1
El Ejército español en los años 30

En mayo de 1927, dieciocho años después de que se produjeran los primeros enfrentamientos con las cabilas rifeñas, España puso fin a la sangrienta lucha que mantenía en tierras marroquíes. Eso dejaba en dique seco a una generación completa de militares fruto de ese conflicto, los «africanistas», un reducido grupo de jefes y oficiales en relación con la totalidad del Ejército, que mantenían como trayectoria común el continuado servicio en el Protectorado. La mayor parte de sus miembros compartían algunas características comunes, pero también tenían una mentalidad muy heterogénea, por lo que, aunque sorprenda, se podían encontrar entre ellos diferentes ideologías, concepciones contrapuestas de cómo gestionar las posesiones africanas o actitudes muy variadas hacia la guerra y el enemigo.

Una de las características que sí compartían era su permanencia voluntaria en África, algo que los diferenciaba claramente de la mayor parte del resto de la oficialidad y aún más de la tropa, que intentaba eludir ese destino. Aunque sus motivaciones pudieran ser muchas, es evidente que la búsqueda de ascensos, condecoraciones y mejores salarios estaba entre las más importantes, pero no era menor la necesidad de mantener un estatus: los oficiales destinados en Marruecos gozaban de un poder y una libertad que era imposible que tuvieran en la Península, donde se veían aplastados por la jerarquía y encerrados entre la vida familiar y las relaciones de los cuarteles. Olvidarlo, y pensar solo en los ascensos, es simplificar demasiado las cosas.

Otra particularidad muy importante que los africanistas utilizaban para diferenciarse de sus compañeros peninsulares era la relacionada con los conocimientos sobre tácticas militares, especialmente las aplicadas en el campo de batalla y adaptadas a una guerra en un territorio geográfica y climatológicamente hostil. Eso ayudó a generar una conciencia basada en un estilo de vida y un sentido de la profesión diferentes, que provocaba un claro sentimiento de superioridad. También consideraban que Marruecos era algo así como una escuela práctica, la única en la que los oficiales podían curtirse y ganar experiencia, y, por ello, a menudo veían con recelo, o incluso despreciaban abiertamente a todo aquel que no había pasado por ella. Tengamos en cuenta que africanistas no eran solo los generales que se unieron al alzamiento, como Franco, Mola o Yagüe, entre otros; también lo eran Riquelme, Miaja o, en menor medida Rojo, que se mantuvieron fieles al Gobierno.

Por último, los unía su oposición a las Juntas de Defensa, el organismo de los oficiales que abanderaban la oposición al sistema de ascensos en Marruecos, en favor de la promoción por antigüedad, para que no se vieran mermados los derechos de aquellos que no estaban destinados en el Protectorado. Eso los enervaba; igual que los movimientos que hacían en su contra los oficiales «junteros», lo que ahondaba entre sus filas el sentimiento de no ser reconocidos, de que no se valorara su verdadero esfuerzo lejos de la comodidad y cerca del fuego enemigo. Un resentimiento que creció a partir de 1921, tras el desastre de Annual, y se extendió también contra una buena parte de la sociedad por las durísimas críticas que sufrió el Ejército tras la publicación del informe que el Gobierno le había pedido realizar al general Juan Picasso para depurar responsabilidades.

En esos momentos gobernaba España, con el beneplácito de Alfonso XIII, la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, que había llegado al poder en septiembre de 1923 tras un golpe de Estado, y se enfrentaba ya a una creciente oposición tanto en los círculos civiles como militares. Las conspiraciones armadas en contra del régimen eran cada vez más frecuentes y, en enero de 1929, surgió una en Valencia encabezada por el antiguo miembro del gabinete José Sánchez Guerra —había sido ministro de Gobernación y de Fomento—, con la que se intentó conseguir el retorno al sistema liberal. Fue un rotundo fracaso; quedó arrancada de raíz por el capitán general de la III Región Militar, Alberto Castro Girona, la misma persona que había elegido Sánchez Guerra para liderarla, pero acabó por contribuir en gran manera al desprestigio de la dictadura y de la monarquía que la protegía.

En diciembre de ese año Primo de Rivera propuso institucionalizar el régimen mediante una Asamblea Nacional consultiva formada por 250 senadores y 250 diputados, elegidos tres por provincia y otros 100 a través de una lista nacional, lo que acabó sentenciando a su Gobierno. Las protestas se generalizaron de tal manera que acabaron por arrastrar también a la figura del rey.

El 28 de enero de 1930, ya sin la confianza de Alfonso XIII, Primo de Rivera dimitió, y el monarca llamó al general Dámaso Berenguer para que ejerciera de presidente y nombrara nuevos ministros.

Berenguer ni supo, ni pudo, volver de la dictadura al régimen constitucional en un momento en que la opinión pública jugaba ya un papel muy activo en la vida política. Con apoyos solo en el sector más caduco y conservador de la nación, enseguida se levantaron contra él tanto la extrema derecha como la izquierda. Desde la Unión Patriótica, convertida en Unión Monárquica Nacional, que perdió a gran parte de sus seguidores, pasados al campo republicano, hasta la UGT y el Partido Socialista, en el que predominaba la tendencia antimonárquica que representaba Indalecio Prieto.

El Gobierno, muy débil, no aguantó mucho. Fue sometido a tales presiones políticas por los incidentes revolucionarios prorepublicanos que dieron lugar a la sublevación de Jaca el 12 de diciembre de 1930, y tres días más tarde a la de Cuatro Vientos, que cayó el 14 de febrero de 1931. Eso supuso que el rey encargara formar un nuevo Gabinete al almirante Juan Bautista Aznar, prácticamente con la única intención de salvar la monarquía.

En las elecciones municipales que se celebraron el domingo 12 de abril, los republicanos perdieron los comicios en el conjunto del país, pero ganaron en casi todas las capitales de provincia. Eran otros tiempos, y los partidos monárquicos se dieron por vencidos y cedieron sin resistencia el poder. El rey lo entendió como un rechazo a su persona y, la noche del día 14, junto a toda su familia, embarcó en el crucero Príncipe Alfonso y zarpó hacia Marsella en un exilio voluntario. Mientras, en España se proclamaba la República por segunda vez.

Fue elegido para presidir el Gobierno provisional Niceto Alcalá-Zamora, que hasta entonces había sido ministro de Fomento y ministro de la Guerra. Formó un Gabinete compuesto por republicanos de izquierda y derecha, socialistas y nacionalistas gallegos y catalanes y, como primera medida, además de aprobar el Estatuto jurídico que regiría sus actos, concedió una amnistía para los delitos políticos. Más tarde, el 3 de junio, convocó elecciones legislativas para el día 28 de ese mismo mes. Hasta esa fecha, el Gobierno dictó una serie de decretos que regulaban distintos ámbitos, desde el agrario, al laboral o al educativo. Los referentes a la imprescindible reorganización del Ejército, que entre 1927 y 1930 ya había sido reducido aproximadamente de 200 000 a 130 000 hombres —una medida que apenas había afectado a los que permanecían en él de manera voluntaria, por lo que buena parte de los africanistas mantuvieron sus puestos—, los impulsó Manuel Azaña, miembro del partido Acción Republicana, que fue nombrado ministro de la Guerra.

Hasta entonces, quizá lo más llamativo fuera que la llegada de la República no había supuesto ningún rechazo por parte de los africanistas, que no guardaban ninguna preferencia especial por el sistema de Gobierno ni tenían una ideología muy definida más allá de la exaltación de la patria y el orden; de hecho, habían tenido fricciones con Primo de Rivera por sus tesis abandonistas respecto al Protectorado. Prácticamente en su totalidad, junteros y africanistas acataron sin grandes convicciones la exigencia del juramento de fidelidad a la República y aceptaron el cambio político tranquilizados con medidas como el nombramiento, en abril, de José Sanjurjo como alto comisario en Marruecos.

José Sanjurjo y Sacanell

Nacido en Pamplona en 1872, su abuelo materno, el general José Sacanell, y su padre, el capitán de caballería Justo Sanjurjo Romostro, habían pertenecido al ejército del pretendiente carlista Carlos VII, mientras que su madre, Carlota Sacanell Desep, era hermana de su secretario. José se inclinó pronto por la carrera militar e ingresó en la Academia General de Toledo en octubre de 1890. Graduado como segundo teniente, obtuvo su primer destino en el regimiento de infantería Almansa n.º 18, con guarnición en Lérida, donde permaneció nueve meses. En marzo de 1895, pasó al batallón de cazadores de Arapiles (Madrid). En este destino, tuvo noticias de que se estaba organizando en Leganés (Madrid) un batallón de cazadores para combatir en Cuba, al que se incorporó. Allí estuvo hasta que España abandonó la isla en 1898. Tras su regreso a Madrid marchó a Marruecos en 1909, donde ascendió por méritos de guerra hasta el generalato en 1921, momento en que fue nombrado gobernador militar de Zaragoza.

Desde allí secundó el golpe de Estado que dio Primo de Rivera en 1923, con cuya dictadura colaboró estrechamente. Como comandante general de Melilla, fue uno de los organizadores del desembarco de Alhucemas en 1925, que acabó con la insurrección de Abd el Krim, consolidó el protectorado español en Marruecos y proporcionó al Gobierno uno de sus mayores éxitos. Su labor al frente del ejército de Marruecos le proporcionó ascensos, condecoraciones, el título nobiliario de marqués del Rif en 1927 y un enorme prestigio entre los oficiales africanistas.

