acomodo en las funciones limitadas del hermano político. En apariencia no tenían nada que ver, pero en realidad todos los hijos conocían la existencia de los fondos familiares en el extranjero y de los que el mayor de los vástagos actuaba como responsable de su administración. Un amigo de la familia y estrecho colaborador de uno de los hijos explica que el hermano mayor ejercía sobre los varones del clan una extraña supremacía. “Era –explica– el típico hermano mayor que debía haber pegado al resto cuando eran pequeños o algo así. Sólo de esa manera se entiende el respeto reverencial que le tenían familiarmente, aunque en público mostraran otras posiciones”. Lo explica así porque en 2003 era fácil que Oriol Pujol, uno más de la generación de jóvenes convergentes que habían tomado el control de la organización, el llamado pinyol, repudiara a su hermano en reuniones internas del partido. “Él mismo llegó a decir en alguna reunión que a Jordi había que sacarlo de escena”, relata uno de los participantes en aquella operación de descabezamiento del padre Pujol y de su hijo mayor. “Para nosotros era una especie de espectro fantasmagórico”, agrega otro de aquellos jóvenes cachorros de la política que encumbraron a Mas.
Existe una teoría sobre el comportamiento de Oriol Pujol en el seno de su partido que se desmontó el 25 de julio con la confesión de su padre. Hasta esa fecha, en la organización todos pensaban que la relación entre él y su hermano mayor era inexistente. Se basaban en las propias palabras de Oriol y en que el político convergente hubiera acabado enredado en prácticas de presunta corrupción con el caso de las ITV y las desinversiones de varias multinacionales en Cataluña. “Siempre creímos que se echó en manos de Sergi Alsina [el amigo personal con el que tejió una red de tráfico de influencias junto a su esposa] porque no quería depender de Júnior y tener sus propios recursos al margen. Él abominaba de sus métodos ante nosotros, pero era conocedor y beneficiario, la confesión del padre lo ha acabado demostrando”. Otros próximos al que fuera dirigente de CDC hablan de dos etapas. La que acaba con la salida del padre de la presidencia y la de los años siguientes, primero en la oposición y después de nuevo en el gobierno.
En CiU, donde siempre se apoyó al que fue su secretario general cuando fue imputado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por las ITV, se ha producido una cierta implosión interna desde el 25 de julio. A Oriol se le consideraba limpio de polvo y paja, y aunque existieran sospechas fundadas de que había llevado a cabo alguna operación para mejorar su patrimonio personal, jamás se le vio capaz de los manejos anteriores y paralelos de su hermano mayor. La primera reacción del partido tras conocerse su implicación en los hechos de las estaciones de inspección de vehículos fue atribuirlo a los ataques de las cloacas del Estado contra los líderes del proceso político soberanista catalán. El propio Oriol no dudó en esgrimirlo ante la prensa cuando fue preguntado por su implicación en el caso. La confesión de su padre de la existencia de fondos en el extranjero pertenecientes a una rocambolesca herencia acabaron por desvanecer los conectores de confianza que algunos cuadros de la formación nacionalista todavía mantenían con el que había sido su secretario general y líder del grupo parlamentario.
—¿La señora Gironés?
—¿De parte de quién?
—Xavier Salvador
—Soy yo, ¿qué desea?
—Mire, soy un periodista de El Periódico y estaba viendo unos datos del registro mercantil sobre alguna de sus empresas. Veo que usted comparte la administración con el señor Jordi Pujol Ferrusola y, si no tiene inconveniente, desearía hacerle unas preguntas sobre su actividad.
—Oiga, a este señor yo… no tengo ninguna relación con él, ninguna, ¿sabe? Además, yo no hablo con periodistas, no me dedico a la política. Por tanto, no tengo nada más que decir… … Comunicación cortada.
Fue a finales de los años noventa cuando tuvo lugar este intento de conversación telefónica. Mercè Gironés Riera, la esposa de Jordi Pujol Ferrusola, aparecía en prácticamente todas las sociedades del matrimonio como administradora. En algunos casos como solidaria, otros como mancomunada o incluso sólo ella. El domicilio social de todas ellas radicaba en el número 5 de la calle Ganduxer de Barcelona, casi enfrente del restaurante Via Veneto, los fogones de la familia Monge, y uno de los establecimientos que más negocios ha visto consumarse en los últimos años en la ciudad. Desde la zona alta de la ciudad, Gironés y Pujol Ferrusola tejieron una red de empresas instrumentales que han sido utilizadas para multiplicidad de actividades vinculadas con el marketing que el apellido Pujol tenía para generar clientes.
Que Mercè Gironés no quisiera identificarse con su esposo guarda relación con la especial vinculación que les unía en lo personal. Casados pero más en lo económico que en lo sentimental. Toda la ciudad sostenía ya en aquella época que el mayor de los Pujol no se había separado de forma oficial y que existía una especie de convivencia forzada por los intereses conjuntos y por los hijos que tienen en común. Nadie en la ciudad tiene clara cuál es la relación actual oficial, aunque es público que no existe una vida en común. Es más, todos los medios han hablado de las revelaciones de Victoria Álvarez, su amante durante dos años, pero sigue existiendo división de opiniones sobre si Gironés y Pujol siguen oficialmente casados o no. “Jordi –explica un conocido del matrimonio– era una persona de clara inestabilidad emocional. En lo psicológico era un lío. Presencié gritos entre ellos y, en ocasiones, con los hijos delante. Pasa en muchas parejas, pero lo de este hombre era especial, no estaba capacitado para sostener una relación como el matrimonio o tener una pareja estable”.
Mientras las vidas personales marcaban rumbos y vitalidades distintas (“A Júnior lo tuvieron que tratar por un tema de adicción sexual. Como Victoria Álvarez hubo trescientas antes”, confiesa otro conocido de la familia), las vidas profesionales parece que funcionaban como un reloj suizo. Casi una década después de esa llamada telefónica en la que Gironés decía no saber nada de Pujol, el padre de la esposa fue a cobrar una comisión a unos empresarios de L’Hospitalet que habían vendido unos terrenos. La intervención del suegro de Pujol Ferrusola, documentada por la policía8 con el testimonio de los dos hermanos que pagaron, se halla en el sumario contra el primogénito que instruye la Audiencia Nacional. No parece que la estructura familiar hubiera menguado, sino lo contrario: se habían unido nuevos miembros fieles al negocio.
