Aunque comenzó a poner sus cimientos en 1958, la organización terrorista ETA no perpetró su primer asesinato hasta el 7 de junio de 1968, cuando mató en Aduna (Guipúzcoa) al guardia civil José Antonio Pardines Arcay. Él fue la primera de las 66 personas a las que los terroristas asesinaron antes del 15 de junio de 1977, la fecha que la Ley de Amnistía estableció como límite para la extinción de la responsabilidad penal de los delitos de motivación política. El listado de asesinados se engrosaría de forma mayoritaria en las décadas siguientes. De hecho, ETA cometió más del 90% de sus crímenes en democracia.
El principal objetivo de la organización terrorista eran los miembros de las Fuerzas de Seguridad, que se erigían a sus ojos como la encarnación del Estado español y, por tanto, del enemigo. Durante aquellos años, no obstante, ETA comenzó a ampliar su diana y puso en marcha dos campañas de violencia de persecución: la «campaña antichivatos», que señalaba a supuestos colaboradores de las Fuerzas de Seguridad vinculados a las estructuras del régimen franquista, y la «campaña antialcaldes», a los que acusaba de estar al servicio del franquismo. Entre las víctimas de aquellos primeros años de actividad de la banda también se cuentan civiles, incluida la más de una decena de muertos en el atentado contra la cafetería Rolando en Madrid (13 de septiembre de 1974), el primer crimen indiscriminado en la historia de la organización. Una vez comprobados los efectos devastadores de la explosión, en las filas terroristas se abrió un debate interno sobre la conveniencia de reconocer o no su responsabilidad en el atentado. Para entonces, la espiral de violencia ya se había activado y poner fin a la lucha armada quedaba fuera del debate. Aun así, aquel atentado abrió un cisma entre las principales corrientes internas que dio lugar a la aparición de una escisión: ETA político-militar.
Las Fuerzas de Seguridad, ancladas en las reglas de juego del régimen franquista, se vieron sorprendidas por la capacidad operativa de ETA, a la que llegaron a subestimar tras sus primeros atentados. Su inexperiencia en la lucha antiterrorista se hizo visible en las detenciones masivas, auspiciadas por los sucesivos estados de excepción decretados por el Gobierno. La falta de eficacia policial y judicial en estos años se manifiesta en las cifras: de los 66 asesinatos de ETA solo cuatro terminaron en una sentencia condenatoria. El 93% nunca fueron juzgados y, en muchos casos, ni siquiera hubo pistas que señalaran a los culpables. La aprobación de la Ley de Amnistía en octubre de 1977 paralizó las investigaciones en curso, anuló las órdenes de búsqueda y captura, puso en libertad a los acusados a la espera de juicio y extinguió definitivamente la responsabilidad penal sobre 62 asesinatos que llevaban el sello de ETA.
FERMÍN MONASTERIO PÉREZ
9 de abril de 1969. Arrigorriaga (Vizcaya). Taxista
En 1969, Fermín Monasterio Pérez tenía 39 años. Había nacido en Isar, un pequeño pueblo de Burgos, y hacía cinco años que se había trasladado a Bilbao para sacar adelante a su familia: su mujer, María del Rosario Burgos, y sus tres hijas, María del Rosario, María de la Adoración y María del Mar, de 14, diez y cuatro años, respectivamente. Trabajaba como taxista y ese mes de abril había estrenado su primer coche en propiedad, un Simca 1000. Apenas una semana después se cruzó en su camino el miembro de ETA Miguel Etxeberria Iztueta, Makagüen, que, en cuestión de minutos, se convertiría en su asesino.
Las entonces Fuerzas de Orden Público (FOP) tenían bajo vigilancia un piso de la calle Artekale de Bilbao que sospechaban que era utilizado por miembros de la organización terrorista. Esa tarde llegaron a la vivienda el propio Makagüen, Josu Abrisketa Korta, Víctor Arana Bilbao y Mario Onaindia. Este último contaría en sus memorias lo ocurrido:
Txapetón [Víctor Arana] abrió la puerta y entramos a la sala, donde no había otro mueble que un armario de los que se usan para guardar platos y otros utensilios de cocina; se desvió hacia la derecha, hacia la habitación que nos servía de dormitorio, donde vio una maleta sobre un colchón. Sorprendido, se detuvo y quiso avisarnos de que en aquella casa había entrado alguien, pero no le dio tiempo porque sonó el disparo de una pistola que le descerrajó un tiro a menos de un metro y le atravesó la barriga. No pudimos percibirlo con claridad porque, al mismo tiempo, Txutxo y yo, que habíamos entrado en la sala, oímos una explosión con una luz cegadora (El precio de la libertad. Memorias. 1948-1977).
Abrisketa, Arana Bilbao y Onaindia fueron detenidos, mientras que Makagüen logró escapar, aunque resultó herido de bala en la mano. En su huida se cruzó con el Simca 1000 de Fermín Monasterio, a quien pidió que lo llevara a Basauri. El terrorista contaría después varias versiones de lo que ocurrió en el interior del taxi, aunque todas acababan de la misma manera: con el asesinato a tiros de Fermín Monasterio.
Un relato del propio etarra señala que en un momento determinado el taxista paró el vehículo y Etxeberria lo encañonó con la pistola. Los dos salieron del taxi y conversaron de pie. Makagüen intentó apoderarse del vehículo sentándose en el asiento del conductor. Fermín se acercó a él, quizá con intención de evitar el robo, y Etxeberria le disparó, primero un tiro que le alcanzó en la mano y luego otros dos que lo dejaron mortalmente herido («¿Crímenes ejemplares? Prensa, propaganda e historia ante las primeras muertes de ETA», Gaizka Fernández Soldevilla, 2020).
Sin embargo, la sentencia que condenó a las personas que ocultaron al miembro de ETA tras el asesinato dice que Etxeberria disparó contra el taxista con el vehículo en marcha, que eso provocó que se detuviera y que luego arrojó al conductor al suelo, donde volvió a dispararle.
Dos testigos avisaron a la Guardia Civil y condujeron al taxista a un hospital. Murió durante el trayecto, después de pedir la asistencia de un sacerdote y de explicar con la mano abierta el número de disparos que había recibido.
Makagüen se escondió durante varios días en un caserío del barrio de San Juan de Orozco. Ni la Policía ni la Guardia Civil encontraron el taxi de Fermín Monasterio, pese a que el terrorista lo había dejado en las inmediaciones del lugar donde había aparecido el cuerpo. El error se debió, al parecer, a una disputa de competencias entre ambos cuerpos, según un informe del Ministerio del Ejército.
El etarra fue ocultado por una extensa red de colaboradores de la que formaban parte una decena de sacerdotes que lo llevaron por sucesivos escondites, lo atendieron y, finalmente, lo condujeron a Francia, donde fue recogido y trasladado a París. Allí lo llevaron a una clínica para que le curaran las heridas sufridas en la mano. Posteriormente, con documentación falsa, fue enviado a Yugoslavia, desde donde voló a Cuba. En este país permaneció durante un tiempo y recibió adiestramiento en la fabricación de explosivos. En 1978, tras beneficiarse de la amnistía, regresó a España, pero tres años después huyó de nuevo a Francia a raíz de la detención de una persona a la que Etxeberria había reclutado para ingresar en ETA.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó una requisitoria para que compareciera en el Juzgado Militar número 2, procesado por «propaganda ilegal, terrorismo, bandidaje, tenencia ilícita de armas, atentado a agentes de la autoridad y homicidio». El texto especificaba que era «mecánico, de unos 23 años y 1,75 metros de estatura». Detallaba también algunos de sus rasgos característicos, como «un defecto en la pronunciación de la erre» y su querencia por llevar «gafas de pega» (BOE, 3 de abril de 1969).
Makagüen continuó perteneciendo a ETA. Fue detenido en la localidad mexicana de San Luis de Potosí el 2 de abril de 1998 y entregado a las autoridades españolas. Las Fuerzas de Seguridad le acusaron de haber formado parte de la estructura de la banda dedicada a la fabricación de explosivos. En un zulo de la localidad francesa de Mouguerre, descubierto en 1994, donde ETA producía diversas sustancias explosivas, se encontró una carta manuscrita por Etxeberria con indicaciones para la manipulación y elaboración de esos productos. El texto constituyó la prueba clave que permitió a la Audiencia Nacional condenarle, en 2000, a ocho años de prisión por pertenencia a la organización terrorista. Cuando quedó en libertad solicitó una pensión al Gobierno vasco, petición que fue rechazada. Ante la comisión a la que efectuó la solicitud explicó cómo había cometido el asesinato del taxista Fermín Monasterio. En 2017 murió en Llodio, donde fue homenajeado.
El asesinato de Fermín Monasterio, la tercera víctima mortal de ETA y la primera civil, causó una fuerte conmoción social. Una multitud llenó la parroquia de San Pedro Apóstol de Deusto y casi 500 de los 700 taxistas de Bilbao colapsaron el tráfico de la entonces Avenida del Ejército (hoy Lehendakari Aguirre) y lucieron crespones en las antenas de sus aparatos de radio. La viuda y las hijas de la víctima tuvieron que lidiar con el relato que ETA y su entorno difundieron sobre los hechos: que la Guardia Civil era la responsable del crimen. La organización se resistía a asumir que había matado a un trabajador. «A tu padre no lo ha matado ETA, lo ha matado la Guardia Civil», le dijo una compañera a la hija mediana, Dori, el día que regresó al colegio (José Antonio Pérez, Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco. 1968-1981).
ELOY GARCÍA CAMBRA
29 de agosto de 1972. Galdakao/Galdácano (Vizcaya). Policía municipal
Los presuntos implicados en el asesinato del policía municipal Eloy García Cambra comenzaron a ser identificados unos días después de los hechos. Desde que protagonizaron las enrevesadas circunstancias que terminaron con la muerte del agente, sus destinos corrieron distinta suerte: dos huyeron y fueron declarados en rebeldía y otros dos pisaron la cárcel. Todos, sin embargo, se beneficiaron de la amnistía de 1977, que extinguió su responsabilidad sobre el crimen.
El 28 de agosto de 1972, Eloy García Cambra reparó en un Seat 600 aparcado en la plaza del Ayuntamiento de Galdácano. Le había resultado sospechoso. Parecía abandonado, pero, al acercarse, vio que estaba abierto y que las llaves yacían debajo de la alfombrilla. Decidió vigilarlo y, al día siguiente, hacia las diez de la mañana, vio cómo se aproximaba un hombre que, de acuerdo con el sumario 6/77, se identificó como José Luis Zabalondo Loidi y explicó que se trataba del coche de un amigo. García Cambra y su compañero, el agente Ignacio García Rubio, le preguntaron si conocía a tres jóvenes que merodeaban por la zona y que también les habían infundido sospechas. Zabalondo lo negó y los agentes lo dejaron marchar. Sin embargo, algún elemento de aquella escena no les cuadró y decidieron seguir a los cuatro, que acabaron reuniéndose en la calle Juan Bautista Uriarte. En definitiva, las inquietudes de los agentes se confirmaron.
Los policías municipales cortaron con su coche uno de los accesos a la vía y solicitaron refuerzos a la Guardia Civil, que envió enseguida a dos agentes. Los cuatro jóvenes, entretanto, pararon un taxi que los policías interceptaron. Les pidieron la documentación y, como no la llevaban, ordenaron que fueran al Ayuntamiento para aclarar los hechos. Los cuatro jóvenes y los cuatro agentes se dividieron en dos vehículos. En el coche de la Policía Municipal subieron García Cambra, su compañero, un guardia civil y uno de los detenidos; en el taxi viajaban los otros tres sospechosos y el segundo guardia civil, además del taxista.
Según el relato del juez instructor, al llegar a su destino, José Ignacio Mujika Arregi, Ezkerra, descendió del vehículo e inició un tiroteo en el que García Cambra resultó muerto por dos disparos en el tórax. Tenía 44 años, estaba casado y era padre de cuatro hijos. El guardia civil Herminio Nebreda fue herido a causa de dos disparos en la pierna. Ignacio Rubio, por su parte, golpeó a uno de los atacantes y logró quitarle una cartera en la que encontrarían 47 balas de calibre 9 mm, tres llaves falsas para abrir coches y una navaja automática. Más tarde, en el coche se incautaron de una relación de matrículas de vehículos de la Policía.
En el libro Los hombres de ETA, el periodista José María Portell dio algunos detalles sobre la huida de los fugitivos: intentaron robar un coche, pidieron al dueño que los trasladara a Bilbao con la excusa de que uno de ellos estaba herido por un «accidente laboral». Poco antes de llegar le ordenaron que se detuviera y le dieron 100 pesetas para compensar los gastos del viaje. Ahí se les perdió la pista.
El 27 de septiembre de 1972, menos de un mes después del asesinato de Eloy García Cambra, un documento de la comandancia de la Guardia Civil de Bilbao identificó a los cuatro miembros de ETA supuestamente implicados. Todos eran miembros «liberados» —a sueldo— de la organización terrorista. Cinco testigos, entre ellos el guardia civil herido y el policía que acompañaba a Eloy García, identificaron fotográficamente, con mayor o menor seguridad, a los cuatro sospechosos.
Sin embargo, el relato completo de los hechos lo aportaría en septiembre de 1975 uno de los presuntos implicados, Mujika Arregi, cuando fue detenido. Entonces era, junto a Pedro Ignacio Pérez Beotegui, Wilson, uno de los principales dirigentes de ETA político-militar. La infiltración en sus filas del agente de los servicios secretos Mikel Lejarza, Lobo, supuso la desarticulación de esta escisión de ETA. Según contó Mujika Arregi en las diligencias policiales, el encuentro de los cuatro miembros de ETA en Galdácano se debió a una «cita de seguridad». Además de Zabalondo y de él mismo, acudieron Wilson y Julián Barbarias Argoitia. Todos huyeron a Francia. Tras la declaración de Mujika Arregi, los cuatro fueron procesados por el asesinato de García Cambra. Para entonces, Wilson ya estaba en prisión acusado de otros delitos de terrorismo.
Entretanto, ETA se resistió a reconocer su responsabilidad por el asesinato del policía municipal. La dirección de la organización terrorista emitió un comunicado en el que aportaba su propia versión de lo ocurrido en Galdácano y defendía la «imposibilidad» de que sus militantes hubieran matado a un policía municipal, ya que este cuerpo no estaba entre sus objetivos. Reclamaban incluso un informe forense y uno de balística para demostrarlo. Por algún motivo, sus exigencias se cumplieron. El 3 de marzo de 1976, el cadáver de Eloy García Cambra fue exhumado en el cementerio de Galdácano ante la presencia, en calidad de testigo, de Ignacio García, el compañero con el que patrullaba el día de su asesinato. El médico forense le extrajo el único proyectil que encontró alojado en su cuerpo y que, de acuerdo con el examen de balística, era de calibre 9 mm parabellum. El estado del proyectil hacía imposible identificar la pistola con la que se había disparado, aunque el calibre coincidía con el de las balas que la Policía había encontrado entre las pertenencias de los terroristas.
Los acusados por el asesinato de Eloy García Cambra nunca llegaron a ser juzgados por este crimen, que fue amnistiado el 15 de noviembre de 1977. Antes de las elecciones, Mujika Arregi y Pérez Beotegui salieron de prisión con la obligación de abandonar el territorio nacional. Ambos se integraron después en Euskadiko Ezkerra. Pérez Beotegui falleció en 2008. Por su parte, José Luis Zabalondo y Julián Barbarias seguían huidos cuando se les amnistió, por lo que sus respectivas órdenes de busca y captura quedaron sin efecto.
HUMBERTO FOUZ ESCOBERO, intérprete; FERNANDO QUIROGA VEIGA, agente de aduanas, y JORGE JUAN GARCÍA CARNEIRO
24 de marzo de 1973. San Juan de Luz (Francia)
El éxito profesional de Humberto Fouz Escobero, gallego de 29 años, en Irún arrastró hasta la localidad fronteriza a dos amigos, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga. Fouz, que hablaba cinco idiomas, trabajaba como intérprete jefe del departamento comercial en la empresa Traffic, un puesto que había conseguido a través de su cuñado. Las buenas perspectivas laborales animaron a Fernando Quiroga, de 25 años, que encontró trabajo como agente de aduanas. Jorge Juan García, de 23 años, acababa de conseguir un empleo al que iba a incorporarse el 1 de abril de 1973. Con la perspectiva de un trabajo fijo, regresó a Galicia a pedirle matrimonio a su novia. La boda y el resto de los planes de los tres jóvenes se truncaron el sábado 24 de marzo de 1973.
Después del almuerzo, los tres amigos y el cuñado de Humberto, Cesáreo Ramírez, que los alojaba en su domicilio, acudieron al bar Castilla de Irún a jugar una partida de cartas. Hacia las cuatro de la tarde subieron al Austin 1300 de Humberto, dejaron a Ramírez en su trabajo y pusieron rumbo a Francia. El plan era conducir hasta Hendaya o San Juan de Luz para ver la película El último tango en París, por entonces prohibida en España. Nunca se volvió a saber de ellos.
El primer registro policial de la desaparición está fechado el 17 de abril, cuando Cesáreo Ramírez denunció en la comisaría de Irún que hacía 24 días que no tenía noticias de los chicos. La hipótesis inicial apuntó a un accidente de tráfico. Se dio aviso a las autoridades francesas, incluida la Comandancia Naval, ante la sospecha de que el coche hubiese caído al mar. Rastrearon carreteras, y el juez de instrucción número 3 de San Sebastián decretó el sobreseimiento provisional del caso el 18 de mayo de 1973 (Causa número 290, Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián, 1973).
Como se relata en el libro Pardines. Cuando ETA empezó a matar, ese mismo mes comenzaron a circular por el País Vasco francés octavillas, firmadas por un impreciso «Trabajadores españoles», que contenían un relato de «hechos comprobados con toda exactitud» sobre el paradero de los jóvenes. Se decía que la noche del 24 de marzo se encontraban en el bar La Licorne «cantando canciones de la tierra» cuando varios miembros de ETA, quizá confundiéndolos con policías, se enfrentaron a ellos en una «bárbara paliza» en la que a uno de los gallegos le habrían arrancado un ojo. Sería entonces cuando el jefe del grupo, el miembro de ETA Tomás Pérez Revilla, habría decidido el triple asesinato. A modo de prueba, se afirmaba que otro miembro del comando, Ceferino Arévalo Imaz, había reconocido la hazaña «estando en la cama con una amiga», y que el coche de las víctimas lo estaba utilizando con matrícula falsa otro etarra, Pedro Aquizu Leizarreta. Las octavillas llamaban a la recogida de firmas para pedir justicia a las autoridades francesas, a las que acusaban de complicidad con los culpables. También instaban a enviar cartas a los periódicos para visibilizar lo ocurrido y criticaban el silencio de los «jerarcas católicos españoles», con los que decían haberse puesto en contacto sin obtener respuesta. En la otra cara de los panfletos figuraban las fotografías de los tres jóvenes «cobarde y salvajemente asesinados». Décadas después, el exsubcomisario de la Policía Nacional condenado por su participación en los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), José Amedo, aseguró en el documental El crimen más oculto de ETA (2005) que las octavillas habían salido de la Dirección General del cuerpo.
