El ENFOQUE ACADÉMICO

Hasta hace relativamente poco tiempo, los politólogos han dedicado escasa atención al estudio de las coaliciones, y más específicamente de los gobiernos de coalición, y se han contentado intelectualmente con la afirmación de que el gobierno de coalición era un gobierno débil, que llevaba indefectiblemente a compromisos poco satisfactorios y a la inestabilidad política. El enfoque constitucionalista característico de la ciencia política tradicional tiende a enfatizar los conflictos entre el ejecutivo y el legislativo así como entre los partidos políticos, antes de centrarse en el estudio de la mecánica de la coalición. Dado que la gran mayoría de los textos constitucionales no hacen ninguna distinción entre los diferentes tipos de procedimientos a seguir en el caso de un gobierno de coalición o monocolor, tampoco lo hacían los politólogos. Además, las habituales categorías empleadas por los politólogos –ejecutivo, legislativo, gabinete– tienden a pasar de largo de la cuestión de cómo el modus operandi de los gobiernos unipartidistas o de coalición es esencialmente diferente.

Sin embargo, desde el año 1961, un conjunto de teorías han intentado dar una explicación de los procesos de formación de gobiernos de coalición. Estas teorías se han desarrollado siguiendo dos caminos claramente diferenciados. Por un lado, encontramos la tradición generada a partir de la teoría de la elección racional y su derivada de la teoría de juegos, un enfoque formal que reduce el proceso de formación de gobiernos de coalición a un tipo de caso específico de interacción social y que, de manera deductiva, deriva proposiciones teóricas fundamentadas en un conjunto finito de supuestos fundamentales. Los principales representantes de esta aproximación son Gamson (1961), W. H. Riker (1962), M. Leiserson (1966), de Swaan (1973) o Shepsle (1979), entre otros.

Además, están aquellas formulaciones teóricas más conectadas con la «tradición europea» y que se conocen con la denominación de «teorías multidimensionales»: aproximaciones fundamentadas en un enfoque empírico, inductivo, que pretende inferir generalizaciones de análisis sistemáticos del mundo real. Esta corriente teórica pretende desarrollar una explicación del fenómeno de la coalición, más allá de la simple descripción de las posibles soluciones al «juego» coalicional. Una muestra de los autores representativos de esta orientación son Axelrod (1970), Browne (1971), Herman y Pope (1973), Dodd (1976), Pridham (1986), Budge y Keman (1990), Laver y Schofield (1990), o muy especialmente los trabajos de Kaare Strom (1984).

El núcleo común de ambas tradiciones se sitúa en la constatación que, en palabras de Luebbert, «en la mayoría de democracias occidentales, las elecciones no deciden quién gobernará. Quién gobernará se decide, en cambio, por las negociaciones coalicionales entre los partidos políticos» de forma que el objeto de análisis se sitúa en el estudio de la política de las coaliciones, definida por Laver y Schofield como el análisis de «la formación de gobierno en los sistemas constitucionales, típicos del Europa occidental, donde el ejecutivo es mantenido en el poder en base a los votos ganadores en el legislativo (...). Es la interacción entre los poderes legislativo y ejecutivo cuando ningún partido obtiene la mayoría de los escaños la que define (...) la esencia de la política de las coaliciones en Europa».

Este nuevo interés por los gobiernos de coalición ha tenido que superar reticencias y prejuicios académicos centrados en la crítica de los supuestos efectos nocivos del multipartidismo, así como en la necesidad y el deseo de garantizar gobiernos fuertes y estables. Una de las principales trabas a los estudios de la política de las coaliciones se ha encontrado en lo que Dodd denomina «el mito del multipartidismo»: los gobiernos en los parlamentos multipartidistas serán gabinetes minoritarios, de coalición, o de ambos tipos; por su naturaleza, los gobiernos minoritarios y los de coalición son realmente transitorios; los sistemas multipartidistas son, por definición, indeseables, dado que producen gobiernos transitorios. Este mito del multipartidismo se complementa con dos reflexiones adicionales: «el mito de las coaliciones políticas», según el cual los gobiernos de coalición son necesariamente efímeros, y «el mito del partidismo mayoritario», según el cual los países que pretenden disfrutar de gobiernos estables tienen que lograr un gobierno de partido mayoritario, así como un sistema de partidos con un partido mayoritario (Dodd, 1976).

