Gráfico 1. Matriz de sustentabilidad
Aunque como individuos estamos tomando conciencia de que existe un problema con la degradación del medioambiente, todavía no hemos dimensionado la magnitud de ese problema ni las consecuencias futuras que enfrentaremos generacionalmente. Cierto es que hemos avanzado en calidad de vida y que el sistema tiende a incluir cada vez más habitantes en esa mejora, pero debemos reconocer que no hemos evaluado los costos que implica adoptar un modelo de desarrollo y crecimiento que ha sido despiadado con el uso de los recursos naturales. Nos cuesta entender que el costo de un bien no solo está formado por lo que demanda obtener y transformar la materia prima más servicios de comercialización, impuestos y logística, sino que, además, existe el deterioro del medioambiente y de los ecosistemas, difícil de medir en términos monetarios. Y aunque lleguemos a darle un valor a este deterioro, lo que más intranquiliza es que el daño está hecho y en la mayoría de los casos no se puede remediar, no existe el “volver atrás”; por lo tanto, todo depende de cuán inteligentes podamos ser en el consumo razonable y sustentable de los recursos, como también respecto de los procesos de industrialización que adoptemos.
El modelo de producción, innovación tecnológica y consumo que hemos adoptado en los últimos setenta u ochenta años no ha sido gratuito para la humanidad, ni tampoco ha arrojado todos los beneficios que suponemos: las inequidades y desequilibrios han quedado demostrados, y no es una novedad la falta de posibilidades de acceder al crecimiento y desarrollo que sufre una importante franja de la sociedad. Asimismo, las desigualdades sociales son visibles y van desde el acceso al alimento hasta la posibilidad de tener educación o un digno sistema de salud.
El problema ambiental ya dejó de ser un tema académico y pasó a convertirse de conocimiento general para la sociedad. Esto nos obliga a tratar de encontrarle una solución, y conseguir el desarrollo de acciones y procesos sustentables es un camino factible. Con una población en constante crecimiento, en un mundo finito y con recursos limitados, debemos comenzar a tratar el tema de la sustentabilidad como un objetivo alcanzable y no como un tema abstracto que solo se luce en algunos discursos, mensajes y campañas publicitarias.
La idea que tenemos sobre sustentabilidad, en términos generales, es la de “cubrir las necesidades presentes, sin alterar la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas”, según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia. Ahora bien, lo que debemos tener en cuenta es que no se puede ser sustentable por un simple deseo, ley o decreto –ello es como querer ser feliz porque lo dice una ley– y de un día para el otro, pues la sustentabilidad es un proceso que se va alimentando y perfeccionando con la determinación de metas por cumplir y el aporte de todos los actores que intervienen en la sociedad.
Lo que denominamos “sustentabilidad” lleva implícito una constante interrelación entre el presente y el futuro, pero además contiene un alto grado de responsabilidad, ya que las prácticas (económicas, sociales, etc.) que ejecutamos no solo deben asegurarnos un digno nivel de vida, sino también deben asegurárselo a las futuras generaciones, considerando que la cantidad y disponibilidad de recursos del planeta son acotadas y la demanda de ellos va creciendo.
Entonces, esta responsabilidad que implícitamente tenemos se vincula con lo social y está íntimamente relacionada con las acciones que el ser humano realiza. Esta es la razón por la cual decimos que nuestras acciones y decisiones deben tender a asegurar el bienestar de las futuras generaciones, sin perjudicar el ecosistema y sus recursos.
Con los elementos que hemos descripto podemos conceptualizar, de manera simple, la sustentabilidad como las acciones y decisiones que realiza y toma el individuo en su vida diaria, sin perjudicar el ecosistema y sus recursos, aceptando y respetando el compromiso de asegurar el bienestar de las futuras generaciones.
Seguramente la idea de prosperidad, bajo las condiciones que socialmente nos hemos impuesto, no nos permite ver más allá de cierto umbral (corto plazo) y tomar dimensión de que estamos enfrentando un problema bastante serio –aunque tampoco tenemos que caer en ideas apocalípticas– que no solo nos perjudica en la cotidianidad, sino que lo arrastramos a próximas generaciones.
En la segunda mitad del siglo XX se comenzó a hablar de sustentabilidad, ya no como un hecho aislado o como un tema destinado a la comunidad científica: el tratamiento fue abierto y enviando mensajes de alerta a la sociedad entera. Entre los mensajes de alerta emitidos, encontramos en noviembre de 1992 la advertencia que realizan 1680 científicos que representaban a 49 países y entre los que se encontraban 104 premios Nobel. Ese manifiesto se denominó “Advertencia de los científicos del mundo a la humanidad” (World Scientist Warning to Humanity). Del documento rescato estos párrafos:
Los seres humanos y el mundo material se encuentran abocados a colisionar. Las actividades humanas están infligiendo daños graves y muchas veces irreversibles al medioambiente y a un gran número de recursos esenciales. Si no se frenan, muchas de nuestras prácticas cotidianas pondrán en serio peligro el futuro que deseamos para la sociedad humana, la fauna y la flora, y alterarán de tal manera el mundo vivo de manera que este pueda tornarse incapaz de sustentar la vida tal como la conocemos. Es urgente que emprendamos cambios fundamentales para evitar la colisión a la que nos conduce nuestro rumbo presente.
La Tierra es finita, su capacidad para absorber desperdicios nocivos es finita, su capacidad para proporcionar alimentos y energía es finita, su capacidad para abastecer un número creciente de habitantes es finita […] Aceptar esto no es altruismo, sino mirar con inteligencia por el interés propio pues, industrializados o no, todos tenemos el mismo y único bote salvavidas. Ninguna nación puede escapar cuando se dañan sistemas biológicos globales.
Debemos llegar a entender que este modelo de crecimiento y desarrollo que nos hemos planteado no se puede sustentar en el tiempo, las consecuencias ya son más que conocidas y no dan lugar para discutir su veracidad. Para poder ilustrar prácticamente este problema, tenemos que preguntarnos si podemos seguir produciendo y consumiendo de esta manera y si también lo podrán hacer nuestros hijos, nietos y bisnietos sin sufrir consecuencias irreparables en el medioambiente con la destrucción del ecosistema y sus recursos.
Otra de las cuestiones que surgen es la de saber cómo llevamos adelante este proceso de sustentabilidad. Para ello debemos considerar de qué manera vamos a coordinar los elementos que tenemos en función de este objetivo, que es nada más ni nada menos que el de proteger nuestro planeta (hábitat) y hacer viable la vida de las futuras generaciones.
Entonces, nuestra matriz de sustentabilidad estará definida por las interacciones existentes entre los distintos elementos que consideremos partícipes en el proceso. Como mínimo, los elementos que debemos considerar son los siguientes: el modelo económico, los recursos, la sociedad y el medioambiente (gráfico 1).
Gráfico 1. Matriz de sustentabilidad
1) Modelo económico. Al elegir un modelo económico para seguir –se supone con cierto grado de razonabilidad–, se está determinando un objetivo para alcanzar (individual o colectivo). En este mundo en el que vivimos parece que el modelo de desarrollo (que todos buscamos) se ha basado en pilares como producción, innovación tecnológica y consumo. Si bien conocemos las consecuencias de las decisiones que tomamos, negamos que ellas se puedan concretar, y entonces comienza el problema.
En este modelo ya comenzaron a sonar las alarmas acerca de cuál es el límite que no debemos sobrepasar. Basada en la utilización de recursos naturales y procesos productivos contaminantes, esta forma de desarrollarnos aumentando el nivel de consumo (ayudados por un proceso tecnológico que ha tenido en los últimos cincuenta años el mayor grado de evolución en la historia de la humanidad) nos ha puesto en la disyuntiva de comenzar a pensar si podemos seguir transitando este camino o comenzamos a ver que existen rutas alternativas que no pongan en riesgo nuestra existencia.
La elección de rutas alternativas implica modificar nuestros hábitos de consumo. Considerando que la población del planeta crece, los recursos son finitos y el modelo de desarrollo que elegimos no incluye a toda la población.
Lo curioso de este planteo es que nuestro comportamiento es predecible. Esto quiere decir que nos estamos moviendo con cierta razonabilidad (en función de los objetivos que nos hemos planteado). Cuando me refiero a que este comportamiento es predecible, quiero decir que conocemos cuáles son los riegos que estamos tomando al elegir este modelo de desarrollo y conocemos cuáles son las consecuencias que vamos a enfrentar de seguir en este sendero; lo más difícil de comprender es que, a pesar de conocer también cuáles son las alternativas para evitar consecuencias nefastas para la humanidad, no las implementamos.
A esta altura del siglo XXI, no podemos desconocer los riesgos y las consecuencias de la deforestación en beneficio de ampliar la frontera de agricultura. Al respecto, el norte de nuestro país es un claro ejemplo, como lo es Brasil con la deforestación en el Amazonas. Tampoco desconocemos el efecto del consumo de hidrocarburos sobre la atmósfera o los problemas de provisión de agua que tiene buena parte de la humanidad.
El hecho de que existan países desarrollados y no desarrollados (o en desarrollo), que generalmente los no desarrollados son los dueños de los recursos naturales y que los desarrollados son dueños del sistema financiero y los métodos de producción basados en recursos naturales pone en evidencia que los modelos no son perfectos y que necesitan cambios y adaptaciones a medida que los objetivos perseguidos también cambian. Con esto quiero decir que no existe un modelo “empaquetado” o “cerrado” y que tenemos todas las herramientas (recursos naturales, procesos productivos, tecnología, conocimientos, etc.) para comenzar a dar vuelta esta realidad, más aún si conocemos los riegos que enfrentamos y cuáles serán las consecuencias.
2) Recursos. Cuando hablamos de recursos, la referencia es a los recursos naturales (tierra, agua, fauna, hidrocarburos, etc.). Aquí la discusión comienza por darnos cuenta de que son finitos (limitados en su cantidad y disponibilidad) y por saber quién tiene la propiedad de ellos.
El hecho de que existan distintas necesidades por satisfacer, que los recursos sean limitados aunque estén disponibles, que hay interés por obtenerlos o consumirlos (existe una demanda) y sean transferibles (existe oferente) los convierte en “bienes económicos”. Esto hace que la mirada respecto de su tratamiento sea distinta. Ejemplos clásicos de estos bienes son la tierra, los hidrocarburos; y también comencemos a pensar que pronto –al paso que vamos no es una idea descabellada, contaminación mediante– tendremos que incluir como bien económico al aire. El tratamiento es distinto debido a que tenemos que asignarle a cada uno de ellos un valor para su transferencia. Al tener que asignarle un valor, estamos hablando de propiedad de los recursos naturales; esta es una discusión que lleva muchas páginas escritas y no existe consenso absoluto en cuanto a la respuesta.
La primera respuesta sería que los recursos son de la humanidad, pero sabemos que no es así. En el mejor de los casos, pertenecen a los países, aunque aquí la respuesta tampoco es del todo exacta, porque mucho de los recursos pertenecen a corporaciones o grupos económicos, que hacen uso de ellos, sean renovables o no, en función de intereses corporativos u objetivos particulares.
Pero tener la propiedad del recurso no significa tener el problema del abastecimiento de bienes resuelto. La paradoja “países ricos en recursos y pobres económicamente” es un sello distintivo del modelo que hemos elegido para este trayecto de la historia de la humanidad. Generalmente países ricos en recursos naturales (ejemplo: países de América Latina) sin políticas serias de producción o fuentes de financiamiento no pueden transformar esos bienes en su beneficio y los intercambian por manufacturas. El gran problema es la falta de generación de valor agregado, lo que se traduce en falta de actividad económica, déficit de empleo, concentración económica y dependencia financiera de otros países. El tratamiento de los recursos naturales, su cuidado, renovación, extracción, distribución equitativa, utilización en la medida en que no altere el ecosistema y prevea abastecimiento a futuras generaciones, será la base de la continuidad de nuestra existencia como sociedad.
3) Sociedad. Para nuestro análisis, lo importante es ver cómo la sociedad crece y está segmentada (en función del modelo elegido). Resulta una realidad innegable que la población mundial crece (cada vez más lentamente) y que es más longeva (aumenta el promedio de edad). El informe Perspectiva de la población mundial 2019 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que se espera que la población mundial aumente en los próximos treinta años en 2000 millones de personas, así que de los aproximadamente 7700 millones de habitantes que tiene el mundo actualmente, para 2050 seremos unos 9700 millones, y una población cercana a los 11.000 millones a fines del siglo XXI.
La población mundial tiende a aumentar su longevidad y la cantidad de países que experimentan una reducción de su población está creciendo. El dato de que la población mundial incrementa su cantidad de ancianos es importante al momento de analizar el comportamiento de los sistemas de seguridad social y previsionales, ya que desciende la proporción de la población en edad de trabajar y pagar aportes, un gran problema actual en Europa.