La versión que difundían los panfletos guardaba importantes coincidencias con la que el periodista Alfredo Semprún comenzó a publicar en el diario ABC el 26 de diciembre de 1973. Según su relato, un botellazo acabó con la vida de Humberto Fouz, cuyo cuerpo fue arrojado a la bahía de San Juan de Luz. Los otros dos jóvenes fueron retenidos en una granja de Saint Palais, hasta que Pérez Revilla decidió asesinarlos con sendos tiros en la nuca y enterrar sus cuerpos en los alrededores. Aunque el desenlace fue inesperado, el modus operandi no resultaba del todo novedoso. Cuando en 1975 José Ignacio Mujika Arregi, Ezkerra, fue detenido por su implicación, entre otros atentados, en el magnicidio de Luis Carrero Blanco, declaró que en el verano de 1972, un año antes de la desaparición de los tres gallegos, fue testigo de cómo tres individuos sospechosos de ser policías habían sido retenidos e interrogados en San Juan de Luz, en casa del militante de ETA Mikel Lujua. Entre los terroristas que los interrogaron estaban Pérez Revilla y Manuel María Garmendia Zubiarrain. Cuando descartaron sus sospechas, los dejaron marchar. Añadió también que, después del verano, él mismo y otros «cinco o seis» nuevos integrantes de ETA retuvieron a dos personas a la salida de un cine y los dejaron marchar tras comprobar que no eran policías.
Tras la publicación de la información de ABC, el 7 de enero de 1974 las familias interpusieron una querella contra Pérez Revilla, a quien acusaban de homicidio, robo y asesinato. También señalaron a todos los miembros de ETA que Semprún había mencionado en sus informaciones: Tomás Pérez Revilla, Hueso; Manuel Murua Alberdi, El Casero; Ceferino Arévalo Imaz, El Ruso; Jesús de la Fuente Iruretagoyena, Basacarte; Prudencio Sudupe Azcune, Pruden; Sabino Achalandabaso Barandica, Sabin; Pedro Aquizu Leizarreta, Kepa, y Lucio Ochoantesana Badiola, Luken.
La Policía hizo entonces algunas gestiones que aportaron nuevos indicios: el etarra Jesús María Muñoa Galarraga confirmó desde la cárcel de Burgos la existencia de una granja propiedad de ETA V Asamblea en Saint Palais, y Jesús María Zabarte Arregui, que después sería conocido como «El carnicero de Mondragón», admitió ante los agentes haberle preguntado a Pérez Revilla por lo ocurrido con los tres jóvenes gallegos: «Cuanto menos sepas del asunto, mucho mejor», dijo que le había respondido. También comprobaron que un Austin 1300 de características similares al de Humberto Fouz había circulado por territorio francés con una matrícula robada. En su informe, la Policía apuntaba a dos posibles autores materiales del triple asesinato: Tomás Pérez Revilla y Ceferino Arévalo (Informe núm. 265 de la Brigada Provincial de Investigación Social, Comisaría del Cuerpo General de Policía, 14 de febrero de 1974). La hipótesis de los agentes se basaba en que, «espantados» por las «bárbaras palizas» que habían propinado a los tres amigos, los terroristas decidieron asesinarlos y hacerlos desaparecer.
A pesar de la información recabada, el juez de instrucción denegó el procesamiento de los etarras sospechosos. Comenzó entonces la lucha de las familias para que se solicitara a Francia la apertura de una investigación, una petición que el juez denegó sucesivamente. El 17 de abril de 1975 declaró el sumario «concluso» y lo sobreseyó de forma provisional el 18 de octubre de 1975. El 28 de junio de 1984, Tomás Pérez Revilla falleció en la unidad de quemados del Hospital de Biarritz, 45 días después de haber sufrido un atentado de los GAL. Su papel en la desaparición de los tres jóvenes gallegos nunca ha llegado a aclararse.
En septiembre de 1997 se exhumó un panteón en el cementerio francés de Biriatou ante la sospecha de que albergara los restos de otro desaparecido, Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur. Sin embargo, aparecieron tres cadáveres que algunas informaciones relacionaron con los jóvenes gallegos. La incógnita se mantuvo durante casi dos años, hasta que en marzo de 1999 el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, respondió a una pregunta realizada en el Pleno del Senado por Coral Rodríguez Fouz, sobrina de Humberto Fouz y senadora del Partido Socialista. El ministro confirmó que los restos no pertenecían a los tres jóvenes.
Para entonces, Coral Rodríguez ya se había puesto al frente de las reivindicaciones de las familias para esclarecer el caso: escribió, sin obtener respuesta, a Manuel Murua Alberdi, preso en la cárcel de Logroño, e instó a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco a que preguntara al etarra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera —que había sido miembro de dicho órgano cuando era parlamentario de Euskal Herritarrok— sobre el paradero de los jóvenes. En 2001 logró más datos sobre la ubicación de la granja que podría haber sido escenario de los crímenes y los puso en conocimiento del entonces ministro de Interior, Mariano Rajoy. En 2002, Francia anunció la reapertura del caso, aunque también pidió «paciencia». Fue una esperanza frustrada. En octubre de 2004, Coral Rodríguez aportó nuevos datos aún más concretos sobre la localización de la granja: estaba en Beyrie Sur Joyeuse, a diez kilómetros del centro de Saint Palais, y en 1973 pertenecía a Arnaud Etchamendy, un estudioso de la lengua vasca vinculado a la izquierda abertzale. Posteriormente dividió la parcela en dos caseríos: Casa Harandokia, donde vivía su hijo Arnaud, y Maison Arteaga, donde residía su hijo Eric. La respuesta de los investigadores fue que el terreno era demasiado extenso para conseguir una orden judicial que autorizara la excavación y que eran necesarios datos todavía más precisos. En 2005, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu reabrió el caso por última vez tras la emisión de un documental de El Mundo TV que aportaba nuevos indicios a la investigación. En 2006, sin embargo, se decretó el sobreseimiento provisional. Francia nunca ha autorizado excavar en la zona, mientras que ETA nunca reconoció ni negó su implicación en los hechos.
JUAN ANTONIO BUENO FERNÁNDEZ, inspector del Cuerpo General de Policía; LUIS CARRERO BLANCO, presidente del Gobierno, y JOSÉ LUIS PÉREZ MOGENA, conductor del Parque Móvil de Ministerios
20 de diciembre de 1973. Madrid
Con el atentado que acabó con la vida del presidente del Gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco, su escolta, Juan Antonio Bueno Fernández, y su chófer, José Luis Pérez Mogena, la organización terrorista ETA perpetró un magnicidio que le reportó popularidad dentro y fuera de España, dejando en evidencia a unas Fuerzas de Orden Público que habían subestimado la capacidad de acción de la organización terrorista y sumiendo a la dictadura franquista en una grave crisis política. A todo ello se sumaba otra circunstancia igualmente excepcional: buena parte de la preparación del atentado se conoció a través de un libro, Operación Ogro, que publicó primero bajo pseudónimo Genoveva (Eva) Forest, colaboradora del comando Txikia de ETA, el responsable del atentado. El relato de los hechos se completa con los detalles que aparecen en el sumario del caso, desgranado en investigaciones como las de Gaizka Fernández Soldevilla y Pablo García Valera («El asesinato de Carrero Blanco. Historia, teorías conspirativas y ficción») o la de Antonio Rivera (20 de diciembre de 1973. El día en que ETA puso en jaque al régimen franquista). Se trata de un documento de más de 3.000 páginas que, sin embargo, no sirvió para que ninguno de los implicados fuera juzgado. La amnistía de 1977 evitó, finalmente, que se celebrara el juicio.
ETA tenía presencia en Madrid desde 1971, año en el que uno de sus ideólogos, José Miguel Beñarán Ordeñana, Argala, contactó con el dramaturgo Alfonso Sastre y su mujer, la médica Genoveva Forest, que contribuirían decisivamente a su organización en la capital. En 1972, Argala se reunió en el hotel Mindanao con un informante de identidad desconocida que, a través de una nota manuscrita, le facilitó el dato que desencadenaría el magnicidio: el entonces vicepresidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco, acudía todos los días a la misa de las nueve de la mañana en la iglesia de San Francisco de Borja, en la calle Serrano.
El plan inicial del que en septiembre de 1973 fue bautizado como comando Txikia era secuestrar al vicepresidente del Gobierno. A cambio de su liberación, ETA solicitaría la libertad para los presos de la organización terrorista. En sus cálculos estratégicos, aunque no lograra su objetivo, la acción les reportaría prestigio y visibilidad. Al tiempo que comenzaron seguimientos pormenorizados a Carrero Blanco, los terroristas dieron forma a su infraestructura en Madrid: dos pisos alquilados, un local en Alcorcón y una tienda de ropa situada cerca del estadio Santiago Bernabéu, donde pensaban encerrar al rehén. Sin embargo, el nombramiento del almirante como presidente del Gobierno implicó un aumento de su seguridad, por lo que el frente militar de ETA cambió sus planes: el comando, integrado por Argala, Javier María Larreategui, Atxulo, y Jesús Zugarramurdi Huici, Kiskur, alquiló un sótano en el número 104 de la calle Claudio Coello, excavó un túnel de diez metros que se extendió hasta el centro de la calzada y colocó allí 75 kilogramos de explosivos. Para asegurar la eficacia del atentado, los terroristas aparcaron en doble fila un coche con otros diez kilos de explosivos que no llegaron a estallar. Con ese turismo bloqueando parte de la calle querían asegurarse de que el vehículo de Carrero pasaba obligatoriamente por encima del túnel para que la explosión le alcanzara de lleno. Además, esperaban que los diez kilos de explosivos del coche estallaran por simpatía, aumentando así los efectos del atentado. Sin embargo, ese estallido secundario no llegó a producirse.
La mañana del 20 de diciembre de 1973, al paso del Dodge Dart del presidente del Gobierno, los etarras activaron la bomba. Los tres ocupantes resultaron muertos después de que el vehículo se elevara varias decenas de metros y fuese a parar al patio interior de un edificio de la Compañía de Jesús. Otras siete personas resultaron heridas, dos de ellas niños.
Luis Carrero Blanco había nacido en Santoña (Cantabria) en 1904, estaba casado con Carmen Pichot y tenía cinco hijos, tres de los cuales eran, como su padre, marinos de la Armada. Entró en la Escuela Naval a los 15 años. Estudió en la Escuela Naval de Madrid, de la que luego fue profesor, y en la de París. Durante la Guerra Civil estuvo en las filas de Franco y ocupó el cargo de jefe del Estado Mayor de Cruceros. Terminada la contienda, el dictador impulsó su carrera política: en 1940 fue nombrado subsecretario de la Presidencia del Gobierno, donde ocupó diversos cargos antes de ser nombrado vicepresidente en 1967, un año después de haber ascendido a almirante.
El conductor, José Luis Pérez, de 33 años, estaba destinado en Presidencia del Gobierno. Había nacido en Madrid, estaba casado con María Grados y era padre de dos hijos de ocho y cuatro años. La mañana del atentado, su madre estaba visitando a una amiga en la entonces ciudad sanitaria Francisco Franco —hoy Hospital Gregorio Marañón— cuando conoció la noticia. A ese mismo centro trasladaron a su hijo aún con vida. Falleció poco después.
El inspector Juan Antonio Bueno, de 52 años, formaba parte del Cuerpo General de Policía desde 1944. Natural de Maranchón (Guadalajara), estaba casado con María Victoria Quirós y tenía dos hijos de 15 y ocho años.
El sumario recoge de forma pormenorizada los pasos que las Fuerzas de Orden Público fueron dando en la investigación del atentado: encontraron documentación y restos de explosivos en el sótano de Claudio Coello y localizaron uno de los pisos francos. También siguieron la pista de los explosivos que los terroristas habían robado en un polvorín de Hernani y consiguieron que los testigos identificaran fotográficamente a los implicados. Apenas tres días después del magnicidio, la Dirección General de Seguridad emitió una nota en la que ponía nombre y apellidos a los sospechosos (Ya, 23 de diciembre de 1973). Sin embargo, no solo no los localizaron, sino que cayeron en la trampa de creer que habían escapado a Francia y dado una rueda de prensa reivindicando el atentado. No eran ellos, sino cuatro compañeros que se hicieron pasar por los miembros del comando Txikia. Los verdaderos responsables permanecieron durante un mes escondidos en Madrid gracias a su red de apoyo en la capital.
Varios de los colaboradores locales que habían apoyado a los miembros de ETA que habían perpetrado el asesinato de Carrero fueron detenidos en 1974, después del atentado contra la cafetería Rolando (véase «En uno de los viajes a Madrid que Domingo Iturbe Abasolo...»). Los autores materiales, sin embargo, nunca fueron juzgados. Argala murió el 21 de diciembre de 1978 en Anglet (Francia), en un atentado que reivindicó el Batallón Vasco Español (BVE) como venganza por el asesinato del almirante. Zugarramurdi resultó herido en un atentado de los GAL en 1984, en el que fue asesinado el miembro de ETA Rafael Goikoetxea. Por último, Larreategui escapó de las autoridades francesas, que lo habían detenido en 1984, y se integró en el aparato internacional de ETA. Instalado en Nicaragua, colaboró con los sandinistas y se encargó de negociar el refugio en el extranjero de los terroristas huidos. En 1993, después de la salida de los sandinistas del poder, fue detenido por las autoridades nicaragüenses, junto a otros dos miembros de ETA, y expulsado a España. En 1994, la Audiencia Nacional consideró probada su actividad en el aparato internacional de la banda, pero lo absolvió del delito de pertenencia a banda armada. Desde entonces vivió libremente en el País Vasco, donde falleció en 2008 a causa de un cáncer. Tenía 57 años.
MANUEL PÉREZ VÁZQUEZ
3 de junio de 1974. Ataun (Guipúzcoa). Guardia civil
Los atracos a entidades bancarias fueron una de las primeras fuentes de financiación de ETA. El 31 de mayo de 1974, sin embargo, el objetivo de los terroristas fue una empresa: la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), que tenía su sede en Beasáin. Los asaltantes entraron en las instalaciones justo en el momento en el que los pagadores comenzaban a repartir los sobres con los salarios a casi un centenar de empleados y se hicieron con casi todas las nóminas: en total, 14 millones de pesetas, que hoy equivaldrían a 1.381.679 euros. La exactitud de la información apuntaba a que esta procedía de uno de los empleados, como se sabría después: Miguel Ángel Apalategi Aierbe, un joven de 19 años que sería conocido con el sobrenombre de Apala.
La Guardia Civil puso en marcha una operación que enseguida dio sus frutos: localizaron un vehículo sospechoso en Olaberría y siguieron los pasos de sus ocupantes, que habían entrado en un edificio en ruinas. Los agentes fueron recibidos a tiros, pero el intercambio de disparos posterior propició la huida de los atracadores, que dejaron tras de sí casi todo el botín. Aunque uno de los implicados fue detenido poco después, la operación siguió abierta.
En la madrugada del 3 de junio, tres agentes de la Guardia Civil —Manuel Pérez Vázquez, que conducía el vehículo, el teniente Evaristo García Sotelo y el cabo primero Miguel Alonso Martín— circulaban por el barrio de Ergoyena, en Ataun, y dieron el alto a tres personas que caminaban por la carretera. Uno de ellos era Miguel Ángel Apalategi. Al parecer, desde que se perpetró el atraco, Apala temía que algún compañero de la empresa lo delatara, de ahí que, pese a su condición de miembro legal de ETA, fuese armado. El objetivo de sus disparos fue el agente Manuel Pérez, de 29 años, a quien descerrajó un tiro en el corazón que le causó la muerte poco después de llegar a un centro médico cercano. Tras una misa multitudinaria en la iglesia del Buen Pastor, en San Sebastián, fue enterrado en su pequeño pueblo natal, San Román de la Retorta (Lugo).
Apala huyó en la oscuridad, mientras que los otros dos jóvenes fueron detenidos y puestos después en libertad. Al día siguiente, los periódicos publicaron su nombre e incluso su foto, y apuntaron a su responsabilidad en el asesinato. Apala continuó escalando posiciones en la estructura interna de ETA: encuadrado inicialmente en la rama político-militar, fue después uno de los líderes de los comandos Bereziak (especiales), una escisión de ETA político-militar que se enfrentó a la línea de Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, y que acabaría integrándose en ETA militar. Junto a Francisco Múgica Garmendia, Pakito, fue el último en ver con vida a Pertur. Huido a Francia, Apala fue detenido en junio de 1977, mientras los comandos Bereziak mantenían secuestrado a Javier de Ybarra (véase «El día que el policía armada Manuel Orcera...»).
España pidió su extradición, acusándolo tanto de participar en el secuestro como de asesinar al guardia civil Manuel Pérez Vázquez, pero un tribunal de Aix-en-Provence rechazó su entrega a la justicia española en agosto de 1977. La aprobación de la Ley de Amnistía dejó sin efecto la solicitud de extradición (véase anexo). Su trayectoria dentro de ETA continuó en los años siguientes: formó parte del comando Donosti y se le acusó de participar en varios asesinatos cometidos en las campañas realizadas por este grupo a principios de los años ochenta. Luego se trasladó a Nicaragua, donde trabajó con los servicios secretos cubanos adiestrando a miembros de la guerrilla salvadoreña. Cuando los sandinistas perdieron el poder en 1990, Apala se trasladó a Cuba, donde aún reside.
MARTÍN DURÁN GRANDE
11 de septiembre de 1974. Bilbo/Bilbao (Vizcaya). Guardia civil
Ya en la década de los años setenta, la Guardia Civil señaló a Francia como retaguardia segura para los miembros de ETA. La vigilancia de la frontera era una tarea obligada que con cierta frecuencia daba sus frutos. El 10 de septiembre de 1974, los agentes sorprendieron a varios sospechosos cruzando el río Bidasoa a través de la isla de los Faisanes, un islote administrado por los Ayuntamientos de Irún y Hendaya, ya que es un territorio de jurisdicción compartida entre España y Francia. Al verse descubiertos, los terroristas abrieron fuego y se escondieron en el monte, pero la Guardia Civil logró detener a uno de ellos: Vicente Gurruchaga Ecenarro. Su declaración desencadenó un amplio dispositivo policial que incluyó la vigilancia de varios pisos sospechosos de formar parte de la infraestructura terrorista. Uno de ellos se encontraba en el número 59 de la calle Doctor Areilza, en Bilbao. Allí detuvieron a Isabel González de Catarain, hermana de Yoyes, que entonces tenía 18 años. A continuación, comenzaron un registro que interrumpieron por la aparición de dos miembros de ETA. Sorprendidos por la presencia de los agentes, emprendieron su huida escaleras abajo en medio de un intercambio de disparos.
