Aunque desde 1872 inicia en México la creación de organizaciones periodísticas, lo cierto es que se arroparon más bajo un cariz político e ideológico que laboral o de afanes profesionalistas.22 Lo anterior, por supuesto, respondía a la circunstancia histórica, pues paralelamente –entre las dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del XX– surge un modelo de dádivas a los periódicos “obedientes” al gobierno, y de persecución y supresión de la prensa opositora a la dictadura de Porfirio Díaz. Ese mismo esquema de control perfeccionado, de acuerdo con José Carreño Carlón, se instaura a partir de los años veinte con el México posrevolucionario y perdura hasta mediados de la década de los setenta. 23
En tal contexto, a lo largo de ese largo periodo, el asunto de la responsabilidad y la ética periodística ni siquiera se citaba públicamente.24 Quizás un primer guiño del tema comenzó darse con la creación, primero, de la Unión de Periodistas Democráticos en 1975, y un año más tarde, con el nacimiento de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Dichos organismos patentizaron, así fuese tenuemente, la necesidad de velar por la integridad personal, profesional y moral de los informadores.25
Un suceso que comienza a fracturar el modelo de subordinación de la prensa mexicana a su gobierno, lo representa la expulsión, en julio de 1976, de Julio Scherer y su equipo directivo del periódico más importante de aquella época, Excelsior, debido a argucias tramadas por el entonces presidente de la República, Luis Echeverría. Este hecho no sólo desencadenó una etapa de recomposición –todavía en marcha– en las relaciones medios-gobierno, sino que a la postre indujo un paulatino cambio en la prensa mexicana cuyo reflejo en términos profesionales y éticos se manifiesta más abiertamente a partir de los años noventa.
Los primeros pasos públicos en materia de deontología informativa se dan en 1992 cuando el diario Unomásuno propuso la creación de un defensor del lector, aunque no se habló de un código ético. (Aquí es preciso resaltar que si bien los empresarios de la radio y la naciente televisión se dieron a sí mismos un código de ética desde 1951 y que supuestamente se actualizó en 1967, resulta curioso que nos hallamos enterado recientemente de tal documento no por iniciativa de sus propulsores sino gracias a las afanosas pesquisas del reportero Jacinto Rodríguez Munguía en el Archivo General de la Nación. Es decir, más que un compromiso público, se trató de una pauta autoasumida de conducta sólo frente al gobierno).26
A los ojos de la sociedad civil fue hasta junio de 1993 cuando el periódico El Economista instituyó a un Ombudsman y presentó un primer esbozo de código deontológico en México. Posteriormente publicarían el suyo El Norte de Monterrey también en 1993 y El Nacional –ya desaparecido– en agosto de 1994. Poco después harían lo propio Novedades –también hoy fuera de la circulación–, El Financiero, Reforma, El Universal, entre otros.
A lo largo de 1994 –un periodo particularmente complejo y efervescente por el levantamiento zapatista en Chiapas, los asesinatos políticos y el proceso electoral–, la mayor insistencia de que los medios informativos deberían ser más responsables y discutir la necesidad de asumir códigos de ética, corrió a cargo no de un periodista, editor, analista o estudioso del periodismo, sino de un secretario de gobernación: Jorge Carpizo.27
La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (Cirt), que agrupa a casi todos los medios electrónicos privados del país, respondió entonces con pautas mínimas de conducta. Pero fue en julio de 1998 cuando los empresarios mediáticos, tras celebrar un simposio para contraponerse a la idea de legislar en materia de derecho de la información, presentaron su respectivo código ético. En realidad, tal propuesta deontológica fue hecha con el ánimo de sugerir que la autorregulación ética puede excluir cualquier reforma legislativa en materia de medios, pues ésta les podría resultar contraproducente a sus intereses políticos y económicos.28
El grueso de los códigos deontológicos mexicanos, entonces, han sido diseñados en la última década. Pese a ello, la preocupación ética de los medios y periodistas expresada en documentos de ese carácter en nuestro país continúa siendo mínima: existen 730 canales de televisión, 1488 emisoras de radio y alrededor de 340 periódicos y unas 460 revistas29... y sólo se conocen cerca de 30 códigos éticos de medios de comunicación.
Si, como decíamos antes, la existencia de códigos deontológicos supone la voluntad para afianzar el sentido de responsabilidad mediática, el compromiso de ejercer un periodismo equilibrado y honesto, el avance de las relaciones poderes-medios-sociedad, y el grado de evolución ética del gremio informativo... entonces el panorama evidencia que falta un amplio trecho por recorrer.
Y es que, por momentos, pareciera que a la ética periodística en México se le empieza a mirar más como un recurso ornamental que hermosea la imagen de independencia, crítica y prestigio de un medio y sus hacedores, que como un real mecanismo para profesionalizar y dignificar la labor informativa. A este respecto, Raúl Trejo Delabre plantea:
En nuestros medios hablar de ética se ha convertido en una pose que aparentemente engalana los pies de foto y las declaraciones en esos mismos medios. Pero no ha llegado a constituir un parámetro en el comportamiento de las mayoría de las empresas y de no pocos profesionales de la comunicación.30
De hecho, los existentes códigos de ética en México han emergido por alguna o algunas de las siguientes razones:
a) Por el convencimiento de dueños mediáticos y editores al considerarlos como un reclamo social encaminado a elevar la calidad periodística.
b) Por la necesidad de ofrecer a la sociedad una cara de responsabilidad e independencia, con lo cual se pretende afianzar o ganar credibilidad que a la postre tiende a traducirse en inversión generadora de mayores recursos económicos.
c) Por la conveniencia de asumirlos como un camino para suplantar, excluir, eludir o evitar una reforma legislativa en materia de derecho de la información. Ello debido a que la legislación vigente posibilita condicionamientos mutuos entre directivos de los medios de comunicación y el poder público.
d) Por la crítica y exigencia de representantes del gobierno para que los medios eviten caer en distorsiones informativas. Y es que, realmente, el tema de la ética periodística capta mayor atención y salta a la palestra pública con mayor énfasis cuando emerge una efervescente coyuntura política, o cuando los medios despliegan trabajos periodísticos de mayor hondura crítica que molesta a los poderes, o cuando al hacerlo o para hacerlo incurren en prácticas o irregularidades o conductas o artificios francamente reprobables.