Capítulo I

La seguridad privada

El presente apartado tiene el objetivo de introducir algunas cuestiones previas necesarias para entender la seguridad privada. Se empieza por definir el concepto mismo de «seguridad», su importancia, y explicar cómo se relaciona con la salud, el bienestar, o la calidad de vida. En segundo lugar, se explican las diferencias que existen entre lo privado, lo público, y el llamado «tercer sector». Se comentan las conexiones entre ellos y se introduce el concepto de privatización. A continuación, se hace un repaso de la evolución histórica de la seguridad privada. Para finalizar, se discuten algunas de las principales teorías sociales que tratan de dar cuenta del auge, y también del rol que cumple la seguridad privada en la sociedad.

1. Concepto de seguridad

En el lenguaje común, la noción «seguridad privada» se utiliza en sentidos distintos. Hay veces que se habla de «sector privado» de la seguridad en contraposición a la seguridad pública o la Policía. En ocasiones, «seguridad privada» hace referencia a los servicios que ofrecen las empresas del sector. En otras, se habla de la «industria de la seguridad» poniendo el acento en la producción de esos bienes y servicios. Pero, ¿qué es la «seguridad»? El término proviene del latín securitas. «Seguro» proviene de securus que en su etimología más antigua significa estar tranquilo, cuidado. En una acepción antigua, pero posterior, adopta el significado de no susceptible de desaparecer, caerse, perderse, de fallar en cualquier forma o, en general, de sufrir daño, robo o pérdida (Moliner 1989). Como se aprecia, la idea de seguridad conlleva siempre un juicio de valor previo: hay algo que se considera no deseable y que se intenta evitar. La primera lección a aprender, por lo tanto, es que se trata de un concepto relativo y que su significado varía en el espacio y en el tiempo.

Esa relatividad del concepto hace difícil una definición precisa y universal. Ocurre algo parecido con las nociones de salud, bienestar, felicidad, calidad de vida, u otras importantes para la vida de las personas. La seguridad absoluta no existe. La vida es, por definición, riesgo. La seguridad total es la muerte y la certidumbre total hace el cambio imposible. La vida requiere riesgos. En la vida real, seguridad y riesgo conviven y están íntimamente entretejidos. No siempre es fácil decir donde acaba una y empieza otro. Por ello, quizás la mejor definición de seguridad es el nivel de riego que se considera aceptable socialmente en cada momento y lugar. Otra definición, más global e idealista, son las condiciones que permiten la realización plena de todas las capacidades humanas. Como el concepto es relativo, para que resulte útil, suele vincularse a un objetivo o finalidad. Las preguntas de ¿seguridad frente a qué? y, sobre todo, ¿seguridad para qué?, son esenciales a la hora de diseñar políticas y planes de seguridad (Manunta 2000).

Partiendo de todas esas consideraciones, la seguridad tiene que ver con el objetivo de evitar o reducir daños o pérdidas potenciales (o cualquier otra consecuencia no deseada). Éstas pueden ser tanto materiales, personales, del entorno, como de derechos o libertades, entre otras. La seguridad siempre mira hacia delante. Seguridad es ausencia de incertidumbre; es mirar al futuro con confianza, sin miedo, y contando con un entorno previsible y estable. En castellano, el término «seguridad» mezcla las nociones inglesas de safety (protección y prevención de accidentes fortuitos o calamidades naturales) y security (protección y prevención de incidentes intencionados). Ésta se relaciona y se conecta con múltiples aspectos de la vida de las personas como su salud, certidumbres económicas, nivel de bienestar, justicia social, soledad, entre otros. Por ello, existen múltiples áreas como la seguridad medioambiental, industrial, laboral, ciudadana, de los alimentos, del tráfico, u otras. De esa forma, la noción entra en relación con la de «calidad de vida». Ésta última va más allá del «nivel de vida» (desarrollo), o del «estilo de vida» (consumo). Comprende cuestiones como el bienestar material, la salud física y psicológica, el acceso a la cultura, un medio ambiente sano, o la justicia social. Esas múltiples conexiones convierten a la seguridad en una cuestión sociológica compleja.

La (in)seguridad tiene tres dimensiones distintas, pero inseparables: la objetiva, la subjetiva y la tolerable (Vertzberger 1998; Sabaté 1998). La primera hace referencia al número y tipo de accidentes o incidentes que se producen. Esa es una cifra que siempre conocemos a posteriori. Es una cuestión estadística. Normalmente, esos datos preocupan a los técnicos o a los periodistas más que al ciudadano quien, generalmente, los desconoce. La (in) seguridad subjetiva es el nivel de riesgo que percibe la población. Esa percepción casi nunca coincide con el nivel objetivo. Hay riegos que, normalmente, son infravalorados y otros sobrevalorados. La inseguridad subjetiva recibe generalmente menos atención mediática y política que las estadísticas (Ruidíaz 1997). Sin embargo, es una dimensión fundamental para la prevención ya que esa percepción se vive como «real» y las personas se comportan y toman decisiones en base a esa percepción. En función de ella, las personas se protegen o no, adoptan unos hábitos u otros, adaptan su umbral de tolerancia o, incluso, deciden su voto político. Todos esos procesos están mediados por variables psicológicas y sociológicas. Es una prueba más de cómo las representaciones subjetivas tienen consecuencias reales en la vida de las personas y de las sociedades (Sabaté, Aragay y Torrelles 1999). La inseguridad tolerable es el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir. La vida misma es riesgo y siempre se asume alguno. Existe siempre un umbral de tolerancia que está condicionado tanto por factores individuales, como sociales y políticos. La población mantiene concepciones sobre qué riesgos son asumibles, y en qué medida.