Uno de los terroristas, José Antonio Insaustegui Elizondo, El Buque, fue detenido, pero el segundo continuó su fuga mientras seguían los disparos. Lo siguió el agente Martín Durán Grande. Al menos dos tiros alcanzaron al guardia civil en el vientre y en la pierna y, aunque las heridas eran ya muy graves, continuó con la persecución del etarra, que en un primer momento logró escapar. Durán Grande fue ingresado en el hospital militar, donde falleció cuatro días después. Había nacido en Portugalete, procedía de una familia modesta y tenía 21 años.
La operación, entretanto, continuó. Los compañeros de la víctima localizaron al terrorista huido en un piso en el barrio de Zorroza, donde de nuevo se desató un tiroteo. Esta vez el etarra resultó muerto. Se trataba de Juan José Urcelay Imaz, Jon, un miembro de la banda terrorista cuyo nombre había ocupado los titulares de la prensa unas semanas antes. A principios de julio, Urcelay Imaz había sido detenido e ingresado bajo vigilancia en el hospital provincial de Guipúzcoa. El día 6, cuatro miembros de ETA entraron en el hospital, desarmaron a los policías que lo vigilaban y huyeron con el detenido. La Guardia Civil sospechaba que el 5 de septiembre, apenas unos días antes de la operación en la que acabaría muerto, había participado en el atraco de la empresa Tubacex, donde los terroristas habían robado entre ocho y nueve millones de pesetas. En total, el operativo policial del 11 de septiembre terminó con dos guardias y una viandante heridos, cinco terroristas detenidos y otro huido. Las autoridades informaron entonces de que Urcelay era el miembro de ETA que había disparado contra el guardia civil Martín Durán.
Pese a que el relato de los hechos con sus protagonistas parecía cerrado, en marzo de 1975 el juzgado militar de Bilbao procesó a otro miembro de ETA como supuesto autor material del asesinato del agente Durán Grande. Se trataba de Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi, entonces un desconocido que, sin embargo, desde finales de los años setenta se convirtió en uno de los dirigentes más importantes de ETA como jefe de los comandos ilegales. En 1985 fue detenido en Francia, donde cumplió condena antes de ser entregado a la justicia española y sentenciado en varios sumarios, acumulando penas de más de 200 años de prisión por varios asesinatos. Salió en libertad en 2013 tras cumplir condena en Francia y, después, en España. En el sumario 19/1975 se le acusaba, además del asesinato del guardia civil, de tenencia ilícita de armas. Sin embargo, la acusación fue anulada por la aplicación de la amnistía de 1977.
ANTONIO ALONSO PALACÍN, operario; MARÍA JESÚS ARCOS TIRADO, telefonista; FÉLIX AYUSO PINEL, inspector del Cuerpo Superior de Policía; FRANCISCA BAEZA ALARCÓN, maestra; BALDOMERO BARRAL FERNÁNDEZ, panadero; MARÍA JOSEFINA PÉREZ MARTÍNEZ, ama de casa; GERARDO GARCÍA PÉREZ, camarero; FRANCISCO GÓMEZ VAQUERO, cocinero; ANTONIO LOBO AGUADO, ferroviario; MARÍA ÁNGELES REY MARTÍNEZ, estudiante; MANUEL LLANOS GANCEDO, camarero; LUIS MARTÍNEZ MARÍN, comercial, y CONCEPCIÓN PÉREZ PAÍNO, administrativa
13 de septiembre de 1974. Madrid
En uno de los viajes a Madrid que Domingo Iturbe Abasolo, Txomin; José Manuel Pagoaga Gallastegui, Peixoto, y José Ignacio Mujika Arregi, Ezkerra, realizaron para averiguar los movimientos del almirante Luis Carrero Blanco, identificaron la cafetería Rolando, un bar situado en la calle Correo, lateral de la entonces Dirección General de Seguridad, actual sede del gobierno de Madrid, en la Puerta del Sol. El establecimiento era frecuentado por policías, lo que llamó la atención de los terroristas, que informaron a la cúpula militar de ETA.
Después del magnicidio, una joven pareja de vascofranceses miembros de la organización terrorista y militantes de la entidad separatista Mendi Berri, Beñat Oyarzabal Bidegorri y María Lourdes Cristóbal Elhorga, regresaron a Madrid para inspeccionar el local con detalle. Ella era hija de «un destacado comunista natural de Irún» y él había participado en una frustrada operación de ETA en la Costa Azul para secuestrar a don Juan de Borbón y a los entonces príncipes de Asturias (Pardines. Cuando ETA empezó a matar). La pareja realizó un croquis, apuntó las horas de mayor afluencia y sugirió los servicios como el lugar adecuado para colocar los explosivos. La dirección de ETA dio el visto bueno y la operación se puso en marcha.
Cuando Mujika Arregi fue detenido, relató en su declaración policial (en el sumario 6/77) que los dos terroristas encargados del atentado se vieron en Francia con Isidro María Garalde, Mamarru, que les instruyó en el manejo de explosivos. En Irún tomaron un tren con destino a Madrid, donde se reunieron, en la Plaza de Cibeles, con Genoveva Forest. La psiquiatra y escritora, esposa del dramaturgo Alfonso Sastre, los acogió durante varios días en su casa y el 13 de septiembre los llevó en coche hasta la Gran Vía, desde donde caminaron hasta la cafetería Rolando. Una vez allí, según la acusación judicial, colocaron los explosivos en el baño y permanecieron en las inmediaciones.
El atentado no salió como la dirección de ETA esperaba. De las 12 personas que resultaron muertas, ninguna era policía. Solo pertenecía a dicho cuerpo la decimotercera víctima mortal, el inspector Félix Ayuso Pinel, que falleció en enero de 1977 a consecuencia de las heridas causadas por la explosión. Tenía 57 años y era padre de dos hijos. Las demás víctimas eran civiles, que se unieron a los 73 heridos causados por la bomba, por lo que el de la cafetería Rolando fue considerado el primer atentado indiscriminado de ETA. Entre las víctimas había tres empleados del local —los camareros Gerardo García, padre de tres hijos, Manuel Llanos, de 26 años, y el cocinero Francisco Gómez, de 31 y padre de dos hijos—; dos matrimonios —los recién casados Antonio Alonso y María Jesús Arcos, de 30 y 28 años, respectivamente, y Baldomero Barral y María Josefina Pérez, de 24 y 21 años, respectivamente, y padres de dos hijos—; la maestra Francisca Baeza, de 45 años; la estudiante de 20 años María Ángeles Rey; la administrativa Concepción Pérez, de 65 años; el ferroviario Antonio Lobo, de 54 años y padre de dos hijos, y Luis Martínez Marín, comercial de 78 años.
El atentado agudizó la crisis interna de ETA. La cúpula, dividida por las consecuencias del ataque y por la conveniencia de reconocer la autoría del crimen, no se responsabilizó públicamente de lo ocurrido. Al final, la banda terrorista dijo que la explosión de la cafetería Rolando no había sido cosa suya. El enfrentamiento interno provocó la escisión de una nueva organización que, a la larga, sería la que perduraría hasta su disolución: ETA militar.
La organización terrorista tardó más de 40 años en reconocer su responsabilidad en el atentado de la cafetería Rolando. Lo hizo en su último boletín interno, Zutabe, que hizo público antes de su disolución en 2018. Ese año, el periodista Enric González publicó en El Mundo (10 de mayo de 2018) un reportaje en el que seguía la pista de los autores materiales de la masacre. El sumario 2/77 se había cerrado en 1978 gracias a la Ley de Amnistía. Oyarzabal Bidegorri era doctor en Filología vasca y llegó a trabajar en el prestigioso MIT (Massachusetts Institute of Technology). Después ingresó en la Academia de la Lengua Vasca. La pareja tuvo hijos. Nunca han hablado sobre el atentado.
JERÓNIMO VERA GARCÍA
29 de octubre de 1974. Pasaia/Pasajes (Guipúzcoa). Guardia civil
En octubre de 1974, agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de San Sebastián seguían los pasos a varios miembros de ETA. Uno de ellos fue detenido y facilitó algunas informaciones que situaban a otro etarra, Ignacio Iparraguirre Aseguinolaza, alias Casero e Iparra, en la localidad de Pasajes de San Pedro.
Dos miembros del servicio de información del Instituto Armado, el sargento primero Jerónimo Vera García y el guardia Tránsito Jubete, se trasladaron al barrio de Trincherpe de la citada localidad para verificar los datos proporcionados por el detenido. Sobre las siete de la tarde, los agentes vieron a un individuo joven cuya descripción se correspondía con la facilitada por el arrestado. En un primer momento procedieron a vigilarlo a distancia, pero, al ver que se marchaba del lugar, se acercaron y le solicitaron la documentación. El interpelado sacó una pistola y disparó, alcanzando en el pecho al sargento, quien, a su vez, sacó su arma y abrió fuego contra el miembro de ETA, que recibió un impacto en el hígado. Ambos quedaron malheridos en el suelo. Aun así, los agentes detuvieron a un vehículo particular y, tras identificarse como miembros de la Guardia Civil, pidieron que los trasladaran al hospital militar. Allí falleció Jerónimo Vera dos horas y media después. Otro coche particular trasladó al mismo centro hospitalario al miembro de ETA, que murió esa misma noche a causa de las heridas. El etarra fue identificado como Ignacio Iparraguirre Aseguinolaza, de 19 años, nacido en Idiazábal (Guipúzcoa), que había huido de su domicilio en diciembre de 1973 para trasladarse a Francia y convertirse en miembro «liberado» de la banda. Los cuerpos policiales tenían conocimiento de su pertenencia a ETA, pero no se le vinculaba con ningún atentado terrorista.
En el lugar donde había ocurrido el tiroteo, la Guardia Civil encontró una pistola FN Browning con dos cargadores perteneciente al miembro de ETA.
El sargento primero Jerónimo Vera García, de 45 años, pertenecía al servicio de Información de San Sebastián, donde había sido destinado en 1949. Era natural de Murcia, estaba casado con Tomasa Barbero y era padre de dos hijos de diez y 14 años. Fue enterrado en el cementerio donostiarra de Polloe. Su asesinato se considera el primero perpetrado por ETA político-militar, una rama de ETA a la que se responsabiliza de 28 asesinatos (Gaizka Fernández Soldevilla y Sara Hidalgo García de Orellán, Héroes de la retirada. La disolución de ETA político-militar).
El tiroteo de Trincherpe se produjo en medio de una operación policial que la Guardia Civil estaba dirigiendo contra una infraestructura de ETA que se encargaba de pasar a miembros de la organización terrorista desde el territorio francés al español a través del Bidasoa. En dicha operación fueron detenidos varios vecinos de Irún y se incautó una embarcación neumática que, supuestamente, se utilizaba para la realización de los cruces de frontera de los miembros de la banda terrorista.
La justicia militar fue la encargada de la tramitación de la causa abierta por la muerte del sargento Vera y del miembro de ETA. En el mes de diciembre decretó el archivo definitivo del procedimiento judicial, toda vez que el autor de la muerte del suboficial de la Guardia Civil había fallecido también. Las diligencias previas tramitadas con número 269/79 fueron convertidas en causa criminal ordinaria con número 178/74, y en la misma resolución se adoptó el acuerdo del sobreseimiento definitivo. La resolución también señalaba que el sargento Vera y el guardia Tránsito Jubete habían actuado en cumplimiento del deber, de conformidad con lo establecido en el número 11 del artículo 185 del Código de Justicia Militar.
LUIS SANTOS HERNÁNDEZ y ARGIMIRO GARCÍA ESTÉVEZ
17 de diciembre de 1974. Arrasate/Mondragón (Guipúzcoa). Subteniente y agente de la Guardia Civil
Los agentes salmantinos Luis Santos Hernández y Argimiro García Estévez tenían la costumbre de, acabada la tarde, tomar un vino en algún bar de Mondragón. Ambos llevaban cinco años destinados en la localidad guipuzcoana. El 17 de diciembre de 1974, a las ocho y media de la tarde, acababan de salir del bar Txoko y marchaban caminando por la calle Licenciado Otálora cuando, al llegar a la altura del número 6, miembros de ETA político-militar que se encontraban en un vehículo estacionado junto a la acera los ametrallaron y se dieron a la fuga en el turismo que habían robado unas horas antes. El agente Argimiro García, que tenía 50 años y siete hijos, murió de camino al hospital. El subteniente Luis Santos, de 52 años y padre de dos hijos, falleció unas horas después de la intervención quirúrgica con la que intentaron salvarle la vida. Era el jefe del puesto de la Guardia Civil de Mondragón.
Los miembros de ETA que cometieron el atentado habían intentado matar a Luis Santos los dos días anteriores al crimen, pero fallaron porque no dieron con él. En las tres ocasiones robaron un coche de la marca Morris y se apostaron en un punto del recorrido que el subteniente solía transitar habitualmente. Ni el día 15 ni el 16 el agente hizo el recorrido esperado, por lo que los terroristas hicieron un nuevo intento el día 17. En esta ocasión vieron que salía del cuartel acompañado de otro guardia vestido de paisano, aunque lo conocían, por lo que se apostaron para cometer el crimen. Tres de los cuatro participantes dispararon con metralletas Sten contra los dos agentes hasta vaciar los cargadores.
Varios testigos indicaron que el Morris 1300 desde el que los terroristas hicieron fuego estaba ocupado por cuatro o cinco jóvenes. En la huida, los ocupantes descendieron del vehículo y solo quedó el conductor, quien, en una curva en el barrio de Makatzena, perdió el control, colisionó con otro coche y escapó a pie. Los investigadores comprobaron que había sangre en el asiento posterior y que varios cristales estaban rotos, por lo que dedujeron que a través de ellos habían efectuado los disparos. Un dato que da una idea de la intensidad del tiroteo es que un vehículo estacionado en frente del coche de los terroristas fue alcanzado por diez impactos de bala, una motocicleta por otros tres y la ventana de una lonja recibió también algunos disparos.
En el lugar del atentado fueron recogidos numerosos casquillos de bala de las marcas FN y Geco, del calibre 9 mm parabellum, y en el interior del coche utilizado por los autores del ametrallamiento se encontraron varios cargadores vacíos. El subteniente Santos y el guardia García Estévez se convirtieron en la segunda y tercera víctima mortal de ETA en un atentado cometido mediante el empleo de metralletas. En el mes de abril, en otro atentado registrado en Azpeitia, el cabo primero Gregorio Posadas se convirtió en el primer asesinado con este tipo de armas.
La justicia militar abrió las primeras actuaciones en relación con este atentado, cuyo sumario recibió el número 29/75. La causa se archivó por la no identificación de los autores, pero la detención, en abril de 1975, de Juan Miguel Goiburu Mendizábal, dirigente de ETA político-militar, dio lugar a una reapertura de las actuaciones judiciales. El detenido, en su declaración, dijo haber oído algunos comentarios sobre los posibles autores del atentado, lo que dio pie a que se acordara el procesamiento de ocho personas, supuestos miembros de ETA político-militar, por el ametrallamiento de Mondragón. La causa permaneció en la jurisdicción militar hasta el 30 de marzo de 1977, fecha en la que se acordó enviarlo al Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid con la identificación 26/77. Una reforma legal introducida por un real decreto del 4 de enero de 1977 había establecido que la competencia para enjuiciar los delitos de terrorismo correspondía a la jurisdicción ordinaria. Con este propósito se estableció que los Juzgados de Instrucción números 21 y 22 de Madrid se ocuparían de estos casos. Esta competencia se mantuvo hasta la creación y entrada en funcionamiento de la Audiencia Nacional, que asumió la capacidad de instruir y enjuiciar los delitos terroristas.
En lo que respecta al doble asesinato de Mondragón, el Juzgado de Madrid que asumió la causa acordó la aplicación de la amnistía para los procesados en el sumario, entre los que se encontraban Félix Eguía Intxaurraga, Emilio Goitia, Francisco Múgica Garmendia, José María Pagogaga, el propio Goiburu, Antonio Elorza Gorosabel y Javier Ruiz de Apodaca.
JOSÉ DÍAZ LINARES
29 de marzo de 1975. Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa). Subinspector del Cuerpo General de Policía
El primer asesinato de 1975 fue el de José Díaz Linares, un subinspector del Cuerpo General de Policía destinado en la Brigada de Investigación Social de la comisaría de San Sebastián. Natural de Taboada, en Lugo, tenía 29 años, estaba casado con Francisca Vicioso y tenían una niña, Virginia, de dos años. La familia residía en el barrio de Inchaurrondo, en un edificio modesto frente al Colegio Alemán. Un comando de ETA político-militar lo esperaba en las inmediaciones de su casa para asesinarlo.
El policía salió de su vivienda hacia las nueve y media de la mañana y, cuando se dirigía a coger su vehículo, fue ametrallado por dos individuos que le esperaban ocultos tras un furgón de reparto que había sido robado una hora antes. Otros dos miembros de ETA daban cobertura a los autores de los disparos y dos más esperaban dentro del vehículo utilizado para la huida. En el lugar del atentado se encontraron más de 40 casquillos de bala. La víctima tenía nueve impactos en la espalda y falleció casi en el acto. Su mujer, alarmada por las primeras detonaciones, se asomó a la ventana y desde allí presenció el crimen. Una de las metralletas utilizadas en el atentado, de la marca Sten, fue encontrada por la Policía en el mes de agosto oculta en las cercanías de un caserío de Astigarraga.
Un día después del multitudinario entierro de Díez Linares en su pueblo natal, la prensa publicó que las Fuerzas de Seguridad habían identificado a los responsables del atentado. Los medios informaron de que se trataba de un comando especial de ETA político-militar cuyo líder era Pedro Ignacio Pérez Beotegui, Wilson. Su nombre había estado ligado a los primeros pasos de ETA en la década de los sesenta. Según los investigadores, había sido responsable del frente político y, tras ser detenido por primera vez en 1965, se trasladó a Londres. Reino Unido lo expulsó por su participación en un intento de atentado contra la embajada de España y por agredir a un policía. Cuando regresó a Vitoria en 1971, se integró de nuevo en ETA (El Diario Vasco, 1 de abril de 1975) y participó en los preparativos del asesinato de Carrero Blanco. Los devenires internos de la organización lo llevaron a convertirse en el líder de los comandos Bereziak (especiales) de ETA político-militar. Los demás supuestos implicados eran Francisco Javier Celaya Echave, Antonio Campillo Alcorta, Andoni, y Juan Paredes Manot, Txiki. En los archivos policiales, sus nombres ya aparecían relacionados con varios atracos atribuidos a ETA.