El juez Ruz los convocó a ambos a declarar como imputados por un presunto delito de blanqueo y tráfico de capitales a la Audiencia Nacional. No lo hizo en calidad de cónyuges, sino de administradores conjuntos de una larga relación de bienes. Es de suponer, por tanto, que el matrimonio de conveniencia es algo más que una rémora del pasado. Que no se produjera la separación oficial en los tiempos en los que el padre todavía era el máximo mandatario catalán entronca con el espíritu católico de la familia. De paso evitó un escándalo entre la burguesía catalana a la que se llamaba a capítulo de forma constante. Una preocupación que no ha evitado que la policía que ha investigado las actuaciones del matrimonio llegara a la conclusión de que hasta 2010 ambos cónyuges mantenían intereses cruzados. “Su relación con su pareja sentimental Mercè Gironés Riera, de la que estaría de facto separado en los últimos años, habiendo orquestado diversos procedimientos para separar en la práctica los patrimonios confundidos en los registros públicos…”, relata el informe en poder del juez de la Audiencia Nacional encargado del caso. No es hasta abril de 2010 que la pareja parece acabar de poner sus sociedades y participaciones cruzadas en solfa. La policía ha podido atestiguarlo a partir de la compraventa de participaciones entre ambos cónyuges de la que quedaron constancia en cheques de pago cruzado (que jamás fueron compensados) y escrituras notariales registradas.
Victoria Álvarez lleva camino de convertirse en un fenómeno mediático. De sus dos años de relación sentimental con Jordi Pujol Ferrusola lleva ya más de otros dos multiplicándose en explicaciones. Salvo Belén Esteban, nunca un amorío habría dado tanto juego mediático a posteriori. Lo cierto es que la amante barcelonesa del hijo mayor del clan está en los orígenes de una buena parte de los males de la familia. De las andanzas del padre y de algunos miembros del clan existían indicios suficientes vinculados a la inteligencia del Estado. Habían ido atesorándose por diferentes vías y eran de sobras conocidas sus actividades comisionistas, entre otras razones por las confesiones, siempre en voz baja, siempre en tono de conversación en la iglesia, que algunos empresarios habían realizado al sentirse ya no beneficiados sino directamente extorsionados o perjudicados en sus negocios por esos pagos.
Pero Victoria Álvarez fue la palanca sobre la que se armó el descubrimiento de la trama. El momento era óptimo: el proceso soberanista avanzaba en Cataluña y desde el Estado siempre se pensó que desmontar el clan Pujol comportaba miméticamente la destrucción del proyecto político. Craso error. Habían dos posibilidades de reacción. La primera, el envoltorio en la bandera. Los ataques contra sus correrías eran ataques a Cataluña. Lo intentó Oriol Pujol al equiparar las acusaciones e imputaciones que pesan sobre él, pero las revelaciones siguientes hacían difícil mantener esa línea argumental de defensa. La confesión del padre el día 25 de julio dinamitó esa posibilidad: no sólo había reconocimiento de culpa, también había pérdida de legitimidad moral. La segunda de las posibilidades era que el partido que lideró, aun a riesgo de fenecer en el intento, abominara de su antiguo líder y se desvinculara de lo anterior. Así ha avanzado el caso, incluso con un partido que tiene su sede en prenda en un juzgado y sobre el que pesan acusaciones de financiación ilegal.
La amante sostiene que lo suyo no es despecho, sino negocios. Dicho de otra forma, que las revelaciones que ha hecho circular no tienen que ver con la tempestuosa relación en que se convirtió el noviazgo, sino en que en su actividad de intermediaria empresarial Jordi Pujol Ferrusola le arrebató unos clientes que ella le había presentado y, en consecuencia, se quedaba sin comisión por el negocio. Sea como fuere, Álvarez puso en marcha un ventilador que todavía gira día sí y día también. Unos mensajes SMS cruzados con el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, el popular Jorge Moragas, o la cita y posterior grabación de una comida en el restaurante La Camarga con la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, muestran a las claras que en su pretensión inicial había una voluntad destructiva innegable. Justificada o no, es otra discusión, pero con ánimo vengativo más que evidente.
Asesorada por un abogado, Álvarez inició un road show que le permitió transitar por la policía, la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) y, descubierto el asunto de La Camarga, por los medios de comunicación. En la comparecencia ante el organismo que controla el fraude en la autonomía, la novia deja algunos documentos entre los que se encuentran correos electrónicos intercambiados y mensajes de texto con aportaciones diversas. Explica los viajes de Pujol Ferrusola a Andorra con bolsas de dinero en efectivo, las llamadas de la madre Marta Ferrusola que ella escucha por la gracia del dispositivo manos libres del teléfono, los negocios en Londres… Esa documentación fue entregada9 por la institución catalana a la fiscal de la Audiencia Nacional y al propio magistrado Pablo Ruz, que ya había iniciado diligencias tras obtener diferentes informes policiales. Sus declaraciones relatando el funcionamiento del clan no dejan lugar a dudas sobre las conclusiones que extrajo de su relación con Júnior: “[La familia Pujol] funcionaba como una auténtica mafia”10.
Casi todos aquellos que han conocido personalmente a Victoria Álvarez con anterioridad a su dimensión mediática coinciden en definirla como una mujer ambiciosa, una estupenda vendedora de sí misma y una persona extremadamente interesada por los negocios. De ahí que cuando asegura que no se ha sentido bien tratada por el PP, que fue el primer receptor de las confesiones, muchos análisis coinciden en señalar que, tras el despecho, quiso poner en valor económico una información que al final será también decisiva en el caso que afecta a su antiguo novio. Sin éxito aparente, a juzgar por sus quejas públicas y por la propensión a acudir a las televisiones que ha mostrado en las últimas semanas.
Jordi Pujol Ferrusola ha mantenido durante años una trama empresarial que ha sido el soporte de sus actividades recaudatorias con apariencia de absoluta normalidad. En las sociedades de su propiedad es donde más se ha centrado la policía y el juez para esclarecer cuál era la operativa y probar los delitos que se le atribuyen. Project Managing CAT, Iniciatives Marketing i Inversions y Active Traslation son las tres firmas que según los datos obtenidos por la policía constituían el vértice del entramado. En todas ellas, con nomenclaturas en inglés o en catalán, aparece el propio Júnior y Mercè Gironés al frente. En alguna otra ocasión utilizó otras sociedades o entró y salió de alguna ya constituida tras la obtención de alguna suculenta y dudosa plusvalía.
Pero donde hay un corrupto suele haber un corruptor. Y aquí es donde la justicia y la investigación topa con mayores dificultades, porque pocos son los empresarios que han tenido relaciones con los Pujol de estas características y que luego hayan querido aclarar lo sucedido. En el transcurso de las averiguaciones realizadas por la UDEF pocos implicados han colaborado con eficacia. Quienes no lo han hecho han reconocido de manera implícita su participación en los hechos, aunque sin valor probatorio.