Por tanto, la seguridad es un concepto tridimensional. No se puede entender plenamente la situación de la seguridad (ya sea en el tráfico, en una empresa, en un barrio, o en un país) hasta que no se analizan sus tres dimensiones. Esa complejidad hace que se pueda analizar la seguridad desde diferentes ópticas como la psicológica, sociológica, política, o cultural (ver el capítulo III). También permite plantear políticas y actuaciones de seguridad en los diferentes frentes. Por ejemplo, se puede hacer un programa educativo para mejorar la tolerancia a los inmigrantes en un barrio; la Policía puede hacer charlas a los niños de un colegio para concienciarles y prevenir accidentes de tráfico; o un ayuntamiento puede mejorar el alumbrado para disminuir la sensación de inseguridad entre los vecinos. Además, como puede intuirse, para crear seguridad pueden utilizarse múltiples estrategias y tácticas, y focalizar las actuaciones en unos aspectos u otros. Realizar buenos análisis de riesgos, priorizarlos, plantear objetivos de seguridad, decidir las estrategias idóneas, implementar actuaciones, y evaluar los resultados obtenidos son tareas complejas que requieren profesionales bien formados.

Conviene tener en cuenta, además, que la seguridad depende de otros muchos factores, a veces aparentemente alejados. Por ejemplo, en una empresa ésta depende, a menudo, de un buen mantenimiento de la maquinaria, unas instalaciones limpias y sin obstáculos, o de una señalización adecuada. De esa forma, la seguridad entra en contacto con otras actividades humanas. En nuestro ejemplo, conecta con los servicios auxiliares para las organizaciones. Ésta se integra, además, en la vida cotidiana. En este caso, en aspectos del funcionamiento rutinario de la empresa tales como la forma de organizar el trabajo, o las tecnologías que se utilizan. Un buen servicio de seguridad, por lo tanto, se integra en los procesos, no interfiere con la rutina diaria y, lejos de ser un producto estándar, se adapta al entorno.

Junto al concepto de seguridad, aparecen otros conceptos centrales. La idea de prevención, por ejemplo, es inseparable de la de seguridad. Prevenir consiste en emprender acciones para evitar que se materialice un riesgo, o bien, si se produce, intentar que el daño sea el menor posible. Se puede prevenir, por tanto, reduciendo la probabilidad de que ocurra un evento indeseado, o disminuyendo el alcance de sus daños y pérdidas. Prevención es sinónimo de eficacia y eficiencia ya que los costes de prevenir suelen ser inferiores a los de «curar». Cuando ocurre un accidente o un delito, el daño y el sufrimiento van con él. El que se aprehenda al delincuente, o que se atiendan adecuadamente a las víctimas no lo elimina. Por eso, la sociedad, en condiciones normales, tiende a demandar prevención más que represión. La mayoría de Policías suelen ser reactivas y tener poca tradición preventiva (Bayley 1994). Ello no significa que no puedan reorientarse y adoptar modelos organizativos más preventivos como el Community Policing. Reacción y prevención requieren organizaciones con estructuras y valores distintos (Torrente 2001). Buena parte de la explicación es que los sistemas penales giran en torno a la culpa y el castigo, pero no tanto a la prevención. Actuar cuando ya el incidente se ha producido, no es prevenir. Como se verá, el producto fundamental que vende la seguridad privada es la prevención (evitación de daños y pérdidas). En una gran parte, su éxito se debe a ello. Sin embargo, suele tratarse de una prevención basada en la vigilancia, la tecnología, y en la disuasión, y no tanto en atajar las causas de los problemas. Este detalle es muy importante.

La noción de «seguridad ciudadana» (seguridad-de-los-ciudadanos) es poco precisa. Suele emplearse más en el contexto político, y en los medios de comunicación, que en el ámbito científico. Normalmente, se utiliza para referirse, sobre todo, a la problemática de la delincuencia y a su control. Pero, en realidad, los delitos son sólo una parte de los problemas de seguridad de la población. Los estudios muestran que la «inseguridad ciudadana» correlaciona con otras vulnerabilidades e incertidumbres vitales como son la soledad, enfermedad, inestabilidad en el empleo, exclusión social, nivel de protección social, o los recursos culturales (Torrente 1998). Por ejemplo, las personas mayores suelen sentir más miedo al delito que las jóvenes a pesar de su menor victimización. La explicación es que se sienten más vulnerables por su menor salud, movilidad, ingresos, o mayor soledad. Los turistas suelen tener mayores tasas de victimización. La razón es porque están más desprotegidos en términos de conocer el entorno, el idioma, o el funcionamiento de las instituciones. Existen, por lo tanto, factores sociales que explican tanto la victimización real, como el miedo o la tolerancia al delito.