El aumento de la población mundial estará, en el futuro, caracterizado por tasas de crecimiento disímiles entre regiones. Las proyecciones indican que nueve países representarán más de la mitad del crecimiento proyectado de la población mundial entre 2020 y 2050, y ellos serán (en orden decreciente) India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Etiopía, República Unida de Tanzania, Indonesia, Egipto y Estados Unidos. Lo curioso es que India superará a China como el país más poblado del mundo hacia 2030. El orden de proyección de crecimiento para 2050, por región, es el siguiente: África subsahariana 99%, Oceanía (sin Australia y Nueva Zelanda) 56%, África septentrional y Asia occidental 46%, Australia y Nueva Zelanda 28%, Asia central y meridional 25%, América Latina y el Caribe 18%, Asia oriental y suroriental (3%), Europa y América del Norte (2%).
Convengamos que estas son perspectivas para tomar en serio y preocuparse, más aún si sabemos que el mundo es imposible de expandir y los recursos naturales son finitos y en caída. Otro de los elementos que no debemos ignorar es que el mayor crecimiento de la población, en el futuro, vendrá de países con menores ingresos (como el continente africano), que son los que menos control de natalidad tienen.
Una de las publicaciones pioneras en materia de crecimiento poblacional y existencia de alimentos es el Ensayo sobre el principio de la población, publicado por Thomas Robert Malthus en 1798 y reeditado en 1803. Malthus sostenía que el crecimiento demográfico de la población era mayor que el de los recursos alimentarios. Mientras la población crecía de manera geométrica, la producción de alimentos lo hacía de manera aritmética. Esta manera de crecimiento traería problemas de alimentación y crisis. La realidad no se presentó de la manera en que Malthus lo tenía previsto en su ensayo, pero es una de las primeras aproximaciones al problema a tener en cuenta.
Ya son una realidad la menor fecundidad y la mayor longevidad de la población mundial. Si la porción activa de la población (entre 20 y 65 años) disminuye y la mayor de 65 años aumenta, cambian los hábitos de consumo (mayor consumo de servicios médicos) y esto influye directamente sobre el producto bruto interno (PBI). Con los patrones actuales de producción y consumo, teniendo en cuenta las perspectivas de movimiento poblacional, será difícil sostener una población cada vez más longeva si la población económicamente activa disminuye y, lo que es más difícil aún, si la población económicamente activa está creciendo en mayor proporción en países pobres sin posibilidad de progreso.
En cuanto a la segmentación de la población, podemos dividirla en segmentación demográfica y segmentación económica. En cuanto a la primera, el gran fenómeno observado, con preponderancia en los últimos cincuenta años, es la cantidad de población que abandona zonas rurales y se instala en zonas urbanizadas. Actualmente más del 50% de la población mundial vive en zonas urbanizadas, lo que trae aparejados cambios en los hábitos de consumo (aumento de generación de alimentos, energía, provisión de agua y otros servicios) y de producción (se abandonan las tareas rurales y se incrementa el número de trabajadores en centros industriales, cada vez más grandes y con prácticas de producción riesgosas para el medioambiente).
El problema ambiental deriva mayoritariamente en la creación de grandes ciudades en detrimento de bosques y otras zonas similares. En 1950 solo existían en el mundo dos ciudades con más de diez millones de habitantes (Tokio y Nueva York) y 77 ciudades con más de un millón de habitantes. Hoy existen 29 ciudades con más de 10 millones de habitantes y 500 con más de un millón. Los datos de la ONU afirman que para 2050 existirán 40 ciudades con más de 10 millones de habitantes, 20 con más de 15 millones (4 de ellas serán chinas) y 650 con más de un millón de habitantes. Esto implica un costo urbanístico y ambiental difícil de compensar con los recursos existentes.
Respecto de la segmentación económica, aquí ya comenzamos a hablar de las desigualdades en el nivel de ingresos y en la inequidad existente al momento de adquirir o tener elementos esenciales como alimento, salud, educación, energía, etcétera.
Si aproximadamente el 20% de la población mundial se queda con el 80% de los ingresos y el 80% restante de la población tiene que mirar cómo se les escapan las posibilidades de mejorar su calidad de vida, estamos en un problema. También cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿podemos sostener una sociedad donde este 80% de población alcance y tenga el mismo nivel de consumo que el 20% más rico? Obviamente, la respuesta es no; por lo tanto, debemos comenzar a pensar en nuevos paradigmas o tipos de consumo para disminuir la brecha y evitar una crisis.
Estamos enfrentando dos realidades actuales: pobreza y desigualdad, conceptos que generalmente se presentan asociados, pero son distintos. La pobreza se refiere a individuos con un nivel de vida inferior a un determinado valor o parámetro, mientras que la desigualdad remite a las diferencias en el nivel de vida de las personas en cuanto a la posibilidad de acceder a determinados bienes, por ejemplo, educación, alimento, seguridad, empleo, etcétera.
Actualmente, se está luchando por sacar cada vez más gente de la pobreza extrema, y las cifras de organismos oficiales (Banco Mundial y ONU) indican que se está logrando. Lo que es cierto también es que cada vez es mayor la grieta de desigualdad existente en el mundo. En septiembre de 2016 y ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama decía en su discurso de cierre:
Un mundo en el que el 1% de la humanidad controla tanta riqueza como el 99% restante no será estable […] El crecimiento económico tan solo está beneficiando a los que más tienen. El resto, la gran mayoría de ciudadanos de todo el mundo y especialmente de los sectores más pobres, se está quedando al margen de la reactivación de la economía. El modelo económico y los principios que rigen su funcionamiento nos han llevado a esta situación que se ha vuelto extrema, insostenible e injusta […] El objetivo no es castigar a los ricos, sino hacer más igualitaria la sociedad y prevenir nuevas crisis.
Pero si hablamos en términos de desigualdad, lo que también sorprende es que este fenómeno esté incorporado en sociedades de países “desarrollados”. Un ejemplo de ello es el propio Estados Unidos. En la Conferencia sobre Oportunidad Económica y Desigualdad dictada en el Banco de la Reserva Federal de Boston el 16 de octubre de 2014 Janet L. Yellen –presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos hasta 2018– se expresó en estos términos:
La extensión y el continuo aumento de la desigualdad en Estados Unidos me preocupa mucho […] según algunas estimaciones, la desigualdad de ingresos y riquezas está cerca de sus niveles más altos en los últimos cien años, mucho más alto que el promedio durante ese lapso y probablemente más alto que durante gran parte de la historia de Estados Unidos. No es ningún secreto que las últimas décadas de creciente desigualdad puedan resumirse como ingresos significativos y ganancias de riquezas para aquellos que están al tope y estancamiento del nivel de vida de la mayoría. Creo que es apropiado preguntarse si esta tendencia es compatible con valores arraigados en la historia de nuestra nación.
En esa misma conferencia, Yellen describió cuatro bloques de oportunidades para disminuir la desigualdad, y les otorgó el carácter de “piedra angular” por su importancia a los dos primeros. Estos cuatro bloques son los siguientes:
Tenemos la necesidad de replantear el modelo económico elegido y puesto en práctica, el cual se ha convertido en un proceso de acumulación de riquezas (que genera la economía) en manos de pocos individuos y corporaciones, lo que arroja como resultado pobreza y una brecha creciente de desigualdad. Debemos pensar en correr nuestro eje productivo y de consumo hacia un modelo más equitativo y que tenga mayor correspondencia con el compromiso hacia un mundo posible de sostener.
4) Medioambiente. Este cuarto elemento que consideramos integrante de la “matriz de sustentabilidad” es, sin duda, el que ha sufrido las consecuencias de las decisiones que hemos tomado acerca del desarrollo del modelo económico elegido, con sus aciertos y errores. El problema de la degradación y contaminación del medioambiente es caracterizado por el informe Stern sobre la economía del cambio climático, de 2006, como “la gran falla del mercado”, considerando que no tener en cuenta los efectos de los procesos de producción y formas de consumo sobre el planeta y sus habitantes genera graves consecuencias; cuanto más tiempo transcurra sin que les demos solución, menos capacidad de recuperación tendrá el mundo para recomponer su estado de habitabilidad.
Debemos incorporar a nuestro razonamiento, insistentemente, la idea de que este tipo de modelo de desarrollo que nos hemos planteado hace peligrar la existencia de las distintas especies en el planeta. No estamos hablando de hechos aislados o regionales, sino que hacemos referencia a que está peligrando la biodiversidad, la atmósfera, los océanos, etc. Es innegable que las acciones del hombre (por eso llamadas “antropógenas”) tienen incidencia directa sobre el malestar del ecosistema.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972 dio la alerta sobre que la acción humana, de seguir ese comportamiento, causaría daños irreparables al medioambiente. En su proclama, el informe de la conferencia nos hace ver que el hombre debe preservar el medioambiente:
Hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medioambiente. Por ignorancia o indiferencia, podemos causar daños inmensos e irreparables al medioambiente terráqueo del que dependen nuestra vida y nuestro malestar. Por el contrario, con un conocimiento más profundo y una acción más prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra posteridad unas condiciones de vida mejores en un medioambiente más en consonancia con las necesidades y aspiraciones del hombre […] la defensa y el mejoramiento del medioambiente humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad.
Siguiendo con la influencia del accionar humano sobre el medioambiente, el informe de evaluación del IPCC de 2013 manifiesta:
Se ha detectado la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera y el océano, en alteraciones en el ciclo global del agua, en reducciones en la cantidad de nieve y hielo, en la elevación media mundial del nivel del mar y en cambios en algunos fenómenos climáticos extremos […] Es sumamente probable que la influencia humana haya sido causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX.
Este informe, con bases científicas, no brinda un panorama alentador para el porvenir y exige una urgente toma de conciencia colectiva sobre el tema. Con respecto al futuro, muestra este panorama:
Las emisiones de CO₂ [dióxido de carbono] acumuladas determinarán en gran medida el calentamiento medio global en superficie a finales del siglo XXI y posteriormente. La mayoría de los aspectos del cambio climático perdurarán durante muchos siglos, incluso aunque pararan las emisiones de CO₂, lo que supone una notable inexorabilidad del cambio climático durante varios siglos, debido a las emisiones de CO₂ pasadas, presentes y futuras.
Hemos visto que es necesario generar cambios en nuestro accionar, que las actuales pautas de desarrollo económico atentan contra nuestro propio bienestar (aunque parezca una paradoja); sin embargo, esta trampa que parece no tener salida nos ofrece el desafío de lograr consensos en función de una idea común. La pregunta a responder es si será posible cambiar esta realidad. Y la respuesta está en las ganas y el compromiso que asumamos en hacer coincidir los intereses particulares con los intereses comunes, en función de una misma idea. Lo que está claro es que el problema existe (ya no hay discusión al respecto), que conocemos los riesgos y que también conocemos la solución; de aquí en más, la responsabilidad es nuestra.
Es innata a la esencia del ser humano la necesidad de crecer y desarrollarse. Por ello nos hemos organizado socialmente y, en materia económica, la meta del crecimiento para llegar al desarrollo siempre está planteada en cualquier organización. Estos dos conceptos son distintos entre sí, pero tienen mucha relación con el medioambiente: tanto la obtención de un estatus de crecimiento como de desarrollo por parte de un país o región en el actual modelo económico están arrastrando al deterioro de los elementos que conforman el medioambiente.
Si la obtención o la fijación de una meta como la del crecimiento económico para luego obtener un determinado grado de desarrollo de la economía o de la sociedad supone abusar de los recursos naturales o contaminar el medioambiente, es obvio que las ideas se han aplicado erróneamente o sus objetivos son equivocados.
Crecimiento. La idea de crecimiento está asociada a la cantidad: cuánto producimos y de qué manera evoluciona en un período. Con esta realidad a la vista, tomamos el concepto de crecimiento difundido por Simon Kuznets, Premio Nobel de Economía de 1971, en su libro Crecimiento económico moderno (1973): “Existe crecimiento económico cuando aumenta la población y su producto per cápita en modo constante”.
Así definido el crecimiento, podemos decir que la condición para su existencia es un aumento en los niveles de inversión y producción que llevan a la economía de una región a incrementar su producto bruto per cápita, beneficiando a la población con su mayor actividad. Pero en los últimos años hemos escuchado algunas definiciones particulares sobre crecimiento asociado con el tema ecológico y medioambiental, en las cuales vale la pena detenerse por un instante y observar sus características y particularidades. Entre ellas, quizá la más escuchada es la de “crecimiento verde”.
Si definimos que la idea de crecimiento está asociada con el PBI (con la idea de cantidad), no resulta extraño pensar que la pérdida de biodiversidad y la reducción de la capacidad de los recursos naturales para satisfacer necesidades o generar bienes repercutan en forma negativa en la evolución del producto bruto. Vimos que la idea de crecimiento que tenemos muchas veces resulta en una paradoja o nos mantiene dentro de un laberinto del cual es difícil salir, ya que hablamos de crecimiento basados en la sobreexplotación o aniquilación de recursos y el estatus ecológico. Aquí volvemos a la discusión sobre qué modelo de crecimiento debemos elegir o construir; para lograrlo es hora de plantearse cuáles son los hábitos de producción y consumo que debemos cambiar o los que debemos eliminar. No debemos dejar de pensar que en la mayoría de los cálculos sobre qué producimos y qué consumimos se olvida generalmente el cálculo de las “externalidades”, o sea, los costos involuntarios que asumen terceros por el accionar o decisiones de quienes obtienen ganancias o beneficios con su actividad.
