La e-administración hoy

El uso de los medios electrónicos permite a las administraciones públicas prestar los servicios públicos de manera más ágil, eficaz y eficiente; relacionarse con los ciudadanos, las empresas y las organizaciones de manera más transparente, abierta y participativa y, además, impulsar el desarrollo económico y social. Por ello, los medios electrónicos son utilizados a diario por las administraciones públicas para mejorar la prestación de los servicios públicos, facilitar las relaciones con los ciudadanos, las empresas y las organizaciones, canalizar la relación con otras administraciones públicas e impulsar el desarrollo económico y social.

A pesar del impacto positivo que los medios electrónicos pueden tener en las administraciones públicas y en sus relaciones con los ciudadanos así como los importantes avances producidos en los últimos años, los medios electrónicos no han permitido aún una verdadera transformación de las administraciones públicas. No puede olvidarse al respecto que, como manifiesta la conocida expresión de la OCDE, "la tecnología es un facilitador, pero no una solución".

Desafortunadamente, aún en muchos casos los medios electrónicos se han añadido a procedimientos tortuosos y organizaciones complejas, a administraciones públicas basadas todavía en los principios propios de la administración burocrática caracterizada, en muchos casos, por su poca transparencia y la gran distancia de los ciudadanos, sin que haya habido ni un replanteamiento ni una reflexión profunda sobre el funcionamiento de las administraciones públicas, ni se haya aprovechado la incorporación de los medios electrónicos para adquirir conciencia de que éstos son únicamente un instrumento para fortalecer las relaciones entre las propias administraciones públicas y con los ciudadanos, así como para mejorar su eficacia y eficiencia. Un instrumento, por otro lado, necesario para que las administraciones públicas puedan hacer frente a los retos de la gobernanza de las sociedades pluralistas, complejas e interdependientes que debe basarse en la colaboración con los ciudadanos, las empresas y las organizaciones, creando redes en las que se canalicen las relaciones entre las administraciones públicas, los ciudadanos, las empresas y las organizaciones.

Por lo tanto, a pesar del importante papel de los medios electrónicos, la e-administración no se corresponde únicamente con la automatización de la administración pública. No se debe considerar que la simple incorporación de la tecnología en la administración pública constituya un elemento suficiente para poder confirmar el surgimiento de un nuevo modelo de administración pública. En la e-administración, la incorporación de los medios electrónicos debe ir acompañada de la reformulación de los procedimientos y las organizaciones, de un cambio no sólo organizativo sino también institucional, para adaptarse a las necesidades de las sociedades actuales. Todo ello, ha de venir impulsado por un liderazgo político suficiente pero también por un marco jurídico que, por un lado, permita garantizar la seguridad jurídica y, por otro, el pleno ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos.

De aquí que se pueda apuntar que la e-administración tiene un carácter poliédrico, en el sentido de que presenta diferentes planos (técnico, político-organizativo, jurídico) cuya intersección resulta necesaria para el desarrollo de la e-administración. Así ha sido ampliamente aceptado, por ejemplo, por el Consejo de Europa, en su Recomendación (2004) 15 del Comité de ministros del Consejo de Europa, al destacar que la e-administración no es un asunto meramente técnico, sino de gobernanza democrática. Por ello reconoce que los efectos de los medios electrónicos sólo se conseguirán en la medida en que también se introduzcan cambios en las estructuras, en los procesos y en la manera como trabajan y se organizan los poderes públicos. En esta misma línea, la Comisión de la Unión Europea en su comunicación sobre "El papel de la administración electrónica en el futuro de Europa" [COM (2003) 567 final] afirma que "el énfasis no debe ponerse en las TIC propiamente dichas, sino en su utilización combinada con los cambios organizativos y con nuevas aptitudes encaminadas a mejorar los servicios públicos, los procesos democráticos y las políticas públicas".

En España, muchas administraciones públicas han hecho importantes esfuerzos para incorporar los medios electrónicos en el desarrollo de su actividad. Sin embargo, hasta la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante, LAECSP), la regulación básica de la e-administración se encontraba en tres preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (en adelante, LRJPAC) que han sido desarrollados tanto a nivel estatal como autonómico y local por algunas normas. A pesar de su importancia y de haber constituido la base sobre la que se inició el desarrollo de la e-administración en España, estos preceptos básicos contenidos en la LRJPAC no han sido suficientes ni para garantizar suficientemente los derechos de los ciudadanos y las empresas en sus relaciones con las administraciones públicas a través de los medios electrónicos ni para dar la necesaria seguridad jurídica a las transacciones electrónicas.

La aprobación de la LAECSP supone una buena oportunidad para avanzar en el desarrollo de la e-administración en España al reconocer el derecho de los ciudadanos a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos. Para ello, la LAECSP prevé diferentes instrumentos que pueden facilitar la extensión de los beneficios que se derivan del uso de los medios electrónicos por las administraciones públicas, pero también que han de permitir hacer frente a los riesgos que puede generar el uso generalizado de los medios electrónicos en las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos. Además, la LAECSP constituye una buena ocasión para progresar en el proceso de modernización de las administraciones públicas para que puedan hacer frente a los retos del siglo XXI.

Este libro analiza la regulación de la e-administración en España, centrándose especialmente en el examen de la LAECSP. Con carácter previo, expone las políticas públicas que se han ido desarrollando en los últimos años para impulsar la e-administración.

Este libro es resultado de la investigación realizada en la Universitat Oberta de Catalunya sobre la regulación de la e-administración y constituye una versión ampliada y actualizada, en la que se han incorporado entre otras las importantes novedades que la LAECSP ha introducido en la regulación de la administración electrónica, del libro L'administració electronica publicado en la colección Vull Saber de esta misma editorial.