El mundo de la seguridad está impregnado de mitos y falsas creencias. Una buena forma de introducir la seguridad es desmitificarlo. Por ejemplo, «seguridad» no es lo contrario de «riesgo», como a menudo se cree. Lo contrario de éste es «oportunidad». El concepto mismo de riesgo tiene dos componentes: la probabilidad o posibilidad de que pase algo, y un juicio de valor de que este suceso es indeseable o malo. Si este es deseable, entonces se habla de oportunidad. Otro tópico es contraponer las nociones de libertad y seguridad como si fueran antónimos. Sin embargo, una seguridad de calidad es con libertad. Si no, no merece la pena. Por otra parte, y en contra de ciertas creencias, la seguridad completa no existe, y no la puede garantizar ningún sistema por sofisticado que sea. Como se ha dicho, la vida es riesgo. El riesgo es inevitable e, incluso, deseable. Sin riesgo no hay cambio, ni oportunidades. A menudo, precisamente, lo difícil en las políticas es saber encontrar el punto de equilibrio idóneo. Otra cuestión ignorada a menudo es que, tanto la seguridad, como el riesgo son conceptos relativos; es decir, lo que se considera seguro o arriesgado varía en el espacio y el tiempo. Una sociedad, como la contemporánea, que mitifica la racionalidad y que persigue el máximo bienestar de las personas, también acaba por mitificar la seguridad. Es un pez que se muerde la cola. Cuanto más aspiramos a la seguridad, más intolerantes al riesgo nos volvemos. A veces, el rechazo al riesgo es tal, que éste se ve como una forma de desviación (Manunta 2000).

Por otro lado, es frecuente hacer un uso ideológico de la seguridad. A menudo se la presenta como un valor deseable para todos. Pero, en realidad, ésta no es tan neutra y aparece impregnada de conflictos. Se ha de tener en cuenta que la seguridad es fruto de una construcción social. Diferentes grupos están expuestos a diferentes riesgos, tienen percepciones distintas sobre los mismos, y desigual poder para definirlos de una forma conveniente a sus intereses. La búsqueda de la seguridad es conflictiva ya que, en muchas ocasiones, la seguridad de unos puede ser la inseguridad de otros. Por ello, su análisis se debe realizar teniendo en cuenta a quién se beneficia y a quién se perjudica. Por ejemplo, cuando se analiza la seguridad en las empresas es necesario ver qué y a quién se protege en realidad. Proteger su producción, sus patentes, su stock, o su sistema informático puede ser proteger en mayor o menor medida el beneficio de los accionistas, el salario o la salud de los trabajadores, la privacidad de los clientes, o la integridad de los directivos, entre otros. Una sensibilidad por lo social debe estar presente en los proyectos de seguridad. Una buena seguridad es la que responde no sólo a los riesgos, sino también a las necesidades de las personas.

Todas estas ideas evidencian que el análisis de la seguridad tiene una gran importancia sociológica (Sjöberg 1987). Ésta es un objetivo social de las sociedades avanzadas. Está conectada con aspectos de racionalidad, modernidad, salud, calidad de vida, ciudadanía, o bienestar. La aspiración a más seguridad crece con la modernización y racionalización de las sociedades. Pero también se da la gran paradoja de la sociedad del riesgo: el desarrollo nos confronta con riesgos antes impensables (Beck 1992; Luckman 1991). La seguridad es una condición para la libertad, la democracia y el buen funcionamiento de las instituciones. En ese sentido, seguridad y ciudadanía van de la mano. El nivel de seguridad de las naciones denota progreso y libertad. Ésta es una cuestión evolutiva y relativa porque está en constante transformación. Con el tiempo, cambian los riegos y también su percepción, tolerancia, implicaciones, y las respuestas sociales hacia ellos. La seguridad se define en contextos de incertidumbre, cambio, y conflicto social. Pero la seguridad es mucho más que una aspiración colectiva. Es una actividad que arrastra a profesiones, organizaciones, instituciones, y mercados económicos (Kirwan, Hale, y Hopkins 2002). Estos aspectos se discuten en los apartados que siguen.