Los procesos de formación de gobiernos de coalición se estudian desde un conjunto de teorías para las cuales las motivaciones y/o los objetivos que persiguen los actores políticos determinan aquello que intentarán maximizar con su comportamiento. A pesar de que de cada modelo teórico se derivan explicaciones diferentes sobre cuál será el tipo de coalición que se tenderá a formar y por qué, hay un conjunto de proposiciones fundamentales que son la base comúnmente aceptada sobre la cual se han construido estas teorías. Estos fundamentos teóricos se sintetizan en cuatro fundamentales, que a continuación analizaremos:

Este fundamento, clave en las teorías formales de las coaliciones políticas, paradójicamente no se cumple nunca en su totalidad. No hay duda de que los partidos políticos no son actores unitarios para la inmensa mayoría de politólogos dedicados a su estudio. Sin embargo, para los intereses de las teorías de las coaliciones esta consideración no es muy problemática, dado que asumir el carácter unitario de los partidos es una respuesta al problema de decidir qué actores, en particular, tienen que centrar nuestra atención a la hora de analizar los procesos de formación de gobiernos de coalición.

Es decir, si bien en la práctica el sentido común nos muestra que la toma de decisiones internas puede causar graves divisiones en el seno de los partidos, se opta en este caso por considerar que este proceso es como una «caja negra» cuyos contenidos no necesitamos conocer antes de analizar el proceso de negociación interpartidista. Podemos así autojustificarnos afirmando que, actualmente, los partidos tienden en la práctica a entrar y salir del gobierno como actores singulares. Esta afirmación se refuerza al constatar los elevados niveles de disciplina interna de partido, aunque también podemos encontrar escisiones, sublevaciones internas o tránsfugas. En resumen, las razones que justifican el tratamiento de los partidos como actores unitarios son en parte empíricas y en parte teóricas.

La realidad empírica de la disciplina de partido en los parlamentos europeos implica que este supuesto es válido. Por otro lado, el argumento teórico viene del hecho de que la mayoría de causas por las cuales los partidos se escinden pueden explicarse solo con una base ad hoc.

Tradicionalmente los teóricos formales han asumido que solo puede ser ganadora aquella coalición que tenga el control de la mayoría absoluta de los escaños del parlamento. El «padre» de los estudios sobre los gobiernos de coalición, William H. Riker, define la coalición ganadora como aquella que «contiene más de la mitad de los miembros, de los votos o del “peso” en el sistema de toma de decisiones», a partir de la cual se ha hecho operativa la definición de coalición ganadora como aquella que contiene más de la mitad de los escaños del parlamento.

El problema aparece en el momento en que, a partir de la evidencia empírica, se tienen que explicar altos porcentajes de gobiernos de coalición en las democracias parlamentarias occidentales, en las cuales, a diferencia de este supuesto, no se controla la mayoría absoluta. La existencia generalizada de gobiernos minoritarios, sean o no de coalición, así como la existencia de gobiernos de coalición sobredimensionados (con más socios de los necesarios) hace necesario replantearse las definiciones que se deben emplear.

En este sentido, la aceptación generalizada de la mayoría absoluta de los escaños como punto efectivo de decisión en la formación de gobiernos de coalición se convierte en uno de los elementos clave para su análisis. De este elemento se desprende, también, la relevancia de los objetivos que asumimos y que motivan la acción de los partidos. Es decir, si optamos por creer que los partidos políticos solo están interesados en la obtención y en el mantenimiento del poder, expresado en la posesión de cargos de gobierno (teorías office-seeking), entonces no podremos explicar por qué hay situaciones en que se forman gobiernos minoritarios o sobredimensionados, dado que estas teorías no toman en consideración ninguna otra motivación de los partidos. Si, al contrario, consideramos que la actuación de los partidos se rige no solo por la simple maximización de sus utilidades a corto plazo, sino también por las utilidades a largo plazo –así como por su deseo de influir en el proceso de elaboración de las políticas públicas (teorías policy-driven)–, entonces podremos avanzar en el estudio.

En este sentido podremos, en primer lugar, considerar los beneficios de gobernar, en términos del «diferencial de influencia política», entre ser parte del gobierno o de la oposición. Es decir, cuanto mayores sean las oportunidades que tenga la oposición para influir en la elaboración de políticas públicas, menores serán los incentivos para formar parte del gobierno. En segundo lugar, tendremos que tomar en consideración los costes de gobernar en términos de la anticipación de las potenciales pérdidas electorales futuras.