Al proclamarse la Segunda República aceptó el cargo de director de la Guardia Civil, del que fue destituido en 1932 por sus declaraciones contra el Gobierno tras el asesinato de cuatro guardias civiles y sus excesos en la represión contra los movimientos obreros. Pasó entonces a dirigir el Cuerpo de Carabineros, de menor categoría; pero la derecha instrumentalizó este cambio presentándolo como una discriminación sectaria del Gobierno de Azaña.

Ese mismo año intentó dar un golpe de Estado en Sevilla, que fracasó. La intentona reafirmó la voluntad reformista de las autoridades republicanas. Fue condenado a pena de muerte, pero la sentencia se le conmutó por la de cadena perpetua. Apenas había comenzado a cumplirla cuando fue excarcelado por el Gobierno de derechas elegido en las elecciones de 1933. Ya como civil, partió al destierro en Portugal, donde intrigó sin trabas contra la República.

Convertido en un símbolo por los conspiradores de la rebelión militar de julio de 1936, falleció en un accidente de aviación cuando se dirigía el día 20 a Burgos para encontrarse con Mola y asumir la jefatura del Estado que le ofrecían los sublevados.

Lo que sí reabrió las tensiones entre militares destinados en África o en la Península fueron las medidas de Azaña. De hecho, la anulación de la antigüedad adquirida con los ascensos por méritos de guerra, por considerarla excesiva —que dejaba a veteranos de las campañas de Marruecos como Mola, Franco, Varela, Manuel Goded, Queipo de Llano, Yagüe o Alonso Vega al final del escalafón—; la supresión de oficiar misa en los cuarteles o el cierre de la Academia de Zaragoza —donde Franco inculcaba desde su puesto de director los valores africanistas— comenzaron a predisponer a muchos contra el Gobierno y a sentar las bases de su descontento. Franco y Mola trataron de convencer a Azaña para que diera marcha atrás, pero no tuvieron éxito. A pesar de ello, aceptaron la situación con resignación y se mantuvieron cautos, como el resto de sus compañeros; muy pocos apoyaron a Sanjurjo cuando intentó dar un golpe de Estado en 1932.

Por lo demás, en 1931 nadie ponía en duda que el Ejército español mostraba graves deficiencias de identidad, ordenación y tecnificación; máxime cuando la crisis de 1917 había hecho que recuperase el papel político que había perdido durante la Restauración y sus funciones se habían reducido a la mera vigilancia del orden público y a la ocupación del territorio marroquí. Tenía dos graves deficiencias internas: la hipertrofia de la oficialidad respecto al número de soldados y los escasos recursos bélicos con los que contaba, gran parte de ellos obsoletos, cuando no sencillamente inservibles.

Desde que en 1898 se perdieran Cuba, Filipinas y el resto de territorios de ultramar, proyectando la sombra alargada de las derrotas y un cierto auge de antimilitarismo en diferentes sectores políticos, el Ejército, privado del prestigio que había ostentado, estaba a la espera de una profunda reforma, siempre aplazada, que le llevara a conseguir los objetivos de funcionalidad —con la reducción del desproporcionado número de oficiales—, sometimiento al poder civil —mediante la supresión del Consejo Superior de Justicia Militar, los gobernadores militares y la prensa del Ejército— y tecnificación —con inversión en nuevos equipamientos— que necesitaba.

El 25 de abril se publicó un primer decreto firmado por el ministro de Guerra que reducía las escalas de generales, jefes y oficiales. Ofrecía un retiro extraordinario con paga completa —la que correspondía por empleo, sin más complementos— y amenazaba con obligar al retiro forzoso a los militares que no estuvieran dispuestos a aceptar el ofrecimiento. El resultado fue la reducción de 100 generales y asimilados entre 1931 y 1932 —de 190 se pasó a 90—, y de 8203 jefes y oficiales —de 20 576 a 12 373—.

Erróneamente no se incluyó en el decreto la reducción de la edad de retiro, por lo que los jefes y oficiales que se quedaron eran los más antiguos en sus empleos, lo que, principalmente, impidió que se rejuvenecieran las escalas de generales y coroneles.

El segundo punto de la reforma fue suprimir todas las unidades de infantería, caballería, artillería e ingenieros que estaban en cuadro. Se consiguieron así menos regimientos, pero más completos. Con ellos se inició la modernización de armamento y equipo a partir de 1935, cuando ya ejercía como ministro de Guerra José María Gil-Robles.

La reforma se incrementó con otros decretos, como el de 14 de julio de 1931, que fusionaba la escala de Reserva Retribuida, en la que estaban los oficiales ascendidos desde que habían entrado en filas, con la de los oficiales graduados en las academias militares; la ley de 4 de diciembre de 1931, que creó el cuerpo de suboficiales o la ley de 12 de septiembre de 1932 sobre reclutamiento y ascensos de la oficialidad.

No hubo tiempo para que fructificara la idea de Azaña de que la carrera militar atrajera a jóvenes con al menos un curso universitario de ciencias aprobado, que, tras un corto paso por el empleo de subofical, pasarían a ocupar una de las plazas que la ley les reservaba —el 60 % del total—. Al contrario, el Ejército que organizó el ministro acabó por heredar en buena parte la actitud de los militares «junteros» de los que hablábamos antes, por lo que no tardó en politizarse demasiado.

La reforma, aunque se desarrolló con tacto y oportunidad, no logró alcanzar sus máximos objetivos, como las circunstancias posteriores no dejaron de evidenciar. Los obstáculos más importantes fueron la falta de tiempo y, sobre todo, de recursos financieros con los que modernizar humana y materialmente el que se pretendía que fuera nuevo ejército republicano.

A pesar de ello, en septiembre, cuando se produjo la primera crisis de Gobierno y Azaña abandonó su puesto, las Fuerzas Armadas de la República ya habían quedado organizadas en cuatro instituciones perfectamente diferenciadas:

• El Ejército, con un modelo cuya finalidad principal no era la distribución por el territorio, sino la capacidad operativa —se suprimieron las regiones militares y los capitanes generales—, por lo que se estableció como unidad básica la división. Quedó constituido por:

—Ejército Territorial: 8 divisiones orgánicas de infantería —una en cada una de las regiones militares—, 1 de caballería, 3 brigadas de montaña —2 en los Pirineos y una en Asturias—, las guarniciones de los archipiélagos y las bases navales y tropas de cuerpo de ejército, con 117 385 hombres.

—Ejército de África: Fuerzas de reclutamiento ordinario y especial —6 batallones de cazadores, 2 de ametralladoras, 2 de agrupaciones de artillería, 2 de ingenieros, 3 grupos de intendencia y 3 de sanidad. Fuerzas Militares de Marruecos (FMM) —2 legiones (regimientos) del Tercio de Extranjeros, a 3 banderas (batallones) cada una; 5 grupos de Regulares a 3 tabores (batallones) de infantería y un tabor de caballería— y 5 mehalas jalifianas del Madjen; en total, 47 127 hombres, incluida la policía.

Cada división de infantería correspondía a lo que antes había sido una capitanía general, guarnecía un amplio territorio compuesto por varias provincias. Constaba de dos brigadas con dos regimientos del arma en cada una; una brigada de artillería de dos regimientos de a tres grupos con tres baterías de cañones de 75 mm en los regimientos impares y de obuses de 105 mm en los pares; un batallón de zapadores y otras fuerzas de caballería, ingenieros, intendencia y sanidad. La división de caballería la formaban tres brigadas del arma con dos regimientos cada una, un grupo de autoametralladoras-cañón, un batallón ciclista, un regimiento de artillería a caballo y tropas de ingenieros y servicios.

• La Armada, cuyo jefe de Estado Mayor era Francisco J. de Salas González, que estaba en proceso de reorganización y tenía de dotación un total de 21 975 hombres.

—Buques dependientes del Estado Mayor de la Armada

Buque escuela Juan Sebastían Elcano.

Transportes Almirante Lobo y Contramaestre Casado.

Buques hidrográficos Tofiño y Malaspina (en construcción).

—Flota (Ferrol)

Acorazado Jaime I.

Cruceros Miguel de Cervantes (insignia), Libertad y Almirante Cervera.

—Flotilla de Destructores (Cartagena)

Crucero Méndez Núñez (insignia).

1.ª Flotilla

Destructores Almirante Ferrándiz (insignia), Almirante Valdés, Sánchez Barcaiztegui y José Luis Díez (en reparación).

2.ª Flotilla

Destructores Churruca (insignia), Lepanto, Alcalá Galiano y Almirante Antequera.

—Flotilla de Submarinos (Mando no unificado)

Escuela de Submarinos y División de Entrenamiento (Cartagena)

Submarinos B-5, B-6, C-1 (insignia), C-2, C-3, C-4, C-5, C-6 (B-5, C-2 y C-5 en reparaciones).

Torpederos T-14, T-20 y T-21.

Buque de salvamento Kanguro (en reparaciones).

División de Submarinos de Mahón

Submarinos B-1, B-2, B-3 y B-4.

—Fuerzas Navales del Norte de África (Ceuta)

Cañonero Dato.

Guardacostas Uad-Lucus, Uad-Kert y Uad-Muluya.

Buque Auxiliar África.