2. Ámbito público y privado

Las expresiones «público» y «privado», son frecuentes en el lenguaje cotidiano, pero no siempre está claro su significado, o las diferencias entre ellas. La distinción público-privado se realiza en base a tres criterios y adopta tres significados (Rabotnikof 2008). El primero es lo colectivo frente a lo individual. Lo público es lo concerniente a todo un pueblo. Por extensión, es «lo político». Lo privado es lo particular que se sustrae al poder público. El segundo criterio es lo visible frente a lo oculto. Lo público es lo que se presenta a la luz del día, frente a lo privado que se sustrae a la mirada. La noción de «publicidad» recoge esa idea. El tercer criterio es la distinción entre apertura o clausura. Lo público es lo que es accesible a todos y que no es susceptible de apropiación particular, mientras que lo privado es lo restringido, lo reservado a un uso y disfrute excluyente. La distinción se aplica en varios ámbitos de la vida social. Uno de ellos es en la distinción y el debate entre Estado y mercado. Lo público aparece ligado a la administración y al gobierno, mientras que lo privado al mercado. Se contrapone ley y contrato, Estado e iniciativa privada, propiedad pública y particular. Los diferentes significados se incorporan a esa contraposición.

Las fronteras entre lo público y lo privado, el Estado y el mercado son fluidas. La teoría económica pone énfasis en que no son entidades completamente diferenciadas, sino que están conexas. En la vida real, no existe ni el mercado ni el Estado puros. Estado y empresa entran en relación a través de diferentes mecanismos. El Estado puede actuar de provisor, comprador, subvencionador, regulador, o controlador de servicios de seguridad. Cada una de esos roles puede ser más o menos importante y tener consecuencias distintas para el negocio de la seguridad. Por ejemplo, si el Estado es el mejor cliente de una empresa, éste está en condiciones de ejercer más poder sobre ella que en su mero rol de controlador administrativo. La intervención del Estado en el mercado se justifica para (1) corregir externalidades negativas, (2) corregir la información asimétrica, (3) por tratarse de bienes de naturaleza pública, o (4) para prevenir daños colectivos. En la provisión de servicios de seguridad pueden producirse todas esas circunstancias (Mir 1999: 62). Por ello, es frecuente que los distintos países tengan mecanismos de intervención en el mercado de la seguridad.

Las externalidades negativas se producen cuando la decisión de un agente produce perjuicios a terceros. La instalación de cámaras de seguridad o la contaminación industrial son sólo dos ejemplos. El Estado interviene fijando criterios de responsabilidad civil, estándares de seguridad, o sanciones. En relación con el segundo criterio, la información asimétrica, los servicios de seguridad corresponden a la categoría de bienes de confianza. Es decir, el cliente confía en que el proveedor haga bien su trabajo y, por ello, le encarga la protección. La adecuación y calidad de un sistema de seguridad depende de su capacidad de prevenir y, en cualquier caso, detectar a tiempo incidentes y accidentes (Perrow 1984). Sin embargo, esos incidentes se suelen producir sólo excepcionalmente, o bien nunca. Resulta fácil confundir un buen sistema con uno defectuoso donde solamente la ocurrencia de un raro incidente descubre su inadecuación. Por ello, los abusos económicos contra los clientes como instalar sistemas inadecuados para los riesgos, la sobre-venta de servicios o productos, o la violación de sus derechos (intimidad, confidencialidad, propiedad, protección de datos) son siempre posibles. Un abuso de confianza no es tan extraño en un bien de confianza. En definitiva, el carácter excepcional de los riesgos crea asimetrías de información.

En tercer lugar, la seguridad de la población es un bien público. Es decir, no se puede excluir de su disfrute a quien no paga por ella y, al revés, cuando ésta es mala, las consecuencias las sufren amplias capas sociales. Finalmente, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y protegerlos de riesgos. El mercado también lo puede hacer, pero hay riesgos que pueden combatirse más eficazmente de forma pública (Lindblom, 2001). Pero, además, existe otro motivo serio para llevar un cierto control sobre los proveedores de seguridad. Es la posibilidad mafiosa de que éstos hagan extorsión o amenacen a quienes se niegan a contratarles. El paso de la seguridad a la inseguridad es, a veces, muy ligero.

Las fronteras entre la seguridad pública y la privada son más difíciles de establecer de lo que parece. Los cuerpos pueden ser públicos o privados en diferente grado. Ello depende de tipo de tareas que realizan, según su titularidad, de dónde venga su financiación, de la intensidad de la regulación, o dónde operen. Por ejemplo, en Inglaterra, la Bristish Police Transport es una Policía pública especial que opera en líneas de ferrocarril privatizadas en muchos casos. La Policía Portuaria depende de la Autoridad Portuaria, que es una entidad de carácter público. Son agentes de la Administración Portuaria, pero no forman parte de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad. Entre sus cometidos está la vigilancia de instalaciones portuarias o cargamentos privados. En Estados Unidos es frecuente que las Policías de algunos condados acepten esponsorización y financiación privada. Así, se pueden ver coches patrulla con publicidad en la carrocería. Los vigilantes de seguridad en España pueden patrullar lugares públicos como urbanizaciones, polígonos industriales o campus universitarios con autorización gubernativa. También vigilan edificios de instituciones públicas como Hacienda, Correos, Ministerios, o la propia Policía. Algunos ayuntamientos grandes cobran tasas a los comerciantes de ciertas zonas para reforzar la seguridad en determinadas campañas de ventas. Son algunos ejemplos para ilustrar la complejidad de la realidad.