En los primeros días de abril, el Cuerpo General de Policía detuvo a un comando de información al que acusaba de haber vigilado al inspector Díez Linares y de haber proporcionado los datos necesarios para su asesinato a los berezis, que estarían refugiados al sur de Francia. En total, la Policía detuvo a siete jóvenes, uno de ellos menor de edad. Según los agentes, el grupo funcionaba de manera organizada desde 1973 y había participado en acciones de violencia callejera, como el lanzamiento de cócteles molotov a entidades bancarias, o numerosas pintadas. También los acusaban de realizar llamadas amenazantes a potenciales objetivos de ETA. Durante la operación que desactivó al comando, los agentes intervinieron un local en el barrio de Herrera, donde encontraron un plano en el que se señalaba el domicilio de Díaz Linares (El Correo, 10 de abril de 1975). Un informe del Gobierno Civil de Guipúzcoa indicaba se les habían incautado una multicopista y 1.500 kilos de «propaganda y literatura subversiva».
La justicia militar abrió el sumario 41/75 para investigar la muerte del subinspector y en la causa fueron incluidos los detenidos bajo la acusación de haber proporcionado la información para el atentado.
En aquellas primeras informaciones de prensa se deslizaba una sospecha de la Policía: que uno de los autores materiales de los disparos hubiera sido Paredes Manot, alias Txiki, cuya fotografía se publicó en varios periódicos. Procesado por el atentado contra el subinspector, fue detenido en julio de 1975 en Barcelona junto a Wilson. Paredes Manot confesó que había sido uno de los autores materiales del asesinato de Díaz Linares, pero no llegó a ser juzgado por su muerte. Antes se le juzgó en consejo de guerra por el asesinato del policía Ovidio Díaz López, perpetrado en junio de ese año en Barcelona. Sus abogados denunciaron la indefensión de su defendido y las irregularidades del proceso judicial. Pese a ello, fue condenado a muerte. Fueron sentenciados en otros procesos los también polimilis Ángel Otaegi Etxeberria, Azpeiti, y José Antonio Garmendia, Tupa, además de ocho miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). El Gobierno indultó a seis de ellos, pero a los cinco restantes, entre ellos Paredes, los fusilaron el 27 de septiembre de 1975. Fueron los últimos fusilados del franquismo. Por su parte, Wilson permaneció en prisión hasta 1977, cuando fue puesto en libertad y expulsado a Noruega. Después regresó a España y regularizó su situación. Falleció en 2008 en Vitoria.
JOSÉ RAMÓN MORÁN GONZÁLEZ
22 de abril de 1975. Getxo/Guecho (Vizcaya). Inspector del Cuerpo General de Policía
Al menos tres terroristas de ETA político-militar participaron de forma directa en el asesinato de José Ramón Morán González. Por el modus operandi, los investigadores concluyeron que habían estudiado sus rutinas y que sabían que el inspector del Cuerpo General de Policía vivía en Sopelana y que se desplazaba en tren al barrio de Algorta, en Guecho, donde estaba destinado. Una vez que llegaba a su destino, abandonaba la estación y caminaba hasta la comisaría. En ese trayecto fue asesinado.
El 22 de abril, como hacía diariamente, tomó el tren a las ocho de la mañana y llegó a la estación de Algorta 15 minutos más tarde. Se apeó y caminó hacia su puesto de trabajo en la comisaría. Tres miembros de ETA, a bordo de un coche robado la tarde anterior en Bilbao, le estaban esperando: le siguieron algunos metros en el vehículo y, al llegar a la calle Alango, dos de ellos se apearon y se acercaron por la espalda al inspector. Uno de los terroristas hizo dos disparos con una escopeta de caza con los cañones recortados y cargada con cartuchos de caza mayor de «perdigón lobero», un tipo de proyectil prohibido. Los autores del atentado huyeron en el coche robado, un Morris 1300, que fue localizado horas más tarde en el barrio de Las Arenas, en las proximidades del Puente Colgante.
La víctima falleció casi en el acto. Varios testigos trasladaron al inspector hasta el cuarto de socorro para que recibiera asistencia sanitaria, pero cuando ingresó ya había fallecido. Tenía 32 años y había nacido en La Velilla, un pequeño pueblo de León. Tenía una hija de tres años con su mujer, Juana de la Mata Rodríguez. La joven viuda y su suegra reconocieron el cadáver de la víctima en la casa de socorro del Ayuntamiento de Guecho.
El mismo día del atentado, el diario francés Sud-Ouest recibió un comunicado en el que un supuesto comando Txikia de ETA se hacía responsable del asesinato de José Ramón Morán. Ese nombre había sido utilizado para bautizar al grupo que atentó contra el almirante Carrero Blanco. ETA le puso el apodo de Eustakio Mendizábal Benito, alias Txikia, que había muerto en un enfrentamiento con la Policía en Algorta el 19 de abril de 1973, pero no existía una célula estable que tuviera ese nombre. Tras el asesinato del inspector, la rama político-militar volvió a recuperar el nombre para asumir el atentado, aunque no eran las mismas personas y ni siquiera la misma organización terrorista, porque la ETA de 1973 se había escindido.
ETA político-militar trató de vincular el atentado contra el inspector con la muerte de Txikia, incluso simbólicamente, porque cometieron el crimen tres días después del segundo aniversario del fallecimiento de Eustakio Mendizábal. En el comunicado, hecho público desde Burdeos, la célula terrorista justificaba el crimen refiriéndose a la trayectoria del inspector, que antes de ocupar su último cargo como responsable de la oficina de expedición del DNI habría participado en operaciones antiterroristas. El inspector Morán, que había ingresado en la Policía en 1965, tuvo su primer destino en Bilbao, pero después pasó por varias comisarías del sur de España antes de incorporarse a la comisaría de Guecho el 3 de abril de 1973.
Tres meses después del atentado, la Policía detuvo a varios supuestos colaboradores de ETA en las localidades de Plencia y Gorliz. Algunos detenidos manifestaron haber tenido reuniones con los supuestos autores del asesinato del inspector, lo que motivó que fueran procesados seis miembros de ETA político-militar. Los dos primeros fueron Félix Eguía Intxaurraga, Papi, y Mariano Ibarguren, Ibon. Al primero se le consideraba, además, jefe de los comandos especiales de Vizcaya, y al segundo, uno de sus integrantes (El Correo, 17 de julio de 1975). La escopeta que habían utilizado coincidía con un modelo que hacía unos meses habían robado en dos armerías de Ordicia (Guipúzcoa) y Leiza (Navarra).
Además de Eguía e Ibarguren, otras cuatro personas fueron procesadas por el asesinato del inspector Morán (sumarios 85/75 y 89/75). Otro de los encausados, Emilio Goitia, estaba también acusado de participar en el doble asesinato de los guardias civiles Luis Santos Hernández y Argimiro García Estévez en Mondragón (véase «Los agentes salmantinos Luis Santos Hernández y Argimiro García...»), además del asesinato del guardia civil Gregorio Posadas Zurrón. También fue encausado por la justicia militar Francisco Javier Ruiz de Apodaca, Apolonio, que ya había sido detenido en 1972. Todos se beneficiaron de la Ley de Amnistía: el 22 de diciembre de 1977 se dictó el sobreseimiento libre por el asesinato de José Ramón Morán. Los detenidos negaron haber participado en los hechos: Apolonio manifestó que el día del atentado se encontraba en San Juan de Luz y que podía demostrarlo.
ANDRÉS SEGOVIA PERALTA
6 de mayo de 1975. Gernika/Guernica (Vizcaya). Guardia civil
DOMINGO SÁNCHEZ MUÑOZ
14 de mayo de 1975. Gernika/Guernica (Vizcaya). Guardia civil
En los estertores de la dictadura, el terrorismo se recrudeció y el 26 de abril de 1975 el Gobierno decretó el Estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya por un plazo de tres meses. El decreto 4/75 dejaba en suspenso los artículos 12, 14, 15, 16 y 18 del Fuero de los Españoles y facilitó la realización de miles de detenciones y numerosos casos de malos tratos y torturas a los detenidos. En enero de 1969 se había declarado otro estado de excepción, al amparo del cual la Policía realizó 1.278 detenciones en toda España (Boletín extraordinario de la Comisaría general de Información Social, fascículo XI, de 20 de mayo de 1969).
ETA respondió redoblando el pulso, y solo en la primera quincena de mayo asesinó a tres agentes de las Fuerzas de Seguridad: los guardias civiles Andrés Segovia Peralta y Domingo Sánchez Muñoz y el policía Fernando Llorente Roiz. Los asesinatos de Segovia y Sánchez ocurrieron con ocho días de diferencia en la localidad vizcaína de Guernica. Tras el primer crimen, la Guardia Civil siguió los pasos al comando sospechoso y, en la operación para desarticularlo, el segundo agente fue asesinado. Un miembro de la célula falleció en el tiroteo, en el que también resultó muerto el matrimonio que tenía alojados a los etarras. Solo un terrorista consiguió huir y no llegó a ser procesado en ninguno de los sumarios que se abrieron para investigar los asesinatos. La amnistía cerró ambos de forma definitiva.
El asesinato de Andrés Segovia sucedió a oscuras, pasadas las diez de la noche del 6 de mayo de 1975. El guardia, de 40 años, acababa de terminar su turno de vigilancia en la fábrica de armas Astra, en Guernica, y puso rumbo a su casa caminando por la vía del tren que unía Bilbao y Bermeo, y que discurría por delante de la factoría. Lo esperaban su mujer, Cruz Arroyo Linares, y sus dos hijos, José Antonio, de nueve años, y María José, de cinco. Cuando el agente había recorrido unos 100 metros, varios terroristas que se ocultaban tras un almacén le dispararon por la espalda con un subfusil. Descargaron cerca de cuarenta balas, de las que más de 20 impactaron en el cuerpo del guardia civil. El ruido de las ráfagas alertó al jefe de la estación de Guernica, que avisó a los clientes de una cantina cercana. Varios se acercaron al lugar de donde procedían los disparos y trataron de auxiliar al agente, que era consciente de que su vida expiraba: «Me han matado», repetía. Falleció media hora después en el taxi que lo trasladaba a un hospital de Bilbao. Su cuerpo fue enterrado en su pueblo natal, Moral de Calatrava (Ciudad Real).
En el lugar donde se efectuaron los disparos se localizaron 25 casquillos del calibre 9 mm parabellum. Los terroristas huyeron en un Morris rojo, pero la Guardia Civil les siguió la pista y sospechaba que se escondían en Guernica. El 14 de mayo desplegaron un operativo: montaron un control en la carretera de acceso al pueblo y rodearon una manzana de edificios próxima a su antiguo cuartel. Según relató el Gobierno Civil, a primera hora de la mañana entraron en un portal, llamaron a una puerta y abrió un matrimonio formado por Ignacio Garay Lejarreta y Blanca Saralegui Allende. Mientras les preguntaban quién más había en el piso, se escucharon varios disparos procedentes de una de las ventanas: había dos individuos que trataban de huir.
El teniente Domingo Sánchez Muñoz se encontraba frente a la ventana y dio el alto a los terroristas. Uno de ellos respondió a tiros: le disparó en la cabeza y en el pecho y lo hirió mortalmente. Se inició entonces un tiroteo que se prolongó hasta pasadas las seis y media de la madrugada y que acabó con la muerte del matrimonio Garay-Saralegui. Los terroristas consiguieron huir. Uno de ellos, Jesús María Marquiegui Ayastuy, Mutriku, resultó herido, pero alcanzó el monte de Ajanguiz, donde la Guardia Civil lo localizó dos horas después. De nuevo se produjo un tiroteo y el terrorista resultó muerto. Su nombre figuraba en los archivos policiales por haber participado en varios atracos y en un tiroteo anterior contra la Guardia Civil. El otro huido logró escapar y ocultarse en Guernica. En el piso los agentes encontraron una metralleta, dos pistolas, munición y documentación sobre los movimientos de varios agentes de la Guardia Civil de la zona. Uno de ellos era Andrés Segovia Peralta.
Domingo Sánchez Muñoz falleció de camino al hospital. Había nacido en Sobradillo, un pequeño pueblo de Salamanca, y tenía 48 años. Estaba casado y tenía cuatro hijos de entre 21 y 17 años. Había llegado hacía seis meses al Servicio de Información de la Guardia Civil de Vizcaya procedente de Barcelona, donde había intentado sin éxito que volvieran a destinarlo. Allí fue enterrado.
El terrorista que consiguió escapar fue identificado, presuntamente, como José María Zapirain Maya, Zakar. Se refugió en Francia, donde logró la carta de refugiado político. Fue detenido en 1977 junto con otros 30 miembros de ETA. De ellos, 14 fueron trasladados al departamento de Alpes de Alta Provenza, en libertad y, en teoría, a la espera de juicio. Zapirain nunca llegó a responder ante la justicia. Ese mismo año asistió en Argelia a un curso de adiestramiento impartido por militares del país magrebí. Después fue deportado a la isla de Porquerolles, en la Costa Azul, y más tarde, en 1979, se instaló en Venezuela, donde desarrolló su carrera como empresario.
FERNANDO LLORENTE ROIZ
7 de mayo de 1975. Bilbo/Bilbao (Vizcaya). Inspector del Cuerpo General de Policía
Las noticias del funeral del guardia civil Andrés Segovia Peralta, asesinado en Guernica el 6 de mayo de 1975 (véase «Los agentes salmantinos Luis Santos Hernández y Argimiro García Estévez tenían la costumbre...»), se solaparon en las páginas de los periódicos con las del asesinato del policía Fernando Llorente Roiz. El agente tenía 51 años y había nacido en Villanueva de Villaescusa, en Cantabria. Había entrado en la Policía hacía 27 años y, tras pasar un año en Valladolid, lo destinaron a Bilbao. Había trabajado como jefe de sala del servicio del 091 y en la oficina de expedición del DNI. Estaba casado con María Icíar Ortueta Ozámiz y era padre de tres hijas de 20, 17 y tres años. La familia vivía en la calle Calixto Díez de Bilbao, en cuyas inmediaciones esperaban los terroristas que la noche del 7 de mayo acabaron con su vida.
Poco antes del asesinato, la mujer de Fernando Llorente respondió a una llamada telefónica que, ocurridos los hechos, comenzó a cobrar sentido. Un interlocutor que no se identificó le preguntó si su marido había llegado a casa. Ella respondió que no. El inspector acababa su turno por la noche, pero, antes de subir a su domicilio, se detuvo en el bar Garrote, donde entró a recoger una bota de vino que había dejado en el establecimiento para que se la arreglasen. Aquel día se disputaba un combate de boxeo y el local estaba lleno. El agente se encontró a unos amigos, con quienes tomó unos «chiquitos», y salió del bar pasadas las once de la noche. Instantes después, los clientes escucharon varios disparos. Cuando salieron a la calle, encontraron a Fernando Llorente malherido junto al portal de su casa. Tenía al menos cuatro impactos de bala en el pulmón, la ingle, el hombro derecho y la pierna izquierda, aunque no había perdido la consciencia. Entre quienes se acercaron a auxiliarle se encontraba un amigo a quien el policía le dijo: «Chato, me han matado». Un taxi lo trasladó al Hospital Civil de Bilbao (hoy Hospital de Basurto), donde falleció poco después (El Correo, 9 de mayo de 1975).
En el lugar del atentado se encontraron diez casquillos de bala de la marca Geco y del calibre 9 mm parabellum.
Un vecino dio una de las pocas pistas sobre los asesinos: eran dos jóvenes que habían enfilado corriendo una calle perpendicular al lugar del asesinato. Ahí se les perdió la pista. De acuerdo con las hipótesis de los investigadores, huyeron en un vehículo que previamente habían robado, un Seat con matrícula de San Sebastián que, horas después del atentado, apareció muy cerca de donde su dueño lo había estacionado antes del robo.
ETA militar asesinó a Fernando Llorente en pleno estado de excepción. El 12 de mayo, carteles y fotografías del policía y de Andrés Segovia, el guardia civil asesinado un día antes, aparecieron en escaparates, cabinas telefónicas, estaciones de tren y paradas de autobuses. La tensión se palpaba en las calles, en los funerales y también en las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad, que en aquellos días practicaron detenciones masivas. Uno de los operativos apareció en la prensa más afín al régimen como una importante operación antiterrorista en Guipúzcoa y Vizcaya: 55 detenidos, varios pisos francos descubiertos, un zulo, armas y explosivos (Unidad, 7 de mayo de 1975). Los nombres de los terroristas más buscados y sus supuestos historiales delictivos se publicaban con cierta frecuencia en los periódicos (El Correo, 8 de julio de 1975). Sin embargo, las informaciones no relacionaban a los detenidos, muchos de ellos miembros de ETA político-militar, con ninguno de los últimos crímenes, que eran responsabilidad de la rama militar.
En 1999, una nota del Ministerio del Interior incluía el nombre de Fernando Llorente. En el texto se informaba de la detención en Francia de Pedro María Leguina Aurre, Kepatxu, un miembro de ETA sobre el que pesaban cuatro órdenes de detención internacional y al que se relacionaba con más de una veintena de asesinatos perpetrados entre 1975 y 1981. Entre ellos estaba el de Fernando Llorente.
La aplicación de la Ley de Amnistía dejaba sin efecto las responsabilidades de los asesinatos cometidos antes de junio de 1977, y por los que había cometido después, Kepatxu solo tenía abierta la causa de uno: el asesinato de tres guardias civiles en Azpeitia. Fue extraditado a España en 2001 y condenado a 90 años de cárcel. Salió de prisión en 2021.
MARIANO ROMÁN MADROÑAL
5 de junio de 1975. Donostia/San Sebastián. Guardia civil
FRANCISCO EXPÓSITO CAMIO
31 de julio de 1975. Usurbil (Guipúzcoa). Taxista
DEMETRIO LESMES MARTÍN
8 de agosto de 1975. Hernani (Guipúzcoa). Guardia jurado
A principios de marzo de 1975, el dirigente de ETA militar Josu Ternera formó un bikote (un comando formado por dos individuos) al que encargó cruzar la frontera francesa para contactar con otros militantes de la banda en Guipúzcoa que habían quedado descolgados tras la ruptura entre las dos ramas de la organización terrorista. Además, les ordenó la realización de atentados y les entregó dos metralletas Sten y dos pistolas Firebird. Los dos etarras cruzaron la frontera, se instalaron en un piso de la Plaza Easo de San Sebastián y comenzaron a realizar los contactos que les habían ordenado.
En abril, recibieron un mensaje de la dirección de ETA militar que contenía información de tres objetivos contra los que tenían que atentar: un vecino de Hernani, un taxista de Usurbil y una pareja de la Guardia Civil que realizaba un servicio de vigilancia en el tren de los Ferrocarriles Vascongados que cubría la línea San Sebastián-Madrid. Los dos etarras decidieron llevar a cabo en primer lugar el atentado contra los guardias del tren, para lo cual subieron un par de días al ferrocarril para comprobar la información y planificar la acción terrorista. A finales de mayo llegaron de Francia otros dos etarras «liberados» para apoyar a los dos primeros en la realización de los atentados.
El plan que habían trazado consistía en que dos de los miembros de ETA subirían al tren en San Sebastián y, poco antes de llegar a la estación de Añorga, cometerían el atentado apeándose en la parada de Añorga, donde les estarían esperando los dos cómplices en un coche robado.