Algo que nos puede acercar a una percepción sobre el “crecimiento verde” es la idea que ha planteado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al decir:
Se necesita la idea del crecimiento verde porque los riesgos para el desarrollo van en aumento a medida que el crecimiento continúa erosionando el capital natural, esto constituye mayor escasez de agua, creciente estrangulamiento de recursos y mayor contaminación.
Así que, en el camino, comenzamos a pensar que lo que conocemos como crecimiento es solo una manera de generar más bienes (mayor cantidad de producción e intercambios). La realidad nos lleva a mirar otra dimensión de lo que es crecer, quizá considerando que crecer no es producir más, sino evolucionar cuidando la capacidad de regeneración de nuestro ecosistema. Otro tema que debemos considerar es que solo se logra una modificación de los parámetros de crecimiento apostando cada vez más a la innovación del conocimiento. Innovar es lo que permite tratar nuevos elementos y tener presentes enfoques distintos sobre una misma realidad. El conocimiento nos otorga la ventaja de saber distinguir cuáles son las nuevas oportunidades que se presentan y evaluar sus ventajas, teniendo presentes nuestras limitaciones y riesgos.
Entonces, expandir nuestras fronteras de producción y negocios con los estándares habituales ha comenzado a ser un problema no solo por las desigualdades generadas, sino por la poca certeza de que el modelo es y siga siendo eficiente en el largo plazo (sustentabilidad). Además, tenemos un condimento extra, que es el de no saber cuáles son los costos exactos que este modelo de crecimiento insume para la humanidad, pues no todo tiene un precio determinado ni tampoco todo se soluciona con dinero.
Debemos pensar que es totalmente factible lograr un modelo de crecimiento bajo en emisiones de dióxido de carbono (o equivalentes), pero también debemos ser conscientes de que necesitamos una constante interacción entre el sector privado y el público para lograrlo. El sector público debe aportar un sistema de gobernabilidad con principios de orden estratégico (energía, transporte, tratamientos urbanísticos, reglamentaciones de control de emisiones, sistema impositivo, educación, sistemas de subsidios y penalidades, seguridad jurídica, etc.) y el sector privado, todo su potencial en innovación, producción, financiamiento y presencia en los mercados, y debe seguir una lógica acorde con un proyecto que contenga sus libertades, pero que respete los consensos de sustentabilidad y tenga una marcada impronta de responsabilidad social. De la misma manera, los consumidores deben ser conscientes de que son sus preferencias y conductas las que determinan las modalidades y formas de producción, precios y distribución de mercados; es el consumidor quien debe exigir bienes y servicios que respeten (desde su origen) el cuidado de los sistemas ecológicos y el respeto por las normas medioambientales.
Esto que planteamos como crecimiento verde, más que una definición, es una idea que está en constante evolución: generar bienes y servicios con nuevos parámetros de productividad en aumento, que reduzcan los niveles de desigualdad en la sociedad, pero que tengan una visión estratégica sobre la preservación del medioambiente y los recursos.
Es obvio que no debemos tener una visión apocalíptica sobre el tema, pero es necesario ser responsables y tomar una posición crítica de lo que estamos haciendo, más aún si tenemos síntomas evidentes de que el problema existe. Por ahora partimos (y es un gran logro) de que todos los organismos internacionales multilaterales y gran parte de la sociedad mundial reconoce que el problema ambiental y ecológico existe y que nuestras metas de crecimiento en cierta parte son generadoras de él; lo que sigue depende de nosotros.
Desarrollo. Cuando comenzamos a hablar de desarrollo, estamos describiendo una situación de mejora en la calidad de vida de los individuos que habitan en una comunidad (aspecto cualitativo), pero aquí entran en escena elementos como educación, salud, libertades individuales, adquisición de derechos por parte de la población, igualdad, etc. Tomaremos dos definiciones para graficar la idea. El premio nobel de Economía 1998 Amartya Sen, en la Conferencia Magistral del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1999 “Romper el ciclo de la pobreza: invertir en la infancia”, definió el desarrollo de la siguiente manera: “Es un proceso de expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos”.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 2010 estableció el siguiente concepto de desarrollo: “Proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población”.
El concepto de desarrollo es más amplio que el de crecimiento –pues supone mejora y sostenimiento de la calidad de vida–, además de abarcarlo. Es necesario lograr el crecimiento económico para obtener un estado de desarrollo, ya que esto implica un cambio estructural que beneficia a toda la sociedad en su conjunto, elevando su nivel de vida. Pero aquí cabe la misma reflexión que hicimos respecto del concepto de crecimiento: obtener el desarrollo no solo supone llegar a un nivel mejor de educación, salud, derecho de acceso al agua, al consumo de energía o al transporte, sino que además debemos lograr que ese desarrollo este acompañado de medidas y acciones que lo hagan sustentable.
En esta parte del camino, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué tipo de desarrollo queremos?, ¿dónde pretendemos llegar? Debemos tener presente que el estatus de desarrollo es una “idea” que está formada por normas, modelos, sistemas; que es atemporal y que debe ser concebida como un objetivo de la sociedad y que está constantemente influenciada por la realidad. Esto convierte al desarrollo en un proceso en permanente dinámica, por lo cual la sociedad debe estar preparada para asumir determinados costos y haber previsto los medios necesarios para minimizar el impacto de estos costos en su comunidad y su hábitat. Así planteado, podemos ver que el tipo de desarrollo que deseamos puede ser viable o no, en función de qué costos y consecuencias estamos dispuestos a soportar.
Desarrollo sustentable. Fijarnos como meta alcanzar el desarrollo, pero de manera sustentable, implica que existen límites y elementos que debemos considerar pertinentes. Es indispensable que producción, innovación tecnológica y consumo evolucionen teniendo en cuenta el concepto de sustentabilidad, pero además hay otro elemento que no debemos olvidar: la necesidad de lograr un estatus creciente de equidad. El gran problema es que la equidad supone sacrificios y está asociada al estilo de desarrollo que anhelamos y su impacto. No solo tener mayor riqueza material nos acerca a la idea de desarrollo, sino también la posibilidad de tener incorporado el derecho a la libertad, la vivienda, la educación, la salud, el trabajo, el hábitat protegido, etcétera.
La idea de lograr que la población crezca y se desarrolle resguardando el medioambiente y su hábitat no es nueva, pero la necesidad de institucionalizarla nació en 1983. En ese año, la Asamblea General de la ONU aprobó la conformación de una comisión encargada de elaborar un informe sobre el medioambiente y sus problemas en el futuro (más allá de 2000). Esta comisión se denominó Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo y cumplió con la tarea de confeccionar el informe requerido, que se presentó el 16 de julio de 1987 ante el Consejo de Administración del Programa de la ONU reunido en Nairobi entre el 8 y el 19 de junio de 1987. El informe fue aprobado por la Asamblea General de la ONU el 4 de agosto de 1987, y fue denominado Nuestro Futuro Común, conocido también como informe Brundtland (por el apellido de la presidenta de la comisión que lo elaboró, Gro Harlem Brundtland, líder del Partido Laborista noruego).
Aquí nos detendremos para conocer lo que expresó la presidenta de la Comisión en los considerandos del informe. El problema de la sustentabilidad del proceso de desarrollo, a partir de la década de 1970, ya era preocupante. Brundtland manifestaba:
Pero el medioambiente es donde vivimos todos y el desarrollo es lo que todos hacemos al tratar de mejorar nuestra suerte en el entorno en que vivimos. Ambos casos son inseparables. Además, la cuestión del desarrollo ha de ser considerada como decisiva por los dirigentes políticos que perciben que sus países han alcanzado un nivel hacia el cual otras naciones han de tender. Mucho de los caminos de desarrollo que siguen las naciones industrializadas son verdaderamente impracticables. Y las decisiones en materia de desarrollo que toman estas naciones debido a una gran potencia económica y política tendrá una repercusión profunda sobre la capacidad de todos los pueblos de mantener el progreso humano para las generaciones venideras. Muchas cuestiones críticas de supervivencia están relacionadas con un desarrollo desigual, con la pobreza y con el crecimiento de la población.
En todo su contenido el informe plantea objetivos por alcanzar y requisitos por cumplir. A modo de guía y para lograr un proceso de desarrollo sustentable, se plantean los siguientes objetivos y requisitos para el desarrollo sustentable:
Objetivos
Requisitos
Al definir “desarrollo sustentable” no podemos dejar de recordar las primeras páginas de este capítulo cuando veíamos qué era la sustentabilidad. Consideremos que estamos hablando de “procesos”, así que tengamos en cuenta que existen dos características esenciales para llegar al concepto; ellas son necesidad y limitaciones. Aclarado esto, tomaremos como definición de desarrollo sustentable la que enuncia el informe Brundtland: “Un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”.
Ya tenemos definido el proceso de desarrollo sustentable. Ahora, y para tener una idea del trabajo que demandará a nuestra sociedad avanzar hacia un estado de desarrollo, veremos brevemente algunos documentos en los cuales la comunidad internacional, dentro de la ONU, ha trabajado al respecto, conformando una base documental para la implementación posterior de políticas sociales y económicas.
En 1986 la Asamblea General de la ONU adopta la resolución 41/128 con el título “Declaración sobre el derecho al desarrollo”, que entre los considerandos manifiesta:
Reconociendo que el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan.
Preocupada por la existencia de graves obstáculos, constituidos entre otras cosas por la denegación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, obstáculos que se oponen al desarrollo y a la completa realización del ser humano y de los pueblos, y considerando que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes y que, a fin de fomentar el desarrollo, debería examinarse con la misma atención y urgencia la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y que, en consecuencia, la promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otro derechos humanos.
Confirmando que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable y que la igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa de las naciones como de los individuos que la componen.
Luego de estos considerandos, entre su articulado podemos rescatar algunos puntos como los siguientes:
Los Estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo nacional adecuadas con el fin de mejorar constantemente el bienestar de la población entera y de todos los individuos sobre la base de la participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la equitativa distribución de los beneficios resultantes de este. (Art. 2º inc. 3)
Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con el objeto de erradicar todas las injusticias sociales. (Art. 8º, inc. 1)
En 2000 los 192 países miembros de las Naciones Unidas reunidos en Nueva York en la Cumbre del Milenio acordaron alcanzar para 2015 una serie de objetivos (conocidos como Objetivos del Milenio) donde el medioambiente y el acceso a energías no contaminantes o limpias juegan un papel más que importante. Estos objetivos son los que siguen: 1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2) reducir a la mitad la proporción de personas que sufren hambre; 3) reducir a la mitad la proporción de personas con ingresos inferiores a un dólar diario; 4) conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno; 5) lograr la enseñanza primaria universal; 6) asegurar que la infancia de cualquier parte del planeta pueda cumplir un ciclo completo de enseñanza primaria; 7) promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; 8) reducir la mortalidad infantil; 9) reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna; 10) combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades; 11) garantizar la sustentabilidad del medioambiente; 12) incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales, reducir la pérdida de los recursos del medioambiente; 13) reducir considerablemente la pérdida de diversidad biológica; 14) reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y servicios básicos de saneamiento; 15) mejorar considerablemente, para 2020, la vida de, al menos, cien millones de habitantes de barrios marginales, y 16) fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución 70/1 donde estipula la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como consecución de la agenda para 2015, la ONU establece 17 objetivos y 169 metas para emprender una agenda que facilite y sirva de guía en el proceso de desarrollo sostenible. En la resolución, se expone que uno de los principales problemas a vencer es el de la pobreza. Al respecto, en un párrafo manifiesta:
Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales.
Los objetivos planteados son los siguientes: 1) poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo; 2) poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria; 3) garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos; 4) garantizar una educación inclusiva y equitativa; 5) lograr la igualdad de género; 6) garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento para todos; 7) garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos; 8) promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible; 9) construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible; 10) reducir la desigualdad en los países y entre ellos; 11) lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles; 12) garantizar modelos de consumo y producción sostenibles; 13) adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; 14) conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y las reservas marinas; 15) proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres; 16) promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, y 17) fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Con estas pautas, la comunidad internacional ha lanzado su intención de encaminar sus esfuerzos hacia el logro de un concepto de desarrollo que pueda abarcar a la mayor cantidad de población mundial posible y que sea sustentable no solo en su formulación, sino también en sus logros.