Con frecuencia se habla de la privatización de la Policía. Sin embargo, el término recoge una variedad de situaciones (Forst y Manning 1999; Kakalik y Wildhorn 1977; Matthews 1989; Spitzer y Scull 1977). Por privatización se entiende el proceso por el que el Estado transfiere al mercado funciones que antes eran públicas. Pero hay diferentes fórmulas y grados. El Estado puede poner en manos de empresas la provisión de determinados servicios, pero retener la financiación, o la capacidad de regularlos. También puede realizar la provisión del servicio, pero buscar financiación privada. Otra posibilidad es transferir la financiación y provisión, pero retener el control a través de la normativa. En cada una de esas fórmulas, se pueden privatizar más o menos servicios, o hacerlo bajo ciertas condiciones o salvaguardas.

Además del Estado y del mercado, existe la sociedad civil. Ésta designa al conjunto de ciudadanos que se organizan con el fin de buscar el bien común. Son organizaciones sin ánimo de lucro personal, no partidistas, de carácter cívico y voluntario, y que actúan como mediadores entre los individuos y el Estado. Esta definición incluye a organizaciones no lucrativas, no gubernamentales, asociaciones y fundaciones. Para algunos autores, incluye también universidades, colegios profesionales, o comunidades religiosas. La existencia de una sociedad civil diferenciada de la esfera política es un prerrequisito para la democracia. En el campo de la seguridad existe una diversidad de ejemplos y formas de implicación de la sociedad civil. En Inglaterra existe un voluntariado que colabora con la Policía. También existe una larga tradición de vigilancia mutua entre vecinos. En España, voluntarios de Cruz Roja realizan tareas de regulación del tráfico en las entradas y salidas de escolares. En los últimos años se produce en Europa un auge y diversificación en las formas de participación de los ciudadanos, las comunidades y la sociedad civil en la seguridad colectiva. La cuestión que se plantea es hasta qué punto esa participación hace del control de la delincuencia una tarea más legítima, efectiva y democrática.

Los servicios de seguridad, como ocurre con otras necesidades humanas, pueden atenderse desde el Estado, el mercado, la sociedad civil, o las familias. En ese sentido, la seguridad no es diferente del cuidado a los ancianos, la educación, o la sanidad. Sin embargo, sí hay algo distintivo en la naturaleza misma del bien «seguridad». La seguridad, bien entendida, es un bien público por definición ya que no puede excluirse a nadie de su disfrute, pero también porque, en última instancia, está basada en la confianza y en la solidaridad. Si ésta se fundamenta en planteamientos insolidarios o autoritarios, la seguridad resultante va a ser baja calidad e inestable. Las mafias siempre han proporcionado seguridad a sus protegidos, pero esa seguridad no es universal, ni solidaria, ni desinteresada. La seguridad provista desde el sector público tiene el valor añadido de que se orienta al interés público y pretende ser universal. Sin embargo, la calidad y eficacia de la seguridad pública no está garantizada. El impacto de las políticas públicas de seguridad puede ser muy distinto según los países y sus circunstancias. Antes de realizar defensas a priori de la seguridad pública o privada conviene evaluar su impacto real en el bienestar de las personas y en la vida social (Bosch, et al. 2004). Pero ese impacto depende de cómo interactúen el conjunto de instituciones, organizaciones y profesionales relacionadas con la seguridad y que conforman el sistema de seguridad de un país (Bosch, et al 2004).

3. Desarrollo histórico

Históricamente, existe una larga tradición de formas de seguridad privada que son anteriores a la pública y que realizan funciones de seguridad (George y Button 2000). Para analizar la evolución de la seguridad, es necesario separar conceptualmente la policía como función (policing), de la Policía como institución (Police). La función policial se remonta indefinidamente en el tiempo. Ésta se relaciona con la regulación y el gobierno de una ciudad y de su población civil. Las funciones policiales se realizan históricamente desde una gran diversidad de instancias como los ayuntamientos, ciertos gremios, partidas de voluntarios, o asociaciones de auto-protección. La realidad aparece muy fragmentada (Hoogenboom 1991). Sin embargo, el peso de esas fórmulas privadas varía de país a país. En Inglaterra, por ejemplo, con una tradición de rechazo a los poderes centralizados (o en Estados Unidos donde pasa mucho tiempo entre la colonización de territorios y el establecimiento de estructuras estatales fuertes de aplicación de la ley), hay una mayor presencia de esas fórmulas. No ocurre tanto en la Francia pre-revolucionaria, debido a la existencia de una monarquía absoluta que crea unas estructuras de justicia. Tampoco sucede en España, con una gran presencia histórica de los militares en funciones quasi-policiales (Ballbé 1982).