Así, en la mañana del 5 de junio de 1975, dos miembros del comando se subieron al tren número 14 que hacía el recorrido San Sebastián-Bilbao. Ya en el tren, algo llamó la atención de los agentes. Quizá fueran las gabardinas blancas que vestían los dos individuos un día de verano y que, en realidad, utilizaban para esconder sus metralletas. El guardia civil Higinio Martín Domínguez desenfundó su arma reglamentaria y se les acercó para pedirles la documentación. En ese momento, los dos miembros de ETA retrocedieron, sacaron las armas y empezaron a disparar. Varios cristales se clavaron en el rostro y los ojos de Higinio Martín. Entretanto, los terroristas cambiaron de vagón y los agentes se situaron en las puertas, a ambos lados del convoy, en previsión de que en la próxima parada los etarras se apearan. Con el tren aún en marcha, el guardia Mariano Román salió despedido hacia las vías y se fracturó la base del cráneo. Ingresó cadáver en el hospital militar. Había nacido en Algodonales (Cádiz) hacía 37 años y llevaba dos décadas destinado en la comandancia de San Sebastián. Estaba casado y era padre de cinco hijos.
Los terroristas conocieron después el balance del atentado. Los dos saltaron del tren cuando este se detuvo en el punto previsto a su paso por Añorga y se dirigieron a un Morris robado el día anterior en el barrio de Amara, en San Sebastián. En el coche los esperaban los dos cómplices para darse a la fuga.
La identificación de los presuntos autores del atentado no se conoció hasta que en 1981 la Policía detuvo en Madrid a Isidro Etxabe Urrestrilla, alias Zumai, integrante entonces del denominado comando España, que actuaba fuera del País Vasco. El detenido hizo unas extensas declaraciones ante la Policía en las que relató los diversos episodios en los que había estado implicado. Señaló que el bikote estaba formado por Miguel Piedehierro Ormaetxea y él mismo, y que los otros dos etarras supuestamente implicados eran Pedro María Gantxegi Arruti, Peio, y José León Mazusta Astibia. Identificó a Piedehierro y a Gantxegi como los que subieron al tren para disparar a los agentes, mientras los otros dos les esperaban en la estación de Añorga con el coche robado.
Las investigaciones iniciales, previas a la detención de Etxabe, condujeron al encausamiento en 1976 de José Miguel Retolaza Urbina, Exeki, huido a Francia desde 1973, y quien, según las declaraciones del miembro del comando España, no había tenido ninguna intervención. Mazusta y Gantxegi recibieron órdenes de la dirección de ETA de regresar a Francia a finales de junio, por lo que dejaron solos a los miembros del bikote, que recurrieron a militantes «legales» a los que habían adiestrado previamente para los futuros atentados.
Otro de los objetivos marcados por la dirección de ETA al bikote de Guipúzcoa era el taxista de Usurbil Francisco Expósito Camio. Tenía 54 años y en su juventud había sido deportista y subcampeón de España de ciclocrós. Aquella era su última jornada de trabajo antes de viajar a Alemania, donde iba a visitar a una de sus cuatro hijas, que acababa de ser madre.
El comando de «ilegales» se activó la mañana del 31 de julio y repitió modus operandi: los terroristas robaron un Morris en el barrio de Gros, en San Sebastián, y se dirigieron a la única parada de taxis de Usurbil. Allí, dos de ellos se bajaron del vehículo, se pusieron uno a cada lado del taxi y dispararon a Francisco Expósito. Su esposa escuchó los tiros desde su casa, vio desde la ventana los cristales del taxi rotos y bajó apresuradamente. «Todavía respiraba cuando le cogí en mis brazos. Al poco tiempo dejó de respirar. Había muerto» (El Diario Vasco, 1 de agosto de 1975). Los terroristas huyeron hacia San Sebastián en el coche robado donde los esperaba el tercer miembro del comando. A la salida de Usurbil, lanzaron propaganda en la que reivindicaban el crimen y acusaban al taxista de ser un confidente de la policía (El Correo, 1 de agosto de 1975).
Las declaraciones de Etxabe a la Policía señalaban que él mismo y Piedehierro habían sido los autores de los disparos, mientras que el militante legal Francisco Javier Aranceta, alias Lepo, esperaba al volante del vehículo robado para la fuga. Aranceta murió en 1980 por disparos de un policía cuando acababa de matar a un agente de la Guardia Civil. En el sumario 9/77 correspondiente al asesinato de Francisco Expósito, nadie fue procesado al no esclarecerse la autoría del atentado antes de la amnistía.
Apenas ocho días después del asesinato del taxista, el comando se propuso acabar con su tercer objetivo: Demetrio Lesmes Martín, de 54 años y natural de Salamanca. Estaba casado y tenía tres hijos. Había sido miembro de la Guardia de Franco y trabajaba desde 1946 como guardia jurado de la empresa Orbegozo de Hernani. No era la primera vez que intentaban asesinarlo: unas semanas antes, a mediados de julio, el comando lo había esperado a la entrada de la fábrica y le había disparado con una metralleta, pero Lesmes se tiró al suelo y esquivó las balas. También había recibido amenazas. «Pronto vendrán a por mí», había advertido a algunos compañeros (El Correo, 9 de agosto de 1975).
Unas semanas después, el comando retomó la operación. Según las investigaciones, a Etxabe y a Piedehierro se sumó esta vez otro miembro de ETA al que los dos «liberados» habían adiestrado en el uso de armas, José María Arregui Erostarbe, Fitipaldi, que llegaría a formar parte de la dirección de la banda hasta su detención en 1992 en Bidart. De nuevo, los terroristas utilizaron un coche marca Morris que robaron en el barrio donostiarra del Antiguo y con el que esperaron a que Demetrio Lesmes abandonara la fábrica. Cuando lo hizo, Etxabe y Piedehierro, presuntamente, salieron a su encuentro y lo mataron a tiros antes de huir a San Sebastián en el coche conducido por Fitipaldi. Tras asesinar a los tres objetivos, el comando de ilegales recibió la orden de cruzar la frontera y refugiarse en Francia.
En 2014, la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional concluyó un exhaustivo trabajo para localizar y reagrupar los sumarios de los asesinatos terroristas. El de Demetrio Lesmes era uno de los 34 que no fue localizado.
Isidro Etxabe no protagonizaría los titulares de la prensa hasta febrero de 1981, cuando fue detenido en Madrid. Sus declaraciones policiales, producidas después de que estos tres casos hubieran sido amnistiados, no tuvieron ningún recorrido judicial, aunque sí lo tuvieron en lo referente a otras actividades terroristas posteriores a 1977 que también habían sido reconocidas. Gantxegi Arruti fue deportado de Argelia a la República Dominicana en 1989, pero en 1997 fue entregado a las autoridades españolas. Tras permanecer cuatro meses en prisión, quedó en libertad. Miguel Piedehierro residió en Francia sin tener acusaciones posteriores a la amnistía. En 1989 fue detenido en Pau y confinado en la ciudad de Poitiers. Una década después, la Policía lo ubicaba en México.
CARLOS ARGUIMBERRI ELORRIAGA
7 de julio de 1975. Deba/Deva (Guipúzcoa). Conductor de autobús
El asesinato de Carlos Arguimberri Elorriaga, un conductor de autobús de Deba de 43 años, fue el último escalón de una campaña de ostracismo social, señalamiento y amenazas de las que él, hijo de una familia carlista y declarado tradicionalista, había sido protagonista. Con su muerte, la organización terrorista ETA consumaba su primer asesinato contra personas a las que acusaba de ser confidentes policiales. Solo en las semanas siguientes mataría a otras dos con la misma justificación: Francisco Expósito Camio y Demetrio Lesmes Martín (véase «A principios de marzo de 1975, el dirigente de ETA militar...»). A lo largo de su historia, sumó 78 víctimas mortales sobre las que lanzó la acusación de «chivatos».
Carlos Arguimberri había heredado los oficios de su padre: repartía correspondencia, hacía labores de carpintería o transportaba viajeros en autobús. Cubría la ruta entre Deba, un pueblo costero, e Iciar, una suerte de aldea situada en una zona montañosa a las afueras de la localidad y salpicada de caseríos. Su acceso era complejo y muchos vecinos utilizaban el autobús como único medio para llegar hasta allí. El ambiente en la pedanía había cambiado en los años finales de la dictadura: aparecieron organizaciones parroquiales de base en las que la comunidad nacionalista, al amparo de la Iglesia, se fue reforzando. El carácter religioso de estas entidades permitía a sus miembros promover la identidad cultural vasca sin permanecer en la clandestinidad, pero su funcionamiento necesitaba de la complicidad del párroco. Arguimberri pertenecía a una de estas organizaciones, Baserri Gaztedi (Juventud del Caserío). Sin embargo, los lazos de amistad y la confianza entre sus miembros se fueron deshaciendo. Las detenciones por actividades clandestinas y los traslados forzosos de varios párrocos nacionalistas levantaron las sospechas de los vecinos, que señalaron a Arguimberri como culpable. Su trayectoria política como alcalde pedáneo y como concejal de Ayuntamiento sirvieron como argumentos para reforzar la acusación de colaborador policial, una acusación que el escritor y antropólogo Joseba Zulaika, en su libro Violencia vasca. Metáfora y sacramento, desmonta por completo.
Sin embargo, la espiral de señalamiento y aislamiento continuó. Primero aparecieron las pintadas. En 1972, miembros de un grupo católico escribieron «Karlos hil» («Muerte a Carlos»). Después llegaron las amenazas, los insultos y hasta la quema de su autobús. El 7 de julio de 1975, el asesinato. Dos terroristas perpetraron el crimen a plena luz del día, hacia las once y media de la mañana, en el interior de un autobús en el que viajaban 22 personas, entre ellas dos hermanos de la víctima. Antes de dispararle nueve tiros y que su cuerpo se desplomara sobre el volante, le gritaron «Hi txakur bat haiz» («Eres un perro»). Algunos testigos describieron con cierta precisión a los atacantes. Calcularon que tenían entre 25 y 27 años. El rubio fue el autor material de los disparos. Tenía el pelo ligeramente rizado, frente grande, labios gruesos, nariz ancha, pómulos salientes, mentón con hoyuelo y barba de uno o dos días. El moreno tenía el pelo largo, los ojos negros, la cara larga y «demacrada». A uno de los hermanos de la víctima que había presenciado el crimen le resultaron familiares: días atrás los había visto en el restaurante que había heredado de su padre (El Correo, 8 de julio de 1975).
De poco sirvieron aquellos detalles. El rastro de los asesinos se perdió cuando ambos subieron a un turismo que los esperaba con dos ocupantes en su interior. En el sumario 1105/76 que instruyó en un primer momento el juzgado de Azpeitia, que en agosto de 1976 se inhibiría en el juzgado militar de Burgos, no hay ningún encausado. El asesinato de Carlos Arguimberri engrosa la lista de aquellos que no solo no están resueltos, sino de los que ni siquiera hubo un hilo del que tirar.
ESTEBAN MALDONADO LLORENTE, JUAN MORENO CHAMORRO y JESÚS PASCUAL MARTÍN
5 de octubre de 1975. Oñati/Oñate (Guipúzcoa). Guardias civiles
El triple asesinato de los guardias civiles Esteban Maldonado Llorente, Juan Moreno Chamorro y Jesús Pascual Martín fue el atentado más grave contra la Guardia Civil hasta entonces. La organización terrorista había recrudecido su ofensiva contra el cuerpo, y algo más de dos semanas después asesinaría a otro agente, Manuel López Triviño, en Zarauz (véase «El asesinato del agente Manuel López Triviño en realidad respondió…»). Entre los presuntos implicados en el primer atentado figuraban algunos militantes que acabarían ascendiendo unos años después a la dirección de ETA. Fueron identificados y llegaron a ser procesados en el sumario 43/76, pero la aplicación de la Ley de Amnistía los libró de ser condenados, al menos por este crimen.
La trampa que utilizó el comando terrorista fue la ikurriña. La bandera estuvo prohibida durante la dictadura franquista y su exhibición constituía un delito, por lo que ETA era consciente de que colocarla en algún lugar era un señuelo para las Fuerzas de Seguridad. A su vez, los agentes conocían el riesgo. Por eso, cuando una patrulla del cuartel de la Guardia Civil de Mondragón recibió la orden de retirar una ikurriña del santuario de Aránzazu, tomaron todas las precauciones posibles. De regreso al cuartel por la carretera de Oñate, una bomba estalló al paso de un Land Rover. El vehículo salió despedido unos 20 metros y dio varias vueltas de campana. Los guardias Esteban Maldonado, Juan Moreno y Jesús Pascual murieron en el acto. Sus cuerpos, destrozados, quedaron tendidos en el asfalto. Dos compañeros, José Gómez Castillo y Juan García Lorente, resultaron heridos. La escena, de acuerdo con algunas crónicas periodísticas, resultaba dantesca.
Esteban Maldonado Llorente tenía 20 años y era hijo y hermano de guardias civiles. El periplo de su padre como miembro del cuerpo había hecho que naciera en un pueblo de Badajoz, San Pedro de Mérida, pero cuando tenía dos años la familia se trasladó a Almería, primero a Cabo de Gata y, después, a la capital (La Voz de Almería, 14 de noviembre de 2022). Juan Moreno Chamorro tenía 26 años, estaba casado y era padre de tres hijos. Había nacido en Villamesías (Cáceres), donde fue enterrado. Los vecinos colgaron crespones en los balcones en señal de duelo (El Diario Vasco, 8 de octubre de 1975). Jesús Pascual Martín Lozano tenía 25 años y era natural de Villaverde de Íscar (Segovia).
ETA militar reivindicó el ataque cinco días después en medios franceses. Los únicos detenidos por el triple asesinato fueron seis personas a las que los investigadores acusaron de colaboradores. Los supuestos autores materiales fueron identificados, en el correspondiente sumario instruido por la justicia militar, como Isidro María Garalde Bedialauneta, Mamarru; Miguel Lujua Gorostiola, y José Martín Sagardía Zaldua. La aplicación de la Ley de Amnistía hizo que no respondieran por ninguno de los delitos, incluido el triple asesinato de Oñate. En un informe del 4 de noviembre de 1977, el fiscal consideró el atentado como un «acto de intencionalidad política», a pesar de la «gravedad de sus resultados y a la perfidia de su planeamiento y ejecución». En aplicación de la amnistía, propuso el cierre definitivo y así se acordó.
La trayectoria de los dos primeros presuntos responsables estaba ligada a ETA desde la década de los sesenta, cuando la banda comenzaba a estructurarse y a funcionar como una organización terrorista. Por entonces, Mamarru y Mikel Lujua actuaban con otros militantes que llegarían a tener importantes responsabilidades en el seno de la banda, como Txomin Iturbe, Tomás Pérez Revilla, Hueso, o José Miguel Beñarán, Argala. Entre las acciones que se perpetraron en esa fase inicial de ETA se cuentan palizas a personas vinculadas con la extrema derecha y la quema de sus negocios, atracos a entidades bancarias o ataques a edificios y monumentos relacionados con el franquismo. Después vendrían hechos de mayor relevancia, como el secuestro del industrial Lorenzo Zabala en 1972 y, como culmen, el atentado contra el presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco. A Mamarru se le vinculó policialmente también con los asesinatos de los alcaldes de Oyarzun, Antonio Echeverria Albisu (véase «La diana de ETA se ensanchó oficialmente en 1975…»), y Galdácano, Víctor Legorburu Ibarreche (véase «Los ataques contra símbolos franquistas fueron una constante…»), así como del mecánico Julián Galarza en Zizurquil (véase «La diana de ETA se ensanchó oficialmente en 1975…»).
Garalde se convirtió en responsable del aparato logístico de ETA militar desde 1974 hasta su detención en Francia en 1985. Con él comenzó la fabricación de granadas de mano y el desarrollo de mandos a distancia y temporizadores. Instruyó a los miembros del comando Argala y fue condenado como cooperador necesario en un atentado en 1981 contra el teniente general Joaquín Valenzuela Alcívar-Jáuregui, jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey. En el ataque, el teniente general salvó la vida, pero resultaron muertos el teniente coronel Guillermo Tevar Seco y los miembros de la Guardia Real Antonio Nogueras García y Manuel Rodríguez Taboada. Mamarru salió de prisión en 2013, cuando se benefició de la derogación de la doctrina Parot.
La vinculación de Mikel Lujua con ETA terminó en 1983. Se enfrentó con el líder de la organización, Txomin Iturbe, y la dirección de la banda decidió expulsarlo. Hasta entonces, Lujua había sido responsable del «aparato de mugas» (los que ayudaban a cruzar la frontera entre España y Francia). En 1984, cuando vivía en el sur de Francia, los GAL planearon su secuestro, pero lo confundieron con un vecino, Segundo Marey, que no tenía vinculación con ETA. La Policía francesa detuvo a Lujua en 1984 y, junto a otros tres terroristas, fue confinado en la zona de París (El País, 24 de abril de 1995).
MANUEL LÓPEZ TRIVIÑO
18 de octubre de 1975. Zarautz/Zarauz (Guipúzcoa). Guardia civil
El asesinato del agente Manuel López Triviño en realidad respondió al «plan b» de ETA político-militar. La estrategia inicial consistía en secuestrar, interrogar y después asesinar a un vecino de Zarauz al que habían tachado de «chivato». A principios de octubre de 1975, tres miembros de un comando de polimilis acudieron al bar Ondartza, donde, de acuerdo con la información que manejaban, su objetivo acudía todos los sábados. Aquel día, sin embargo, no apareció. Cuando el comando comunicó a la dirección de ETA político-militar que la operación había fracasado, los jefes les facilitaron información sobre un nuevo objetivo: el guardia López Triviño. El atentado debía perpetrarse de forma inmediata, porque para ETA político-militar esa sería su particular respuesta a la ejecución de dos de sus miembros, Juan Paredes Manot, Txiki, y Ángel Otaegi Etxeberria, el 27 de septiembre de 1975. Un consejo de guerra sumarísimo los había sentenciado a muerte por el asesinato del policía Ovidio Díaz López en Barcelona y del guardia civil Gregorio Posadas Zurrón, respectivamente. Junto a los dos militantes de ETA fueron también ejecutados tres miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota). Apenas 20 días después, tres terroristas de ETA político-militar asesinaron a López Triviño.