Viendo la realidad, podemos decir que estos objetivos pueden parecer un tanto idealistas y difíciles de alcanzar, pero convengamos que es lo que debemos proponernos lograr. Ya sabemos que la idea actual que tenemos sobre cómo crecer y desarrollarnos no es viable en el futuro y que origina grandes brechas de desigualdad, así que plantearnos el logro de ciertos objetivos para revertir este problema, por más idealista que suene, no está mal; es más, debemos promover y difundir estas propuestas.
Hace varias décadas que el término “inclusión” viene formando parte de la agenda económica y social de varios países, como también de algunos organismos internacionales, como la ONU. Pero ha sido después de la crisis financiera de 2008, cuya salida todavía no ha sido resuelta, cuando comenzó a escucharse con mayor intensidad, y esta vez por parte de países desarrollados.
Que estemos hablando de “incluir” quiere decir que el modelo de crecimiento y desarrollo por el cual hemos optado ha dejado “perdedores”. Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea son algunos de los ejemplos de la existencia de excluidos (del mercado laboral, de la salud, de la educación), sin contar los antiguos problemas de falta de inclusión y desigualdad en los continentes americano, africano y asiático.
Lo que ha quedado claro es que los mercados por sí solos no pueden resolver este problema, y aunque mucho se haya insistido en la “teoría del derrame” el mayor crecimiento no ha generado mayor inclusión, solo ha acentuado la desigualdad. El premio nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz en su libro Los felices 90: la semilla de la destrucción describe parte del problema:
La implementación de políticas neoliberales no logró el renombrado derrame o goteo hacia los grupos de menores ingresos, sino que por el contrario tuvo como consecuencia un incremento de la desigualdad y un empobrecimiento absoluto de los sectores más vulnerables de la población […] por mucho que los reaganistas creyeran en la economía del goteo, que postulaba que la opulencia de unos pocos acababa goteando sobre todos, los más pobres no se habían beneficiado del crecimiento de los años 80. Por el contrario, desde 1973 en realidad se habían empobrecido más.
Es cierto que, en lo que respecta a la realidad de la economía internacional y la relación de riqueza entre los distintos mercados, el efecto derrame no existió (ese efecto puede funcionar en una economía cerrada, dentro de un país o en un determinado sector). Creer en la posibilidad de que la riqueza de algunos sectores de la economía mundial (empresas y países) vertiera hacia otros, de manera general, quedó en el campo de las estimaciones y los deseos. La realidad de la “teoría del derrame” la explica Juan Carlos de Pablo en las conclusiones de su artículo “Derrame: teoría y realidad”:
En cuanto a la realidad del derrame, se trata de una cuestión empírica, que debe ser tratada como tal. Ergo, si queremos poner las ideas al servicio de la acción, para mejorar la vida concreta a algunos seres humanos, debemos abandonar las ideas absurdas y utópicas de la teoría del derrame. El derrame es una faceta de la realidad, de importancia variable, como muchas otras.
Hoy la mayoría de los países está buscando la receta que lleve a aumentar su PBI, reducir la desigualdad de ingresos y aumentar el flujo de inversiones que acelere los procesos de innovación tecnológica para obtener resultados en el menor tiempo posible: el problema es hoy. Pero lograr mejoras y crecer de manera inclusiva exige políticas gubernamentales que aumenten el gasto presupuestario estatal (que de alguna manera incrementarían la presión tributaria) e incentivar la acción público-privado, con el objetivo de permitir el acceso a educación gratuita o mejorar el acceso al sistema de salud.
La falta de inclusión es generadora de desigualdad tanto en los resultados obtenidos como en la falta de oportunidades. El aumento de la desigualdad en gran medida es consecuencia del alto grado de concentración de la economía actual. Los datos que aporta la ONG Oxfam sobre concentración de ingresos durante 2017 muestran que durante ese período solo 42 personas en el mundo poseen una riqueza igual a 3700 millones de personas. Solo el 1% de la población más rica del mundo se apropió del 82% de la riqueza generada durante 2017.
Aunque pueda sonar extraño, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Foro Económico Mundial han comenzado a emitir trabajos sobre las deficiencias (inclusión y desigualdad) del modelo actual de desarrollo y crecimiento tanto en países desarrollados como emergentes. El informe presentado por el Foro Económico Mundial en su asamblea anual realizada en enero de 2018 en Davos pone énfasis en los problemas de inclusión y desigualdad que está sufriendo la evolución del modelo económico. Sostiene:
El lento progreso en los niveles de vida y el aumento en la desigualdad ha contribuido a la polarización política y la erosión de la cohesión social en muchas economías avanzadas y emergentes. Esto ha llevado a la aparición de un consenso mundial sobre la necesidad de un modelo más inclusivo y sostenible de crecimiento y desarrollo que promueva altos niveles de vida para todos.
El Foro Económico Mundial ha propuesto el índice de desarrollo inclusivo (IDI) en reemplazo del indicador producto bruto interno como manera de medir de mejor forma los niveles de crecimiento y desarrollo, a la vez que sirve como herramienta para conocer cuáles son los conceptos sobre los cuales hay que mejorar la gestión política.
Para observar cómo se ha plasmado el proceso de acumulación, podemos advertir lo acontecido en las últimas décadas en el mercado laboral mundial. El debilitamiento del mercado de trabajo en la mayoría de los países (América Latina es un claro ejemplo) es producto de la agudización de la tendencia por la cual el crecimiento salarial está por debajo del crecimiento de la productividad laboral; gran parte de esta diferencia (crecimiento de la productividad) ha sido absorbida por el sector financiero. Estos fondos absorbidos no han vuelto en la misma proporción al sector productivo como inversión, desarrollo e innovación tecnológica y han conformado un escalón más en un proceso de acumulación que ha fomentado los mayores niveles de desigualdad. A esto debemos agregar que existen desigualdades entre los salarios obtenidos por los trabajadores en distintos países en iguales actividades, como también entre distintas empresas de un mismo sector. Estos factores influyen en una disminución de la participación del salario en las rentas nacionales.
La inclusión no es solo un proceso que deriva directamente del crecimiento económico; implica un tratamiento multidimensional de la realidad de la comunidad y sus individuos, como también de los factores de producción, innovación y consumo. Esto quiere decir que está impulsada por el liderazgo de políticas sociales previamente planificadas, cuyo objetivo y metas estén determinados y sean posibles de cumplir.
Como ya hemos dicho, que la idea de inclusión (como una meta a lograr) forme parte de la agenda de países avanzados y emergentes, acompañada por el pedido del logro de consensos de la comunidad internacional, significa que tenemos un singular problema por resolver.
Tratar de desarrollarnos y evolucionar como sociedad, persiguiendo simultáneamente objetivos económicos, sociales y ambientales, no es tema fácil de abordar y mucho menos de implementar, más aún cuando existe de fondo un problema de largo peregrinar como es el de la relación entre la asignación de los recursos y la distribución de los ingresos en un mundo donde el sector financiero cada vez tiene más presencia. Obviamente que el mundo ha evolucionado y conseguido logros que han mejorado la existencia, que el nivel y las expectativas de vida son mejores, pero igualmente esta evolución sigue generando altos niveles de desigualdad y falta de equidad.
Aquí debemos hacer una pausa y discernir entre igualdad y equidad que, aunque muchas veces se los confunde y se tratan como si fuesen sinónimos, son conceptos íntimamente relacionados, pero que no tienen el mismo significado. De manera rápida, podemos decir que la igualdad reconoce el mismo estatus para dos personas o grupos diferentes, mientras que la equidad refiere a una distribución justa entre desiguales. La igualdad se asocia con necesidades y definiciones políticas y la equidad, con decisiones derivadas de lo ético o de la justicia. Somos conscientes de que estamos desarrollando nuestras vidas en un sistema económico y social que es voraz, que en muchos casos los avances logrados en materia tecnológica implican situaciones desigualitarias e injustas. Un ejemplo son los avances en medicina –un sector en el cual la tecnología ha sido crucial para la salud humana–, que en los últimos cuarenta años ha logrado progresos que en la primera mitad del siglo XX hubiesen resultado inimaginables, pero ellos (instrumentos, equipos, diagnóstico y tratamiento) no están disponibles para todos y su acceso es limitado por razones económicas y políticas: ausencia de sistemas de seguridad social con prestaciones mínimas, de la que sobran ejemplos en América Latina, África y algunos países asiáticos. Otro ejemplo es el de los alimentos: la tecnología y los sistemas productivos para lograr mayores cosechas con mejores rendimientos avanzan cada vez más. Lo mismo sucede también con los procesos de industrialización y conservación de productos alimentarios; pero es obvio que el acceso al alimento es desigual y poco equitativo. De la misma manera podemos hablar del acceso al conocimiento o el hecho cierto de que en pleno siglo XXI muchos países no han podido desarrollar un sistema previsional o los que existen son totalmente ineficientes y deficitarios.
Los habitantes del planeta hemos desarrollado la idea de que la igualdad es un bien común, que nos pertenece por derecho, pero, lamentablemente, con nuestro accionar diario nos alejamos cada vez más de esta idea. Las brechas de acceso a distintos tipos de bienes y servicios están creciendo, las oportunidades no son las mismas para todos. Lo más curioso es que esto sucede no solo entre habitantes de distintos países, sino dentro de los países mismos o comunidades. Colocamos barreras de acceso no solo por razones económicas; también lo hacemos por cuestiones raciales, étnicas, religiosas o intelectuales. Europa con los procesos de inmigración es un ejemplo; también lo es América Latina con los vaivenes inmigratorios entre los países que la conforman. Llegamos al punto de que el acceso a la tecnología se ha convertido en un factor de desigualdad, la velocidad con la que accedemos a las innovaciones y el aprovechamiento que hacemos de ellas deja fuera de juego a generaciones completas. Otro elemento que alimenta la brecha de la desigualdad es el acceso a la información, especialmente en un momento de la humanidad en el que la velocidad con que los datos se mueven puede desestabilizar un gobierno o brindar ayuda humanitaria.
Por el lado de la equidad, nos acercamos a lo que resulta justo. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en los procesos de distribución de ingresos o rentas. Podemos hablar de la necesidad de los sectores más desaventajados económicamente de tener un salario mínimo o de la de un grupo de productores de contar con una renta equitativa respecto de los bienes que ofrecen; lo cierto es que cuanto menos poder político o económico tiene un sector, menores serán sus posibilidades de lograr equidad en sus ingresos o en las rentas que recibe, y esto lo aleja de participar en los procesos de progreso o crecimiento del resto de la sociedad. Estos procesos de equidad generalmente son acompañados o apuntalados a través de la intervención gubernamental (estableciendo pautas de salarios mínimos o precios sostén para pequeños productores) o por medio de la acción colectiva en defensa de los intereses del sector (sindicatos, organizaciones empresariales o cooperativas de productores).
Lo que llamamos reglas de mercado habitualmente son establecidas por sectores o grupos con determinado poder e influencia económica y política; por lo tanto, ellas no benefician a todos y para controlar esta ventaja son necesarias acciones colectivas que establezcan la equidad en la remuneración de factores. A modo de ejemplo, podemos tomar como referencia a los pescadores de baja escala, quienes generalmente realizan su tarea de manera artesanal. Ellos presentan problemas análogos en todo el mundo; según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), esta forma de pesca ocupa a 37 millones de personas en el planeta, de las cuales el 90% está ubicada en Asia y otros 100 millones trabajan en actividades asociadas. Esta actividad suministra la mayoría del pescado que se consume en el mundo desarrollado y contribuye a la adecuada alimentación en el planeta. Pero la gran parte de estos pescadores (hombres, mujeres y niños) viven en situación de extrema inseguridad alimentaria, carece de acceso a recursos y oportunidades para salir de la pobreza extrema. Por este motivo, la asociación en cooperativas les permite defender el precio de los recursos que venden con el objetivo de obtener medios suficientes para cubrir necesidades mínimas.
También podemos plantear la idea de equidad desde el derecho que tiene todo ser humano de vivir en un ambiente sano, así como del uso y la conservación de los recursos naturales. Debemos considerar que la gestión racional de los recursos naturales y del medioambiente –que constituyen un patrimonio de la humanidad– debe ser una condición necesaria para lograr crecimiento económico y niveles de vida sustentables para la población, pero la noción de equidad debe acompañar estos procesos. De nada sirve que una parte o ciertos sectores de la sociedad tomen como propios el derecho de otros en lo que respecta al uso de los recursos y su conservación, originando daños irreparables en el medioambiente y en la salud de la población justificándose en la noción de crecimiento y porvenir de la región. Ya tenemos bastantes casos en América Latina de cuestiones de inequidad (ambiental) en estos temas: podemos tomar como ejemplos el deterioro de la cuenca del Amazonas, los problemas ocasionados por la minería cordillerana, la explotación petrolera o el uso de pesticidas sin control en la producción agropecuaria.