La Policía como institución moderna surge a mediados del siglo XIX (Martín 1990). El cambio que introduce respecto a las fórmulas anteriores es que se establece un cuerpo centralizado, uniformado, burocratizado, formal y público. Sin embargo, en Inglaterra la nueva Policía convive con múltiples formulas privadas en la segunda mitad del XIX y, con menos, durante el XX. Durante las primeras décadas, su función era principalmente de Policía Administrativa. Se ocupaban de tareas como la inspección de pesos y medidas en mercados, la vigilancia de caminos y puentes, la supervisión del comercio, la inspección de fábricas, o la observancia moral de los pobres. La consolidación de un sistema penal y la orientación creciente de la Policía hacia la delincuencia no se produce hasta bien entrado el siglo XX.

Hasta esa consolidación de la Policía y los sistemas penales, no hay una persecución estatal de los delincuentes. Desde el siglo XVI y hasta entrado el XIX, en Inglaterra más bien son las víctimas las que se encargan de traer ante la justicia al transgresor (Johnston 1992). A menudo, pagando a informantes, y cazadores de ladrones que también provienen de ese mundo. La justicia está en manos de jueces de paz y agentes locales elegidos. El sistema de justicia es local, amateur, arbitrario, abierto, corrupto, y sujeto a compra y negociación. Era un sistema privado y caro. Por ello, sobre todo a partir de 1760, abundan las asociaciones de víctimas potenciales con el objetivo de encausar a ladrones de caballos, ganado, y, más tarde, otras formas de delito más urbanas. Esas asociaciones ofrecen recompensas por información o capturas de sospechosos y ayudaban a la víctima en la causa. Ese tipo de asociaciones son prohibidas en España en 1840 en los albores del nacimiento de la Guardia Civil.

En Estados Unidos tienen importancia los llamados vigilantes. Básicamente, son grupos de personas organizadas que se tomaban la ley por su propia cuenta (Johnston 1992). Hay comités de vigilancia con sus propios objetivos, normas internas y regulaciones externas. Suplen la falta de estructuras de control del Estado. Entre 1767 y 1910 hay documentados 326 comités. Los líderes de los mismos suelen ser hombres de negocios, granjeros ricos, o profesionales. Hay un elemento de clase social que pretende regular la moralidad de los más desfavorecidos. El objetivo del vigilantismo son los segmentos más bajos de la sociedad. Actúan con firmeza contra ladrones de caballos, de esclavos, falsificadores, o pirómanos. El vigilantismo pervivió en contextos más urbanos.

Algunas policías privadas son precursoras de policías públicas, como es el caso de la Metropotian Police en Inglaterra (Johnston 1992). En otros casos, las policías privadas coexisten al lado de las públicas durante muchos años. El desarrollo del ferrocarril lleva a establecer en 1837 una Policía de ferrocarriles cuya tradición llega hasta la actualidad. Ciertas áreas utilizan vigilantes rurales privados que patrullan las tierras. Surge el Women’s Policing Movement como fórmula de auto-ayuda a las mujeres y como legado del moralismo victoriano. Después de la primera guerra mundial, aparecen nuevos cuerpos de voluntarios que eran antiguos combatientes. Junto a esas fórmulas privadas, hay que añadir la auto-protección o el llamado self-policing. Consiste en que los vecinos se organizan para vigilar el barrio y garantizar su propia seguridad. La auto-protección tiene una larga tradición, en algunas comunidades de Londres en las que no dejan entrar a la recién creada Metropotan Police de 1829.

El desarrollo de una industria de la seguridad comienza ya en el siglo XIX en Estados Unidos. La primera alarma la concibe un inventor de Boston en 1852, se empieza a fabricar en 1957 por el industrial Edwin Holmes, y se comercializa entre propietarios ricos de Nueva York. AT&T compra la empresa de Holmes en 1905. Los primeros detectives privados se remontan al siglo XVIII investigando relaciones familiares. En el XIX, las agencias se expanden infiltrándose en los sindicatos y fábricas por encargo de los empleadores. Las primeras empresas de vigilancia surgen en el siglo XIX en Estados Unidos y, entre las dos guerras mundiales, en Europa. En Inglaterra, en 1926, Machinery and Technical Transport ofrece servicios de escolta en el transporte de dinero, armas, y otros valores por tren, carretera, o avión. Night Watch Services organiza servicios de patrulla nocturna.

En Estado Unidos, Henrry Wells funda en 1850 American Express Company y, dos años después se asocia con William G. Fargo, y crean Wells Fargo. Brinks Incorporated (1859) y Pinkertons (1850) sugen en la misma época. Ésta última desarrolla un servicio integral de detectives y agentes especiales, crea un sistema de información propio, y utiliza técnicas criminológicas. En poco tiempo consigue contratos importantes en empresas de ferrocarril o del servicio de correos americano (US Post Office). Llega a crecer tanto que constituye una verdadera fuerza policial de ámbito nacional. Sus actividades van desde la prevención del delito, el apoyo en misiones militares, o la intervención en conflictos laborales, al espionaje político. En 2003 la adquiere la sueca Securitas AB conformando Securitas Security Services USA, una de las mayores compañías privadas del mundo.