Todo esto está condicionado por el umbral que fijamos (o que fije la dinámica política) como punto efectivo de decisión. Es decir, en un contexto jurídico-constitucional como el español (tanto a escala estatal como autonómica) no es indispensable contar con la mayoría absoluta de los escaños, dada la posibilidad de ser investido –y por lo tanto de formar gobierno– en una situación de minoría. En este punto son muy relevantes los apoyos externos al gobierno, en cuanto que permiten obviar la necesidad de lograr el control de la mayoría absoluta de los escaños y, por lo tanto, el tener que formar obligatoriamente un gobierno de coalición.

Aparece aquí una diferenciación muy relevante entre las coaliciones parlamentarias y los gobiernos de coalición, donde es clave la prestación de apoyo parlamentario externo al ejecutivo o bien la corresponsabilización de la acción de gobierno. Desde este punto de vista se identifica la existencia de un gobierno con apoyo externo cuando se dan dos condiciones: este apoyo se ha negociado con anterioridad a la formación del gobierno y toma la forma de un acuerdo explícito y extenso, tanto sobre las políticas a desarrollar a corto plazo como respecto a la supervivencia del gobierno.

En resumen, las modificaciones al supuesto del carácter mayoritario de todo gobierno de coalición serían tres: el principio de la mayoría absoluta no tiene por qué ser el punto efectivo de decisión en la formación de un gobierno; formar parte de la oposición puede comportar ciertos beneficios para los partidos interesados en la influencia política; y hay que incorporar las perspectivas temporales de los partidos, así como el rol de las futuras elecciones como elementos que limitan la actuación de los partidos políticos.

Este tercer supuesto inicial se deriva directamente de la aplicación de la teoría de juegos al campo de la ciencia política. Así, a partir de los trabajos de Gamson (1961) y muy especialmente de Riker (1962), se intentará predecir la formación de gobiernos de coalición utilizando el utillaje conceptual de la teoría de juegos elaborada por Von Neumann y Morgenstern, bajo la creencia de que era una teoría que podía contrastarse empíricamente.

El elegante pero simplista concepto de gobierno de coalición de Riker se centra en la identificación de un conjunto finito de gobiernos de coalición que se convierte en el conjunto solución del «juego». Partiendo del concepto que hemos visto antes, para Riker la predicción de los gobiernos de coalición que se formarán consistirá solo en identificar el conjunto solución de casos que reúnan el requisito de superar la mayoría absoluta de los escaños. Si llevamos a la práctica esta fórmula aplicándola a un caso tan complejo como el escenario parlamentario español a raíz de las elecciones legislativas de 1979, se constatará la poca utilidad de este criterio. Por un lado, se verá que el conjunto solución es demasiado grande, hasta sesenta y seis posibles combinaciones siguiendo solo el criterio de la mayoría absoluta. Por el otro, y siguiendo el criterio de viabilidad de cualquier de estas combinaciones, se constatará que hay un grupo de coaliciones que tiene como socios los diputados de Herri Batasuna, de forma que es claramente imposible su incorporación a un gobierno democrático de ámbito estatal.

En resumen, la aplicación práctica de este tercer supuesto de partida de las teorías formales pone sobre la mesa la necesidad de diferenciar entre la viabilidad teórica de las diferentes combinaciones de partidos y la deseabilidad práctica (o la viabilidad política) de estas, y es indispensable tomar en consideración más elementos y no solo los numéricos.

Las teorías formales se caracterizan por asumir que los partidos solo están motivados por la obtención del poder y de los beneficios que a ellos se vinculan. Es la corriente llamada office-seeking, que Riker (1962) inaugura al considerar el conjunto de cargos de gobierno (ministerios) como las recompensas intrínsecas del proceso de coalición, un premio fijo que se dividirá entre los ganadores.

En este sentido, si el cargo ministerial es el fin en sí mismo, entonces formar parte del gobierno es la única manera de ganar, por lo que será indispensable reducir el número de socios de la coalición para poder obtener más cargos. Aparece así el concepto de «coalición mínima ganadora», donde la clave será reducir al mínimo el número de socios (dos, en último caso) que estén en condiciones de controlar la mayoría absoluta de los escaños. A pesar de la sencillez del argumento, el ejercicio práctico anterior muestra que todavía hay demasiadas soluciones posibles, dado que no se concreta ningún otro criterio para discernir cual de las coaliciones será la que se formará.

Los intentos para mejorar la formulación de Riker requieren introducir criterios que permitan un grado más alto de especificidad y, por lo tanto, menos posibles gobiernos a predecir. Leisserson proporcionó un criterio fundamentado en que se tenderán a formar aquellas coaliciones con un menor número de partidos, dado que tanto la negociación como el mantenimiento de la coalición serán más sencillos.