Después de lo visto, debemos coincidir en que los procesos de crecimiento y desarrollo deben estar orientados a aumentar la inclusión (posibilidades de acceso a mejores condiciones de vida), producir una distribución equitativa de ingresos y rentas como también el uso racional de recursos naturales que permita una mejora generacional. De no ser así, la pregunta que debemos hacernos es cuál es el estímulo de perseguir día tras día metas de crecimiento y desarrollo. Mayores niveles de igualdad y equidad en una sociedad hacen más eficaz su economía y potencian a la sociedad como tal, tendiendo a lograr un marco cierto de sustentabilidad.
El proceso de desarrollo sustentable se ha convertido estrictamente en una cuestión de agenda política, con actores, necesidades y objetivos distintos (aunque en este conjunto estamos todos relacionados), y resulta difícil poder consensuar una agenda de trabajo hacia un horizonte común. Lo que resulta más que evidente es que la agenda política es la que determina la agenda económica, y ello es así porque la economía es una herramienta cuyos elementos no deben ser ideologizados, si no que deben ser utilizados y servirnos (como toda ciencia) para llegar a esa idea común de lograr una sociedad que se desarrolle sobre argumentos sustentables, cambiando los paradigmas de riqueza, planteando nuevas estructuras mucho más equitativas en la sociedad y un sistema de distribución de ingresos sin asimetrías, cada vez más evidentes y que parecen insalvables.
Los procesos de inclusión del tema ambiental y su protección en la agenda política de cada país deben basarse en un fuerte criterio de credibilidad. Los anuncios espectaculares y de corto plazo que no sean razonables y no sigan un camino gradual y planificado, en su formulación y ejecución, no son viables.
Tengamos presente que la agenda de un gobierno o Estado refleja cuáles son sus necesidades y prioridades en distintos temas, y que está apoyada o sostenida por una parte de la sociedad o por los grupos que ejercen el poder en su momento.
El ingreso del tema ambiental y sus efectos en la consideración internacional ha ejercido presión en los distintos países para ser tratado y legitimado. Muchas veces esta presión plantea un serio conflicto de intereses dentro del proceso económico y social de un Estado o una región; un ejemplo claro es la presión de la industria petrolera para disminuir controles y normas que regulan la actividad, controles y normas destinados a favorecer la preservación del ecosistema y los recursos.
Las relaciones de fuerza entre países desarrollados y no desarrollados al momento de ver quién se adueña de los recursos naturales, quién lleva adelante los procesos de producción y establece las relaciones de intercambio, quién maneja el sistema financiero (la vedette de la economía mundial), han convertido al mundo en un verdadero rompecabezas. Pero lo que más alarma es la caída de fronteras para la expansión de la producción y el movimiento de flujos financieros, que hace que se complique el establecimiento de una agenda política entre países para tratar el tema de la sustentabilidad, debido a que los intereses individuales (de países o consorcios) no concuerdan con los intereses colectivos o de la comunidad mundial.
Un ejemplo de defensa de intereses individuales (un país) a través de su agenda política ha sido en su momento la no ratificación por parte de Estados Unidos del Protocolo de Kioto. Durante el gobierno de Bill Clinton, Estados Unidos participó activamente en la redacción e investigación de las bases del Protocolo y lo firmó el 12 de noviembre de 1998. Solo faltaba la ratificación por parte del Congreso de Estados Unidos para que el tratado tuviera vigencia (Estados Unidos es uno de los mayores contaminadores del planeta, aproximadamente el 25% de las emisiones de dióxido de carbono provienen de ese país). Clinton terminó su mandato sin presentarlo al Congreso. El nuevo gobierno de George Bush tampoco lo hace; es más, lo rechaza aduciendo que “el protocolo es imperfecto y dañino para los intereses de la economía doméstica del país, al poner en peligro el crecimiento económico y la competitividad de su comercio”.
En este mismo tenor se manifestó Australia (una de sus principales fuentes económicas es la producción de carbón). El primer ministro John Howard expresó en 2005 ante el Parlamento: “Hasta que los mayores contaminadores del mundo, incluyendo Estados Unidos y China, no formen parte del régimen de Kioto, firmar es casi inútil y prejudicial para un país como Australia”. En el mismo sentido se expresó el ministro de Industria Ian Macfarlane: “Australia haría una locura si ratificara el protocolo, porque esto cortaría trabajos y subiría los precios de la energía”.
Pero quince años después, como un déjà vu, siendo un gran logro lo obtenido en el Acuerdo de París donde la mayoría de los países (en forma voluntaria, incluida la Argentina) habían presentado sus propuestas de reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, Estados Unidos vuelve a patear el tablero y da marcha atrás con lo que se había comprometido a cumplir. Lo más curioso y significativo es que habían ratificado el acuerdo junto con los países que mayores emisiones de CO₂ producen: China, India, Rusia, entre otros.
Al momento de la firma del tratado, era Barack Obama del Partido Demócrata el presidente de Estados Unidos y uno de los impulsores del acuerdo. Debe recordarse que Obama, junto con el primer ministro de China Xi Jinping, entregaron en un mismo acto el documento de ratificación del Acuerdo de París al secretario general de la ONU. Ese acto sirvió de base para comenzar a pensar que algunos cambios en el futuro del tratamiento del problema medioambiental en el mundo eran posibles.
Pero aquí comenzamos a ver –una vez más– cuáles son los intereses que cada país defiende en función del tipo de modelo económico elegido. Con cambios en la presidencia, Estados Unidos, después de asumir el gobierno el Partido Republicano, ha elegido defender su proceso de industrialización y su mercado interno. El nuevo presidente, Donald Trump, al anunciar el alejamiento de Estados Unidos del Acuerdo de París, enumeró algunos de los motivos de la decisión:
Este acuerdo tiene poco que ver con el clima y más con otros países sacando ventaja de Estados Unidos. Es un castigo para Estados Unidos, China puede subir sus emisiones frente a las restricciones que nos hemos impuesto, e India puede doblar su producción de carbón. Este pacto debilita la economía estadounidense, redistribuye nuestra riqueza fuera del país y no nos permite utilizar nuestros recursos energéticos.
Una agenda distinta, en materia de desarrollo sostenible, es la que lleva adelante la Unión Europea, con características demográficas y económicas distintas de Estados Unidos y China. En 2016 enunció cuáles eran sus prioridades en materia de desarrollo sostenible. Este enunciado es una muestra de la agenda política que la región pretende desarrollar hasta 2030 y contiene tres elementos: pasos en pos del futuro sustentable de Europa, consenso europeo sobre el desarrollo y asociación con los países de África, el Caribe y el Pacífico (países ACP). La evolución de estos tres elementos demuestra que la intención de la Unión Europea es mantener un espacio de integración y constante diálogo con otros países y regiones. Este proceso de integración apunta a fortalecer la idea de que el mundo es uno solo y que cualquier acción desestabilizadora en el medioambiente afecta a todos.
Siguiendo este camino, en 2010, al salir de la crisis financiera internacional, la Unión Europea trazó una verdadera agenda política, a la que denominó “Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”. En los considerandos del documento brinda una imagen del problema por enfrentar:
Las realidades económicas se están moviendo más rápidamente que las realidades políticas, como hemos visto con el impacto global de la crisis financiera. Necesitamos aceptar que cada vez mayor interdependencia económica exige también una repuesta más decidida y coherente a nivel político.
Esta estrategia pone el énfasis en tres prioridades: 1) crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación; 2) crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y equitativa, y 3) crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo, con cohesión social y territorial.
Sobre la base de estas tres prioridades, se propuso lograr para 2020 los siguientes objetivos:
Más allá de que el problema del desarrollo y la sustentabilidad son temas tratados por distintas ciencias y especialidades, debemos reconocer que la solución al problema, o a parte de él, está influenciado por decisiones políticas que son difíciles de conciliar y muchas veces de comprender.
Como hemos dicho, los procesos de inclusión del tema ambiental en la agenda política de cada país deben basarse en un fuerte criterio de credibilidad. Los anuncios espectaculares y de corto plazo que no sigan un camino gradual y razonable en su formulación y ejecución están destinados a naufragar, pues el tema abarca decisiones y consecuencias importantes para el total de la sociedad.
Lo rescatable y positivo es que la mayoría de los Estados ha decidido establecer un diálogo continuo sobre el tema de la sustentabilidad en el planeta. Muestra de ello es la ratificación del Acuerdo de París en 2016, pero es obvio que la influencia de políticas internas y corporativas demora la toma de decisiones a la hora de hacer efectivos los acuerdos (por ejemplo, la constitución del Fondo Verde), por ello es importante fortalecer la cooperación entre los Estados y los organismos internacionales.
La visión que la mayoría tiene es que al Estado le corresponde la obligación de resguardar el medioambiente –algo cierto– y, por lo tanto, a través de leyes y normas debe establecer cuáles son las pautas que debe seguir el resto de la sociedad. Lo más curioso es que también se tiene la percepción de que el sector privado (empresas y corporaciones), con solo acatar las reglas establecidas por el Estado, ya ha cumplido con su obligación de defensa del medioambiente y la sociedad. Pero esto no es así: el compromiso social que tienen las empresas en esta materia es mayor y esto las convierte en verdaderas generadoras de estrategias y políticas medioambientales viables.
En el modelo de desarrollo que hemos adoptado, mantenemos la premisa de que las empresas tienen la función de generar ganancias (cuanto más generen y mejores dividendos paguen a sus dueños, mejores son) y, en cuanto a los individuos, cuanta mayor capacidad de consumo obtengan, mejor nivel de vida y aceptación social tendrán.
Bajo esta realidad y la lógica productiva actual, hay que plantearse una pregunta básica: ¿qué incentivo tiene una empresa o grupo empresario para adoptar nuevos procesos productivos sustentables? En este momento, las respuestas no aparecen con facilidad, quizá se deba a la evolución de un proceso cultural que conlleva la toma de conciencia acerca del problema que estamos enfrentando. Pero también tenemos otros medios que actúan de disparador de nuevas políticas productivas o incentivos para hacerlo. Entre las alternativas con las que contamos, se encuentran, por un lado, las obligaciones impuestas por el Estado a través de esquemas regulatorios (procesos productivos, transporte, materias primas, utilización de energía, tratamiento de efluentes, etc.). Otra de las alternativas viene del lado de los consumidores: un cambio del hábito de consumo por parte de los clientes (que demanden productos o servicios que estén conectados con la idea del cuidado del medioambiente y la sustentabilidad generacional) obliga a las empresas a cambiar sus productos y procesos de elaboración según la tendencia.
La competencia (o sea, los otros actores en el mercado) puede actuar como incentivo para mejorar mecanismos de producción y hacerlos más “limpios”: que existan otras empresas que compitan en el mismo mercado con una visión más abierta y cercana al tema del cuidado ambiental también alerta y moviliza para realizar modificaciones y cambios de estrategias. Si no se logra que una empresa cambie su visión sobre el trato al medioambiente y su hábitat por convicción, puede suceder que lo haga por problemas de competitividad. Aquí también el comportamiento de los consumidores tiene mucho que ver.
Por último, cambiando sus estrategias de producción y considerando aspectos de cuidado ambiental (que no le sean impuestos), la misma empresa puede encontrar ventajas en el acto de innovar, crear mejores empleos, mejorar la relación con su entorno geográfico y la comunidad que lo rodea, y convertirse así en un ejemplo o modelo a seguir. Quizá este último punto tenga más que ver con cambios generacionales en la organización, con la aparición de nuevas generaciones en la estructura de toma de decisiones de la empresa y con la llegada a la comunidad de nuevos empresarios y emprendedores con una visión distinta y más avanzada sobre el cuidado del medioambiente y el desarrollo de la actividad económica. Es fundamental que la empresa se sienta parte de la comunidad y que tome conciencia de su responsabilidad social no solo como generadora de ganancias, sino también como demandante de empleo y vínculo cultural.
Aunque debemos reconocer, y es la cruda realidad, que en materia de cuidado del medioambiente y del logro de un estado de desarrollo que sea sustentable “todo es cuestión de imagen”: campañas publicitarias, promoción de espectáculos, identificación de la imagen de la empresa o grupo empresarial con algo “verde” y varios más se han convertido en una constante. Esto obedece a una imposición que viene desde la sociedad y que hace necesario que algunos sectores necesiten cierto “maquillaje” para transformar sus vínculos con la comunidad. Pensemos en el caso de la imagen de una compañía minera, cuya actividad es la extracción de minerales a cielo abierto con utilización de cianuro mezclado en cursos de agua, o en el de una petrolera en la extracción de recursos no convencionales, o en el de un grupo financiero que abastece de fondos a estas actividades (entidades bancarias nacionales e internacionales) o al mismo Estado (nacional, provincial o municipal) que necesita de estas actividades extractivas para financiar salud, seguridad o educación: la imagen cambia la percepción que la comunidad tiene sobre la empresa y lo que produce.