La empresa de Carles Sumarroca Coixet es una de las que está en el punto de mira del juez Ruz. Se trata de una compañía especializada en instalaciones eléctricas fundada por el patriarca de los Sumarroca, uno de los fundadores de CDC y amigo personal de Pujol. El empresario pertenecería al grupo de los llamados patrióticos, aquellos que han contribuido a la causa nacionalista por pura convicción. Lo hizo en los albores del partido, lo volvió a hacer en los primeros noventa cuando el padre Pujol y Lluís Prenafeta engendraron El Observador de la Actualidad, un diario sufragado a escote por empresarios vinculados en los negocios al pujolismo para desbancar a La Vanguardia del Conde de Godó y lo siguió haciendo en los años en los que el primogénito del clan Pujol parecía tener serias dificultades sobre cuáles eran las contribuciones destinadas a la causa y cuáles a su enriquecimiento personal.
Entre 2008 y 2009, la empresa Project Marketing Cat (una de las que posee el imputado) facturó a Emte 154.048 euros por unos supuestos servicios de consultoría para la implantación de la empresa en el mercado mexicano. Ante la policía no compareció el que era hombre clave en esa compañía en el momento de los hechos, Carles Sumarroca Claverol, hijo del fundador y primer ejecutivo del grupo hasta que se fusionó con Comsa, empresa de los Miarnau. El representante de Emte que declaró ante la policía no pudo aportar ninguna de las pruebas solicitadas para demostrar que la factura era real y que los trabajos girados habían existido. La UDEF fue taxativa en su informe11: “Esta instrucción policial no pretende desacreditar que el negocio tras el cual se parapeta la prestación existiera en realidad en sí mismo, siendo en este caso la implantación de Emte en México, si bien no se ha aportado dato alguno que permita la verificación de la participación en el mismo de Jordi Pujol Ferrusola, que además siquiera parece experto en esta materia”.
Quienes han realizado las investigaciones por parte de la UDEF son dos agentes policiales licenciados en Económicas. Uno de ellos incluso ha relatado a los entrevistados que fue uno de los guardaespaldas del antiguo presidente del Gobierno, José María Aznar. En las conclusiones del trabajo que han realizado por encargo del juez Pablo Ruz son categóricos al referirse a la escasa verosimilitud de la operativa de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola. En unas ocasiones se refieren a “lo espurio de las supuestas relaciones comerciales”, en otras a la “vaguedad de los conceptos de prestación de servicios…” u otras formas con las que muestran la nula credibilidad de la trama empresarial.
Quien aparece como un contribuyente a la causa menos patriótico es el empresario Josep Cornadó Mateu que, junto a Elvira Vidal Dinares, controla el grupo empresarial Copisa (su denominación anterior era Constructora Pirenaica), del sector de la construcción. En varias facturas cruzadas que han sido detectadas durante la investigación, Cornadó habría satisfecho a Pujol Ferrusola comisiones que oscilan en una horquilla de entre el 0,6% de una operación de 71,7 millones de euros por la adquisición de una promotora de un campo de golf a un 2% por la venta de unas parcelas de la localidad de L’Hospitalet. En el primer caso analizado por los investigadores, la empresa de Júnior se embolsó medio millón de euros, mientras que en el segundo, casi 400.000. Intermediaciones bien retribuidas, en cualquier caso.
La complicidad entre Cornadó y Pujol Ferrusola parece obvia cuando admite ante la policía que hacían negocios de manera regular y que la comisión casi nunca se fijaba antes de llevarse a cabo, sino con la operación consumada. Se trata de una constante también en la facturación y en el cobro de las empresas de Pujol Ferrusola, que se producen a posteriori del eventual negocio en el que habría participado. Pero ese método no es infalible, pese a su legal y comercial apariencia, porque en algunos casos se habían cometido algunos errores que la policía llegó a detectar. “Lo que carece totalmente de sentido, y entendemos incide en la falsedad de los conceptos facturados, es que se le pague a Jordi Pujol Ferrusola por conseguir para Copisa unas obras de urbanización concedidas por una sociedad en la que el grupo Copisa es accionista, estando como consejero delegado mancomunado José Corna-do Mateu”. Es obvio, como sentencia el informe policial, que en alguna ocasión la necesidad de buscar coartadas para el traspaso de los fondos no tenía presentes todas las cautelas para evitar que fuera detectada en el futuro.
Simulaciones de intermediación son la principal irregularidad detectada en la operativa de la trama, pero no las únicas. La más sorprendente es la que vivieron unos empresarios barceloneses propietarios de unas fincas en L’Hospitalet de Llobregat. Son los hermanos Laura y Enrique Cutillas, propietarios de la sociedad Focio, SL. Ambos empresarios llevaban tiempo intentando la venta de unos terrenos de su propiedad. En su relato a la policía no escatiman detalles sobre el padecimiento que hubieron de soportar hasta que lograron la venta. Sus fincas fueron declaradas inundables, precintado un terreno donde disponían de un aparcamiento de camiones, les instalaron justo al lado una planta de tratamiento de residuos y se les negó cualquier iniciativa inmobiliaria sobre sus propiedades. En ese proceso intentaron defenderse por la vía judicial mediante la interposición de varios recursos contenciosos administrativos que incluso ganaron, pero que dificultaron la venta de sus fincas. Alguien les dijo que sus problemas podían desvanecerse si vendían al Grupo Copisa.
Al final, se realizó la venta a Novensauro Inmobles, una sociedad del grupo Copisa, de Josep Cornadó. Los dos hermanos ingresaron 30 millones de euros por desprenderse de sus propiedades. La empresa de Pujol Ferrusola Iniciatives Marketing i Inversions facturó a Novensauro Inmobles 226.576 euros en concepto de intermediación en la compraventa. Los hermanos jamás vieron a Júnior ni hablaron con él ni sabían casi de su existencia. La sorpresa se produce cuando, poco después de escriturarse la venta, reciben en la sede de su empresa la visita de Ramón Gironés, el padre de Mercè y el suegro de Pujol Ferrusola. El padre político de Júnior había sido gerente de la agrupación de Sarrià-Sant Gervasi de CDC y uno de los principales conspiradores contra Miquel Roca12. En esa visita, el familiar les exige que le sea pagado un 3% del importe total de la venta por una supuesta intermediación que ellos desconocían. Los hermanos contactan con el representante de Copisa que había participado en las negociaciones y éste (Antonio Lodeiro) les dice que sí, que en efecto hubo una labor de intermediación previa. Laura y Enrique, evidentemente confundidos y asustados por las consecuencias que su actuación pudiera tener, consintieron en pagar un 1% del importe para evitar males mayores. Lo hicieron tras recibir dos facturas de igual importe (162.092 euros) emitidas por Mercè Riera Anglada y por Xavier Corominas Riera. Ambos tenían en común su apellido Riera, que coincide con el segundo de la esposa de Pujol Ferrusola. En el caso de Xavier Corominas Riera la policía lo relaciona con el PSC que, añadido al enorme poder de los socialistas catalanes en el Ayuntamiento de L’Hospitalet desde tiempos inmemoriales, introduce, por si faltaba algún argumento de suspense, más estupefacción política en el caso.