Pese a la orientación central a favor de la aritmética parlamentaria, las teorías formales también han considerado el criterio de la motivación ideológica de los partidos. En su formulación inicial a finales de los años sesenta, la variable ideológica se incorporó a partir de la distribución de los partidos en el eje unidimensional izquierda-derecha para así poder valorar el curso de las negociaciones. El mismo Leisserson defendió la aplicación del criterio de la distancia ideológica, dado que los partidos más cercanos en el espacio ideológico tendrán más similitudes programáticas y, por lo tanto, más facilidad para llegar a acuerdos. La mejor propuesta, en esta dirección, la hizo Axelrod al predecir que los gobiernos de coalición que se formarán serán aquellos cuyos socios estén «conectados» en el espacio ideológico. Es decir, que los partidos sean «adyacentes» en este continuum izquierda-derecha.

La principal respuesta a las teorías formales viene dada por el alud de críticas a su escasa capacidad para reflejar el complejo entramado de variables que influyen, condicionan y limitan el proceso de formación de los gobiernos de coalición. Así, las nuevas teorías, de cariz multidimensional, ofrecen un amplio abanico de variables con las que poder explicar la diversidad de elementos que interactúan en el proceso de coalición, y superar así la simple tarea de predicción de las teorías formales.

El gran problema de las teorías formales ha sido su carácter estático, poco atento al rol de los elementos y las variables que inciden durante toda la legislatura, no solo durante el momento puntual de la formación del gobierno. Así, el cambio sustancial vendrá dado por la incorporación de la variable temporal a los estudios sobre los gobiernos de coalición. Es decir, percibir la formación de gobiernos de coalición no solo como un hecho puntual sino como un fenómeno que acontece en todo un periodo temporal. Tiene lugar, así, un proceso continuado, dinámico, en el cual el tiempo es una variable esencial y obligada no solo en el sentido histórico (comportamientos coalicionales anteriores, evolución de los partidos, resultados electorales previos, etc.) sino muy especialmente en su acepción cotidiana, en el día a día político.

En este sentido, si bien los resultados electorales establecen las posibilidades aritméticas para configurar los posibles gobiernos de coalición, habrá que tener muy presente que lo que puede ser aritméticamente posible no tiene que ser necesariamente viable políticamente, además de que quizás lo que sea políticamente viable o deseable no pueda ser aritméticamente posible.

A partir de la obra coordinada por Geoffrey Pridham en la segunda mitad de los años ochenta, esta nueva perspectiva se sistematiza para el análisis y se aplica al estudio de diferentes sistemas políticos europeos. El marco teórico pasa a definirse tomando en consideración siete dimensiones clave para la comprensión del proceso de coalición. Las explicamos a continuación.

Esta dimensión se centra en la caracterización temporal del proceso de coalición, partiendo del supuesto de que los partidos acumulan experiencia en el curso de una relación coalicional con otros partidos, pero también en las relaciones previas con los mismos actores. El elemento innovador es la consideración de la relación coalicional como un proceso continuado que está sujeto a las experiencias previas, pero también a las expectativas futuras.

Así, la perspectiva dinámica se incorpora a los estudios sobre gobiernos de coalición, teniendo en cuenta no solo el proceso dirigido a la formación del gobierno como un hecho aislado sino también hacia la «vida y muerte» de la coalición. A partir de los trabajos iniciales de Sanders y Herman (1977) sobre estabilidad y supervivencia de los gobiernos, o de Warwick (1979) sobre la duración de los gobiernos de coalición, se ha desarrollado una amplia bibliografía que se centra en el estudio del ciclo vital de los gobiernos de coalición. El concepto aparece con Paul Mitchell (1995), que esboza el ciclo vital de un gobierno de coalición. La primera etapa consiste en la identificación del contexto histórico para centrar el análisis, en una segunda etapa, en los programas políticos y las estrategias electorales de los partidos. Es en esta etapa en la que se analizan también las negociaciones, así como los potenciales pagos que se deriven. Si el proceso de negociación es satisfactorio quedará plasmado en un documento político de la coalición, que junto con la distribución de los cargos de gobierno constituye la posición de equilibrio inicial del gobierno y el punto de partida para evaluar la actuación política del gobierno.