Lo cierto es que la imagen de una empresa deriva y está determinada por su reputación e historia. Esta es una idea mucho más amplia (como la sustentabilidad), donde la relación entre la empresa y la comunidad se encuentra guiada e influenciada por valores. Hablamos de relaciones que tienen un contenido que permite la identificación con un objetivo social. Acepto que esto, a la luz de la realidad que vivimos y con las necesidades que existen, suena utópico, pero no lo es. En un mundo donde el éxito y la acumulación de ganancias con asimetrías en la distribución se han convertido en la máxima del modelo de desarrollo que hemos elegido, comenzar a pensar y llevar adelante acciones que nos permitan ver que se puede acceder a un estatus de desarrollo sustentable transitando otro camino es posible y necesario.
Todo lo dicho tiene que ver con lo que se denomina “responsabilidad social de las empresas”. La Unión Europea la conceptualiza como “las iniciativas voluntarias de las empresas más allá de las obligaciones legales, para lograr objetivos sociales y ambientales en su actividad cotidiana”.
Toda actividad empresarial supone aceptar que existe cierta dosis de riesgo e incertidumbre en la actividad que desarrolla. En este marco de riesgo e incertidumbre debido a múltiples factores (internos y externos), como políticas nacionales, inseguridad jurídica, problemas de estacionalidad en el mercado, etc., la empresa debe forjar las bases para el equilibrio entre la dinámica de la economía y el compromiso ambiental con el fin de lograr un estándar de desarrollo y sustentabilidad.
La Unión Europea en el documento “Estrategias 2011-2014 de la Unión Europea para la responsabilidad social empresaria” consideró distintos elementos que la conforman, a saber: derechos humanos (incluye equidad de género), gobierno corporativo y prácticas laborales, medioambiente (incluye cambio climático, biodiversidad y energía), transparencia y prácticas justas de operación (incluye anticorrupción y competencia justa), cadena de valor (incluye asuntos de consumidores y proveedores), inversión socialmente responsable e innovación social, educación para promover la inclusión social, compras públicas y empresas públicas.
Aunque la idea sobre qué tipo de responsabilidad le cabe a las empresas o corporaciones dentro del objetivo de llegar a un nivel de desarrollo sustentable es nueva, no da lugar a duda a que se dude de que se trata de un concepto con arraigo y no de una moda o campaña de marketing que mejore el perfil de la empresa. Este concepto que le otorga a la empresa un lugar importante dentro del desarrollo social de una comunidad viene creciendo con fuerza desde mediados del siglo XX, con varios trabajos y publicaciones al respecto. Quizá el más conocido y que se considera como ícono de inicio en la discusión sobre el tema es el de Howard R. Bowen, Social Responsabilities for the Businessman, de 1953.
Con la evolución del pensamiento, también han hecho su aparición las distintas opiniones acerca de cuál es el verdadero alcance del concepto y hasta dónde llega la responsabilidad de la empresa en su relación con la sociedad y el medioambiente. En la teoría económica existen distintas interpretaciones, algunas más restrictivas y otras con una visión más amplia.
Como origen de una visión restrictiva del concepto “responsabilidad social empresaria o del negocio”, podemos hacer mención a una columna escrita por Milton Friedman (Premio Nobel de Economía 1976) publicada el 13 de septiembre de 1970 en The New York Times Magazine, titulada “La responsabilidad social del negocio es aumentar sus beneficios”. Allí Friedman sostenía que, en una sociedad libre, las corporaciones (no los sujetos individuales) tenían que cumplir la función de generar buenos negocios y distribuir utilidades a sus dueños (teoría del accionista) dentro de las normas legales establecidas y no realizar acciones de beneficencia o cuidado del medioambiente de manera voluntaria. Al final de la columna manifestaba:
Pero la doctrina de la responsabilidad social, tomada en serio, extendería el alcance del mecanismo político a toda actividad humana. No difiere en filosofía a la doctrina más explícitamente colectivista. Difiere solo profesando creer que los fines colectivistas pueden alcanzarse sin medios colectivos […] en una sociedad libre hay una sola responsabilidad social del negocio, que consiste en usar los recursos y participar en actividades destinadas a aumentar sus beneficios, siempre y cuando se mantenga dentro de las reglas de juego, es decir, se involucre en la libre competencia sin engaño y fraude.
Existen muchos trabajos y teorías que limitan el accionar de las empresas solo a su responsabilidad de generar beneficios, brindar empleos y cumplir con las reglamentaciones medioambientales impuestas, considerando que hacerse cargo, de manera voluntaria, de colaborar con la solución de problemas medioambientales es tomar parte de la responsabilidad que le compete al Estado, el cual, vía impuestos, es el que tiene que procurar las medidas y reglamentaciones conducentes a un desarrollo limpio.
El paso de los años de la década de 1990 en adelante y la toma de conciencia sobre la necesidad imperiosa de obtener un estado de desarrollo sustentable han cambiado la manera en que las empresas entablan su relación con el resto de la sociedad (gráfico 2).
Gráfico 2. Interrelaciones sectoriales para lograr un desarrollo sustentable
Para lograr una visión sobre el tema, no solo debemos pensar en las grandes corporaciones que tienen sus administraciones en centros de negocios de países desarrollados y que llevan adelante sus estrategias por medio de buenos estudios o universidades, sino también en las grandes, medianas y pequeñas empresas que desarrollan su actividad en países no desarrollados, con problemas de contaminación, falta de agua y alimentos, con empleos de baja calidad y remuneración, sin acceso a servicios básicos como educación, energía y salud. Es en estos lugares donde el accionar del sector privado (con un Estado ausente) debe mantener una actitud de participación y constante compromiso. Generalmente las grandes teorías y presentaciones de proyectos no se efectúan en países o comunidades con necesidades básicas insatisfechas y modelos de vida del siglo XIX. La realidad muchas veces es distinta a lo que pensamos; tenemos claros ejemplos de medianas y pequeñas empresas que desarrollan su actividad en comunidades con necesidades primarias insatisfechas, con un Estado paralizado. En estos casos la inserción de la empresa en la comunidad se realiza a través del mantenimiento de escuelas, comedores escolares, centros asistenciales de salud (en nuestro país abundan ejemplos, especialmente en regiones fronterizas del norte).
Como ya hemos visto, no todo es color de rosa, y existen muchas campañas de empresas sobre responsabilidad social empresaria que solo sirven para disimular prácticas corporativas desleales o fraudulentas. Pero debemos reconocer que el concepto y la idea de que las empresas deben dar un paso más allá en materia de cuidado del medioambiente y convivencia con la comunidad están creciendo.
Es cierto que el objetivo de una empresa es generar beneficios (con ellos se otorga empleo, se pagan impuestos para mantener educación, salud, seguridad, etc.) y que la actividad se mueve sobre la base de incentivos, pero no creo que exista, para todos, un incentivo mayor que lograr un estado de desarrollo y que este sea sustentable, ya que el logro de este objetivo retroalimenta toda la actividad. Consideremos que el camino es largo y que hay que cambiar hábitos de consumo, y esto conlleva transformar procesos productivos y de utilización de recursos, como también pensar en una forma distinta de influencia y participación del Estado en este tránsito.
El tiempo pasa y los países de América Latina se siguen debatiendo en una paradoja: ser ricos en recursos naturales y empobrecidos estructuralmente. Quizá el problema esté en que la meta de crecimiento que nos hemos propuesto se basa en la explotación de los recursos naturales de manera intensiva (producción extractiva), poca diversificación y generación de valor agregado sin políticas serias de sustentabilidad.
América Latina y el Caribe abarcan más de 2000 millones de hectáreas, que representan el 15% de la superficie terrestre; comprende a 34 países con una densidad poblacional baja (0,34 personas por hectárea), de la superficie disponible 38% se utiliza para agricultura, 46% es boscosa, recibe el 30% de las precipitaciones y genera el 33% del agua del planeta. Somos países ricos en petróleo, minería, agricultura y ganadería, dedicados a sostener e incentivar el crecimiento sobre la base de la exportación de commodities y sin aprovechar de manera eficiente aquellas ventajas que nos puede otorgar el proceso de globalización en la economía mundial. El avance de las grandes corporaciones ya se ha hecho sentir en la agricultura, así como anteriormente en el petróleo y la minería; los pools de siembra ahora pertenecen a empresas multinacionales o entidades financieras privadas extranjeras, que tienen en la riqueza del continente un “activo” más. Obviamente, esto obedece a los constantes vaivenes políticos de los países latinoamericanos, con una sociedad sin rumbos determinados y sin la visión de una estrategia de largo plazo; pareciera que todo pasa por solucionar los problemas coyunturales (el día a día) y con esto naufraga la idea de alcanzar un estado de desarrollo que tenga la característica de sustentable. Alguna idea de esta realidad puede leerse en una entrevista publicada el 9 de noviembre de 2010 por el diario El País de España al expresidente de Ecuador Rafael Correa, quien, ante la pregunta “¿Cuál es el desafío de Ecuador?”, responde: “Yo creo que el mismo de todos los países latinoamericanos, superar la pobreza… no tenemos noción del largo plazo, discutimos la próxima elección. Ganarte hoy, así tú me ganas mañana, y es como un vicio que nos tiene inmovilizados”.
Los cambios geopolíticos se manifiestan de manera dinámica, con desaceleración de inversiones y productividad mundial, el sector financiero en avance acelerado, auge de tratados de libre comercio, vuelco al proteccionismo de algunos países centrales. En este panorama, la presencia de China como líder económico mundial ya es una realidad. Lo que parece extraño es que ante estos sucesos seguimos adormecidos y resulta que solo hemos cambiado la fuente de financiamiento de nuestras economías deficitarias (déficit fiscal, problemas de crecimiento, corrupción, políticas económicas y ambientales erradas). A modo de ejemplo: con solo ver el funcionamiento del Mercado Común del Sur (Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia), con los problemas y asimetrías entre los países que lo conforman, nos damos cuenta de que el tema es serio.
En los últimos cincuenta años hemos venido conceptualizando a nuestros países de distinta manera, con el objeto de creer que pertenecemos a niveles socioeconómicos distintos (mejores o peores) y es así que nos encontramos con definiciones como países subdesarrollados, en vías de desarrollo, y ahora rogamos para que nos encasillen como emergentes. Pero la realidad y la dinámica del mundo nos golpea diariamente y nos muestra los problemas que no podemos evitar. Esto que no podemos evitar se llama “vulnerabilidad”. América Latina, con su fragilidad institucional y económica, sufre en territorio propio cada crisis económica de países desarrollados o “centrales” como si fuera propia. Lo particular es que cada crisis o secuela de crisis que sufrimos nos deja consecuencias que lleva varios años enmendar, y esto se nota en la trama social de cada país.
Históricamente, por distintos motivos, venimos alimentando la trampa de la vulnerabilidad en nuestra región, y poder iniciar un camino de fortalecimiento se nos hace complicado. América Latina tiene los elementos esenciales para encaminarse hacia una senda de desarrollo y establecer una agenda sustentable que pueda transitar, pero la prevalencia de una visión cortoplacista en su dirigencia (es una expresión de la misma sociedad) complica la oportunidad de dar un salto de calidad. Debemos ser conscientes de que esto no se logra solamente con buenas intenciones o grandes anuncios, sino con trabajo, planificación y la visión de un “todo” sin fisuras.
Al menos debemos intentar realizar el esfuerzo de plantearnos de manera conjunta algunas modificaciones en el modelo económico que tenemos en el presente, examinando sus debilidades en función de los objetivos que queremos alcanzar, como también ver de qué manera este modelo de crecimiento elegido impacta sobre la población y cierra la brecha de vulnerabilidad y desigualdad existente. Actualmente este modelo depende de los recursos naturales sin un perfil serio de agregado de valor, característica descripta con claridad por Alberto Padilla en El continente dormido: una salida al sopor de América Latina:
La dependencia de la tierra no es un problema menor. Es la clave del atraso económico en que toda la región se ha visto sumida durante buena parte de su historia y de los a veces violentos ciclos de crecimiento y desaceleración económicos. Podría pensarse que contar con grandes riquezas naturales es una bendición para cualquier país, pero la experiencia latinoamericana muestra que cifrar el destino de las cuentas nacionales en esas riquezas es una receta para el fracaso. Apoyarse exclusivamente en el petróleo, la banana, la soja, el cobre o el maíz es atar la suerte del país a una fuente de ingresos extremadamente volátil. Entretanto, algunos de los países que han registrado un notable crecimiento en los últimos años no tienen grandes recursos naturales.
América Latina presenta demasiadas falencias estructurales y necesita un modelo de crecimiento (posible) integrador; los procesos de acumulación solo han agudizado problemas como falta de infraestructura productiva (caminos, puertos, abastecimiento energético, redes productivas), infraestructura social (educación, salud, seguridad) y abuso constante de la explotación de recursos naturales con consecuencias medioambientales más que preocupantes. Latinoamérica no ha creado sectores productivos de liderazgo y esto tiene que ver con que los países que la conforman no han invertido suficiente en conocimiento e investigación. En 2018 la inversión de América Latina en investigación se aproximaba al 0,6% del PBI de la región, mientras que China llegaba al 1,8 de su PBI en este rubro y los países de la OCDE, entre 2% y 2,4%.