Varias lanchas motoras y barcazas de desembarco.

—Distrito Administrativo de Madrid

Compañía de Infantería de Marina.

—Base naval de Ferrol

Buques en reparación o en construcción en Ferrol

Acorazado España (retirado para desguace); cruceros Canarias y Baleares (en construcción); minadores Júpiter, Vulcano, Marte y Neptuno (en construcción).

Buques afectos a la base naval de Ferrol

Torpederos T-2, T-3 y T-7.

Guardacostas Xauen.

Lancha fluvial Cabo Fradera.

Remolcadores Galicia y R-16.

Buque Auxiliar A-4.

Grupo de Infantería de Marina.

—Base naval de Cádiz

Buques en reparación en Cádiz

Crucero República.

Buques afectos a la base naval de Cádiz

Cañoneros Canalejas, Cánovas del Castillo, Lauria y Laya.

Torpederos T-16 y T-19.

Guardacostas Arcila, Alcázar y Larache.

Guardapescas Condestable Zaragoza.

Remolcadores Gaditano y R-15.

Buque auxiliar A-1.

Batallón de Infantería de Marina.

—Base naval de Cartagena

Buques en reparación o en construcción en Cartagena

Destructores (en construcción) Almirante Miranda (finalizando), Gravina, Císcar, Escaño, Jorge Juan y Ulloa.

Destructores (en reparación) Alsedo y Lazaga.

Submarino (en construcción) D-1.

Buques afectos a la base naval de Cartagena.

Torpederos T-17 y T-22.

Guardacostas Tetuán.

Guardapescas Marinero Cante y Torpedista Hernández.

Remolcadores Cíclope, R-11 y R-12.

Buques auxiliares: Artabro y A-2.

Varias lanchas motoras y barcazas de desembarco.

Grupo de Infantería de Marina.

—Base naval de Baleares (Mahón)

Buques afectos a la base naval de Baleares.

Remolcadores R-13 y R-14.

Buque Auxiliar A-3.

Algunas lanchas motoras.

—Escuela de Guerra Naval (Madrid)

—Escuela de Artillería Naval (Marín)

Buques afectos a la Escuela de Artillería Naval

Destructor Velasco.

Torpedero T-9.

Guardacostas Uad-Martín.

Guardapescas Contramaestre Castelló y Fogonero Bañobre.

Remolcadores Ferrolano y Cartagenero.

• La Aviación, que no constituía fuerza autónoma, aunque tenía un órgano propio de administración, la Dirección General de Aeronáutica, y disponía de tres servicios: aviación militar, aeronáutica naval y aviación civil. Contaba con 35 escuadrillas —26 del Ejército y 9 de la Armada— con 450 aviones —todos anticuados— y 5307 hombres. Las unidades de la aviación militar estaban estacionadas en los aeródromos de Cuatro Vientos, Getafe, Alcalá de Henares, Barcelona, León, Logroño, Tablada (Sevilla), Los Alcázares, Tetuán, Nador, Larache y la base de El Atalayón. Por su parte, la aeronáutica naval, que a partir de 1933 pasó a denominarse oficialmente aviación naval, tenía sus aparatos distribuidos en Barcelona, Marín, Cádiz y Mahón.

Aviación militar:

—Escuadra n.º 1. Madrid

Grupo 11. Getafe (Aviones Hispano-Nieuport 52).

Grupo 21. León (CASA-Breguet 19).

Grupo 31. Getafe (Breguet 19).

Unidad trimotor. Getafe (Junkers K.30).

—Escuadra n.º 2. Sevilla

Grupo 12. Sevilla (Hispano-Nieuport 52; una escuadrilla basada en Granada).

Grupo 22. Sevilla (Breguet 19).

—Escuadra n.º 3. Barcelona

Grupo 13. Prat de Llobregat (Hispano-Nieuport 52).

Grupo 23. Logroño (Breguet 19).

—Grupo Independiente de Hidros. Los Alcázares (Dornier Wal).

—Fuerza Aéreas de África

Grupo 1. Breguet 19 distribuidos en Tetuán, Melilla y Larache y Cabo Juby (Sahara).

Base de El Atalayón (Melilla) (Hidroaviones Dornier Wal).

Larache (Fokker F.VIIb3m).

—Servicios de instrucción

Escuadra Y-1. Cuatro Vientos.

Escuadra Y-2. Los Alcázares.

Escuela de Observadores. Cuatro Vientos.

Escuela de Mecánicos. Cuatro Vientos.

Escuela de Vuelo y Combate. Alcalá de Henares.

Escuela de Tiro y Bombardeo. Los Alcázares.

Aeronáutica naval:

—Aparatos bajo mando directo (Getafe)

3 aviones de entrenamiento (1 Hispano E-30, 1 Hispano E-34, 1 Avro 104K).

Alfredo Kindelán Duany

Nació en Santiago de Cuba el 13 de marzo de 1879. Hijo de un militar español de origen irlandés destinado en la isla, ingresó con 14 años en la Academia de Ingenieros de Guadalajara y se convirtió en piloto de globo libre del Servicio Aerostático. Con el tiempo añadiría a ese título el de piloto de dirigibles —en 1905 construyó, junto a Torres Quevedo, el primer dirigible español— y el carné número 1 de piloto militar de aeroplanos, lo que le convirtió en el primer español con el título de piloto en las tres especialidades.

En 1911 fundó junto al coronel Pedro Vives i Vich la primera Escuela de Pilotos Militares de España, lo que supuso que el rey le pusiera al frente del aeródromo de Cuatro Vientos, en Madrid. Dos años más tarde, al crearse el Servicio Aeronáutico Militar, partió para Marruecos al frente de la escuadrilla aérea española que apoyaría la campaña de las tropas de tierra. En el Protectorado, donde cayó herido en 1923 al realizar una misión de bombardeo sobre Tizzi Azza, se labró una brillante hoja de servicios como otros muchos oficiales africanistas. En 1926, tras participar en el desembarco de Alhucemas como jefe del componente aéreo y terminar su servicio en Marruecos, se hizo cargo de la recién creada Jefatura Superior de Aeronáutica. Desde ese puesto participó en la gestación de los grandes vuelos españoles de la época: las hazañas del Plus Ultra —primer vuelo entre España y América—, y del Jesús del Gran Poder —vuelo entre España y el sur de Asia—.

Buen amigo de Alfonso XIII, el 30 de abril de 1931, una vez proclamada la República, pidió el pase a la reserva para marcharse a trabajar como ingeniero a Suiza, en una empresa privada del sector aeronáutico.

En su exilio voluntario fue informado de todas las conjuras que se prepararon contra el régimen republicano, pero solo decidió unirse a ellas a partir de abril de 1936. Su esperanza era conseguir el regreso a España del monarca exiliado. En julio ya ejercía de eficaz enlace entre los generales que preparaban la sublevación; le dio al marqués de Luca de Tena la orden para fletar el Dragón Rapide, el avión en el que Franco se trasladó desde las islas Canarias hasta Marruecos para ponerse al mando del Ejército de África, y el 19 de julio regresó de su retiro voluntario para asumir el mando de la sublevación. Desde Gibraltar utilizó las comunicaciones telefónicas para poder hablar con Roma y Berlín durante las semanas siguientes al alzamiento sin tener que pasar por ninguna línea española.

La aviación de los sublevados, incluidas las unidades italianas y la Legión Cóndor, quedó en sus manos durante toda la guerra. Su mando fue cuestionado por los excesos de las aviaciones italiana y alemana, a las que se consideraba con demasiada libertad de movimientos.

Acabada la guerra, fue relegado de la dirección del nuevo Ejército del Aire —creado en agosto de 1939—, en beneficio del general Yagüe, y, en diciembre de 1942, se puso al frente de la Escuela Superior del Ejército. A pesar de sus malas relaciones con Franco, recibió toda clase de honores, incluido el título nobiliario de marqués de Kindelán, y la Medalla Aérea. Su pase definitivo a la reserva se produjo en 1947. Falleció en Madrid el 14 de diciembre de 1962, sin llegar a ver la restauración monárquica que tanto deseaba.

Ignacio Hidalgo de Cisneros

Nació en Vitoria, Álava, el 11 de julio de 1896. Hijo de una familia aristocrática, carlista y de tradición militar, comenzó su carrera en la Academia de Intendencia de Ávila, donde se graduó en 1914. En 1920 realizó cursos de aviación en el cuartel y aeródromo de Cuatro Vientos, donde se integró en la Aviación Militar Española. Fue destinado a Melilla, a la 2.ª escuadrilla Bristol. Allí, durante la Guerra del Rif, tomaría parte en los bombardeos sobre la cabila de Beni-Ulixek.

En 1924 pasó a los recién llegados aparatos De Havilland y, en 1925, a la 1.ª escuadrilla de hidroaviones con base en El Atalayón, junto a Melilla, con la que, a las órdenes del comandante Ramón Franco, hermano del general, participó en el desembarco de Alhucemas. Fue destinado posteriormente al Sahara Español y, en 1930, a la 1.ª escuadra, ya en la Península. El 15 de diciembre de 1930 participó, junto con otros aviadores y militares como Queipo de Llano, en la intentona republicana encabezada por Ramón Franco, que tomó el aeródromo de Cuatro Vientos con la intención de bombardear el Palacio Real, residencia de Alfonso XIII, si no se cumplían sus peticiones.