Manuel López Triviño había nacido en Monterrubio de la Serena (Badajoz), igual que Txiki, en 1927, y se había casado con Juana Román Parra. Desde 1953 estaba destinado en Zarauz, donde era jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil. Hasta principios de la década de los años setenta, su pertenencia al Instituto Armado no había supuesto un problema para su día a día ni para el de su familia. Sin embargo, el fusilamiento de Txiki y Otaegi crispó el ambiente y puso al agente en el centro de la diana. En las escasas semanas que separaron las últimas ejecuciones del franquismo de su asesinato, López Triviño recibió una carta de amenazas que aún llevaba consigo el día que lo mataron. Como si presagiara su propia muerte, unos días antes del atentado había viajado a su pueblo para visitar a sus hermanos. También le había confesado a una de sus hijas que la quería mucho y que estaba muy orgulloso de ella. El 18 de octubre fue tiroteado por miembros de ETA poco después de salir del cuartel. El agente recibió dos impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, que le causaron la muerte al instante. Cuando su cuerpo aún yacía en el suelo, uno de sus seis hijos, que paseaba con su novia por las inmediaciones, lo reconoció. En el comunicado con el que ETA político-militar reivindicó el crimen se refirió a la víctima despectivamente como «txerrimutur» («morro de cerdo»), lo acusó de ser un «conocido torturador», de ser «responsable de la represión» y de hacer gala de su «fanatismo antivasco».
En el lugar del atentado se encontraron tres casquillos de bala de la marca belga FN, del calibre 9 mm parabellum. Además, se observó que al agente le había desaparecido su pistola reglamentaria, una Star del 9 corto, y un cargador. El miembro de ETA Ignacio Gabirondo se apoderó del arma del policía. El análisis de balística acreditó que los disparos habían sido hechos con una pistola modelo Astra 400 o Astra 600, o bien con una pistola MAB. No había constancia de otros atentados previos con el arma utilizada.
En abril de 1976, la Policía arrestó a varios miembros de ETA político-militar. Todos pertenecían a un comando que estaba a las órdenes de Miguel Ángel Apalategi, Apala. En sus declaraciones policiales, recogidas en el sumario 7/77, desgranaron algunos de los atentados en los que habían participado, entre ellos el secuestro y asesinato del industrial Ángel Berazadi (véase «Al inicio de 1976, ETA político-militar puso en práctica…»). Contaron también que uno de los crímenes que la dirección de los polimilis les había encomendado era el asesinato de Manuel López Triviño. Según la acusación judicial, el comando acordó que debían participar tres personas y que una de ellas tenía que ser José Ángel Aramendi Albizu, Aitor, un «liberado» con quien estaban en contacto. Aramendi conocía a López Triviño y, de hecho, se había encargado de vigilarlo y de facilitar la información de sus rutinas a la cúpula de ETA político-militar. Fue el propio Aramendi quien le disparó por la espalda, según la acusación. En ese momento lo acompañaba Ignacio María Gabirondo Agote, Meladi. El tercero, Agustín Achega Aguirre, Fiti, los esperaba en el coche de su padre para huir. Perpetrado el crimen, Achega dejó a Aramendi en Zumaya y continuó con Gabirondo hasta su pueblo, Iciar, donde se quedaron a tomar unos vinos. De los tres implicados, solo Achega estaba entre los detenidos. Tenía entonces 22 años. Tanto Gabirondo como Aramendi fueron declarados en rebeldía.
El Juzgado Militar Eventual número 2 de San Sebastián, al frente del cual estaba el entonces teniente coronel José Lasanta, asesinado por ETA años más tarde, abrió el sumario 26/76 por el atentado y acordó el procesamiento de los tres citados mediante un auto dictado el 5 de mayo de 1976. Más tarde, en febrero de 1977, la causa pasó al Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, que continuó con las investigaciones.
El 2 de junio de 1977, el Consejo de Ministros acordó el indulto de José Agustín Achega Aguirre, que estaba detenido y a la espera de juicio, por lo que la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid acordó la extinción de la responsabilidad penal del acusado y decidió su puesta en libertad. Fue excarcelado el 8 de junio. En otra resolución, adoptada el 20 de diciembre de ese mismo año, la Audiencia Provincial acordó el sobreseimiento libre de la causa que se dirigía contra los tres imputados por aplicación de la Ley de Amnistía.
Como ha explicado el historiador Gaizka Fernández Soldevilla, los tres principales sospechosos de la muerte de López Triviño siguieron militando en ETA. Gabirondo se unió a la rama militar y falleció el 13 de julio de 1980, cuanto participaba en una emboscada contra un convoy de la Guardia Civil. Los agentes atacados respondieron al tiroteo, causando la muerte de Gabirondo y de su compañero Carlos Lucio Fernández, que en el atentado habían matado previamente a los agentes Antonio Gómez Ramos y Aurelio Navío Navío.
Cuando el Gobierno y EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia, Partido para la Revolución Vasca) pactaron la disolución de ETA político-militar a cambio de la reinserción de sus miembros, hubo un nuevo cisma. En 1982, una de sus ramas, los octavos, continuó con la violencia terrorista, mientras que los séptimos dejaron las armas. Entre los primeros se encontraba Achega Aguirre, que fue detenido en marzo de 1983. Entre los segundos, Aramendi Albizu, que se reinsertó al año siguiente (Gaizka Fernández Soldevilla, «Muertes paralelas. Un estudio de caso sobre la violencia de ETA y la nacionalización de los inmigrantes en el País Vasco»).
ANTONIO ECHEVERRIA ALBISU
24 de noviembre de 1975. Oiartzun/Oyarzun (Guipúzcoa). Alcalde
JULIÁN GALARZA AYASTUY
10 de febrero de 1976. Zizurkil/ Cizúrquil (Guipúzcoa). Mecánico
La diana de ETA se ensanchó oficialmente en 1975. Ese año, comunicados y publicaciones internas de la organización terrorista anunciaron el inicio de una campaña «anti-txibatos» y de otra «anti-alcaldes». La primera fijaba como objetivo a «toda persona que frecuente la compañía de la G. C. [Guardia Civil], P. A. [Policía Armada], B. P. S. [Brigada Político Social] y chivatos», bajo la amenaza de ser «ejecutado». La segunda se centraba en los alcaldes, a quienes responsabilizaba de la represión a nivel local, y les daba un plazo de dos meses para dimitir. La fecha límite era el 25 de noviembre.
El asesinato de Antonio Echeverria Albisu, de 33 años, se perpetró un día antes de que cumpliese el plazo. En su figura convergían, de acuerdo con la narrativa abertzale radical, motivos para encajar en cualquiera de las dos campañas persecutorias. Echeverría era alcalde de Oyarzun desde 1974. Según su familia, el cargo fue «una imposición», porque «no estaba definido políticamente», pero «quería mucho al pueblo». Compaginaba su responsabilidad en el Ayuntamiento con su faceta como empresario, que, además, era exitosa. Después de cumplir el servicio militar, Antonio Echeverría había comenzado a trabajar en el sector inmobiliario en San Sebastián y los negocios le iban bien: su empresa tenía 50 empleados.
El ambiente en Oyarzun se había enturbiado los meses previos a su asesinato y, en especial, después de las últimas ejecuciones del franquismo en septiembre de 1975. Antonio Echeverría lo vivió en primera persona: expulsó a dos concejales que habían participado en actos de protesta por los fusilamientos, vivió cierto revuelo en un partido de fútbol y acabó reuniéndose con un hombre que lo esperó varios días en la calle en actitud vigilante. «Cuando le recibió, el hombre le dijo: “Estás entre los nueve alcaldes amenazados y eres el primero de la lista”», reveló su hermana en una entrevista (El Mundo, 24 de diciembre de 2022).
A mediodía del 24 de noviembre, un miembro de ETA llamó a la puerta del caserío de Oyarzun que pertenecía a la familia Echeverría. «Vengo de parte del alcalde de Hernani. ¿Está Antonio?», preguntó a la hermana, que abrió la puerta. El alcalde acudió. «¿Eres Antonio?». «Sí», respondió. Y el terrorista le disparó un tiro en el pecho. Al tratar de abrir fuego de nuevo, el arma se encasquilló y huyó hacia un Seat 600 blanco que le esperaba. Entretanto, Antonio Albisu fue consciente de que se moría: «Un tiro, un tiro, tengo que morir… Aita, perdóname, tengo que morir».
La investigación la inició el Juzgado de Orden Público, que tramitó el sumario 1187/76, aunque posteriormente se inhibió en favor de la justicia militar. Las primeras informaciones periodísticas no señalaron a ETA militar. La organización terrorista, pese a las amenazas expresas, nunca había matado a un alcalde y las crónicas apuntaban a un móvil económico. Las dudas sobre la autoría del crimen se disiparon al día siguiente, cuando ETA emitió un comunicado en Radio Montecarlo en el que no hacía referencia a sus amenazas contra los alcaldes, sino a su particular campaña contra aquellos a quienes acusaba de «chivatos», entre quienes encuadraba al alcalde de Oyarzun. Le endosaban un «conocido antivasquismo» y lo acusaban de ser «informador y colaborador de las fuerzas creacionistas del Estado español». Además, el comunicado aclaraba que el asesinato no era el «comienzo de la campaña anti-alcaldes, pero queremos que sirva de advertencia y todo aquel que esté indeciso a dimitir de su cargo ya puede posicionarse antes de que termine el plazo fijado» (Documentos Y). Algo más de dos meses después, el alcalde de Galdácano, Víctor Legorburu, fue asesinado (véase «Los ataques contra símbolos franquistas fueron una constante…»).
El día después del crimen de Legorburu, ETA volvió a matar. La víctima fue Julián Galarza Ayastuy, un mecánico de Cizúrquil (Guipúzcoa) de 37 años y casado desde hacía dos meses. Hacia las once y cuarto de la mañana, un comando integrado por tres individuos subió a un taxi en Tolosa y pidieron al conductor que los llevase a Alquiza. En un punto de la ruta, lo obligaron a bajar del coche y le ordenaron que esperase dos horas a comunicarse con alguien. Al volante del taxi, los tres hombres se dirigieron a Cizúrquil, donde esperaron a Julián Galarza en las inmediaciones de un estanco. Fue justo delante del establecimiento donde le dispararon a bocajarro un tiro en el pecho y otro en la cabeza. Cuando el pistolero se cercioró de que la víctima había fallecido, huyeron hasta el frontón de Villabona, donde abandonaron el vehículo.
Como en el caso de Antonio Echeverría, se extendió la estupefacción por el asesinato de Julián Galarza. Al día siguiente, la prensa planteaba la posibilidad de que ETA se hubiera equivocado de objetivo; las informaciones argumentaban que la víctima no tenía significación política y que en su empresa no se habían registrado conflictos laborales. Añadían que la lluvia que caía en el momento del crimen podría haber llevado al mecánico a subirse el cuello del anorak, lo que podría haber confundido a los terroristas (El Diario Vasco, 11 de febrero de 1976). ETA no tardó en confirmar las sospechas. En un comunicado, fechado el 12 de febrero, admitía que «la muerte» de Galarza se había «producido a causa de una equivocación». En el texto reconocían el «error», que había convertido «esta acción en un crimen involuntario», y pedían perdón a la familia y al pueblo vasco. Después se sabría que el objetivo de los terroristas era el alcalde de la localidad, Antonio Vicuña (El Correo, 21 de marzo de 2015).
Un día después del asesinato de Galarza, la Policía anunció que había identificado a tres miembros de un comando de ETA militar a los que consideraba responsables de las muertes del mecánico y del alcalde de Galdácano. Se trataba de José Miguel Retolaza Urbina, Exeki; José Joaquín Villar Gurruchaga, Fangio, e Isidro María Garalde Bedialauneta, Mamarru. Todos ellos acumulaban varios años de militancia y habían participado en atracos, sabotajes y secuestros. La prensa llegó a publicar las fotografías de los sospechosos y los historiales que la Policía les atribuía. Pese a la contundencia de los investigadores, los terroristas solo fueron procesados por el asesinato de Víctor Legorburu. En cualquier caso, su responsabilidad quedó extinguida tras la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.
En 1999, el nombre de otro terrorista relacionado con el asesinato de Julián Galarza se sumó al tablero de sospechosos: Pedro María Leguina Aurre, Kepatxu. Sobre él pesaban cuatro órdenes internacionales de detención por delitos de asesinatos y atraco. Entre los primeros estaba el atentado en Azpeitia en el que murieron tres guardias civiles en 1979. Fue detenido en el aeropuerto de Charles de Gaulle, en París, cuando intentaba entrar en Francia con documentación falsa. En 2001 fue entregado a España y condenado por el crimen de Azpeitia, aunque en su ficha policial se le implicaba en más de una veintena de asesinatos, incluido el de Julián Galarza. Salió de prisión en 2021.
La familia de Antonio Echeverria ha denunciado públicamente que el sumario del caso, el 1187/76, ha desaparecido. «Es como si fuera un atentado que no existe», ha declarado su hermana. Algo parecido sucede con el de Julián Galarza: no hay rastro. La familia Echeverría tuvo que vivir con el estigma del atentado. «No se renovaron créditos, no se volvió a dar una licencia, muchos amigos dejaron de saludar…». El padre del alcalde falleció ocho meses después del asesinato. Una hermana murió a los 35 años. Otra hermana acabó cerrando la inmobiliaria. La madre mantuvo una tienda en Oyarzun. Su hija recuerda: «Ella venía desde San Sebastián y en el autobús no la miraba nadie. Y en la tienda no entraba nadie. Le pedíamos que cerrara, pero ella decía que por qué tenían que echarla de su pueblo» (El Mundo, 24 de noviembre de 2022).
MANUEL VERGARA JIMÉNEZ
17 de enero de 1976. Ordizia/Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa). Guardia civil
MIGUEL GORDO GARCÍA
11 de abril de 1976. Barakaldo/Baracaldo (Vizcaya). Guardia civil
ANTONIO DE FRUTOS SUALDEA
3 de mayo de 1976. Legazpi/Legazpia (Guipúzcoa). Guardia civil
Entre enero y mayo de 1976, ETA asesinó a tres agentes de la Guardia Civil en sendas localidades de Guipúzcoa y Vizcaya. Para los tres atentados utilizó el mismo modus operandi que había estrenado en Oñate en octubre de 1975 y con el que había asesinado a otros tres agentes: la ikurriña. La bandera fue ilegal durante la dictadura franquista, por lo que su uso estaba perseguido por las Fuerzas de Seguridad. El 19 de enero de 1976 el Gobierno despenalizó su utilización y la enseña comenzó a ondear en edificios públicos y casas particulares. Pese a su legalización, ETA continuó empleándola en sus atentados junto a cargas explosivas, de manera que, además del daño directo a los agentes que trataban de explosionar los artefactos, la acción adquiría un carácter simbólico: los agentes caían heridos o asesinados cuando trataban de retirar el símbolo de la patria por la que la organización luchaba. Los tres guardias civiles asesinados con este procedimiento en la primera mitad de 1976 comparten una circunstancia añadida: sus asesinatos no solo no fueron esclarecidos, sino que nunca llegó a haber ningún procesado en las causas que se instruyeron.
Dos días antes de la legalización de la ikurriña, un comando de ETA preparó una trampa sobre un túnel de la variante de Beasáin, en la Nacional I. Allí los terroristas enterraron una carga explosiva sobre la que colocaron un mástil y ondearon una ikurriña. Junto al mástil situaron un paquete de periódicos del que sobresalía una mecha que, en realidad, no estaba conectada a ningún explosivo. A las cuatro menos diez de la tarde, una patrulla de la Guardia Civil del puesto de Ordicia divisó la enseña. El agente Manuel Vergara Jiménez se asomó con precaución, consciente de que podía tratarse de una trampa. Al darse cuenta de que la mecha del paquete de periódicos era falsa, cogió el bulto y lo lanzó lejos. Después, tiró del mástil y, al hacerlo, explosionó el artefacto que estaba enterrado. La onda expansiva desplazó su cuerpo unos 20 metros y lo mató en el acto. Otros dos agentes resultaron heridos. Manuel Vergara era hijo y hermano de guardias civiles. Había nacido en Viso del Alcor (Sevilla), aunque su familia vivía en Rota (Cádiz), donde su padre estaba destinado. Tenía novia y le faltaban seis días para cumplir 22 años.
En un comunicado fechado el 20 de enero, ETA militar no reivindicó expresamente el asesinato de Manuel Vergara, sino «la colocación de una ikurriña conectada a un explosivo». Explicó que el atentado no había sido una acción «de carácter ofensivo contra la Guardia Civil, sino de defensa de nuestra ikurriña» y, siguiendo su argumentación, culpó al guardia civil de su propia muerte por haber atentado «contra las normas más elementales de la democracia». «Nosotros no hemos hecho más que defender uno de nuestros símbolos», sentenciaron (Documentos Y).
Durante la Semana Santa de 1976, hacia mediados de abril, comenzaron a aparecer ikurriñas colgadas de cables de luz, árboles o paredes en varios municipios vascos, entre ellos Sestao, Santurce, Amorebieta o Bilbao. En Vitoria, la enseña iba acompañada de las siglas de ETA y la Liga Comunista Revolucionaria. En la parte vieja de San Sebastián colocaron una bandera también con las siglas de ETA adosada a una potente carga explosiva que la Policía hizo estallar. La campaña era un llamamiento para participar en el Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca) que se celebra el domingo de Resurrección.
En Baracaldo, varios desconocidos colocaron la tarde del sábado una ikurriña en un cable de alta tensión a la altura de la calle León, frente al edificio de Telefónica. En la mañana del domingo, la comandancia de la Guardia Civil recibió un aviso y desplazó hasta la localidad a un grupo de especialistas en desactivación de explosivos, entre los que se encontraba Miguel Gordo García. El agente tenía 41 años y llevaba 17 como miembro del cuerpo. Para alcanzar la bandera, se subió en una plataforma levadiza y, cuando manipulaba con unos alicates la argolla que la sostenía, recibió una descarga eléctrica que lo dejó herido de gravedad. Fue trasladado al Hospital de Cruces, donde ingresó cadáver (La Gaceta del Norte, 13 de abril de 1976). Había nacido en Villabrán de Cea (Palencia) y fue enterrado en Riego de la Vega (León), el pueblo de su viuda. Tenían un hijo de seis años. En el sumario 70/76, instruido por la jurisdicción militar, no se llegó a encausar a ningún sospechoso.
El 3 de mayo de 1976, ETA volvió a emplear la ikurriña como cebo, esta vez en Legazpia. A unos dos kilómetros de la localidad, en el embalse de Urtatxa, colocaron una bandera junto a un artefacto explosivo. A primera hora de la mañana, el cuartel de la Guardia Civil recibió un aviso, lo que motivó que varios agentes se desplazaran al pantano a través de un camino sin asfaltar por el que apenas cabía un vehículo. Los agentes hicieron varios viajes de ida y vuelta por esa ruta. Primero acudieron a inspeccionar la zona y volvieron a dar aviso en el cuartel. Más tarde regresaron para establecer un control de seguridad y, una vez allí, recibieron un nuevo aviso: la noche anterior una carga explosiva había dañado el coche de un hostelero de la localidad y acababan de localizar el vehículo. El cabo Antonio de Frutos Sualdea, de 46 años, subió a un Seat 850 y puso rumbo al cuartel. En el camino lo esperaban varios terroristas agazapados entre la maleza. Al paso del coche, activaron con un mando una carga explosiva enterrada en un talud del camino. El vehículo salió disparado unos 15 metros y el cabo murió en el acto. La Guardia Civil puso en marcha un dispositivo por tierra y aire, con un helicóptero vigilando una zona boscosa en la que podrían haberse escondido los responsables. Sin embargo, la operación se cerró sin éxito.