Mientras el primogénito del clan seguía acumulando vehículos de lujo a precios propios de chatarrería –una de sus pasiones, como si de un acaudalado coleccionista se tratara–, sus negocios no dejan de producir rendimientos gracias a la especial habilidad para la recalificación urbanística, la obtención de licencias imposibles o cualquier otra gestión que se ponga ante él. En algunos casos no existe ni tan siquiera la justificación administrativa, sino que el personaje exige su parte de algunas grandes operaciones en virtud de una antigua tradición y, siempre, con la causa política como tarjeta de presentación.
Uno de sus muy buenos negocios vinculados a esta filosofía es también uno de los que menos se ha hablado en los medios de comunicación por su especial carácter alambicado. Se trata de la operación realizada en Girona y con Gustavo Buesa Ibáñez, a decir de personas próximas a la familia, uno de los socios de Júnior más activos y peligrosos. Buesa fue requerido por la policía en el marco de las investigaciones realizadas por encargo del juez Ruz y fue incapaz de explicar de manera convincente las razones y la forma en la que se produjo una de las operaciones más lucrativas para el hijo de los Pujol. En síntesis, Buesa había comprado la empresa RWE en España a sus antiguos propietarios. Se trataba de una compañía que prestaba servicios de recogida de residuos urbanos y gestión de vertederos. Tras la adquisición la empresa se rebautiza GBI Serveis y cuelga accionarialmente de una sociedad matriz domiciliada en los Países Bajos. La gracia del asunto es que Jordi Pujol Ferrusola entró en el capital de esta sociedad de Buesa mediante su empresa Active Traslation. Según los documentos reunidos por la policía, en ningún momento Pujol Ferrusola cubrió de forma real los desembolsos de capital que se habían escriturado. El 21 de octubre de 2002, el consejero de Medio Ambiente de la Generalitat que preside su padre emite una resolución en la que se concede a la empresa la autorización ambiental para explotar su planta de residuos. Aunque la entrada de Júnior en el capital se eleva a público apenas una semana después, la policía ha podido acreditar en su informe que estaba previamente pactada. Buesa, sin embargo, insiste ante los agentes que no existe relación alguna entre la licencia y la entrada de Pujol.
La operación redonda se produce cuando, apenas dos años más tarde, los accionistas de esa empresa logran que FCC Medio Ambiente se quede con la sociedad común por 15,8 millones de euros. La operación se firma ante notario el 21 de diciembre de 2004. El día 10 de ese mismo mes, Pujol Ferrusola había dejado la compañía y vendido su participación al mismo precio por acción que pagó luego FCC. Sin haber desembolsado capital (Buesa lo justifica por unos supuestos créditos internos capitalizados que los agentes ponen en solfa: “Como intuimos, la actividad empresarial fue inexistente, efectuando sólo un desembolso de 42.892 euros cuando no hubo más remedio legalmente, para poder enajenar las participaciones a un tercero.”), Active Traslation logra 5,2 millones de euros. La escritura de venta la firma, por poderes, el cuñado de Pujol Ferrusola, Ramón Gironés, hermano de su esposa.
Buena parte del entorno empresarial de CiU se ha sorprendido en los últimos meses por la importante actividad que el hijo del ex presidente tenía en Cataluña. “Siempre habíamos pensado que a partir de un determinado momento sus negocios tenían más que ver con México y otros países”, aseguran. Y es cierto que Júnior compatibilizó todo lo que cayó en sus manos durante años. Por ejemplo, haciendo de eventual comisionista por supuestos proyectos en México de una empresa cotizada como Isolux Corsán, cuyo máximo accionista es Luis Delso. De las averiguaciones policiales se deriva que el miembro del clan Pujol participó de forma activa, y a través de sus tres empresas facturó, en obras públicas del grupo de sociedades de Isolux. Unas facturaciones que la empresa no ha podido acreditar con solvencia durante la investigación a qué conceptos concretos se referían y cuáles fueron los servicios prestados por el mayor de los Pujol.
En su primera comparecencia ante el juez Ruz del 15 de septiembre, tanto él como su esposa se dedican a desmontar cualquier teoría sobre sus negocios como hilo argumental de la defensa que conducen Carrillo y Martell. Reconoce sólo la posesión de 7 millones de euros en el extranjero y asegura haber tributado por ellos en España. De paso empieza a dar nombres de empresarios de Madrid que supuestamente han tenido relaciones de negocios con él a lo largo de su ya extensa carrera. Uno de los primeros nombres que pone encima de la mesa es el de Ignacio López del Hierro, esposo de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Pasaron apenas horas desde que esa información apareciera en un diario y López del Hierro emitiera un comunicado desmintiendo la información y amenazando con acciones legales. Lo que Pujol Ferrusola quería que apareciera como un reconocimiento de la diversificación de sus contactos en sectores políticos diferentes no gustó al personaje mencionado que negó haber coincidido con él en el capital de la empresa Ibadesa. Quien sí que estuvo en esa sociedad fue su accionista de control, Jordi Puig Godés, hermano del consejero y dirigente de CDC Felip Puig.
Desde hace algún tiempo, Oriol Pujol ha gozado de protección especial y secreta realizada por efectivos de la Guardia Civil. Sobre el que fuera secretario general de CDC pesan amenazas de una peligrosa trama extranjera. Hay quien relaciona esos hechos con su propensión última a relacionarse con negocios de moda y enriquecimiento fácil y a algún ánimo revanchista de un inversor extranjero descontento con sus consejos.
Antes de esos arriesgados experimentos, el político se convirtió en protagonista de conspiraciones empresariales en Cataluña que le han puesto en el ojo del huracán y que han truncado, desde la raíz, sus aspiraciones y carrera política. La trama que se ha resumido en el llamado caso de las ITV operaba en dos líneas fundamentales, tal y como se desprende del sumario que instruye la magistrada Silvia López Mejías, titular del juzgado número 9 de Barcelona. El nexo común en ambas ramificaciones son dos amigos íntimos, vecinos colindantes de segunda residencia en la localidad de Urús (La Cerdanya), que aparecen en la cúspide de todas las implicaciones derivadas de las investigaciones realizadas: el propio Oriol Pujol Ferrusola y su amigo íntimo y antiguo compañero de IESE, el empresario Sergi Alsina Jiménez. En Urús también veranean o han veraneado los ex ministros Josep Piqué y Anna Birulés, el director actual de La Vanguaria, Màrius Carol, y otros ilustres y aspirantes a señores de la burguesía barcelonesa.