Pero, ante todo, debemos hacernos una pregunta: ¿qué modelo de desarrollo pretendemos para nuestra región? Generalmente nuestra mirada está puesta en modelos de desarrollo de otros países (Noruega, Finlandia, etc.), y esto nos lleva a plantearnos metas imposibles de alcanzar. No tenemos lazos comunes y nuestras características e idiosincrasias son distintas. Debemos tener la capacidad suficiente para generar el modelo de desarrollo que deseamos en función de nuestras fortalezas y debilidades. Alcanzar una idea de desarrollo supone la existencia de modelos y políticas estratégicas en distintos sectores, que tienen como característica distintiva la dinámica. Con esto quiero decir que no podemos importar un modelo e intentar establecerlo “porque sí”; nuestros problemas e ideas son distintos y eso hace que nuestros objetivos quizá también lo sean.
Debemos sincerarnos y entender que la realidad de los países nórdicos o de los sajones es muy distinta de la nuestra, como también lo es el impacto que causa adoptar un modelo. El objetivo del desarrollo en América Latina debe considerar su amplitud de razas, generaciones, riqueza de recursos y modelo de crecimiento adoptado, entre otras cosas. No debemos confundirnos y pensar que los conceptos de desarrollo y sustentabilidad están acotados a un par de principios, son temas que obedecen a razones sociales, y por ello son tan abiertos como lo son las características de cada comunidad y su entorno. Estamos hablando de que existen distintos estilos de desarrollo. Ya en 1976 Jorge Graciarena, al hablar del tema, definía “estilo de desarrollo” como “la modalidad concreta y dinámica adoptada por un sistema social en un ámbito definido y en un momento histórico determinado”.
Nuestras características distintivas nos obligan a trabajar sobre nuestras realidades para encontrar respuestas y propuestas en función de normas y modelos que satisfagan necesidades con los elementos que tenemos y con los costos sociales, económicos y ambientales que estamos dispuestos a soportar. Esto no implica apartarnos del mundo; es más, necesitamos la integración, pero teniendo presente de qué manera vamos a solucionar los problemas, pensando en las consecuencias futuras que esto nos trae y de qué manera impactarán en nuestros hijos y nietos.
Como dije anteriormente, se necesita trabajo, planificación y elaborar una agenda política común que contenga las realidades (bastante parecidas) de los países de la región. La idea de desarrollo sustentable debe ser un objetivo cierto de concretar más allá de ciertas y probadas mezquindades, pues América Latina no podrá avanzar en este escenario mundial de manera disgregada (cada país por su lado), sino que tendrá que competir como bloque (Mercosur, Alianza del Pacífico). Así que, para encontrar algunas respuestas al tema, analicemos cambios del modelo económico, la evolución de la población de América Latina y la gobernabilidad (procesos políticos).
Cambios de modelos. América Latina está mostrando cambios en su sistema político y económico: de debatirse entre modelos progresistas y populistas se va encaminado a un proceso de integración al mundo, buscando la posibilidad de negociar con otros bloques comerciales. En un contexto mundial complicado, la región debe comenzar a buscar un perfil de desarrollo con compromisos sustentables que la saque de este letargo para aprovechar las ventajas comparativas que le otorga la diversidad de recursos naturales que posee. Los últimos diez años han sido, para la región, de atraso en su crecimiento (el PBI de América Latina en 2016 disminuyo 1,1%) con respecto a otras regiones en vías de desarrollo. A modo de ejemplo, el cuadro 1 muestra la variación del PBI y su evolución respecto de Asia y África subsahariana.
La falta de liderazgo en la región, sumado a crisis políticas (Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Ecuador, Perú) y a una participación cada vez mayor –pero ineficiente– del Estado en la economía han restado competitividad a los países que conforman la zona. A esto debemos sumar el contexto internacional, que ha demostrado una contracción en la producción y el comercio.
La interacción de este conjunto de factores ha traído como consecuencia una marcada tendencia negativa en la balanza comercial de la región y un aumento en el endeudamiento externo. En el cuadro 2, y para tener una idea de lo que estamos hablando, podemos ver la evolución de exportaciones, importaciones y balanza comercial entre 2007 y 2016, como también la deuda externa como porcentaje del PBI.
Cuadro 1. Evolución del PBI (en %), 1995-2015
|
Año |
América Latina |
Asia oriental y Pacífico |
África subsahariana |
|
1995 |
1,73 |
4,69 |
3,22 |
|
1996 |
3,37 |
4,84 |
5,26 |
|
1997 |
5,07 |
3,77 |
3,63 |
|
1998 |
2,11 |
-0,56 |
2,49 |
|
1999 |
0,01 |
3,06 |
2,2 |
|
2000 |
3,76 |
4,66 |
3,62 |
|
2001 |
1,05 |
2,71 |
3,93 |
|
2002 |
0,33 |
3,76 |
2,97 |
|
2003 |
1,59 |
4,39 |
4,87 |
|
2004 |
6,21 |
5,21 |
11,64 |
|
2005 |
4,49 |
4,86 |
5,55 |
|
2006 |
5,31 |
5,75 |
7,05 |
|
2007 |
5,71 |
6,8 |
7,07 |
|
2008 |
3,98 |
3,6 |
5,39 |
|
2009 |
-1,72 |
1,4 |
2,85 |
|
2010 |
5,79 |
7,27 |
5,39 |
|
2011 |
4,34 |
4,56 |
4,32 |
|
2012 |
2,83 |
4,77 |
3,72 |
|
2013 |
2,78 |
4,58 |
4,76 |
|
2014 |
0,74 |
4,04 |
4,59 |
|
2015 |
-0,29 |
3,92 |
3,01 |
Fuente: Banco Mundial.
Cuadro 2. Saldo balanza comercial América Latina (en millones de dólares), 2007-2016
|
Año |
Exportaciones |
Importaciones |
Balanza comercial |
Deuda externa (% PBI) |
|
2007 |
766.565 |
732.527 |
34.038 |
31,90 |
|
2008 |
881.042 |
845.513 |
35.529 |
29,00 |
|
2009 |
714.303 |
674.144 |
40.159 |
29,90 |
|
2010 |
898.126 |
861.764 |
36.362 |
27,60 |
|
2011 |
1.099.819 |
1.042.275 |
57.544 |
26,50 |
|
2012 |
1.116.240 |
1.075.773 |
40.467 |
28,40 |
|
2013 |
1.099.371 |
1.096.596 |
2775 |
30,20 |
|
2014 |
1.083.333 |
1.102.325 |
-18.992 |
32,60 |
|
2015 |
924.090 |
981.616 |
-57.526 |
34,90 |
|
2016 |
865.918 |
881.148 |
-15.230 |
36,40 |
Fuente: Cepal.
A lo largo de su historia, la evolución del crecimiento de América Latina depende constantemente de procesos políticos y económicos con resultados disímiles. Esto ocasiona períodos de expansión y contracción de su economía que la vuelven vulnerable y le dan la característica de “cíclica”, y esta realidad se agrava por la dependencia que tiene de los movimientos internacionales, a causa de que mayoritariamente la región es exportadora de materias primas y la participación de la industria local en el PBI mundial no es determinante. Un error histórico de la región ha sido abandonar la política industrial y, con ello, la idea y la conducta de generar valor agregado y exportable. Nos entretenemos con discusiones estériles, perdiendo el tiempo, mientras el bloque asiático (es cierto que con distintas ideologías y conformaciones sociales) aceleró su proceso de industrialización. Una muestra de este problema la vemos al observar que en los períodos de expansión (por ejemplo, 2003-2007) la región no aprovechó totalmente el momento y creció por debajo de lo que lo hicieron otras regiones (como Asia). Para dejarlo más claro: aumentó la brecha de crecimiento entre América Latina y otros continentes o grupos de países que también son considerados “en desarrollo”.
A la baja de la productividad de la región, en los últimos años se ha sumado la baja de las exportaciones y la disminución de la tasa de inversión y el ahorro interno. La dinámica de estos elementos ha aumentado la vulnerabilidad de los países de América Latina a variaciones en el sector financiero internacional. La solución a estos problemas ha surgido desde la mayor participación del Estado en la economía vía aumento del empleo público, obras ejecutadas por el sector estatal (nación, provincias, municipios, comunas) o subsidiando el consumo interno y la producción. Debemos reconocer que esto ha impulsado el crecimiento del déficit fiscal de la mayoría de los Estados que conforman la región. El crecimiento del déficit agrega el problema de su financiamiento (aumento de la presión fiscal, consumo de reservas, emisión monetaria o endeudamiento son algunas de las alternativas), y tratar de financiar estas fluctuaciones, irremediablemente, produce brechas estructurales que afectan educación, salud, infraestructura, etc., y alejan a la región de mantener planes estratégicos para aplicar políticas de desarrollo que tengan la característica de sustentable.
El letargo en el crecimiento de la economía de la región ha sido acompañado por un proceso de acumulación de riqueza en algunos sectores (característica que también se ve a nivel mundial), que le quitó a América Latina la posibilidad de hacer frente a reclamos de vieja data, como la falta de infraestructura. Este problema de falta de obras y emprendimientos destinados a salud y educación también se hace notar en la ausencia de planes de conectividad entre ciudades y países. Al respecto debemos recordar que el crecimiento de la población urbana, en detrimento de las zonas rurales, trae aparejado dificultades de abastecimiento a las grandes ciudades y a los sectores productivos. La falta de desarrollo de puertos, ferrocarriles, centros de distribución, caminos rurales, es un ejemplo de las carencias que se observan y que es necesario subsanar para estructurar políticas y acciones tendientes a elevar el valor agregado de la producción local.
La necesidad de elevar la participación de la región en el PBI mundial (con una tendencia de la economía mundial a ser más lenta, en términos de producción e inversión) obliga a pensar de manera distinta las estrategias de crecimiento de cada país y su funcionamiento como bloque. Hay que considerar también que deben mejorarse los procesos de redistribución y no perder de vista el objetivo de hacer cada día más sustentable nuestra economía.
Suena ambicioso, quizá, preguntarse cuál es el modelo económico y social que necesita América Latina para encaminarse hacia un estatus de desarrollo sustentable. Las respuestas seguramente pueden ser tan variadas como representantes de distintos sectores tengamos. Lo que no debe ignorarse es la ausencia de realización de una propuesta común que genere valor agregado a la producción primaria –característica de la región– sin afectar el rico ecosistema que tenemos. De este planteo surge la inquietud de ir generando pequeños acuerdos, sectoriales o entre países, con la intención de fijar un rumbo en la materia, más allá de la inestabilidad y las oscilaciones políticas que son históricamente características en todos los países de nuestra región y tornan verdaderamente dificultoso estar constantemente reformulando planes.
En su libro Más ética, más desarrollo, Bernardo Kliksberg plantea:
Una economía orientada por la ética no aparece como un simple sueño, sino como una exigencia histórica para lograr que la paradoja de la pobreza en medio de la riqueza pueda realmente superarse y construir un desarrollo pujante, sustentable y equitativo.
Si el modelo de crecimiento que tenemos planteado en América Latina hace más de setenta años se basa en productividad, competencia y consumo a través de actividades primarias (agricultura, forestación, minería, hidrocarburos, etc.), sin considerar el desgaste medioambiental y con deficiencias probadas de redistribución y acumulación, estamos en un serio problema. Al no poder generar la alternativa que disminuya la brecha económica con otras regiones, mientras seguimos discutiendo lo coyuntural sin visión de mediano y largo plazo y sin considerar el impacto ambiental de nuestra manera de producir y no disminuir el proceso de acumulación de ingresos, tendremos un futuro complicado no solo para nosotros, sino también para las generaciones que nos siguen.
Población: evolución y vulnerabilidad. La población de América Latina ha ido creciendo en los últimos años al mismo ritmo (vegetativo) que el nivel medio del planeta, pero los problemas no están en este punto, sino en la manera en que se ha distribuido (cuadro 3). Además, el comportamiento en la distribución –que iguala la tendencia mundial– manifiesta que está creciendo la migración de la población rural a las ciudades, lo que trae una serie de inconvenientes que ya hemos visto en puntos anteriores.
Cuadro 3. Evolución de la población de América Latina (en millones), 1975-2030
|
Población |
1975 |
1990 |
2000 |
2010 |
2020 |
2030 |
|
Total |
316.662 |
435.628 |
512.246 |
584.884 |
650.883 |
706.147 |
|
% urbana |
65,3 |
70,8 |
75,6 |
78,8 |
81,5 |
83,8 |
|
% rural |
34,7 |
29,2 |
24,4 |
21,2 |
18,5 |
16,2 |
Fuente: Cepal, proyecciones 2020 y 2030.