El entierro de Antonio de Frutos se celebró en el Caserío de San José, un núcleo de población dependiente de Valtiendas (Segovia). Ese mismo día, su viuda, María Martín Peña, y sus tres hijas se trasladaron a vivir al piso que el matrimonio había comprado en Madrid. Las tres niñas, María Jesús, María José y María Antonia, tenían 12, diez y ocho años. En un reportaje que publicó en 1990 El Correo, la viuda relató la situación de precariedad en la que quedaron:
Yo me he tenido que dejar la vida en la máquina de coser para sacar adelante a mis tres hijas. Cuando asesinaron a mi esposo tuvimos que vivir dos años con una pensión de 14.000 pesetas. Luego nos la subieron a 28.000 y ahora cobramos alrededor de 100.000. Nos dieron tres millones. Pero ¿qué son tres millones? Mire, a mí se me revuelve la sangre de pensarlo. Mi marido entregó su vida por España y nos lo compensan así. Es una vergüenza (El Correo, 3 de junio de 1990).
Tras el asesinato de Antonio de Frutos se abrió el sumario 57/1977. Lo inició la justicia militar, pero luego pasó al Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. Cuando su familia lo reclamó a la Audiencia Nacional, el documento no se encontró. Una de las hijas llevó la desaparición a los tribunales y, en enero de 2022, la Audiencia Nacional resolvió que el Estado debía indemnizarla con 10.000 euros. En la resolución, el tribunal reconocía que no había «una mínima constancia» de la existencia del sumario y que ello había causado un daño moral a la hija de la víctima, al haberla privado «del derecho a saber y conocer los datos que contenía el sumario del asesinato terrorista de su padre». Incluso aunque el asesinato no pudiera juzgarse por la aplicación de la Ley de Amnistía, la Audiencia Nacional entendía que «las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima» (El Mundo, 10 de enero de 2022).
VÍCTOR LEGORBURU IBARRECHE
9 de febrero de 1976. Galdakao/Galdácano (Vizcaya). Alcalde de Galdácano
Los ataques contra símbolos franquistas fueron una constante desde los inicios de la actividad de ETA: dañaron monumentos y memoriales como una evocación del enemigo que había que combatir. Los primeros ataques contra cargos públicos del régimen llegaron en 1968, tras el asesinato del inspector de la Brigada de Investigación Social Melitón Manzanas. A partir de entonces se registraron palizas, quema de negocios o amenazas. El 27 de septiembre de 1975, el día de los últimos fusilamientos del franquismo, ETA emitió un comunicado en el que anunciaba «una ofensiva contra todos los alcaldes, diputados a Cortes, y demás responsables administrativos que ejerciesen sus funciones en el País Vasco». En un boletín interno, la organización terrorista argumentaba que las protestas laborales y la acción de ETA habían provocado que los ediles perdieran autoridad frente a los comandantes de puesto de la Guardia Civil, a quienes consideraban la otra autoridad local. A sus ojos, los alcaldes, en su condición de representantes del régimen, se habían convertido en corresponsables de la represión en los pueblos. En noviembre, subió el tono de sus amenazas y conminó a los ediles a dimitir con un plazo límite: el 25 de ese mes. Si no lo hacían, tendrían que «asumir todas las consecuencias, respondiendo con sus vidas y sus bienes». Acabado el ultimátum, ETA advirtió: «El plazo ha terminado y vamos a pasar a la acción» (Zutik, núm. 65, Documentos Y).
El alcalde de Galdácano, Víctor Legorburu Ibarreche, de 64 años, casado y padre de dos hijos, se dio por aludido. No en vano, en enero de 1974 tres encapuchados armados habían incendiado la pequeña imprenta que regentaba junto a su hermano. Después empezó a llevar escolta de la Policía Municipal. El 9 de febrero, un comando de ETA formado por cuatro personas lo esperaba en el trayecto entre el domicilio del alcalde y el garaje donde guardaba el coche con el que pensaba desplazarse hasta su trabajo en una oficina de la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. A la señal de uno de los terroristas, otros dos abrieron fuego. El alcalde y el policía intentaron huir, pero un cuarto miembro de ETA salió al paso y disparó. Víctor Legorburu cayó muerto, y su escolta, Francisco Ruiz Sánchez, de 26 años, casado y con cuatro hijos, recibió 11 impactos de bala que le dejaron herido de extrema gravedad, aunque logró salvar la vida. En el lugar del atentado se recogieron unos 40 casquillos de bala, prueba de la intensidad del tiroteo.
Ese mismo día, ETA militar firmó un comunicado en el que asumía el asesinato (véase anexo). Legorburu procedía de una familia carlista y euskaldún. Había estudiado en la Universidad de Deusto y accedido a la alcaldía en 1966. El momento coincidió con el impulso económico del país, lo que le permitió promover iniciativas y obras para mejorar las infraestructuras locales. También era diputado provincial en la Diputación de Vizcaya. Cuando lo mataron, barajaba abandonar su responsabilidad en el Ayuntamiento. El crimen conmocionó la localidad y más de 5.000 personas acudieron a su funeral.
Tres miembros de ETA militar fueron encausados en el sumario 4/1977 que se abrió tras el asesinato de Víctor Legorburu. Se trataba de José Miguel Retolaza Urbina, Exeki, José Joaquín Villar Gurruchaga, Fangio, e Isidro María Garalde Bedialauneta, Mamarru. Ninguno había sido detenido, por lo que se les declaró en rebeldía y se cursaron sendas órdenes de busca y captura. La Policía deslizó a la prensa algunos datos sobre los sospechosos, entre ellos su supuesta vinculación con otros dos asesinatos: el del alcalde de Oyarzun, Antonio Echeverría (véase «La diana de ETA se ensanchó oficialmente en 1975…»), y el del mecánico de Cizúrquil Julián Galarza (véase «La diana de ETA se ensanchó oficialmente en 1975…»). Sin embargo, solo fueron encausados en el sumario de Legorburu. Ninguno de ellos llegó a ser juzgado, porque el 2 de noviembre de 1977 se decretó el sobreseimiento provisional del caso. Desde ese momento, las órdenes de busca y captura sobre los sospechosos quedaron sin efecto.
Retolaza Urbina ingresó en ETA en 1971 y fue condenado en 1974 por el Tribunal de Orden Público por delito de terrorismo. Tras la aplicación de la amnistía regresó a España, de donde huyó de nuevo en 1981 a raíz de la detención de varios miembros de ETA en cuyo reclutamiento había colaborado. En 1987 fue entregado por las autoridades francesas. Juzgado en la Audiencia Nacional por la acusación de colaboración con banda armada, la sentencia fue absolutoria.
El nombre del cuarto terrorista que participó en el asesinato de Víctor Legorburu se conoció en 2023. El exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, reconoció en el documental No me llame Ternera (Netflix) que había participado en el atentado. Fue el único crimen en el que admitió su responsabilidad. Para entonces aún tenía pendiente su extradición desde Francia por el juicio por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, ocurrido en 1987, en el que la explosión de un coche bomba acabó con la vida de 11 personas, seis de ellas menores de edad. En 2022, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió 2.354 años de prisión para él por su condición de miembro del comité ejecutivo de ETA cuando se perpetró el atentado. Además, Ternera estaba siendo investigado por su posible responsabilidad como autor intelectual de varios atentados.
EMILIO GUEZALA ARAMBURU
1 de marzo de 1976. Lezo (Guipúzcoa). Inspector de autobuses
Las primeras informaciones sobre el asesinato de Emilio Guezala Aramburu carecían de detalles precisos sobre los terroristas: algunas versiones apuntaban a que habían sido dos pistoleros, y otras, que habían intervenido tres personas; algunas crónicas aseguraban que habían disparado desde un coche, y otras, que lo habían interceptado en la acera; también afirmaban que los terroristas habían huido en coche, pero el modelo bailaba en las distintas crónicas. Ni siquiera la hora del crimen era exacta. Casi lo único seguro era que, a última hora de la tarde del 1 de marzo de 1976, Emilio Guezala, un inspector de autobuses de 46 años, salió del bar Martxel de Lezo, junto a su primo Fernando Inchaurrandieta, y que, tras caminar unos metros, varios individuos abrieron fuego contra ellos. Emilio falleció en el acto. Su primo resultó herido leve.
Aunque algunos miembros de la familia no tenían constancia de que hubiera recibido amenazas, un cuñado confirmó a la prensa que el rumor de que Emilio Guezala había colaborado con la Policía se había extendido en el pueblo. Una de sus hijas llegó a preguntarle si era cierto, y él le restó importancia, asegurándole que solo eran «chismes». En realidad, ya estaba en la diana de ETA.
Emilio Guezala había estudiado Veterinaria y había ejercido 15 años en Rentería. Después volvió a su pueblo para trabajar como inspector de la línea de autobuses San Sebastián-Rentería. Hacía varios años que era viudo y vivía junto a su madre Juana, de 82 años, y sus cinco hijos: Emilio, de 21 años; Juana María, de 18; María Arantxa, de 17; María Elena, de 15, y María Eugenia, de 10. La pequeña fue testigo del asesinato: se asomó a la ventana al escuchar los disparos sin saber que la persona que estaba tendida en el suelo era su padre (La Gaceta del Norte, 3 de marzo de 1976).
El comunicado que ETA firmó el 5 de marzo encuadraba el asesinato de Emilio Guezala en la campaña «anti-chivatos» que comenzó con el asesinato de Carlos Arguimberri (véase «El asesinato de Carlos Arguimberri Elorriaga, un conductor…») y con la que perseguía a aquellos ciudadanos vascos a los que acusaba de dar información a las Fuerzas de Seguridad. (Documentos Y).
El titular del Juzgado Militar Eventual número 2 de San Sebastián, el teniente coronel José Lasanta Martínez —que sería asesinado por ETA en 1990—, abrió un sumario en el que procesó a 11 personas en relación con el atentado. Tres fueron acusadas de ser los autores materiales; uno de ellos era Enrique Pagoaga Gallastegui. A otras cuatro, un matrimonio y sus dos hijas, se les acusó de dar alojamiento a los miembros del comando; a uno más, de pasar información sobre la víctima; a otro, por robar el coche utilizado por los autores del atentado; a otro, por transportar a los etarras, y a la última persona por hacer de intermediaria en la recepción de armas y explosivos para el grupo.
Estas imputaciones se produjeron después de que, en la madrugada del 28 al 29 de noviembre, la Guardia Civil llevara a cabo una operación que se precipitó por la huida de un caserío de Ordicia de Pedro María Múgica Garmendia, el hermano de Pakito, que entonces se refugiaba en Francia y que escalaría hasta la cúspide de ETA. Los investigadores se fijaron entonces en su entorno y detuvieron a Martín Echeverria Lazcano y a José Luis Mendizábal Benito, hermano de Txikia, que había sido jefe del frente militar de ETA y que murió en un enfrentamiento policial. Los dos detenidos fueron acusados de recoger la información sobre las costumbres y los horarios de Emilio Guezala. Ambos controlaban dos depósitos de armas y explosivos situados en el campanario de la iglesia de Isasondo y en una ermita en Ataun. En la operación, también fueron detenidas dos hermanas y sus padres acusados de encubrimiento (La Gaceta del Norte, 12 de mayo de 1976). Tanto los cuatro miembros del comando como sus encubridores fueron enviados a prisión. Entre los acusados de ser los autores materiales estaban Enrique Pagoaga Gallastegui, Peixotín, hermano de otro histórico de la organización, Peixoto, y José Menchacatorre Aguirre. Ambos fueron detenidos el 30 de abril de 1977.
La aplicación de la amnistía libró a todos de llegar ante los tribunales. Menchacatorre y Mendizábal fueron indultados el 2 de junio de 1977. A Pagoaga Gallastegui se le impuso la condición de solicitar su salida de España acogiéndose a la medida de gracia de los extrañamientos que había adoptado el Gobierno. Fue enviado a Dinamarca (El País, 10 de junio de 1977). Después permaneció en Francia, hasta el 2 de julio de 1987, cuando fue detenido y expulsado a Argelia. En 1989, tras la ruptura de las conversaciones de Argel entre el Gobierno español y la banda terrorista, Pagoaga fue deportado a Venezuela. Llegó a vivir en Bélgica y volvió a Francia, donde fue detenido en 1998 y entregado a España. Para entonces ya no tenía causas pendientes.
MANUEL ALBIZU IDIÁQUEZ
13 de enero de 1976. Getaria/Guetaria (Guipúzcoa). Taxista
El sumario abierto por el asesinato del taxista Manuel Albizu Idiáquez fue localizado en 2020. La Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional lo había dado por perdido en 2014, después de tres años tratando de rescatar sumarios que estaban repartidos en los tribunales militares de Ferrol, Barcelona o Burgos, donde recaían los delitos de terrorismo hasta que la Audiencia Nacional se creó en 1977. También se inspeccionaron archivos históricos en Ferrol, Salamanca y Madrid. En ninguno de ellos estaba.
En 2020, la Audiencia Nacional encontró por fin el sumario en el archivo de Alcalá de Henares. En él se relataban algunos detalles del asesinato. Manuel Albizu, de 53 años, era, en realidad, tractorista en unas excavaciones de Rentería, pero los fines de semana trabajaba como taxista en su propio coche con una licencia alquilada. El 13 de enero de 1976, un sobrino vio cómo un chico que vestía una gabardina clara se subió al asiento trasero del coche de su tío en la parada de Zumaya. El destino era el barrio de San Prudencio, en Guetaria. A la mañana siguiente, el hijo de un guardia civil encontró el vehículo con las luces encendidas y el motor en marcha en un paraje de Guetaria. En el interior yacía el cuerpo de Manuel Albizu, a quien habían disparado dos tiros a través del cristal delantero del coche. El sumario contenía la tasación de la rotura del cristal que había hecho el propietario de Carrocerías Peña, Ceferino Peña, a quien ETA también asesinaría en 1980. Más tarde la banda reconoció que había sido «un error».
No fue así en el caso de Manuel Albizu. El taxista ocasional solía prestar servicio al cuartel de la Guardia Civil, hecho que ETA utilizó para tacharlo de «chivato» y confidente de la policía. El rumor se extendió por Zumaya, donde la víctima vivía junto a su mujer, Mercedes, y sus cuatro hijos: Miguel, de 24 años; Ignacio, de 23; Mercedes, de 20, y María José, de 11. Alguno de ellos llegó a cruzar la frontera para reunirse con miembros del entorno de ETA e indagar sobre las motivaciones del asesinato de su padre. Volvió sin respuestas.
El hallazgo del sumario en 2020, sin embargo, les proporcionó información que desconocían. El 7 de agosto de 1976, algo más de siete meses después del asesinato, el comisario jefe provincial de San Sebastián firmó un documento que dirigió al juzgado de Azpeitia. Hacía referencia a la declaración policial de un miembro de ETA militar al que la Guardia Civil había detenido el 30 de abril y que había señalado a los autores materiales del asesinato de Manuel Albizu: Pedro María Leguina Aurre, Kepatxu, y José León Mazusta Astibia, Fresku. Los dos tenían 22 años. Leguina Aurre había nacido en Bilbao y trabajaba como carnicero. Mazusta Astibia, natural de Rentería, era ayudante de topógrafo. «Ambos, al parecer, huidos en Francia», terminaba el documento (El Mundo, 8 de marzo de 2020). Los dos se beneficiaron de la Ley de Amnistía y se libraron de responder por los crímenes en los que se les implicaba: a Leguina Aurre se le relacionaba con los asesinatos del policía Fernando Llorente (véase «Las noticias del funeral del guardia civil Andrés Segovia Peralta…»), del mecánico Julián Galarza (véase «La diana de ETA se ensanchó oficialmente en 1975…»), del obrero Vicente Soria Blasco (véase «Una de las pocas informaciones que apuntan a los culpables…»), del presidente de la Diputación de Guipúzcoa y de su escolta (véase «Juan María de Araluce Villar era, desde 1968, presidente…») y del sargento de la Guardia Civil Antonio Galán Aceituno (véase «La sucursal del Banco Hispano-Americano de Tolosa…»); a Mazusta Astibia, con el asesinato de Mariano Román Madroñal (véase «A principios de marzo de 1975, el dirigente de ETA militar…»).
Los caminos de los dos terroristas fueron dispares. Mazusta Astibia continuó viviendo en Francia junto a su mujer, Pilar Pagoaga, hermana del histórico etarra Peixoto. Las Fuerzas de Seguridad lo vincularon a la protección de miembros huidos de ETA. Leguina Aurre, por su parte, se reintegró en ETA como miembro del comando Goierri y se le relacionó con más de una docena de asesinatos. Se le perdió el rastro en 1981. Vivió en México y fue detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle (París) en 1999, cuando aún existían contra él cuatro órdenes de detención. Fue extraditado a España en 2001 y condenado por su única causa pendiente, el asesinato de tres guardias civiles en Azpeitia. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2001, el Ministerio del Interior difundió una nota en la que se mencionaban las imputaciones policiales contra el miembro de ETA, incluido el asesinato del taxista Manuel Albizu y otros 24 asesinatos más. Salió de prisión en 2021.
ÁNGEL BERAZADI URIBE
18 de marzo de 1976. Elgoibar/Elgóibar (Guipúzcoa). Empresario
Al inicio de 1976, ETA político-militar puso en práctica una nueva estrategia para financiar la creación de sus estructuras, el llamado «impuesto revolucionario», un eufemismo que ocultaba la extorsión económica a empresarios, directivos y profesionales liberales mediante cartas en las que amenazaban con matarlos si no entregaban a la organización la cantidad que les solicitaba (Josu Ugarte Gastaminza, La bolsa y la vida. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial). Ese año, ETA político-militar secuestró a cuatro empresarios. Del rapto de dos de ellos, José Luis Arrasate y Ángel Berazadi, se encargó un comando de «legales» que estaba a las órdenes de Miguel Ángel Apalategi, Apala, uno de los líderes de los polimilis refugiado en Francia. Ese mismo comando había asesinado al guardia civil Manuel López Triviño (véase «El asesinato del agente Manuel López Triviño en realidad…»). El secuestro de Arrasate acabó con su puesta en libertad, pero el de Berazadi terminó con su asesinato.
Ángel Berazadi fue una víctima inesperada. Aunque había recibido amenazas y había sido conminado, como otros industriales, a pagar diez millones de pesetas a ETA, él mismo le restó importancia a la amenaza terrorista. El empresario, director gerente de la empresa Estarta y Ecenarro (Sigma) que había fundado su suegro, era simpatizante del PNV. Había nacido en Zarauz, hablaba euskera y se le consideraba impulsor de la cultura vasca: había patrocinado la puesta en marcha de ikastolas en Elgóibar, Zarauz y San Sebastián, y había sido presidente del C. D. Zarautz de fútbol. Su secuestro se prolongó 20 días, entre el 18 de marzo y el 8 de abril de 1976.