Alsina es socio de la consultora Alta Partners, donde posee una posición de control. Especializada en fusiones y adquisiciones, así como en la gestión de fondos de inversión para empresas, su compañía fue fundada en 1990. Por su distinguido despacho de la Diagonal han pasado varios socios, algunos de los cuales abandonaron la compañía. Allí también prestó sus servicios como economista júnior Anna Vidal Maragall, esposa de Oriol Pujol. Según fuentes empresariales conocedoras de la historia de Alta Partners, siempre con encargos de pequeño nivel. Tenía un papel auxiliar de alguno de los socios. Fue antes de que entrara a trabajar en 2007 para el empresario de adscripción convergente Ramon Canela, propietario de la cadena de gimnasios Dir. Su suegra, Marta Ferrusola, es la presidenta de la Fundación Dir.
Junto a esta empresa y otros elementos societarios de su propiedad, Alsina se perfila como la herramienta a través de la que se realizan encargos complejos a los que les viene bien algún impulso político en busca de resultados exitosos. Ese papel, de acuerdo con las conclusiones de la policía aduanera y de la Fiscalía Anticorrupción, lo ejercía el secretario general de CDC, Oriol Pujol Ferrusola. A la vez, y a la vista de la complicidad que muestran en sus contactos y comunicaciones, fuentes judiciales del caso le señalan como testaferro personal y beneficiario parcial de los business del político.
De acuerdo con las escuchas telefónicas que figuran en las investigaciones, Alsina trabajaba para reconfigurar el mapa de estaciones ITV en Catalunya en favor de unos determinados y particulares intereses, presentes y futuros. Fruto de esas gestiones y del tráfico de influencias presuntamente ejercido, han sido imputados también en el caso Ricard Puignou, Sergi Pastor, Josep Tous e Isidre Masalles. Alsina coordinaba el grupo y era el nexo de comunicación y la correa de transmisión de información de Pujol.
Cambiar el mapa de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) y crear una nueva empresa explotadora de estaciones de inspección constituían el objetivo final. En esa sociedad que no llegó a prosperar iban a intervenir, a través de diferentes interposiciones de sociedades, diferentes empresarios barceloneses capitaneados por Xavier Pujol, consejero delegado de Ficosa. Pero no sólo ellos. En la nueva compañía especializada (Upprime Energy) también estaba prevista la entrada de Oriol Pujol, con Alsina como indirecto representante. En algunas de las conversaciones interceptadas de la trama se calculaba una rentabilidad promedio anual de casi un millón de euros por estación de ITV. La empresa no llegó a formalizarse con todos los socios previstos por el estallido del caso ante la opinión pública.
Tous tuvo un papel activo en las negociaciones sobre el nuevo mapa catalán de ITV que se pretendía configurar. Alto cargo del Govern en anteriores ocasiones, a principios de marzo de 2012 fue nombrado coordinador general de la Diputación de Barcelona, organismo controlado por CiU. Veinte días después de anunciarse su ascenso, el organismo local hubo de frenar su designación al haber sido detenido e imputado en el caso.
Las detenciones, posteriores imputaciones y el escándalo político que se desató abortaron la operación, que no llegó a consumarse. Fuentes de la defensa de Pujol han sostenido que si hubieran existido indicios delictivos siempre estarían en fase de tentativa, lo que desde la perspectiva del derecho procesal constituye un atenuante claro.
A la par que la inspección técnica de vehículos y edificaciones era una de las pretensiones de la trama, el grupo Alsina-Pujol trabajaba denodadamente en procesos de reconversión industrial y deslocalización. Curiosamente, mientras gobernaba el tripartito en Cataluña. Tres operaciones al menos están bajo el foco de la sospecha: las desinversiones de Sony, Yamaha y Sharp. Curiosa paradoja la que se producía: las multinacionales japonesas fueron atraídas para invertir en el área metropolitana de Barcelona por los gobiernos que presidió Jordi Pujol. El hijo, sin embargo, estaba también al tanto de su salida.
En todas ellas, el denominador común era su retirada productiva de Catalunya. Alta Partners intermedió en las tres operaciones en condición de consultora especializada. En el caso de Sony, que estalló en los estertores del último gobierno tripartito, se produjo el traspaso de los activos productivos y del personal de la factoría de Viladecavalls a Ficosa y una parte del centro de ingeniería al grupo Comsa-Emte. Volvían a aparecer los patrióticos Sumarroca.
La empresa auxiliar de la automoción pagó por los servicios de Alta Partners casi tres millones de euros. Poco después, Alsina abonó a Pastor una cifra cercana al millón de euros. Por esas fechas, Alsina le pide en conversación telefónica a la esposa de Pujol Ferrusola que le girara una factura de 200.000 euros más IVA. Aunque el político y su mujer defendieron en su declaración ante el juez su absoluta relación técnica con la operación, algunos indicios en poder de los investigadores apuntaban a otra cosa distinta. Un SMS de Oriol Pujol a Alsina que figura en el sumario reza así: “Sergi, mañana me tendrías que decir a dónde factura Anna las 4 facturas del trabajo hecho en noviembre y diciembre. La puedes llamar tú, por favor, y lo aclaráis. Gracias”. Sorprendía que el miembro del clan Pujol debiera encargarse de las cuestiones materiales si era su mujer la que había prestado los supuestos servicios. Al día siguiente, el directivo de Alta Partners le indica a Anna Vidal cuáles han de ser los conceptos a facturar: “Análisis, horas de reunión, conversaciones telefónicas y preparación de reuniones”.
La implicación de su esposa en el caso es una de las cuestiones que más atormenta al hijo varón más pequeño de los Pujol, de acuerdo con los amigos de la pareja. No en vano, utilizar a su mujer como vía de obtención y blanqueo de las comisiones ha supuesto un golpe para el matrimonio. Anna Vidal logró que sus ingresos aumentaran de golpe el 1.200% a la par que las multinacionales japonesas deciden dejar España.
Avima Projectes SL es una empresa de la que es propietaria y administradora la esposa del político. Anna Vidal Maragall está casada en régimen de separación de bienes con Oriol. La sociedad tributa ante Hacienda en el epígrafe del IAE de servicios financieros y contables. En 2010, Avima ingresó 27.025,60 euros. Un año más tarde, y con la misma teórica actividad, la sociedad facturó por valor de 349.044 euros, un 1.200% más.
Desde 2004, Vidal no había declarado percibir ingresos de su propia empresa hasta 2011. En ese ejercicio se asignó como persona física 15.000 euros. Desde 2007 hasta 2011 la esposa del dirigente convergente sólo declaraba ingresos procedentes de rentas del trabajo pagados por la Fundación Privada DIR, a razón de unos 30.000 euros anuales.
Tanto en 2010 como en 2011, la firma no declara ningún gasto y los dos únicos clientes de Avima Projectes son Alta Partners SL y Bersenat Consultora de Servicios SL, de acuerdo con los registros de operaciones superiores a 3.000 euros anuales (conocido por modelo 347) que obran en poder de la Agencia Tributaria y que la Delegación Especial de Hacienda en Cataluña ha aportado a la justicia en el marco de las investigaciones del llamado caso de las ITV. Ambas empresas pagadoras son propiedad de Sergi Alsina. Avima cobró 21.125 euros de Alta Partners y 5.900 euros de Bersenat en 2010. En el ejercicio siguiente, el año de las desinversiones empresariales, la empresa de Vidal facturó 278.244 euros a Alta Partners y 70.800 a Bersenat.