Una vez formado el gobierno de coalición, el análisis se centra en la difícil tarea de identificar los acontecimientos que pueden desestabilizar el equilibrio inicial y las respuestas que la coalición les da para mantenerse «con vida». Sin embargo, todo gobierno acaba, «muere», y en esta etapa hay que analizar los elementos que llevan a su fin a un gobierno de coalición. Uno de los aspectos más relevantes de esta propuesta es que intenta integrar los efectos de las limitaciones intrapartidistas en la toma de decisiones políticas junto con las consideraciones respecto a las expectativas electorales de los partidos.

Esta dimensión se fundamenta en la hipótesis de que la estructura formal del sistema político incluye tanto las limitaciones como los estímulos para la creación de gobiernos de coalición. Es así el estudio de las «reglas del juego» diseñadas en el marco jurídico-institucional del sistema político: sistema electoral, relaciones gobierno-oposición, diseño institucional, proceso de toma de decisiones ejecutivas, etc.

Dentro de estas reglas del juego hay un elemento central para la comprensión del funcionamiento de las coaliciones y muy especialmente de los gobiernos de coalición: los acuerdos de coalición. Estos acuerdos, formales o informales, se configuran como el principal mecanismo institucional dirigido a garantizar la existencia de la coalición mediante la imposición de varios niveles de disciplina de coalición.

Veremos más adelante que sus funciones no acaban aquí, sino que también alcanzan el funcionamiento interno de los socios de un gobierno de coalición. El punto de partida en la formalización de un acuerdo de coalición está en que los líderes de los partidos asumen que respetando el acuerdo se obtendrá un mejor resultado a largo plazo, a diferencia de las situaciones en las que cada partido actúa libremente dentro del gobierno. También hay que tener presente que otra función de los acuerdos es dar información a los socios de gobierno, facilitar la comunicación entre ellos y reducir o evitar los conflictos internos.

Mucho más difíciles de evaluar son los motivos que llevan a los partidos a tomar determinadas decisiones a la hora de formar gobiernos de coalición. Si bien las teorías formales centran la atención casi exclusivamente en la investigación del poder (la obtención de cargos de gobierno o carteras ministeriales), la aproximación multidimensional incorpora una variedad mucho más amplia de objetivos y/o motivaciones. La variable temporal permite, pues, tener en cuenta que los partidos no solo se mueven por la investigación de objetivos a corto plazo, sino que también planifican sus decisiones a medio y largo plazo –a pesar de que a menudo tienen una visión excesivamente a corto plazo.

Una de las mejores aproximaciones a esta temática es la de Torbjörn Bergman, que construye un esquema en el cual cada decisión tomada por un partido dentro del proceso de formación de gobiernos de coalición responde a un cálculo estratégico. Este cálculo no es otro que la valoración, por parte de las élites del partido, de los efectos de la decisión de entrar (o no) a formar parte de un gobierno de coalición. Para Bergman, los efectos de esta decisión se notarán en cuatro ámbitos de la actividad del partido, que tienen un objetivo central asociado a cada uno de ellos: el ámbito ejecutivo, cuyo objetivo es la obtención de cargos de gobierno; el parlamentario, donde el objetivo es la aprobación de determinadas políticas públicas vinculadas a las preferencias del partido; el ámbito electoral, en el que el rendimiento electoral es el indicador; y, finalmente, el ámbito intrapartidista, donde el concepto clave es la cohesión interna en el seno de la formación.

La clave, pues, no radica solo en la posibilidad de obtención de ciertos cargos de ministro o de consejero, sino que está centrada en la respuesta que desde el partido y sus líderes se dé a las cuestiones siguientes: ¿cómo nos afectará electoralmente la entrada en un gobierno de coalición determinado? ¿Y en términos de cohesión interna? ¿Y en términos de aprobación de políticas públicas? De los resultados de esta evaluación se derivará la decisión final por parte del partido, de forma que a partir de estos análisis podemos comprender por qué algunas formaciones en los ámbitos catalán, español o europeo han decidido en varias ocasiones no formar parte de un gobierno de coalición y mantenerse en la oposición o, también, optar entre diferentes socios de gobierno.

Una de las dimensiones más difíciles de captar es esta, la horizontal/vertical, dado que hace referencia a las relaciones que se establecen dentro de los partidos políticos pero centrando su atención en su vertiente «vertical». Así, por un lado, se toman en consideración las relaciones interpartidistas (horizontales), como pueden ser la compatibilidad ideológica entre los partidos, el grado de competencia electoral o la relación existente entre los líderes de las formaciones. Por otro lado, la vertiente vertical se centra en dos formas paralelas de relaciones centro-periferia: las relaciones intrapartidistas de arriba hacia bajo, centrándonos esencialmente en el alcance del control y/o influencia de los líderes nacionales sobre la conducta coalicional de los núcleos subnacionales, así como de abajo hacia arriba, qué efectos tienen los acontecimientos a escala local o subnacional sobre la cúpula dirigente nacional.