Tras el fracaso de la rebelión, huyó en avión a Portugal y de allí viajó a París. La proclamación de la Segunda República en abril de 1931 le permitió regresar a España, donde se incorporó a la escuela de vuelo de Alcalá de Henares, Madrid. Fue destinado de nuevo a la 1.ª escuadra, como segundo jefe de la misma y agregado a la Oficina de Mando. Posteriormente, en 1933, estuvo destinado como agregado aéreo simultáneamente en las embajadas de Berlín y Roma. Durante el bienio radical-cedista, estuvo destinado en el aeródromo sevillano de Tablada. Ayudó a huir del país a su amigo, el político socialista Indalecio Prieto, después de la fallida revolución de octubre de 1934.

Al producirse la sublevación militar en julio de 1936, estaba en Madrid como ayudante del ministro de la Guerra, Casares Quiroga. Secundó al director general de Aeronáutica, Núñez de Prado, verificando la lealtad de todos los aeródromos militares. En la madrugada del día 20 fue uno de los responsables de que el aeródromo militar de Getafe y otras guarniciones cercanas permaneciesen leales al Gobierno y colaborasen a sofocar la sublevación rebelde en el Cuartel de la Montaña.

En septiembre de 1936, tras formar Gobierno Largo Caballero, fue nombrado por el ministro de Marina y Aire, Indalecio Prieto, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas con el grado de general, puesto que mantuvo tanto al crearse el Ministerio de Defensa Nacional como cuando Juan Negrín reemplazó a Prieto en el Gobierno.

En marzo de 1937 participó, a los mandos de un avión artillado, en la victoria republicana sobre el contingente italiano en Guadalajara; un año después, en diciembre de 1938, Juan Negrín, presidente del Gobierno de la República desde mayo de 1937, le envió a Moscú para negociar con Stalin una nueva remesa de armas para el ejército republicano. Jamás llegaron a su destino; no se pudieron desembarcar en Cataluña y volvieron a la Unión Soviética vía Francia.

Afiliado al Partido Comunista durante la guerra, partió para el exilio desde el aeródromo de Monóvar el 6 de marzo de 1939; le acompañaban Negrín, Álvarez del Vayo y los más destacados dirigentes del PCE. Murió en Bucarest, Rumanía, el 9 de febrero de 1966.

1 autogiro C-30.

1 avión de enlace.

7 hidroaviones de bombardeo Dornier Wal (en reparación en Puntales, Cádiz).

—Base aeronaval de San Javier

Escuadrilla de bombardeo

5 hidroaviones de bombardeo Dornier Wal.

Escuadrilla de torpederos

26 hidroaviones torpederos Vickers Vildebest.

Escuadrilla de combate y adiestramiento

9 aviones de combate Martynside.

18 hidroaviones de reconocimiento Savoia-62.

12 aviones de entrenamiento (7 Hispano E-30, 4 Hispano E-34, 1 Avro 104K).

1 autogiro C-30.

—Base aeronaval de Barcelona

1 hidroavión de bombardeo Dornier Wal.

3 hidroaviones de reconocimiento Savoia-Marchetti 62.

1 hidroavión torpedero Vickers Vildebest.

6 hidroaviones de entrenamiento Macchi-18 (otros 8 en reparación).

—Destacamento de Marín

5 hidroaviones de reconocimiento Savoia-62.

—Destacamento de Mahón

5 hidroaviones de reconocimiento Savoia-62.

• Las fuerzas paramilitares, 67 300 hombres, de los que 34 391 pertenecían a la Guardia Civil; 15 249 al Cuerpo de Carabineros y 17 660 al Cuerpo de Seguridad y Asalto.

Todas estas unidades estaban a las órdenes de 15 445 generales, mandos y oficiales del Ejército y de 1968 almirantes, generales y oficiales de la Armada.

1.1 El momento del cambio

Las elecciones generales para la formación de Cortes Constituyentes tuvieron lugar el 28 de junio, como estaba programado. Con la derecha monárquica aún traumatizada y una derecha liberal que apenas se había adaptado al régimen republicano, el centro radical y las izquierdas republicanas y socialistas se impusieron en las urnas. La Constitución que comenzó a redactarse definía el régimen como una «República de trabajadores de toda clase»; se caracterizó por consagrar un poder legislativo muy fuerte, en contraste con un Ejecutivo subordinado al anterior y una presidencia con escasos poderes.

Por lo demás, hacía por primera vez realmente universal el derecho al voto, permitía el femenino y presentaba dos artículos que serían muy debatidos: el 26, relativo a la cuestión religiosa, y el 32, que reconocía el derecho a conformar regiones autónomas dentro de la estricta unidad de España, definida como Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones.

Aprobada la Constitución el 9 de diciembre, las Cortes sancionaron el nombramiento del primer presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, quien a su vez designó como presidente del Gobierno a Manuel Azaña. Al no disponer de un grupo con mayoría en la Cámara, Azaña gobernó durante los dos años siguientes en una amplia coalición con republicanos de izquierda y socialistas. Una de sus primeras medidas fue convertir en leyes todos los decretos que el Gobierno había evacuado en su etapa provisional.

La cuestión religiosa fue una de las que más crisparon a la sociedad de los años treinta, al pretender el Gobierno reducir la extraordinaria fuerza económica y social de la Iglesia católica. Los incidentes más graves sucedieron en mayo de 1932, tras la pastoral del día 1 del cardenal primado de Toledo, Pedro Segura, y la fundación del Círculo Monárquico en Madrid. Una serie de enfrentamientos condujeron al intento de incendio del diario ABC, reprimido por la Guardia Civil, que acabó con dos muertos; esto produjo una oleada de asaltos e incendios de edificios religiosos que se extendió durante cuatro días por Madrid, Málaga, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Alicante y Valencia; más de un centenar de ellos, tesoros artísticos incluidos, fueron pasto de las llamas.

La quema de conventos supuso un duro golpe para el Gobierno, que fue acusado de debilidad, pero lo peor fue que rompió la cordialidad entre partidos que se había dado hasta entonces. Máxime cuando conservadores y liberales pretendieron reducir la reforma religiosa a la separación entre Iglesia y Estado y a firmar un nuevo concordato, mientras que radicales y socialistas exigían la expulsión de las órdenes religiosas y las restricciones al culto.

Otro grave problema que se decidió solventar fue la reforma agraria, que se había abordado ya en casi todos los países europeos y pretendía afrontar la resolución del problema del campo español, con graves deficiencias de tecnificación, inversión y propiedad. Se presentaron ante las Cortes varios proyectos que, bien por su relevancia o su mesura, encontraron la oposición de unos y otros, y acabó por ser aprobada gracias al fracaso del golpe de Estado de Sanjurjo. La ley, basada en la expropiación, con o sin indemnización, de grandes latifundios situados en Andalucía, Extremadura, sur de La Mancha y Salamanca, también dividió a la población, en este caso a la rural, en grado similar o superior a la cuestión religiosa. De una parte, su deficiente y lenta aplicación decepcionó a buena parte del campesinado, lo que contribuyó claramente a su radicalización; por otra, hizo que se consolidara un fuerte grupo de oposición al Gobierno formado por medianos y grandes propietarios que se organizaron en ligas y patronales decididas a boicotear su aplicación por cualquier medio.

El Gobierno abordó también el problema nacionalista. La proclamación del Estado catalán por Macià hizo necesaria la instauración de la Generalidad y, en agosto de 1931, Cataluña votó en referéndum su estatuto de autonomía que, tras un tortuoso paso por las Cortes, fue aprobado en septiembre de 1932. Caso muy diferente fue el del País Vasco, donde la redacción del estatuto de autonomía dividió profundamente a la sociedad; se prepararon hasta tres proyectos distintos y el respaldo plebiscitario no se produjo hasta noviembre de 1933, mientras su aprobación en las Cortes se realizó ya en octubre de 1936. En Galicia se potenció la política nacionalista con el Partido Galleguista, creado en 1931 por Vicente Risco, pero fue un proceso lento; la redacción del estatuto no se concretó hasta finales de 1932 y el referéndum se celebró en junio de 1936, entrando para su aprobación por las Cortes el 18 de julio. La sublevación militar impidió su puesta en vigor. En el resto de los casos la articulación en regiones autónomas nunca llegó a materializarse, bien por el enfrentamiento de las distintas fuerzas políticas o por no tener suficiente respaldo popular.

Antes de las elecciones convocadas para noviembre de 1933, el panorama político ya había variado en relación con los comicios anteriores. En esta ocasión, la incógnita de los seis millones de papeletas de mujeres que votaban por primera vez, la aparición de nuevos partidos, el desgaste de la labor de gobierno y las tensiones acumuladas en la coalición republicano-socialista hacían imprevisible el resultado.

Los partidos republicanos se presentaron divididos y muy enfrentados en su disputa por un mismo electorado de centro. Incluso entre los líderes socialistas, que parecían los más fuertes, aparecieron graves disensiones, con opiniones opuestas ante la posibilidad de coaligarse con otros grupos republicanos o tratar de obtener el poder en solitario. En contraste, los radicales afianzaron su imagen de centro republicano, pero sin duda fue la derecha la que más esfuerzos movilizó para conseguir una amplia coalición electoral que permitiera poner fin a un Gobierno que consideraban exageradamente reformista.