El responsable de Alta Partners también interviene en las operaciones de traspaso de la factoría de Yamaha a Grupo Sesé y, posteriormente, en la retirada de Sharp. Las conversaciones intervenidas muestran que el secretario general de CDC está informado de manera permanente de los tratos y gestiones que Alsina lleva a cabo. Incluso aparece el nombre de Manuel Lao, propietario de Cirsa, quien acaba quedándose con las instalaciones de Sharp en el Vallès.
Un anónimo recibido por el fiscal y que se incorporó al sumario que se está instruyendo todavía señala que Alsina habría percibido de Yamaha unos honorarios de 5,5 millones de euros por la salida del grupo japonés de España y los trámites que se desarrollaron para que eso fuera posible. Siempre según ese relato, Pujol habría participado prescribiendo los servicios de su amigo y vecino de La Cerdanya a los directivos europeos de la multinacional de las motocicletas.
La intervención de Pujol se produjo en los casos de Sharp-Cirsa y Yamaha-Sesé cuando ya se encontraban en la recta final. El 30 de mayo de 2011, en medio de la negociación con la familia Lao (propietaria de la compañía de juego Cirsa) y con su primer ejecutivo, Joaquim Agut, Alsina y Oriol tratan sobre la cuestión en la conversación telefónica que se transcribe a continuación:
(SA)13: Sí Oriol
(OP)14: ¿Sergi, qué tal?
(SA): ¿Qué hay?
(OP): Vamos haciendo… escucha a ver cosas, la cena ha ido bien, ha ido bien, sobre todo en otros temas, bien, más o menos bien, otros temas razonables entre comillas… Después le han explicado la operación, otra vez le han explicado… La planta, los trabajadores, bla, bla, bla, pero lo que ha aparecido que yo no lo sabía es un problema de impuestos… con la nave…
(SA): Si me lo han enviado ahora, sí.
(OP): Les aparece un problema que les toca pagar un millón de euros.
(SA): Sí… ¿y qué dicen?
(OP): No, que tienen este problema. Artur [Mas] no sabía qué decir y yo no le podía informar de nada porque no sabía nada.
(SA): Es que este tema no había salido.
(OP): ¿No había salido nunca?
(SA): No… salió mucho al principio, hicieron la referencia porque es un tema de una compra de una sociedad con lo cual el inmueble pesa más que el resto, más del 50% del valor de la sociedad es el inmueble, entonces esto se podía llegar a interpretar que es una compra de un inmueble y no de una sociedad, cosa que no es así porque te estas llevando personas y…
(OP): Perdón… un segundo… un segundo… [habla por otro teléfono]
(SA): Eso pasó lo mismo en el caso de Ficosa y lo que hizo Ficosa escúchame… esto no… no… Una, no hacemos la liquidación ahora del impuesto y si en algún momento la Administración lo reclama ya lo defenderemos, porque esto no es una compra de un inmueble oculto… sino es una compra de una sociedad… lo tendremos que defender… pero bueno hay un proceso que ahora no sé si puedes conseguir por parte de la administración tributaria una definición de que te digan: ‘no, no, escuchen tranquilos que eso no será así’ ¿no?
(OP): No… no… [no se entiende] a Artur se la he ocurrido enviarlos a una reunión mañana, pasado mañana, a nuestra gente de la agencia tributaria… [no se entiende] le dirán que no pueden hacer ningún papel de nada.
(SA): La agencia tributaria ahora no puede hacer ningún papel de nada porque es una ley que está recurrida a Bruselas, que acabará desapareciendo porque esto no… no se aguanta para cubrir estas transacciones…
(OP): Mientras no desaparece está vigente.
(SA): Mientras no desaparezca está vigente por lo que tú no puedes asumir es que no lo pagarás.
(OP): Más que nada…entonces lo que no sé es si está dentro de la operación o no.
(SA): Depende lo que digan, si lo que dicen ahora es que este millón de euros quieren que lo pague Sharp deberemos gestionarlo, lo que me preocupa es lo que me ha adelantado ahora Antonio Hostench es que no querían cerrar el día de firma hasta que no hayan hecho este contacto con la Administración. No, no.. es que es acojonante Oriol.
(OP): ¡Gitanos!
(SA): No, no… pero acojonante, es que yo no lo había visto nunca esto…. este Agut, conjuntamente con el otro [se refiere a Manuel Lao, propietario de Cirsa] deben ser los dos para salir corriendo ¿no?… entonces claro, digo, ¿qué coño le digo yo a Ventura Pobre [presidente de Sharp España]? me ha llamado ahora y me dice: ‘Bueno… y ahora qué… ha aparecido otra condición’, no digas nada todavía porque aún no sé bien qué quieren plantear.
(OP): La Agencia Tributaria no les dará ningún papel, eh…
(SA): No… no… seguro que no porque esta consulta ya la habíamos hecho antes con Ficosa y un… un…
(OP): ¿Les has explicado lo de Ficosa a los de Cirsa?
(SA): Eso lo explicó Tomás Fornesa que es el que hizo la gestión… con el tema de Ficosa se lo ha explicado a ellos…, digo escucha… esto se acabará ganando… lo que pasa… lo que no puedes hacer ahora es asumir que esto te lo liberen porque ahora la Administración es que no te lo puede liberar.., pueden darte una cierta visibilidad de decir, escucha….
(OP): Yo lo que intentaría sabiendo que CIRSA va a esta reunión que alguno de vosotros los acompañe… [no se entiende].
(SA): Esto es lo que yo quiero hablar con… esto le han transmitido al responsable legal de Cirsa que es el que irá a esta reunión….
(OP): Acompañarlo por la experiencia de Ficosa… acompañarlo o bien que se coloque tú o Fornesa.
(SA): Fornesa… pues lo que pasa que no me han llegado a transmitir a mí es esto. ¿Qué pasa si se dice que eso hay que pagarlo o que al menos que la ley no contempla el no pagarlo?
(OP): Pues de momento es una putada porque no se firmará el día 7 y si no se firma esta vez el japonés le enviará a la mierda, por tanto yo creo que has de extremar, que tienes que poner en rojo todas las alarmas.
(SA): Lo que pasa, ¿en qué sentido las alarmas?
(OP): Bueno, quiero decir, que bueno… que lo aceleren todo, que decidan, que te ha pedido un límite no sé.
(SA): No, no, tiene que ser el miércoles porque está claro, estos tíos…
(OP): Miércoles, sí, sí esto…
(SA): Escucha intento hablar con los dos, Hostench y Vizcaíno, la reunión ¿tú sabes si está confirmada para el miércoles?