A pesar de las dificultades para llevar a cabo este tipo de análisis, el caso español es especialmente apropiado para analizar las relaciones existentes entre los partidos (y dentro de los partidos) en ámbitos político-territoriales diferentes. La existencia de partidos de ámbito estatal que cuentan con una organización territorial descentralizada permite incluir las relaciones entre las diferentes secciones y el núcleo central dentro del análisis de la toma de decisiones. Además, podemos encontrar ejemplos del uso del ámbito local y autonómico como «laboratorios de pruebas» para la experimentación previa de alianzas futuras en el ámbito nacional o para la formación de gobiernos de coalición a partir de intercambios de poder a diferentes niveles. Es, pues, un escenario político que se tiene que entender desde una aproximación multiparlamentaria y multiterritorial, donde los procesos de formación de gobiernos de coalición en un municipio pueden estar condicionados por estrategias políticas diseñadas a escala autonómica o, si subimos un nivel, la formación de gobiernos de coalición autonómicos puede ser supeditada a estrategias políticas nacionales.

Íntimamente vinculado a la anterior dimensión se encuentra el análisis de la dimensión interna, diferenciada de aquella por la especial atención que recibe la problemática del control del partido por parte de sus élites. Se pone en cuestión, pues, el supuesto de las teorías formales según las cuales el partido es un bloque monolítico, por lo que el interés se desplaza al estudio de las diferencias existentes entre las estructuras organizativas de los partidos, así como sus niveles de centralización y de institucionalización.

En otras palabras, se trata de analizar hasta qué punto un determinado tipo de organización interna de los partidos condiciona, en más o menos proporción, la toma de decisiones coalicionales. Así, el grado de centralización o descentralización de la organización incidirá en su capacidad para solucionar los conflictos que aparezcan durante la fase de negociación coalicional. Es decir, en el supuesto hipotético de un partido asambleario en el que cualquier decisión tuviera que ser sometida a validación de sus militantes, tendría muchas dificultades para poder dirigir con éxito un proceso de negociación coalicional, mientras que un partido fuertemente centralizado podría tomar las decisiones de manera mucho más ágil y rápida. Por lo tanto, la fuerza negociadora de un partido no solo reside en su solidez electoral, sino que tiene que ver muy especialmente con las características de su organización interna y esencialmente con la estructura del proceso interno de toma de decisiones.

Esta dimensión incluye un amplio conjunto de variables que van desde la cultura política hasta las relaciones entre los partidos y sus bases sociales, aunque merecen una atención especial aquellos elementos relacionados con los cambios en las demandas y preferencias del electorado, por la influencia que ello tiene en las próximas elecciones y en el diseño de actuaciones por parte de los partidos a corto y medio plazo. En este sentido destacan los estudios sobre «cultura coalicional» llevados a cabo por Jordi Capo, para quien este concepto «se refiere a las representaciones, opiniones y preferencias del electorado sobre la formación de gobiernos monocolores mayoritarios, minoritarios o de coalición; a la percepción del pacto como procedimiento político; a la visualización de un ejecutivo fuerte o débil, y a su imagen de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo».

Aquí encontramos un grupo de consideraciones genéricas sobre la conducta coalicional, en especial sobre el impacto que los acontecimientos, más allá del control de los actores, pueden tener sobre la dinámica del proceso de formación de gobiernos de coalición. Algunos ejemplos pueden ser el papel de los medios de comunicación o la acción de gobiernos en otros estados o zonas del territorio. La razón de ser de esta dimensión es la constatación de que los partidos políticos actúan en un mundo de incertidumbre en el cual determinados acontecimientos pueden condicionar su comportamiento inesperadamente.

Una de las principales líneas de estudio es el análisis de aquel tipo de acontecimientos especialmente azarosos y problemáticos que pueden crear una situación de crisis inesperada que los partidos no son capaces de resolver. Son situaciones que se definen, pues, como shocks desestabilizadores que los gobiernos no podrán resolver satisfactoriamente. Estos acontecimientos pueden tomar diferentes formas, por ejemplo, escándalos políticos vinculados a la corrupción, crisis internacionales o situaciones de enfermedad o muerte repentina del presidente del gobierno.