La idea de secuestrar a Ángel Berazadi fue de Apala. Se la comunicó al comando legal formado por Agustín Achega Aguirre, Fiti; Juan María (Jon) Aldalur, Makillas; José Ignacio Egaña, Gaizka; José Ángel Aramendi Albizu, Aitor, e Ignacio María Gabirondo Agote, Meladi. Aldalur trabajaba en Elgóibar, donde estaba la fábrica de Sigma, por lo que fue el encargado de realizar la vigilancia al objetivo. Las rutinas de Berazadi simplificaban la operación, que recibió el visto bueno de Apala y que se consumó en la autopista que unía Elgóibar con San Sebastián.
Durante los 20 días que duró el secuestro, Berazadi estuvo recluido en un caserío de Iciar (Guipúzcoa). Los cinco miembros del comando hicieron turnos para vigilarlo. En su declaración policial cuando fue detenido en abril de 1976, y que forma parte del sumario 7/76, José Ignacio Egaña explicó que Apala, con quien se comunicaba telefónicamente de modo regular, era el interlocutor del comando con la dirección de ETA y quien les mantenía al tanto de las negociaciones con la familia. ETA político-militar pidió a los Berazadi 200 millones de pesetas a cambio de su liberación. En las conversaciones, la familia estuvo representada por miembros del PNV, e incluso Xabier Arzalluz llegó a intervenir. Al principio, según la información que Apala transmitía al comando, las negociaciones parecían ir «por buen camino», pero en cuestión de días y sin motivo aparente se torcieron. Los secuestradores, a su vez, comunicaron a su jefe que dentro del caserío la situación se volvía «insostenible»: los días pesaban, las condiciones de habitabilidad eran malas y las Fuerzas de Seguridad les pisaban los talones e incluso habían practicado algún registro en el pueblo. Los terroristas sospechaban que algunos vecinos los habían descubierto, por lo que no eran partidarios de prolongar el cautiverio.
El 7 de abril, Apala habló dos veces con los miembros del comando. En la primera conversación, el jefe de ETA político-militar les preguntó si podrían alargar el secuestro dos semanas, a lo que se negaron. En la segunda, Apala confirmó que no había habido avances en las negociaciones y lanzó una orden: «Hay que tirar al secuestrado a la basura». Aldalur, que fue quien habló con Apala, quiso confirmar la instrucción y, según su declaración, le preguntó directamente si tenían que matar a Berazadi. «Afirmativo», dijo que fue la respuesta. El asesinato ocurrió esa misma noche en la carretera entre Elgóibar y Azpeitia. El autor material de los dos disparos que acabaron con la vida de Berazadi fue Gabirondo Agote. El día del funeral, que fue multitudinario, la familia de la víctima abandonó definitivamente el País Vasco. Su viuda, María del Carmen Estarta, nunca volvió a San Sebastián.
El Juzgado militar número 2 de San Sebastián, en la causa abierta por el secuestro y asesinato del empresario, dictó autos de procesamiento contra los presuntos implicados, a los que finalmente se aplicó la Ley de Amnistía.
La suerte de los terroristas implicados en el secuestro y asesinato de Ángel Berazadi fue dispar. La amnistía puso en libertad a los que habían sido detenidos: Agustín Achega, que fue extrañado a Dinamarca, y José Ignacio Egaña. El primero se reincorporó a ETA político-militar en 1978, realizó un curso de adiestramiento con la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) en Líbano y dirigió los comandos de los polimilis en Asturias y Cataluña, antes de ser detenido de nuevo en marzo de 1983. Gabirondo Agote, por su parte, se integró en ETA militar y murió el 13 de julio de 1980, tras perpetrar una emboscada contra un convoy de la Guardia Civil en Ispáster. Aramendi Albizu terminó abandonando ETA y se reinsertó. También lo hizo Jon Aldalur, que dejó la organización terrorista en 1977. En una entrevista que concedió años después reconoció: «Creí que era una valentía matar a un hombre por unos ideales, pero me di cuenta de que lo único que hice fue matar a un hombre» (La noche de Patria, documental).
VICENTE SORIA BLASCO
30 de marzo de 1976. Soraluze/Placencia de las Armas (Guipúzcoa). Obrero
Una de las pocas informaciones que apuntan a los culpables del asesinato de Vicente Soria se encuentra en la nota que el Ministerio del Interior emitió el 13 de diciembre de 2001. El motivo era la extradición a España del miembro de ETA militar Pedro María Leguina Aurre, alias Txiki, Kepa y Kepatxu. En el texto se le relacionaba con más de una veintena de asesinatos cometidos entre 1975 y 1981, y uno de ellos fue el de Vicente Soria Blasco, que en la nota aparecía con el nombre de pila de Julián, como se le conocía en Placencia de las Armas. No había más detalles. En cualquier caso, la aplicación de la Ley de Amnistía impedía que ni ese ni ninguno de los otros ocho asesinatos que supuestamente había cometido antes de junio de 1977 fuera juzgado. Además, en 2001 los crímenes ya habían prescrito.
Las crónicas de la época recogieron que fueron dos jóvenes quienes dispararon a Vicente Soria cerca de Tornillos Ormaechea, donde trabajaba. Ocurrió a las ocho menos cuarto de la mañana cuando, como todos los días, el obrero de 47 años cubría andando la distancia que separaba su casa de la fábrica. «¡Julián!», le gritó uno de los terroristas. Le dispararon cuatro balas en la espalda, una en el costado, dos en el vientre y otras dos en los brazos. Antes de huir corriendo calle abajo, los pistoleros lanzaron una granada al centro de la calzada, lo que provocó el pánico de los transeúntes, entre 20 y 30 personas. El miedo a que el artefacto estallara evitó que nadie auxiliase a Vicente Soria de forma inmediata. Pasaron unos minutos hasta que un compañero de trabajo, Aurelio Torres, se acercó a la víctima, que yacía sobre unos escalones. «Aurelio, estoy muerto», contó que le dijo (La Gaceta del Norte, 1 de abril de 1976). Falleció mientras era trasladado a un hospital de San Sebastián.
Vicente Soria había nacido en Ceclavín (Cáceres) y llevaba más de dos décadas viviendo en Placencia de las Armas. Estaba casado con María Martínez y era padre de cuatro hijos: Secundino, de 17 años; María Esperanza, de 14; Juan, de 12, y Óscar, de cuatro.
Los testigos facilitaron descripciones someras de los dos terroristas: tenían entre 18 y 20 años, uno de ellos llevaba gafas de sol, y el otro, bigote. Vestían pantalones y jerseys, y huyeron en un coche amarillo (El Diario Vasco, 31 de marzo de 1976). Ahí terminaban las pistas. El día después del asesinato, ETA reivindicó el crimen en un comunicado distribuido en Bayona y anunció que los atentados continuarían. Al contrario que en otras reivindicaciones, esta vez no señalaba ninguno de los motivos que, a su entender, justificaban el asesinato del obrero. En el pueblo se especuló con que el hecho de que la víctima se relacionara con guardias civiles, algunos de ellos naturales de Cáceres, como él, podría ser una explicación. Un sobrino de Vicente Soria negó que su tío hubiera recibido amenazas (La Voz de España, 31 de marzo de 1976).
Una colaboradora del comando Éibar, vecina de la localidad donde se cometió el atentado y detenida en 1981, declaró ante la Guardia Civil que tres o cuatro días antes del asesinato habían llegado a alojarse en su domicilio cuatro miembros de la citada célula, a los que identificó por los alias de Ángel, Zarra, Enrique y Fangio. El día del atentado, los cuatro salieron con sus armas de la vivienda a las siete de la mañana, una hora antes del asesinato, y ya no regresaron. La detenida identificó fotográficamente a Ángel Iturbe Abasolo, Ramón Sagarzazu Olazaguirre, Enrique Gómez Álvarez y José Joaquín Villar Gurruchaga, con los alias que había mencionado previamente.
En 2014, la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, dirigida por Carmen Alba, hizo un informe sobre el estado judicial de los asesinatos terroristas perpetrados en España desde 1960. En él se detallaba que había 34 sumarios correspondientes a sendos asesinatos atribuidos a ETA que no habían sido localizados durante la búsqueda que su personal había desarrollado en tribunales y archivos repartidos por distintos puntos de España. Uno de aquellos sumarios perdidos era el de Vicente Soria Blasco (Juanfer F. Calderín, Agujeros del sistema. Más de 300 asesinatos de ETA sin resolver).
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ y JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ ITUERO
4 de abril de 1976. Hendaya (Francia). Inspectores del Cuerpo General de Policía
La película Los aventureros se estrenó en 1967. Era una producción francesa protagonizada por Alain Delon y Lino Ventura. En abril de 1977, la televisión francesa volvió a emitirla y tres jóvenes de unos 16 o 17 años, Pierre Blanchard, Allen Lormand y Maxime Toscanino, decidieron salir en busca de sus propias aventuras. Como ya habían hecho en otras ocasiones, se armaron con dos palas y una lámpara y se propusieron inspeccionar uno de los búnkeres construidos durante la Segunda Guerra Mundial en la costa de Anglet. Buscaban restos de la contienda, pero lo que encontraron en la playa Marinella, más conocida como la Chambre d’Amour, fueron los cadáveres de dos policías españoles que llevaban un año desaparecidos.
El 3 de abril de 1976, dos inspectores de la Policía Nacional destinados en San Sebastián, José María González Ituero, de 25 años, y José Luis Martínez Martínez, de 31, dejaron sus armas en el puesto fronterizo y cruzaron en dirección al cine Varietés de Hendaya. En las inmediaciones del establecimiento se perdió su rastro. Aquellos días, el terrorismo parecía estar en ebullición: el industrial Ángel Berazadi estaba secuestrado y 29 presos, la mayoría militantes de ETA, se habían fugado de la cárcel de Segovia. La prensa especuló con que el secuestro de los agentes podría ser una maniobra de ETA para forzar al Gobierno a facilitar el pago del rescate por Ángel Berazadi, a lo que el Ejecutivo había manifestado que se negaba. También se manejó la idea de que se trataba de una estrategia para desmoralizar a la Policía española. En realidad, ninguna de las hipótesis se confirmó, ETA no reivindicó la desaparición de los policías y el secuestro de Berazadi, a su vez, terminó con la aparición de su cadáver el 8 de abril (véase «Al inicio de 1976, ETA político-militar puso en práctica…»).
La Policía francesa puso en marcha un amplio dispositivo para localizar a los policías: interrogó a unas 40 personas en Hendaya y llegó a retener a una docena; desplegó efectivos en Pau, Bayona y Burdeos; rastreó el entorno de Hendaya hasta la playa de Socoa; vigiló las carreteras del entorno de San Juan de Luz por tierra y aire, e incluso deportó a varios miembros de ETA con estatus de refugiados a la isla de Yeu. Los esfuerzos fueron en vano. El único hallazgo se redujo a la documentación de los dos policías desaparecidos en el piso de un miembro de ETA político-militar, rama a la que desde entonces se le atribuyó el secuestro de los agentes (La Vanguardia, 8 de abril de 1976). El caso guardaba paralelismos con la desaparición en 1973 de tres jóvenes gallegos, Humberto Fouz Escobero, Fernando Quiroga Veiga y Jorge Juan García Carneiro, que habían sido confundidos con policías y torturados hasta la muerte, y cuyos cadáveres nunca han sido hallados (véase «El éxito profesional de Humberto Fouz Escobero, gallego…»).
Esta vez, sin embargo, el espíritu aventurero de tres adolescentes dio con los cuerpos de los dos policías un año después de su asesinato. Ambos presentaban disparos en la cabeza y tenían signos evidentes de tortura: a uno le faltaba una mano y los dos tenían varios dedos amputados. Las muñecas estaban atadas con alambres.
José Luis Martínez había nacido en Calatayud, estaba soltero y había llegado a San Sebastián en septiembre de 1975. Fue enterrado en Almería, donde residía su familia. José María González, natural de Madrina (Segovia), apenas llevaba unos días en su nuevo destino en la capital donostiarra.
ETA nunca llegó a reivindicar el doble asesinato. Por aquellos años, Francia funcionaba aún como santuario para los terroristas y reconocer que habían perpetrado un doble crimen en suelo galo podría haber modificado su estatus. En el último Zutabe que se publicó antes de la disolución de la organización terrorista, ETA admitía su responsabilidad sobre atentados que hasta entonces no había reconocido, como el de la cafetería Rolando. Sin embargo, no hubo mención alguna al doble asesinato de los policías (Zutabe, 1958/2018). La causa por el crimen se instruyó en Francia, por lo que no hay registro del sumario en la Audiencia Nacional.
LUIS CARLOS ALBO LLAMOSAS
9 de junio de 1976. Basauri (Vizcaya). Abogado y jefe local del Movimiento
Los días que siguieron al asesinato de Luis Carlos Albo Llamosas, la Guardia Civil y la Policía practicaron cientos de registros en Basauri y en el barrio bilbaíno de Recalde. Algunas crónicas hablaban de 300 a 400 registros (El Correo, 11 de junio de 1976). Otras informaban de que habían llegado a los 600 (El País, 12 de junio de 1976). Hubo al menos una decena de detenidos. Las Fuerzas de Seguridad reforzaron los controles de tráfico y en la frontera, ya que los tres terroristas implicados habían huido por la autopista. Aparentemente, todo fue en balde: los detenidos fueron puestos en libertad, las noticias sobre los avances de las pesquisas se diluyeron y nadie fue encausado por el asesinato del abogado, profesor, jefe local del Movimiento y miembro de la Guardia de Franco.
La posibilidad de que Luis Carlos Albo fuera asesinado no era descabellada ni siquiera para el propio Albo. Su hija Herminia contó en una entrevista a El Correo que su padre no había recibido amenazas directas, pero que «sabía indirectamente que un comando de ETA andaba por aquí estos días». Se refería, en realidad, a un episodio concreto: un guardia civil de paisano se había presentado en el despacho de abogados y le había proporcionado a Albo los nombres de los vecinos del pueblo que le estaban siguiendo. De hecho, Punto y Hora de Euskal Herria publicó, en el número posterior al atentado, que Albo había recibido «numerosas amenazas» (16 de junio de 1976). El abogado tenía permiso de armas, pero nunca llevaba pistola: «Para qué voy a llevar nada. Si Dios me reclama, nada puedo hacer», contó su hija que solía decir. Poco antes de su asesinato, Albo hizo referencia a su muerte: acababa de intervenir por primera vez en el Tribunal Supremo como abogado y especuló con cuándo le tocaría comparecer «ante el [tribunal supremo] del Cielo».
A primera hora de la tarde del 9 de junio de 1976, alguien telefoneó al Instituto Mixto de Enseñanza Media de Basauri, donde daba clases, para preguntar si Luis Carlos Albo había llegado. Aún era pronto. A las cuatro y diez de la tarde, cuando recorría los 600 metros que separaban su domicilio del centro educativo, dos individuos aprovecharon que se había parado en un semáforo para dispararle a bocajarro. Fueron seis tiros y varios le impactaron en la cabeza. Cuando la ambulancia llegó al Hospital de Bilbao, la víctima ya había fallecido. En la escena del crimen quedaron varios casquillos de la marca Geco.
Entretanto, a los terroristas se les perdió la pista. Los testigos apenas identificaron a dos hombres jóvenes, uno de ellos con barba, que huyeron hasta un coche amarillo que se diluyó en la autopista. El vehículo fue localizado poco después en una de las entradas de Bilbao: era un Renault 8 que había sido robado esa misma mañana. Algunos de los detenidos por las Fuerzas de Seguridad respondían a la descripción del joven con barba, pero fueron puestos en libertad. El 23 de junio, la Policía realizó una actuación insólita: difundió una nota de prensa en la que se hacía un llamamiento a los vecinos de Bilbao Ignacio Martínez Blasco y Manuel Javier Arrinda Urizar para que se presentaran en la comisaría «por estimarse que pueden aportar datos contundentes al esclarecimiento del asesinato de que fue víctima don Luis Carlos Albo Llamosas». Además, pedían a quienes conocieran el paradero de estas dos personas que informaran a la Policía. Aunque la nota no aportaba más detalles, la Policía sospechaba que los dos citados, junto con un tercero del que solo se sabía que tenía el apodo de Heidi, formaban un comando de ETA, creado en el verano de 1975, que estaba implicado en el asesinato.
Además, se dictó una orden de busca y captura contra Ramón Urrutia Galarraga, que residía en Francia desde hacía al menos dos años y a quien los investigadores consideraban miembro «liberado» de ETA. Al parecer, algún testigo lo había identificado (El País, 12 de junio de 1976). Su nombre apareció en los medios de comunicación apenas un par de meses después: era una de las seis personas que habían solicitado recuperar la nacionalidad española en un consulado de España en el extranjero y se le había negado aduciendo su pertenencia a ETA (El País, 26 de agosto de 1976). El caso se cerró definitivamente tras la aprobación de la Ley de Amnistía.
En 1978, Ignacio Martínez Blasco formaba parte, presuntamente, del comando Vizcaya y estuvo procesado por el asesinato de dos policías nacionales en Basauri. Sin embargo, en 1999 la Audiencia Nacional declaró la prescripción de la causa. En enero de 2019, sin otras acusaciones pendientes, regresó de México, donde había estado residiendo al menos desde principios de los años noventa. Por su parte, Manuel Javier Arrinda, que pasó a Francia en agosto de 1976 y disfrutó durante tres años del estatuto de refugiado, fue detenido por la Policía francesa en 1987 y entregado a la española. Los jueces lo pusieron en libertad sin cargos por no tener ninguna acusación en vigor.
Cuando fue asesinado, Luis Carlos Albo tenía 56 años. Había nacido en Arnuero (Cantabria) y estaba casado con María Gloria Aguirre Pozas, de 47. El matrimonio tenía seis hijos de entre 25 y 11 años. Dos de ellas contarían años después que, tras el asesinato de su padre, escuchaban «todos los días» en el colegio la frase «algo habrá hecho» y que acabaron sacándolas del centro y matriculándolas en un internado. «La sociedad nos marginaba», se dolían (El Correo, 30 de diciembre de 2000). La familia Albo terminó por abandonar Basauri.
EDUARDO MORENO BERGARETXE, PERTUR
23 de julio de 1976. San Juan de Luz (Francia). Dirigente de ETA político-militar
La última vez que alguien vio con vida a Eduardo Moreno Bergaretxe fue la mañana del 23 de julio de 1976. La noche anterior la había pasado en su apartamento de San Juan de Luz, donde residía desde 1972, cuando huyó de la Policía. Ya en suelo francés se había convertido en ideólogo y dirigente de ETA político-militar. La mencionada mañana tenía una cita en la librería Mugalde de Hendaya. Nunca llegó. De camino se topó con dos miembros de la facción más dura de ETA político-militar, Miguel Ángel Apalategi Ayerbe, Apala, y Francisco Múgica Garmendia, Pakito. Según declararían después, Pertur subió al coche en el que ambos via