(OP): No, ni idea, yo no lo he dicho, lo has dicho tú.
(SA): No, no… tú me has dicho que Artur Mas les había…
(OP): Para esta semana no, no… o lo antes posible pero yo no he dicho nada del miércoles no sé de dónde ha salido, yo no he dicho miércoles, yo no lo sé, no lo sé.
(SA): Bien, pues, déjame que hable con él.
(OP): Necesitamos una reunión rápida, lo más rápida posible con los de la agencia, con Lluís Franco.
(SA): Lluís Franco, bien escucha deja que hable con Tomás a ver con quién habló en su momento a ver qué se puede hacer…
(OP): Espera un segundo… que si no ahora llamaré a Lluís Franco. Me envías un SMS mañana y si no… tú muévete y mañana me recuerdas con un SMS a ver si es Franco o no es Franco.
(SA): Vale, venga…
Meses después, con el expediente de Cirsa y Sharp ya cerrado, Oriol vuelve a ayudar a su amigo y vecino de segunda residencia con la operación de venta de Yamaha a la española Sesé. El tema vuelve a ser el mismo: evitar la fiscalidad al comprador de la fábrica japonesa. Ambos cruzan dos mensajes SMS en el que vuelven a incidir sobre la cuestión y evidencian que las operaciones anteriores han sido exitosas.
29/02/2012. Sergi Alsina a Oriol Pujol: Oriol, tendríamos que organizar una reunión con Lluís Franco de la Agencia Tributaria y los asesores fiscales de Sesé para asegurar el mismo tratamiento fiscal en la operación Yamaha que la que se dio en Sony y Sharp. La otra vez fue el President quien habló con él y nos vio muy rápido. Ahora es también urgente. Se trata de hacer lo mismo (nada diferente) de lo que ya se hizo con Ficosa y Cirsa. Ya me dirás. Gracias. Sergi.
01/03/2012. Oriol Pujol a Sergi Alsina: En los dos casos hablé con Franco… puede ser después de algún otro, pero vaya… me ocupo. Oriol.
La presión del caso sobre su figura ha sido constante durante los dos últimos años. Tras las primeras investigaciones judiciales, Oriol Pujol resultó imputado por el TSJC al tratarse de un diputado que gozaba de la condición de aforado. Acto seguido, el político hizo un primer movimiento: cedió de forma temporal la secretaría general de CDC y abandonó la presidencia del grupo parlamentario de CiU en el Parlamento catalán. Justo dieciséis meses después, el 14 de julio de 2014, Oriol no tuvo otra opción que dejar todos sus cargos políticos y el escaño de diputado. Sobre él pesa una seria acusación de soborno y tráfico de influencias. La renuncia a la condición de aforado le permitirá ganar tiempo, ya que el TSJC se ha visto obligado a devolver la causa al juzgado instructor. En el tribunal que hubo de ceder el sumario le esperaba un magistrado que aterraba a Oriol y a sus defensores, el despacho de Javier Melero. Además, la vuelta atrás permitía ganar meses antes de que se produjese una sentencia definitiva sobre el caso. “Cualquier sentencia emitida temporalmente muy lejos de los hechos es más benévola”, sostiene un experto jurista. Justo 11 días después de su dimisión el padre confesó la posesión de fondos en el extranjero y su madre y cuatro de sus hermanos iniciaron el proceso de regularización del dinero detectado ante Hacienda. A él no le resultó necesario, porque esa gestión la había hecho con anterioridad y en consecuencia estaba en paces con el Fisco. Lo que le espera, no obstante, ponía fin a su carrera política, la de un gallardo diputado, hijo del todopoderoso patrón catalán. Veterinario de formación, Oriol Pujol Ferrusola jamás había trabajado al margen de la Administración pública. Por la vocación y dedicación que tuvo a la política, su futuro es el más incierto de todos los hermanos e integrantes del clan después del fallecimiento del pujolismo como fenómeno político diferencial.
Unas horas antes de que Artur Mas i Gavarró estampara su firma con todo el lucimiento y fastuosidad posible sobre el decreto de convocatoria de la consulta sobre el futuro político de Cataluña y de que la ley de consultas no refrendarias que la avala fuera publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley compareció ante el Parlamento catalán para ofrecer explicaciones sobre su confesión y el escándalo político que se había desatado a continuación.
El patriarca del clan asistió la tarde del viernes 26 de septiembre cariacontecido. Su aspecto era el tópico de un hombre de 84 años sobre el que pesan demasiadas ideas contradictorias. Sus abogados Martell y Carrillo le habían aconsejado en los días previos que no acudiera al llamamiento. Argumentaban que ya había sido condenado por la propia Cámara. No tenía nada que ganar en aquel acto. Por lo tanto sólo podía acalorarse en el transcurso de la comparecencia y ofrecer algún dato que pudiera complicar de manera negativa los procesos judiciales abiertos. Pujol prefirió ir. El pacto con sus asesores fue que sólo hablaría de lo mismo que había enunciado en su confesión de finales de julio. Que no habría ningún tipo de referencia fuera de la hipotética herencia y de su solicitud pública de perdón.
Sin embargo, bastaron unos minutos para que el patriarca del clan se mostrara políticamente en estado puro: desafiante, curtido, arrogante y, como no, paternalista. La regañina que propinó a los diputados de la Cámara catalana volvió a manifestar su visión patriarcal del régimen que él mismo había construido durante años y en el que nadie era capaz de disentir públicamente. “Yo no he sido un político corrupto”, se atrevió a sentenciar. Hubo hasta una mínima referencia elíptica a la posibilidad, como si se tratara de una velada amenaza, de que algún ventilador se pusiera en marcha perjudicando a todos. Se produjo cuando habló metafóricamente de los problemas que produciría ir cortando las ramas de los árboles: los nidos podían caer… Ni un detalle más.
Las preguntas de los diputados catalanes sobre todos los interrogantes que el pujolismo y su clan mantienen abiertos no le hicieron modificar su hilo argumental. Incluso aunque algunas fueron intervenciones muy atinadas y directas. Explicó que su padre le había dejado un dinero en Suiza oculto al fisco. Lo cifró en 140 millones de pesetas de 1980, pero depositado en dólares. El capital, según explicó, era la protección del padre a su hijo por si se veía obligado a abandonar España por razones políticas. Lo justificó con una hipotética carta que el abuelo Florenci, con quien según su propio relato mantenía una relación de cierto secretismo, habría escrito a la esposa del ex presidente: “Este dinero –escribió Florenci Pujol a Marta Ferrusola de acuerdo con una carta leída ante los diputados– es para el día en que Jordi, tú y vuestros hijos os tengáis que ir”. Una vez más, el todo por la patria, en versión catalana, volvía a aflorar en su segunda confesión.