El 12 de octubre se alcanzó un acuerdo mediante el que se agruparon las candidaturas de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), los alfonsinos, los tradicionalistas, los independientes agrarios y los católicos. Si la crisis anterior había evidenciado la imposibilidad de sostener una República de centro-izquierda, las elecciones de noviembre permitieron a la derecha católica y al centro radical alcanzar una amplia mayoría absoluta que abrió la puerta a una República más conservadora.

Las dos principales fuerzas políticas eran la CEDA, liderada por Gil Robles, y el Partido Radical de Alejandro Lerroux; dada su mayoría parlamentaria, que esa idea conservadora se asentara solo dependía del entendimiento de ambas formaciones. Hubo un primer acercamiento cuando Lerroux fue propuesto como presidente del Gobierno.

La oposición más radical la llevaron a cabo no solo los partidos de izquierda, en especial una parte del PSOE liderada por Largo Caballero, quien solicitaba la inmediata toma del poder por la clase trabajadora, sino también grupos de centro y derecha catalanes y vascos, que veían peligrar la continuidad de sus estatutos de autonomía. La oposición, las diferencias ideológicas y las distintas estrategias políticas hicieron que el Gobierno se mostrara muy inestable: en apenas dos años hubo ocho crisis ministeriales y Lerroux presidió seis veces el Consejo de Ministros.

No ayudó tampoco la creación, en diciembre de 1933, de la Unión Militar Española, organización clandestina liderada por Sanjurjo que agrupaba a oficiales de media y baja graduación descontentos con la reforma de Azaña y opuestos a la «subversión izquierdista».

1.2 Una revolución en octubre

La polarización de la política española terminó por abrir una amplia brecha entre derecha e izquierda. La tensión entre ambas estalló con el nombramiento de miembros de la CEDA como ministros, y se vio completada con una declaración precipitada de huelga general que resultó un fracaso en la mayor parte de España.

Sin embargo, en dos lugares el desarrollo de la huelga acabó por degenerar en graves sucesos. En Barcelona, el presidente de la Generalidad, Lluís Companys, fue desbordado por el nacionalismo radical y proclamó nuevamente el Estado catalán dentro de una República Federal Española. Sus intentos de apoyarse en la extrema izquierda, la milicia autóctona y la oficialidad del Ejército fueron inútiles y su insurgencia fue rápidamente sofocada, aunque los combates tuvieron como resultado medio centenar de muertos. En represalia por este pronunciamiento, el estatuto de autonomía catalán fue suspendido y Companys enjuiciado y condenado a muerte por el Gobierno, para ser luego indultado.

En Asturias, bien organizada y con un apoyo masivo, la huelga triunfó. Se impuso el orden revolucionario en las cuencas mineras de Gijón y Avilés, y se sometió a Oviedo a un cerco en toda regla. Para reprimir la revolución se declaró el estado de guerra y se decidió la intervención del ejército de África, lo que acabó por dar al levantamiento tintes de auténtica guerra civil; se produjeron más de mil muertos, tres mil heridos y unos treinta mil detenidos, además de enormes destrozos materiales.

La movilización de las Fuerzas de Marruecos, para muchos exagerada, estaba plenamente justificada para los militares africanistas, que consideraban a los extremistas de izquierdas un enemigo peor que los rifeños, al que además de derrotar había que someter. El miedo al comunismo había alcanzado por entonces su cénit en muchos sectores de la población, y lo sucedido era una magnífica oportunidad para emplear la violencia sin temer graves repercusiones de política interior o exterior. Con todo, para justificar la llegada de las tropas se recurrió a la escasez de fuerzas próximas, a que no se querían dejar desguarnecidas otras plazas o a la perspectiva de que la lucha iba a ser dura y cruenta. Así lo afirmó el ministro de la Guerra, el radical Diego Hidalgo, del que el general Franco era por entonces mano derecha:

Me aterraba la idea de que nuestros soldados cayeran a racimos víctimas de su inexperiencia y falta de preparación para la guerra, teniendo que luchar en un clima duro, en un terreno hostil, en una posible lucha de guerrillas y agresiones en las que la dinamita actuaría con preferencia a las armas de guerra, y de que mientras fueran cayendo muchos soldados, hubiera en África 12 000 hombres aguerridos, preparados, duchos en la defensa y en la emboscada, duros y acostumbrados a la vida de campaña, sujetos a la disciplina con mano de hierro.

No dijo nada, sin embargo, de que prefería actuar con mano dura y desconfiaba de los generales Domingo Batet —que había acabado con el levantamiento en Barcelona— y Eduardo López Ochoa, de probada ideología liberal y prorrepublicana, que se mostraba partidario de dialogar con los mineros sublevados.

La ejecución durante el levantamiento de treinta y cuatro sacerdotes, varios guardias civiles y algunos notables paisanos conservadores, alarmó a buena parte de la opinión pública, que exigió fuertes medidas represivas. Después de la rendición pactada de los mineros en armas, y una vez fuera de Asturias López Ochoa, algunos mandos militares y de la Guardia Civil tomaron esas represalias de manera lenta y cotidiana; pero, aunque hubo decenas de condenas a muerte, solo hubo dos ejecuciones, contra la opinión de la CEDA, que quería una represión mucho mayor sobre los dirigentes revolucionarios.

Entre los dedicados a ejercer medidas represoras destacó el comandante de la Guardia Civil Lisardo Doval y Bravo, nombrado por el Gobierno delegado de Orden Público para Asturias y León. Era un viejo conocido en la región, donde había estado como capitán a cargo del puesto de Los Campos, en Gijón, durante la dictadura de Primo de Rivera. Su brutalidad había sido tal que, apenas proclamada la República, lo procesaron en las causas que abrieron abogados como Luis Jiménez de Asúa y Eduardo Barriobero y Herrán. A pesar de las denuncias, Doval jamás fue sancionado, e incluso fue promovido. En 1935 fue enviado a África, como jefe de Seguridad del Protectorado. Murió en 1975, a los 87 años, en el hoy Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Domingo Batet Mestres

Nació en Tarragona en el año 1872, en el seno de una familia industrial catalana con una cómoda situación económica. Ingresó en la Academia General Militar en 1887, y se graduó como segundo teniente de infantería.

Estuvo destinado en Cuba, donde participó en 40 misiones en primera línea y ascendió a capitán por méritos de guerra. Posteriormente, ya coronel desde 1919, fue nombrado por el entonces ministro de Guerra, Alcalá Zamora, instructor del expediente Picasso que analizó las causas del desastre de Annual. En 1925 fue ascendido a general de brigada y al año siguiente, detenido y procesado, acusado de complicidad en la Sanjuanada, el intento de alzamiento militar contra la dictadura de Primo de Rivera, pero el Consejo Superior de Guerra lo absolvió.

El 6 de octubre de 1934, como jefe de la IV División Orgánica, que sustituía en el nuevo organigrama a la antigua Capitanía General de Barcelona, hizo todo lo posible para evitar la insurrección de la Generalidad de Cataluña. Fue en vano; se produjo y la sofocó de manera incruenta, lo que le valió ser premiado con la Cruz Laureada de San Fernando.

En marzo de 1935, solicitó el relevo y fue nombrado jefe del Cuarto Militar del presidente Alcalá-Zamora. Católico y conservador, el 13 de junio de 1936 se le designó general en jefe de la VI División Orgánica de Burgos, donde le sorprendió el inicio del alzamiento militar. Se mantuvo fiel a la República y fue detenido por sus subordinados, que se habían unido a la rebelión.

El 4 de septiembre se inició «causa ordinaria» contra Batet bajo la sorprendente acusación de «auxilio a la rebelión»; lo defendió el coronel Miguel Ribas de Pina, del arma de Artillería, que se había unido a los sublevados desde el primer momento. Ribas, en sus conclusiones provisionales, presentadas el 22 de noviembre, solo aportó el artículo 237 del Código de Justicia Militar marcado por sus propias letras mayúsculas: «Son reos del delito de rebelión militar los QUE SE ALCEN EN ARMAS contra la Constitución, el Estado Republicano, contra el presidente de la República, la Asamblea Constituyente, los cuerpos legislativos o el GOBIERNO CONSTITUCIONAL Y LEGÍTIMO». Le retiraron de la defensa.

Franco decretó la baja de Batet del Ejército el 26 de diciembre, por lo que pasó de laureado general y leal a la República a simple civil. Lo recluyeron en un penal común.

El 8 de enero de 1937 se dictó la sentencia: dos penas de muerte, por traidor y por rebelde. El 15 de febrero Franco dio el «enterado». Lo fusiló en el campo de tiro burgalés de Vista Alegre, a las siete de la mañana del 18 de febrero de 1937, un piquete del regimiento San Marcial, a pesar de las peticiones de clemencia que dirigieron a Franco sus amigos comunes, los generales Queipo de Llano y Cabanellas.

El coronel Ribas de Pina fue cesado de su mando en diciembre de 1937 y nombrado gobernador militar de Palencia, un puesto de retaguardia sin apenas importancia. Su carrera militar acabó en 1943, con el mismo grado de coronel. Le saltaron todos los que le seguían en el escalafón.

Eduardo López de Ochoa y Portuondo

Nacido en Barcelona en 1877, dentro de una familia de gran tradición militar, era un joven teniente de 21 años cuando se vio inmerso en las batallas que culminaron en Cuba en el desastre de 1898. De vuelta a la Península, en 1907 pidió destino en África.