En España, históricamente, los dos actores principales que realizan funciones policiales son el Ejército y la Iglesia. El Ejército asume el mantenimiento del orden público como una de sus principales misiones (Ballbé 1982). En la historia de España existen incontables ejemplos de intervenciones del Ejército. La Inquisición supone el mayor ejemplo de asunción de funciones policiales por parte de la Iglesia (Martín 1990). Algunos cuerpos se crean para servir privadamente al Rey. En 1761, por ejemplo, se crean los Fusileros Guarda Bosques Reales con la misión de vigilar los bosques y cazaderos reales. La Santa Hermandad se crea en 1476 y no se disuelve formalmente hasta 1834. Son grupos de vecinos armados, organizados de forma similar a las cofradías, y pagados por los concejos, para perseguir a los herejes y criminales. Tienen poder para juzgar y castigar. Fueron muy eficaces y temidos en las primeras épocas. En Cataluña está la figura del Sometent. Se trata de un cuerpo que improvisaban los vecinos cuando había una amenaza a la comunicad. Con el tiempo, realizan funciones distintas según las necesidades del momento, entre ellas la persecución de bandoleros. En 1855 se institucionalizan como cuerpo auxiliar de orden público. También en España realizan funciones policiales los gremios, los ayuntamientos, y otras muchas corporaciones de distinta naturaleza.

En 1849 se crean los Guardas de Campo (García 2008). Éstos eran vecinos de buena reputación que juraban ante el Alcalde el cargo. Su función era la vigilancia de los campos, cotos, o fincas privadas de sus vecinos. Al margen de ellos, existen otros vigilantes empleados directamente por los terratenientes. Con Alfonso XII, éstos quedan bajo la dirección de la Guardia Civil y pasan a llamarse Guardas Jurados. Lucen una placa con ese título y con el nombre del empleador. Realizan tareas de soporte a la Guardia Civil y gozan de ciertos poderes como el de detener. El propietario de las tierras a custodiar propone su nombramiento al Alcalde, y la Guardia Civil emite informe antes de su juramento. Franco adapta el modelo para entornos urbanos y crea la figura del Sereno. Éste se elige por votación entre los vecinos del barrio a proteger y se confirma por el Ayuntamiento. La dictadura también autoriza a las grandes empresas a crear sus propios cuerpos de seguridad. La pionera fue CAMPSA. En 1946 se suman las entidades bancarias y RENFE. El ICONA emplea a guardas jurados de montes. Más tarde se crean los vigilantes de la industria y del comercio. En 1978 se crea una única figura profesional.

Con el desarrollo económico surgen nuevas necesidades de seguridad. Para cubrir el transporte de fondos un grupo de militares, policías y guardias civiles crea la primera empresa de seguridad en España. Se llama Transportes Blindados. En los años 70 y 80 van apareciendo nuevas empresas, casi siempre fundadas y dirigidas cargos policiales o militares. Una de ellas es PROSEGUR. El mercado se expande con la creación de grandes centros comerciales, urbanizaciones y otros espacios de uso masivo. La Ley de Seguridad Privada de 1.992 intenta regular un sector que ha crecido mucho en poco tiempo. Define las figuras profesionales, establece requisitos para la creación de empresas y la habilitación profesional, y regula la formación del personal.

La importancia de lo local en Inglaterra y del proceso de consolidación de estructuras de Estado en Norte América, explican el gran desarrollo de la seguridad privada en esos países y su papel pionero en muchos ámbitos. Del desarrollo de la seguridad privada, tanto en el contexto anglosajón como en otros, se pueden extraer tres lecciones. La primera es que la seguridad es una necesidad primaria de las poblaciones. Por ello se pueden encontrar múltiples fórmulas históricas para organizarla desde la comunidad, o desde los distintos grupos de interés. En ese sentido, la seguridad privada precede a la pública y al Estado moderno. La segunda es que la seguridad privada y la pública no son ideas antinómicas. Ambas conviven, y se relacionan, de una forma u otra, en diferentes momentos históricos. En algunos casos, las estructuras privadas acaban institucionalizándose y dan lugar a cuerpos de seguridad públicos. En otros, la seguridad pública trata de controlar a la privada mediante la regulación. La tercera conclusión es que esas estructuras privadas defienden principalmente determinados intereses y están conectadas con determinadas estructuras de poder.

En contra de lo que se cree a menudo, el crecimiento de la seguridad privada no se explica bien por aumento de la delincuencia (tampoco el de la pública). Los estudios en países desarrollados hablan de varios factores (Jhonston 1992). Entre ellos están principalmente el aumento del PIB, las crecientes responsabilidades civiles y penales en que pueden incurrir las empresas, los requisitos de seguridad que exigen la regulación, o el deseo de evitar la publicidad negativa al materializarse un riesgo. Ocurre además que, a medida que el sector ofrece sus servicios, aumentan los estándares de referencia en seguridad. De esa forma las aseguradoras y los tribunales empujan a los clientes menos protegidos a contratar nuevos servicios. Otro factor importante para explicar su crecimiento es la naturaleza competitiva de la industria que lleva a las empresas a explotar con rapidez y eficacia los nuevos nichos de mercado así como a innovar constantemente.