Pujol siguió valiente dando lecciones de moral, arremetiendo contra aquellos parlamentarios que ponían el dedo en la llaga de lo sucedido. “Tener dinero en el extranjero puede ser muy criticado, pero no significa que su origen sea ilícito”, espetó con la seguridad que atesora fruto de sus muchos años de vida pública. Ése es el argumento de la defensa de Pujol: el dinero no tiene origen ilícito, no proviene del erario público y, en consecuencia, el único traspiés es haberlo ocultado durante 34 años a los ojos de Hacienda mientras, de acuerdo con su propio argumento, iba rentando hasta alcanzar los 3,4 millones de euros descubiertos. No era un dinero para vivir como un rico (Pujol recordó con suficiencia que cuando llegó a la política a los 40 años ya era un hombre rico), no. Era un dinero ‘per fer país’.15
Quizá el único detalle de su arrogante comparecencia parlamentaria que pueda servir a las investigaciones en curso se halle en la referencia que Pujol realizó al cambio de administradores de los fondos. “Amigos de mi padre cuidaron de este dinero. Yo quería quedarme al margen, y lo hice”, leyó en la decena de folios que llevaba escritos. Y añadió que, a partir de un determinado momento, el encargado de esos hipotéticos fondos heredados, el administrador familiar, pasó a ser su primogénito Jordi Pujol Ferrusola, el hombre de los negocios del clan y el nuevo protector de las finanzas y coberturas políticas. Un papel, que siguiendo el relato del propio Pujol, pasó del abuelo al nieto.
Su intento de presentarse ante la política y los políticos catalanes como un hombre alejado de mundanas preocupaciones por el dinero no lograron convencer. Sus antiguos correligionarios de CDC tuvieron un gesto mínimo, sin demasiado compromiso, para pedir en sede parlamentaria que no se procediera a un “linchamiento público” ante un tema exclusivamente personal. Fueron las únicas palabras amables que cosechó el patriarca en el Parque de la Ciutadella. Ni tan siquiera pudo evitar salir del Parlamento catalán escuchando gritos de ‘mafioso’ o eslóganes que reclamaban que Pujol fuera a la prisión coreados por el público que se había congregado a las puertas de la Cámara. Salió KO, tan noqueado como había entrado, pero sin abrir su impenetrable concha de caracol.
1. Traducción al castellano: J. A., ¿es posible quemar un dinero? / ¿Qué quiere decir, Presidente? / Tengo unos conocidos que me han hecho una consulta. Tienen mucho dinero en Andorra y no saben qué hacer con él, si acogerse a la amnistía fiscal de Montoro o hacerlos desaparecer… Por eso te quería preguntar. / ¿Desaparecer? / Sí, sí, quemarlo… / Ya, entiendo, Presidente. El dinero, físicamente, se puede quemar, pero lo que no se puede quemar es su rastro. / Ah, de acuerdo, entendido, entonces se lo explicaré. Es verdad. Muchas gracias. / Ya sabe, Presidente, cualquier cosa me tiene a su disposición. / Gracias, buenos días.
2. Extracto del artículo “Amnistía fiscal: el día después” publicado por Juan Antonio Oliveros del despacho Garrigues: “La no presentación de la declaración informativa de los bienes en el extranjero supondrá que en caso de que eventualmente la Administración Tributaria los detectase, el valor de los mismos se consideraría íntegramente ganancia de patrimonio no justificada, a menos que el contribuyente pueda acreditar que la titularidad de los bienes se corresponde con rentas declaradas. Este nuevo régimen supone un agravamiento sustancial frente al actual, en el que únicamente tiene dicha consideración la parte procedente de ejercicios no prescritos. De ahí que popularmente se haya publicitado esta medida como la ‘imprescriptibilidad de las rentas no declaradas”. (…) En términos de tributación, las ganancias no justificadas tributan en la base liquidable general de IRPF al tipo marginal, que en la actualidad tiene un máximo del 52%. Por último, la Ley 7/2012 introduce una sanción del 150% sobre la cuota liquidada, lo que implica, acumulando las tres medidas anteriores, un coste total de la regularización mayor al propio valor del patrimonio ocultado, lo que se opone al reducido coste del 10% sobre los rendimientos no declarados en los periodos no prescritos en caso de optar por la declaración tributaria especial antes del 30 de noviembre”. http://www.garrigues.com/es/publicaciones/articulos/Paginas/Amnistia-fiscal-El-diadespues.aspx
3. Art. 1 Ley 11/2002.
4. “Los importes de las transferencias recibidas en las primeras cuentas (2010) no parecen coincidir con los ingresos en las segundas, abiertas dos años después (2012)”. Informe del fiscal anticorrupción de Barcelona Alejandro Luzón. 10 de septiembre de 2014. Diligencias previas 3163/2014 Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona.
5. Traducción al castellano: ¡Qué Dios te ayude!
6. Diligencias previas nº 3163/2014 Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona.
7. Antoni Subirà: “Comenzamos en el año 90. El camino es el correcto. Hoy por hoy no hay en el mundo académico que se dedica al tema de empresa una estructura conceptual que sea mas útil que esta. Habrá seguramente en el futuro. No lo sé. El concepto de cadena de valor y el de estrategia mismo, son de los conceptos mas válidos que han salido en los últimos años, y han sido muy útiles. Yo trabajo en esto desde el año 62 y le aseguro que he visto de todo. Antes se hablaba de política de empresa y ahora se habla de otra cosa que va mas allá; la estrategia de empresa. Es decir, de cómo la empresa se plantea posicionarse. El concepto de clúster no elimina que cada empresa plantee su estrategia o que cada empresa deba analizar su cadena de valor; lo que ocurre es que si ésta es consciente de que está incluida en un clúster se planteará estos términos de otra manera. Es una buena metodología especialmente útil para los gobiernos, sobretodo para los que no tienen palancas macroeconómicas”.
http://informativos.net/entrevistas/entrevista-exclusiva-con-antoni-subira-el-cluster-genera-eficacia_40989.aspx#sthash.PDdlWkeb.dpuf
8. Diligencias Previas 141/2012-W del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de Madrid (Audiencia Nacional).
9. La ley que regula la OAC le impide proseguir investigaciones cuando existe cualquier causa judicial abierta y le obliga a colaborar en la misma. No obstante, varios medios de comunicación recogieron la información de que esos SMS circularon por los despachos de los dirigentes de CiU.
10. Entrevista en RAC1 del 2 de septiembre de 2014.
11. Diligencias Previas 141/2012-W del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de Madrid (Audiencia Nacional).
12. Así lo explica Francesc Marc Álvaro en el libro Ara sí que toca! Edicions 62, 2011.
13. Sergi Alsina.
14. Oriol Pujol.
15. En castellano: “para construir país”. En la misma comparecencia desarrolló esa idea con esta otra frase: “Tenía un proyecto: hacer país,Catalunya. A este proyecto le quise dedicar mi vida y mis recursos”.