Al instaurarse la dictadura, Primo de Rivera, a quien había conocido en tierras marroquíes, lo designó gobernador civil y militar de Cataluña; pero duró poco en el cargo, hasta 1924, cuando sus enfrentamientos con el dictador llevaron a su cese.

Su manifiesto republicanismo lo llevó al exilio en Francia. Más tarde, ya con la República, fue por un breve período capitán general de Cataluña. Resultaba demasiado independiente, y no prosperó políticamente en ninguno de los Gobiernos que se sucedieron entre 1931 y 1936, pese a tener más méritos reales que cualquiera de los que ocuparon la cartera de Guerra en aquellos años.

En 1934 era inspector general del Ejército cuando el Consejo de Ministros, presidido por Alcalá-Zamora, lo eligió para sofocar la insurrección en Asturias. Avanzó desde Lugo y logró tomar Oviedo en apenas una semana, a pesar de los frecuentes roces que tuvo durante la campaña con Yagüe, que había llegado a Asturias al mando de las Fuerzas Militares de Marruecos, acusadas de todo tipo de atrocidades.

Logró pactar con el dirigente de UGT Belarmino Tomás la rendición de los insurrectos, pero no pudo evitar que la izquierda le considerase siempre el responsable de la represión durante la campaña. Esa fama, que le supuso que se le conociera como «el carnicero de Asturias», le llevó a ser procesado por el Gobierno tras las elecciones de febrero de 1936. Encarcelado en marzo en la prisión militar de Guadalajara, el 3 de abril fue trasladado a causa de una enfermedad al Hospital Militar de Carabanchel —el Hospital Gómez Ulla—.

Con el alzamiento del 18 de julio, milicianos anarquistas, socialistas y comunistas se concentraron en Madrid. Muchos llegaron desde Asturias y, convencidos de que su enemigo natural era López de Ochoa, fueron a buscarlo. Una columna de milicianos de la CNT llegó al hospital, sacó al general en pijama y zapatillas, y se lo llevó hacia el oeste rodeada por la muchedumbre. Lo fusilaron en el cerro de Almodóvar; uno de los milicianos le cortó la cabeza y, con ella clavada en la bayoneta de un fusil, se marchó con sus compañeros camino del centro de la ciudad. Ya en la plaza Mayor, la cabeza la requisaron los guardias de asalto. El cuerpo decapitado del general fue enterrado en el cementerio del Este al día siguiente, 17 de agosto.

Las consecuencias de la revolución de octubre estuvieron a la altura de su gravedad. Aunque la izquierda salió inicialmente debilitada, el efecto final fue la percepción de sus líderes de la necesidad de unirse para derrotar al bloque radical-cedista, lo que acabó por dar origen a la coalición del Frente Popular. En el bloque gobernante, sin embargo, la forma de reprimir lo sucedido dividió profundamente a las fuerzas de centro y derecha, y aumentó en esta la influencia de sus sectores más radicales, que pasaron de ser grupos minoritarios a compactas formaciones susceptibles de movilizar a las masas; fue entonces cuando la unificación de varios de esos grupos dio lugar al partido Falange Española, liderado por José Antonio Primo de Rivera.

Mientras, la izquierda alcanzó su pacto definitivo del Frente Popular a mediados de enero de 1936. En él se integraron Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, UGT, Juventudes Socialistas, PCE, POUM y el Partido Sindicalista. No era más que una copia de las grandes formaciones que se extendían en aquellos años por Europa para frenar el aumento de los regímenes autoritarios, fueran o no de tipo fascista. Ese era, por ejemplo, el caso francés, que hacía un año, en consonancia con los consejos de la III Internacional, con sede en Moscú, había logrado también reunir en otro Frente Popular a todas las fuerzas progresistas de la nación.

El 16 de febrero de 1936 llegó el momento de dilucidar en las urnas un nuevo enfrentamiento legítimo que decidiera la orientación de la República. Pese a todo lo que se ha dicho con posterioridad, nadie pensaba en ese momento que desembocaría en un enfrentamiento armado.

El sistema electoral primaba las grandes coaliciones, y, aunque porcentualmente los votos emitidos estuvieron muy igualados, el resultado de la primera vuelta fue adverso a las derechas. Las masas del Frente Popular se lanzaron de inmediato a la calle para celebrar el triunfo y poner en libertad a los encarcelados como consecuencia de la revolución de octubre. La situación del Gobierno de Portela Valladares no era fácil, pues si se reprimían los desórdenes podía haber víctimas mortales de las que se le pidieran cuentas cuando, después de la segunda vuelta de las elecciones, se reuniesen las Cortes y se formase un nuevo Ejecutivo. Tanto Franco como Gil-Robles, Calvo Sotelo y el propio Alcalá Zamora pidieron a Portela que se mantuviese en su puesto hasta pasada la segunda vuelta electoral, promulgando para ello, si era necesario, el estado de guerra, que fue lo que se hizo en 1933; pero Portela optó por presentar su dimisión, por lo que el 19 de febrero Alcalá Zamora encargó a Azaña formar Gobierno.

La labor de este nuevo Ejecutivo se atuvo al programa conjunto del Frente Popular: reapertura del Parlamento catalán, reinicio del proceso autonómico del País Vasco, promulgación de una amnistía general y aceleración de la reforma agraria. El asunto legislativo más delicado fue el cuestionamiento en las Cortes de Alcalá-Zamora. Por iniciativa socialista, y en la única votación en que derechas e izquierdas alcanzaron un acuerdo en este período, el presidente fue recusado y, en consecuencia, debió resignar sus poderes. El 10 de mayo las propias Cortes nombraron a Azaña presidente de la República. Este encargó la formación de Gobierno al líder socialista más moderado, Indalecio Prieto; que al no contar con la conformidad de otros dirigentes de su partido, se negó. El presidente del Gobierno fue finalmente Casares Quiroga, del partido de Azaña, que formó un Gabinete continuista. Pero lo más importante de este período fue que, aunque en las Cortes se mantenía la legalidad constitucional, en la calle, anarquistas, radicales socialistas y miembros de la extrema derecha generaron una dinámica de violencia que ocasionó frecuentes enfrentamientos y atentados, con el resultado de unos trescientos muertos y mil trescientos heridos de febrero a julio de ese año. A ello hay que sumar la ocupación ilegal de tierras y los ataques contra instituciones religiosas, lo que contribuyó decididamente a inclinar a la derecha moderada hacia soluciones anticonstitucionales.

El Gobierno se veía incapacitado para frenar esa espiral de violencia y esperaba que, tanto el reforzamiento de la disciplina desde la dirección de los partidos, como el aumento de las fuerzas de orden público, acabaran con el clima de inestabilidad. Pero ambas medidas tardaron en llevarse a cabo, y la agitación callejera alcanzó su cenit el 12 de julio; pistoleros falangistas asesinaron al teniente de la Guardia de Asalto José Castillo, de conocida filiación socialista; en respuesta, al día siguiente compañeros de ese cuerpo asesinaron al principal dirigente de la extrema derecha, José Calvo Sotelo. La conspiración militar que se venía preparando desde hacía meses encontró la excusa necesaria para alzarse contra la República.

1.3 La conspiración

En julio de 1936 existían diferentes grupos que preparaban un golpe de Estado que acabara con la legalidad constitucional. El más antiguo era el organizador de la trama cívico-militar de carácter monárquico que había protagonizado, en agosto de 1932, el fracasado golpe de Sanjurjo. El segundo gran grupo pertenecía a la extrema derecha; Primo de Rivera pretendió dar un golpe en el otoño de 1935, pero la indiferencia de los militares que sondeó impidió cualquier posibilidad de llevarlo a cabo. En el tercer grupo, el más importante, estaban la mayor parte de las mejores unidades del ejército regular, amparadas por la Unión Militar. Desde la Guerra de Independencia los militares estaban convencidos de que era lícita y hasta obligada su intervención en las graves crisis políticas del país, ya fueran causadas por ellos mismos, por los partidos o por los grupos sociales.

El 8 de marzo de 1936 se celebró en Madrid una reunión de altos mandos que formaron una junta militar secreta para la organización y ejecución de un pronunciamiento que derribara al Gobierno del Frente Popular; contaba con la infraestructura de la UME y la participación de los generales Mola, Franco, Goded, Saliquet, Fanjul, Ponte, Orgaz y Varela, y estaba presidida desde el exilio por Sanjurjo.

A través de oficiales fieles a la República y de algunas personalidades políticas tan dispares como Gil Robles e Indalecio Prieto, el Gobierno tuvo noticias de sus actividades, por lo que reaccionó enseguida cuando se enteró de la conspiración, si bien lo hizo tímidamente: detuvo a Orgaz y a Varela, destinó al resto de los conjurados a lugares alejados de la capital —Mola a Pamplona, Franco a Canarias, y Goded a Mallorca—, pero no hizo nada para desmontar la trama.