4. Teorías sociológicas

La teoría social desarrolla estudios que tratan de entender el rol que juega la seguridad privada en las sociedades contemporáneas, así como explicar su auge. Existen cuatro modelos de explicaciones (Torrente 2006). El primero, las teorías liberales, sostienen que las presiones a la contención del gasto público de los años ochenta y noventa, unido a un empeoramiento de la inseguridad ciudadana, dejan un hueco al sector privado (Cunningham, y Taylor 1985; Cunningham et al. 1990):. La seguridad privada aparece como complementaria a la pública (Kalakik y Wilhorn 1972). Bajo esta perspectiva, la evolución económica y de la criminalidad serían claves para alumbrar el futuro del sector. En segundo lugar, las teorías estructuralistas ven la sociedad post-industrial más individualista, fragmentada, y con intereses contradictorios que la industrial. El Estado y las instituciones de seguridad tradicionales (Policía, Tribunales) tienen dificultades en cohesionar la vida social (Reiner 1992). La seguridad privada responde mejor que la pública a esta realidad plural porque es capaz de dar respuestas (al ser éstas individualizadas) a demandas contradictorias. Un ejemplo de los cambios estructurales que explican el crecimiento del sector es el auge de los espacios privados de uso público masivo (centros comerciales y de ocio, museos, complejos deportivos) (Shearing y Stenning 1987). La seguridad privada es un reflejo de la tendencia a privatizar los espacios. Bajo esta perspectiva, la evolución de la delincuencia pierde capacidad explicativa a favor del crecimiento económico y la diversidad socio-económica. Tercero, las explicaciones radicales argumentan que el sistema capitalista necesita proteger cada vez más sus beneficios de las tensiones y contradicciones sociales que él mismo genera (Spitzer y Scull 1977). Aquí los aspectos económicos, las tensiones sociales y la desigualdad cobrarían importancia al analizar el futuro del sector.

Finalmente, en lo que se podía llamar modelo pluralista, Les Johnston (1992), Trevor Jones y Tim Newburn (1998) enmarcan el fenómeno de la seguridad privada en el contexto del auge del sector servicios, la tendencia hacia la flexibilidad de los mercados laborales, y a la subcontratación de las empresas. Subrayan la gran diversidad de tareas que realiza la seguridad privada. No encuentran ninguna distinción esencial entre las tareas que realiza el sector público y privado de la seguridad ciudadana. Únicamente señalan el mayor énfasis en la prevención por parte del sector privado. Parten de la idea de que la distinción público-privado es reduccionista y carece de fronteras claras. En la práctica, la seguridad ciudadana está a cargo de una gran diversidad de cuerpos, algunos son privados, otros públicos, y otros tienen una naturaleza híbrida. La Policía se ve, no tanto como una agencia con una función simbólica, sino como una agencia que vende servicios a un mercado en el que compite con otras agencias públicas, privadas y civiles (Moore y Trojanowicz 1988). Bajo esa idea, las nociones de satisfacción del cliente, calidad o valor añadido de los servicios pasan al primer plano. En definitiva, el análisis sobre el futuro del sector tendría que tomar en consideración la competencia global y la terciarización de las economías.

En paralelo, existe un debate teórico sobre si el enfoque de los servicios privados y públicos es similar, complementario o distinto. Desde una posición pluralista, Les Jhonston (1992) señala que no existen diferencias intrínsecas entre el mercado y el Estado en la provisión de servicios de seguridad, como tampoco existen el campo de la salud. Los mismos servicios que proporciona el Estado los puede proporcionar el mercado, y al revés. Bosch, Farràs, Martín, Sabaté y Torrente (2004) comparten esa visión, pero matizan que, en la práctica, son las demandas de los clientes las que determinan la orientación de los servicios. Por ejemplo, una empresa que trabaje ofreciendo servicios a la Policía, comenzará a aplicar estrategias y técnicas de trabajo policiales. Otros autores señalan que el mercado tiende a demandar prevención (Jones y Newburn 1998; Bayley 1994). Tanto la seguridad pública, como la privada, reciben presiones crecientes para adoptar estrategias preventivas. Sin embargo, la seguridad pública tiene más dificultades en adaptarse por su vinculación al sistema penal que es, básicamente, reactivo. En cambio, la filosofía preventiva encaja perfectamente en el sector privado (Hughes 1998). El sector vende a sus clientes corporativos prevención de daños y pérdidas. Las empresas valoran el ahorro de costes que los servicios de seguridad ofrecen en términos de reparación de daños potenciales, primas de seguros, o pérdidas de cuotas de mercado. Prevenir suele ser más barato que curar. Desde otro punto de vista, la seguridad también crea condiciones para aumentar el beneficio empresarial al crear entornos pacíficos y previsibles, generar confianza, y favorecer una buena imagen. Sin embargo, esa idea sobre los beneficios económicos de la seguridad no es (ni debe ser) exclusiva del sector privado (Vickers y Yarrow 1988).