Este crecimiento de los conglomerados sociales urbanos no solo indica que se están concentrando los recursos naturales en menos personas, sino que existe la urgente tarea de acondicionar las ciudades para sostener las necesidades de mayores cantidades de habitantes (educación, servicios sanitarios, energía, etc.). Si ya vimos que el modelo de crecimiento que hemos adoptado en esta parte del continente es primordialmente de explotación de recursos naturales con poca generación de valor agregado, cabe hacernos la pregunta de cómo enfrentaremos el desafío de incorporar esta gran masa de habitantes al proceso productivo. Aquí también hay que considerar que con el crecimiento total de la población también lo hace la población económicamente activa (PEA) en todos sus estratos, y aunque actualmente la tasa de crecimiento es menor a la de décadas pasadas, la PEA de América Latina hoy es cercana a los 310 millones de habitantes (casi el 50% de la población total) con una estimación de 388 millones en 2050.
Este crecimiento de la PEA implica que se debe abrir la visión acotada que se tiene actualmente de las diferencias de género: hoy la mujer también está participando de manera más activa en el mercado laboral y necesita crecer dentro de los distintos espacios productivos. De la misma manera, debe crecer la participación dentro del mercado laboral de la población más joven, la que menos oportunidades tiene en la actualidad.
La realidad de las grandes ciudades de América Latina nos está dando la pauta de cuál es el problema y de la urgencia de encontrar, al menos, un rumbo. Grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Brasilia, San Pablo, Bogotá, Santiago de Chile y otras muestran el crecimiento de asentamientos habitacionales precarios sin condiciones mínimas de higiene, seguridad y con aumento del empleo informal (mal remunerado y sin prestaciones sociales). Estos asentamientos han contenido los movimientos migratorios de la población rural a los centros urbanos.
Aunque las estadísticas indican que en la región la pobreza ha disminuido en los últimos diez años, gracias a la intervención más activa del Estado, también es cierto que ha aumentado el riesgo de vulnerabilidad de la población a vaivenes políticos y económicos. Y esto también atañe a lo que conocemos como la famosa “clase media”.
Ser vulnerable significa no tener la capacidad necesaria para hacer frente a cambios o consecuencias que son derivados del modelo de crecimiento adoptado en la región. Además, no necesariamente se debe estar por debajo de la línea de pobreza para ser vulnerable a cambios o realidades; un ejemplo es la vulnerabilidad de las clases medias y bajas en las principales ciudades de América Latina a la inseguridad, la asistencia médica y la educación. Este concepto de “vulnerabilidad social” va en contra de los principios sobre el desarrollo, que lo que trata es de elevar el nivel de vida de la sociedad no solo en lo económico, sino también en sus condiciones generales.
Otra de las características históricas de la población de América Latina es la desigualdad. Aquí comenzamos nuevamente con los cuestionamientos para tratar de entender cómo podemos transitar un camino hacia el desarrollo si no podemos crecer –aunque sea de manera lenta pero constante– debido a que estamos permanentemente expuestos a distintas perturbaciones políticas y económicas en la región.
Los conceptos de pobreza y desigualdad, así como se ven en nuestra región, están muy relacionados, aunque debemos distinguir entre ambos. El concepto de pobreza identifica la carencia de un individuo o sector social que no puede cubrir sus necesidades básicas o cuyos ingresos están por debajo de un determinado parámetro de consumo o renta; en cambio, la desigualdad es la imposibilidad de acceder a derechos, recursos, beneficios. También podemos decir que la desigualdad es una manifestación de la pobreza.
No debemos confundirnos y creer que un estatus de desarrollo sustentable solo puede ser alcanzado por una parte de la sociedad: mientras existan niveles de desigualdad tan grandes como los que hay en América Latina, seguiremos contando la misma historia y la sociedad completa no modificará su situación.
Para sostener lo dicho en el párrafo anterior, podemos remitirnos a lo expresado en la Conferencia Regional sobre el Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (Cepal, Lima, noviembre 2015):
La persistencia de la pobreza y altos niveles de desigualdad no solo conlleva costos personales para quienes la sufren, sino que también, en términos sociales y económicos, afecta a la sociedad como un todo. Por otra parte, el progreso es indispensable para lograr el cambio estructural y el desarrollo económico sostenible.
Aunque, como vimos, los índices de pobreza extrema y pobreza total en América Latina han venido descendiendo en la última década, todavía son altos, y esto es un indicador más que evidente del trabajo que todavía queda por delante. En los gráficos 3 y 4 se puede ver (con datos de Cepal y Banco Mundial) la evolución de la pobreza y la pobreza extrema en la región, considerando los puntos máximos en la década 1980-1990, producto de la crisis de endeudamiento con fuertes raíces políticas y graves consecuencias económicas de corto y largo plazo.
Gráfico 3. Pobreza extrema en América Latina, 1980-2017
Fuente: Banco Mundial y Cepal.
Gráfico 4. Pobreza extrema en América Latina, 1980-2017
Fuente: Banco Mundial-Cepal.
Sabemos y somos conscientes de que la región está más conectada e integrada, pero a la vez observamos que es más desigual. En el corto plazo no advertimos cambios estructurales que modifiquen estos datos de pobreza, que no deben tratarse como hechos aislados; y, como si fuese poco, las políticas de mediano y largo plazo en la mayoría de las veces naufragan en discursos épicos. Debemos ser responsables y tener presente que una sociedad con semejantes niveles de desigualdad está lejos de obtener o pretender alcanzar etapas de desarrollo y sustentabilidad acordes con lo que se plantea en otros países o foros internacionales.
Gobernabilidad (procesos políticos). Hablar de gobernabilidad en América Latina es comenzar a recorrer un sinuoso y complicado camino, que todavía no parece tener un rumbo determinado. Particularmente, creo que la culpabilidad de esta ausencia de un rumbo o identidad en gran parte nos pertenece a los habitantes del territorio.
Así que, más allá de las buenas intenciones que cada uno pueda tener, es muy difícil conseguir “acuerdos estratégicos” sobre desarrollo y sustentabilidad en una región donde los últimos setenta años han sido un constante devenir de posturas políticas encontradas (militares, civiles, derecha, izquierda, etc.). La falta de objetivos comunes que superen los intereses individuales (grupos, partidos políticos, organizaciones, gremios, etc.) y que amalgamen una visión de largo plazo ha sido el común denominador en América Latina.
La ausencia de estabilidad política supone la carencia de equidad, y esto hace que la supremacía de los intereses sectoriales se imponga al resto de la comunidad. Entonces, dentro de esta falta de equidad, caminan de manera conjunta los abusos en la utilización de los recursos naturales, la inexistencia de instrumentos de crecimiento y la negación a poner en discusión una agenda (sincera) común de pasos a seguir para lograr alternativas de desarrollo.
A esta altura de los acontecimientos, debemos convenir que los problemas de desarrollo en América Latina no obedecen a problemas técnicos (que tienen soluciones técnicas); el problema parece ser más de tipo político. Lo que resulta difícil de entender es cómo una región que –en su mayoría– tiene países con complicaciones económicas y poblacionales parecidas y recursos naturales pueda presentar disensos de semejante calibre que hagan difícil la implementación de ideas y acuerdos comunes que fortalezcan bases de trabajo e integración para encontrar una salida al problema. Como ya hemos visto, si conocemos el diagnóstico, sabemos cuál es la solución y tenemos idea de cuáles son las consecuencias de no hacer lo que corresponde; solo nos queda aceptar la culpabilidad de no querer encontrar consensos políticos y sociales para hacernos cargo.
Es nuestro deber reconocer que la región ha sido una zona experimental de propuestas e iniciativas políticas y económicas que han tenido y tienen su origen en otros países, que poseen características e intereses distintos de los que pretendemos obtener y defender. Pero, nobleza obliga, aceptemos que nos hemos empeñado en adoptar y adaptar este tipo de iniciativas y propuestas. Una región como la nuestra, con bondades en la provisión de recursos naturales, no ha podido capitalizar esta ventaja en pos de la industrialización y la innovación tecnológica. Ya en 1949 Raúl Prebisch en el Manifiesto de la Cepal planteaba la idea de que sin invertir en bienes de capital y tecnología América Latina no encontraría el camino hacia el desarrollo. En esa oportunidad decía:
La industrialización no es incompatible con el desarrollo eficaz de la producción primaria. Cuanto más activo sea el comercio exterior, tanto mayores serán las posibilidades de aumentar la productividad de su trabajo […] La solución no está en crecer a expensas del comercio exterior, sino en saber extraer de un comercio cada vez más grande los elementos propulsores del desarrollo económico.
Para esta parte del mundo, el concepto que tenemos de “mercado” no contiene un paquete de soluciones a los problemas que nos aquejan, y esto también se puede aplicar a nuestro sistema político, en el cual los discursos y acciones se van alejando (en algunos casos con altos niveles de corrupción) o se mantienen distanciados de los problemas reales. Quizá debamos comenzar a pensar que con estos sistemas (con estas realidades) no alcanza y haya que repensar la idea de gobernabilidad. De lo que estamos seguros es de que el proceso de acumulación de recursos sigue vigente y que la teoría del goteo no funciona correctamente, prueba de ello es el nivel creciente de desigualdad.
En un sistema político democrático no solo alcanza con poder votar –pues poder elegir es sumamente importante–, sino que también debe existir una profunda intención de participación y de incorporar continuamente conocimiento: este es el motor para bajar los niveles de desigualdad. De poco nos sirve votar a nuestras autoridades si los niveles de desigualdad y vulnerabilidad crecen y, con ellos, la falta de posibilidades de acceder a derechos y bienes básicos de subsistencia. Sin la incorporación de conocimiento y valores, es muy difícil que generacionalmente nuestra sociedad pueda identificar correctamente cuál es el riesgo que corre su patrimonio de recursos naturales y la vulnerabilidad que este sufre, ni el valor que su existencia y uso sustentable representa. En otras palabras: si no tenemos conocimiento, ¿cómo vamos a poder identificar las posibilidades y alternativas que tenemos? Esto depende no solo del ejercicio responsable de los derechos civiles que la sociedad tiene, sino también de un sistema político con conceptos de gobernabilidad más avanzados y acordes con nuestra realidad histórica, geográfica y poblacional.
Debemos ser conscientes de que manejar el concepto de sustentabilidad, en nuestras actividades diarias como sociedad, supone tener una idea afianzada del largo plazo, planificación y estrategia. Hoy nos encontramos atrapados en un laberinto de temas coyunturales y esto no nos permite ver ni plantear una solución a lo que nos está pasando. Pero que hoy estemos solo mirando problemas de corto plazo y buscando soluciones desesperadas e incompletas es consecuencia histórica de no haber trabajado oportunamente en objetivos y políticas superadoras.
A partir de la manera en que el resto del mundo se está moviendo (visión restringida de Estados Unidos, salida del Reino Unido de la Unión Europea y posición de líder de China) y de la posibilidad de que se pacten tratados de libre comercio bilaterales, se presenta una buena oportunidad para que la región se plantee cuál será su futuro político, más allá de los problemas propios e internos de cada país. Actualmente la región se está moviendo entre distintos regímenes políticos y viendo la posibilidad de iniciar una apertura comercial y de captación de inversiones; en este punto debemos esperar cuáles serán los resultados de este nuevo “ciclo político” y cuáles sus consecuencias, como también cuál su duración. Otra de las preguntas que debemos hacernos es de qué manera podemos llevar adelante un sistema de integración comercial de la región con el mundo (aprovechando las ventajas comparativas) que genere un sistema positivo de inclusión social. Esto depende de la capacidad política que tengamos y de la fortaleza que las instituciones que representan a la sociedad manifiesten.
Hoy es una realidad que en materia medioambiental el vacío político y organizacional que existe en América Latina es alarmante, pues solo se adhiere a algunas iniciativas aisladas. Pero mientras se siga con la idea de crecer con este modelo productivo de sobreutilización de recursos naturales, avanzar en acciones concretas que propongan modelos de sustentabilidad será complicado.
La Organización de Estados Americanos (OEA), en su memoria anual 2016 sobre el trabajo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, plantea que sus acciones se han alineado con la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero la realidad nos pega de frente y en materia de desarrollo y sustentabilidad el papel del Estado es bastante pobre y ha cedido su lugar a otro tipo de intereses o acciones.
El desafío político es estimular el crecimiento y el empleo sin afectar el medioambiente y con una mirada firme sobre el futuro. Esto exige madurez institucional y marcar definiciones y estrategias políticas acordes a modelos de gobernabilidad que tengan en cuenta la relación público-privado, el rol del Estado en materia de inversiones e infraestructura, regulaciones medioambientales, establecimiento de pautas referentes a producción y consumo, determinación de qué lugar dentro de las prioridades ocupa la salud y la educación (como facilitar su acceso). Pero, por sobre todas las cosas, se necesita coordinar una etapa de consensos dentro de cada país y entre los países de la región que permita condiciones de gobernabilidad aptas para potenciar las riquezas naturales de América Latina, sin tener que adaptar modelos que no tienen que ver con nuestra realidad, hacia una etapa de desarrollo.