Mola continuó con ella. Se autodesignó «director» de la misma y redactó trece órdenes con instrucciones que envió entre el 29 de abril y el 1 de julio a los conspiradores que le apoyaban. Su planteamiento, un golpe de Estado militar clásico, se basaba en que, para triunfar, se debía ocupar Madrid, donde la guarnición local sería incapaz de derrotarlo sin ayuda externa. Para lograr esta premisa dispuso que se sublevaran las divisiones V (Zaragoza), VI (Burgos) y VII (Valladolid), y que organizaran otras tantas columnas que confluyeran en la capital. La brigada de Asturias y la VIII División (La Coruña) mantendrían a raya a los mineros; la III División (Valencia), formaría dos columnas: una que reforzaría a la IV División (Barcelona) y otra que acudiría también a Madrid. Las restantes unidades permanecerían en actitud pasiva.

Si el triunfo no era inmediato, los enfrentamientos durarían unas semanas; dos o tres meses a lo sumo si los partidos de izquierda se hacían con armas y ofrecían resistencia. Después, Sanjurjo, desde Portugal, donde estaba exiliado, volaría a Madrid para encabezar un directorio militar al estilo del instaurado en su momento por Primo de Rivera.

Solo más tarde, cuando se pusieron de manifiesto las muchas dificultades con que el plan podía tropezar, decidió contar con las unidades de Marruecos —a las que la Armada trasladaría a la Península—, que constituirían dos columnas móviles, una en Málaga y otra en Algeciras. Desde allí debían dirigirse a Madrid, donde aguardaría Fanjul con los cuarteles sublevados.

La rebelión comenzó el 17 de julio en Melilla. Todo el planteamiento en que se basaba la estrategia de los rebeldes, se vino abajo por la defección de la flota y el fracaso del golpe en Madrid, Barcelona, Valencia, Cartagena y Bilbao, donde las guarniciones se dividieron o permanecieron leales al Gobierno. En Madrid, por ejemplo, los sublevados apenas pudieron hacerse con el aeródromo de Cuatro Vientos y con el cuartel de la Montaña; ambos centros fueron tomados, tras cortos pero sangrientos combates, por unidades fieles a la República y por las primeras masas de obreros que fueron armadas por los sindicatos.

Emilio Mola Vidal

Nació en Placetas, provincia de Villa Clara, Cuba, en 1887. Hijo de un capitán de la Guardia Civil, su familia regresó a la Península en 1894. Diez años después, en 1904, ingresó por tradición familiar en la Academia de Infantería de Toledo, donde obtuvo en 1907 el grado de segundo teniente.

Tras un breve destino peninsular, solicitó su traslado a Melilla. Allí, en 1911, se incorporó como teniente al recién formado Cuerpo de Regulares, al mando de Dámaso Berenguer, con el que realizaría una brillante carrera militar. Capitán en 1912, comandante en 1915 y teniente coronel en 1921, en junio de 1924 participó en las operaciones de Dar Akobba, en las que reforzó su prestigio profesional, y que le granjearon la notoriedad pública. Ascendió a coronel en 1926, y a general de brigada al año siguiente, gracias a la defensa de la atalaya marroquí de Beni-Hassan, y fue nombrado comandante militar de Larache en 1928.

En febrero de 1930, el Gobierno del general Berenguer, con el que había servido, lo nombró director general de Seguridad, cargo en el que desplegó una gran actividad antisubversiva y en el que hizo frente al intento prorepublicano de sublevación de Jaca, lo que le valió́ la enemistad de los partidos de izquierda.

Tras la proclamación de la República fue cesado, procesado y encarcelado por Azaña, cuando era ministro de Guerra, como responsable de la brutal represión ejercida contra una manifestación de estudiantes durante su gestión, cargos de los que finalmente fue absuelto.

Pese a no participar directamente en el intento de golpe de Estado liderado por Sanjurjo en 1932, Mola, que se había posicionado públicamente en contra de las reformas militares emprendidas por Azaña, fue retirado del servicio activo como sospechoso de connivencia con el alzamiento. Al formarse el Gobierno de centro derecha, tras las elecciones de 1933, la amnistía decretada por el Gabinete de Lerroux le permitió́ reintegrarse en el Ejército. Dos años después, en agosto de 1935, Francisco Franco, por entonces jefe del Estado Mayor Central del Ejército, lo designó como jefe de la Comandancia Militar de Melilla y, poco después, en noviembre, el ministro de la Guerra, Gil Robles, lo destinó a Larache y lo nombró jefe de la circunscripción oriental del Protectorado, cargo que, en la práctica le dejaba al mando de todas las fuerzas militares de Marruecos.

A raíz del triunfo electoral del Frente Popular, empezó a conspirar con la intención de dar un golpe contra el régimen democrático. Fue destituido en marzo y trasladado a Pamplona como jefe de una brigada de infantería y comandante militar de la plaza. Asentado en la capital navarra, y con la colaboración de los coroneles José Solchaga y García Escámez, que le sirvieron de enlaces con otros oficiales y guarniciones, trazó el plan para el golpe de Estado en sus dos ramificaciones, civil —las fuerzas políticas de la derecha, carlistas, falangistas y monárquicos— y militar, y dirigió su ejecución en julio de 1936.

Iniciada la guerra, asumió el mando del Ejército del Norte. Poco antes de la toma de Bilbao, el 3 de junio de 1937, despegó del aeródromo de Vitoria en viaje hacia Burgos y Valladolid para despachar asuntos de trámite. Tras unas horas de vuelo, el avión en el que viajaba, un Airspeed Envoy, se estrelló́ contra una colina —La Brújula—, en la localidad de Alcocero, Burgos. Fallecieron todos sus ocupantes. La versión oficial achacó el accidente a la intensa niebla.

El mismo día del accidente, le fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando, a título póstumo, en reconocimiento a los grandes servicios prestados a la causa nacionalista. El 18 de julio de 1948 Franco le otorgó el título de duque de Mola.

Joaquín Fanjul Goñi

Nació en Vitoria, Álava, el 30 de mayo de 1880. Tras pasar por la academia militar, fue destinado primero a Melilla y luego a Cavite y Santiago de Cuba, donde participó en la guerra contra los Estados Unidos. De vuelta a la Península, pasó a la guarnición de Pamplona, ingresó en el Cuerpo de Estado Mayor y, posteriormente, cursó estudios en la Escuela Superior de Guerra. Licenciado en Derecho, fue miembro fundador de la Unión Militar Española.

Diputado a Cortes por Cuenca en las elecciones de junio de 1919, diciembre de 1920 y abril de 1923, obtuvo su escaño como candidato vinculado al grupo de seguidores del líder conservador Antonio Maura.

Regresó al Ejército a finales de 1923, promocionó a coronel del Cuerpo de Estado Mayor, y, a lo largo del año 1925, estuvo en Marruecos al mando de diversas operaciones cuya finalidad principal era agrandar el territorio controlado por las tropas españolas y debilitar la posición de los rebeldes que ponían en peligro las líneas propias. Más tarde, durante el desembarco en Alhucemas, actuó como director de los servicios de retaguardia, pasando a ocupar desde finales de septiembre la jefatura del Estado Mayor de la Comandancia General de Ceuta. Esta nueva etapa con destino en África culminó con el ascenso a general de brigada en febrero de 1926.

Durante los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, ya en la Península, se hizo cargo a primeros de 1927 de la jefatura del Gobierno Militar de Cartagena y, después, a partir de la primavera de 1928, de tareas relacionadas con la industria militar. No tardo en reincorporarse a la política activa al proclamarse la República. Fue elegido de nuevo diputado a Cortes por Cuenca en 1931 y 1933, como miembro del Grupo Agrario, integrado en la CEDA.

El 2 de mayo de 1935, con Gil Robles de ministro de la Guerra, recibió el mando de la VI División Orgánica, con sede en Burgos, en sustitución del general de división José Fernández de Villa-Abrille y Calivara, que había pasado a dirigir la II División Orgánica de Sevilla. Nueve días más tarde, el 11 de mayo, fue nombrado también subsecretario del Ministerio. En ambos puestos cesó a finales de año.

Trasladado a la Comandancia General de Canarias como general en jefe, concurrió a las elecciones generales de 1936 por la provincia de Cuenca y obtuvo de nuevo el acta de diputado. Tuvo que devolverla el 1 de abril por anulación de las elecciones, según el dictamen de la Comisión de Actas. Tras la victoria del Frente Popular fue de nuevo cesado y quedó sin mando de tropa, con destino forzoso en Madrid. Puesto en contacto con Mola, después de conspirar durante varios meses con otros oficiales, decidió participar de manera activa en el alzamiento que se preparaba para derrocar a la República.

Iniciada la sublevación, el 19 de julio consiguió entrar vestido de paisano en el cuartel de la Montaña, donde estaban concentradas fuerzas y oficiales contrarias al Gobierno y donde, además, se almacenaban varios miles de cerrojos necesarios para utilizar otros tantos fusiles depositados en otros puntos de Madrid. Allí se hizo cargo del levantamiento en la capital, en nombre del general Rafael Villegas Montesinos, que debía hacerse cargo de la I División Orgánica, pero que para entonces ya se había echado atrás. Recibió la promesa del general Miguel García de la Herrán de enviarle fuerzas de socorro desde Carabanchel y, al tiempo, esperó la llegada de las columnas que desde Burgos y Valladolid se dirigían a Madrid. No llegaron ni unos ni otros. Las milicias republicanas cercaron el cuartel, y sus defensores, tras resistir inicialmente, terminaron por rendirse. Fanjul resultó herido. Fue capturado junto con su hijo José Ignacio, teniente médico, y el coronel Fernández de la Quintana, y encerrado en la cárcel Modelo de Madrid. Casi un mes después, el 17 de agosto, se inició contra él y contra Fernández de la Quintana, que también había apoyado la sublevación, juicio sumarísimo en la sala sexta del Tribunal Supremo. Ambos fueron declarados culpables. Se les ejecutó esa misma madrugada, a las cinco de la mañana, en el patio de la cárcel. José Ignacio Fanjul y el general Villegas, que también había sido detenido, fueron asesinados en la cárcel Modelo el 23 de agosto, tras el incendio producido el día 22 y el asalto a la prisión por los milicianos.

La I División, con cabecera en Madrid, que abarcaba toda Castilla La Nueva y parte de Extremadura, con las provincias de Badajoz, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, estaba al mando del general de división Virgilio Cabanellas Ferrer, que era también jefe de la II Inspección General del Ejército. Cabanellas sabía que existía la conspiración militar para derribar al Gobierno, pero no llegó a unirse a la sublevación. El mismo 18 de julio el Gobierno lo destituyó, causó baja en el Ejército y estuvo preso hasta la entrada en Madrid del ejército franquista en marzo de 1939.

La II División tenía su cuartel general en Sevilla, y abarcaba toda Andalucía. El mando lo ostentaba el general de división José Fernández de Villa-Abrille y Calivara, que se enteró de la conspiración de los sublevados días antes de que ocurriera. Así, cuando el comandante de Estado Mayor José Cuesta Monereo —siguiendo instrucciones de Queipo de Llano, que sí se había sublevado— elaboró un plan con el que movilizar a 4000 hombres para consolidar el golpe de Estado en toda la provincia de Sevilla, Fernández, como muchos de sus oficiales, decidió no unirse a la rebelión; pero tampoco mostró resistencia al golpe ni a las acciones de represión que el comandante Antonio Castejón Espinosa inició desde el primer momento en distintos barrios de la capital andaluza.

Fernández también ignoró las instrucciones que, de manera insistente, le dio el gobernador civil de la provincia, José María Varela Rendueles, para que respondiera a los sublevados. A pesar de su pasividad, Villa-Abrille y toda su plana mayor fueron detenidos y procesados. A él le dieron de baja en el Ejército el 23 diciembre de 1936 y, en febrero de 1937, un consejo de guerra lo condenó a seis años de prisión. Cumplió la pena en Sevilla, en el chalet del Ave María, en Nervión, utilizado como prisión militar durante la guerra y la posguerra. En 1942 salió en libertad, y cuatro años después falleció cuando estaba alojado en una pensión de Madrid.

En Sevilla, otro hecho favoreció a los sublevados: la actitud del jefe del aeródromo de Tablada, el comandante Rafael Martínez Esteve. También desobedeció la orden del gobernador civil, en este caso de que bombardeara las plazas Nueva y de San Francisco, en la capital andaluza, donde actuaban los dos únicos cañones con que contaba la primera batería del regimiento de artillería ligera, mandados por los capitanes Vicente Pérez de Sevilla y Fernando Barón Mora-Figueroa, este último solo con fusileros. Martínez Estéve recibió la orden, decidió que se cargara una escuadrilla con bombas y que saliera a la pista, pero nunca llegó a mandar que despegara. A pesar de ello, fue detenido el día 19, juzgado en consejo de guerra y condenado a muerte, pena que posteriormente le fue conmutada por la de 20 años de prisión, que no llegó a cumplir en su totalidad.

Manuel Goded Llopis

Nacido en San Juan de Puerto Rico en 1882, a los 14 años inició sus estudios militares en la Academia de Infantería. Su ascenso en el escalafón de mandos fue vertiginoso: llegó a capitán de Estado Mayor en 1905, cuando contaba veinticuatro años. Desarrolló toda su carrera militar en Marruecos, donde tomó parte en el desembarco de Alhucemas. Sus brillantes campañas le valieron el ascenso a general en 1926 y su nombramiento como jefe del Estado Mayor del Ejército de África por el general Sanjurjo.

Ofreció todo su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. A pesar de ello, no dudó en intrigar contra el general al que había ayudado a encumbrar. Eso hizo que fuera sancionado y colocado en situación de disponible. La llegada de la República supuso un reconocimiento de sus méritos y cualidades castrenses: Azaña lo nombró jefe del Estado Mayor Central del Ejército.

No duró mucho en el cargo, fue relevado a consecuencia de un enfrentamiento con el coronel Julio Mangada tras un discurso en el que Goded, conocido monárquico, no terminó con el obligado ¡Viva la República! Luego participó de forma decisiva en los sucesos de la «sanjurjada», por lo que de nuevo se le colocó en situación de disponible. En octubre de 1934, junto con el general Franco, fue requerido por el Gobierno de José María Gil Robles para reprimir la revolución de Asturias. Los méritos obtenidos en esta ocasión le valieron el cargo de director general de Aeronáutica y de la III Inspección del Ejército.

La victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936 lo lanzó decididamente a la conspiración contra el Gobierno, por lo que fue nombrado comandante general de Baleares con el fin de alejarlo de la capital. El 19 de julio, tras pronunciarse en Mallorca, tomó un hidroavión que lo condujo a la Ciudad Condal, acompañado de algunos oficiales. Amerizó en la Aeronáutica Naval de Barcelona y se dirigió a la Capitanía General para proclamar el alzamiento. Arrestó y destituyó a Llano de la Encomienda, pero los planes no discurrieron como se había proyectado: tuvo que rendirse a las milicias. El 11 de agosto fue sometido a consejo de guerra y condenado a muerte. Al día siguiente murió fusilado en los fosos del castillo de Montjuic.

La III División, con cuartel general en Valencia, tenía jurisdicción sobre las regiones de Murcia y Valencia y las provincias de Murcia, Albacete, Alicante, Castellón y Valencia. Estaba al mando del general de división Fernando Martínez-Monje Restoy.

Cuando se enteró de la sublevación, ordenó a su guarnición en Valencia que se encerrase en los cuarteles, al tiempo que manifestó la lealtad de sus tropas al Gobierno. Pero al tomarse las primeras medidas de resistencia contra los sediciosos, como la huelga general o la petición de armas para el pueblo, se opuso a ellas rotundamente. Fueron días de una tensa situación, con los cuarteles rodeados de milicianos y las tropas encerradas, en los que Martínez-Monje dudó si sublevarse o no. Mientras, en los pueblos de la región, los trabajadores comenzaron de manera espontánea a montar guardia en las carreteras. La presencia en el puerto del primer barco de guerra leal fue otro de los factores que también ayudó a contener la rebelión en los cuarteles.

El día 20 llegó a Valencia el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, quien consiguió mediar entre el ejército y las milicias. Finalmente, entre el 29 de julio y el 2 de agosto, se abrieron los cuarteles, donde, generalmente, confraternizaron milicianos y militares sin que se produjeran enfrentamientos de importancia. El 16 de agosto Martínez-Monje fue relevado por José Miaja y pasó a dirigir la recién creada Junta Central de Reclutamiento.

La IV División tenía su cabecera en Barcelona, y abarcaba las cuatro provincias catalanas. Estaba bajo el mando del general de brigada Francisco Llano de la Encomienda, de probada lealtad a la República. Durante las primeras horas del día 19 de julio, los rebeldes de Barcelona, que disponían de unos 2000 efectivos, lograron capturar varios puntos clave de la ciudad, pero los republicanos, que contaban con el apoyo de la policía y podían además disponer de 3000 guardias civiles, 3200 guardias de asalto y 300 mozos de escuadra, les hicieron frente. A pesar de la postura que había mantenido hasta entonces, Llano de la Encomienda se mostró indeciso en cuanto a la respuesta que iba a dar a la sublevación; mientras, continuó dando órdenes y haciendo llamadas telefónicas en un esfuerzo por cortar la revuelta, lo que acabó por causar enorme confusión entre los rebeldes. Cuando el general Goded, que se había sublevado en Baleares, llegó a Barcelona, arrestó a Llano de la Encomienda y se hizo con el mando de la división, pero tuvo que enfrentarse a los trabajadores, que liderados por los anarquistas de la CNT-FAI, unidos a las fuerzas leales de la Republica y de la Generalidad, contraatacaron al día siguiente. Después de duros combates, los milicianos y las unidades que no se habían unido a la rebelión lograron recuperar el control de toda Barcelona y poner en libertad a Llano de la Encomienda, al que, durante los meses siguientes, el Gobierno mantuvo en «cuarentena».

Francisco Llano de la Encomienda

Hijo del comandante de infantería Francisco Llano Viudel y de Dolores Encomienda Martínez, nació en Ceuta el 17 de septiembre de 1879. Ingresó en la Academia Militar de Toledo el 26 de agosto de 1898, a punto de cumplir veintiún años.

El gran número de bajas entre los oficiales que había supuesto la guerra en Cuba y Filipinas hizo que apenas cursara tres meses de estudios; obtuvo el nombramiento de segundo teniente el 5 de abril de 1900 y fue destinado al batallón de cazadores de Canarias, con guarnición en la isla de La Palma. Durante los nueve años siguientes combinó otros tres destinos en la Península: el regimiento de infantería Otumba n.º 49, en Castellón de la Plana; el regimiento de infantería Mallorca n.º 13 en Valencia, y de nuevo Castellón.

En 1909 solicitó plaza en el regimiento de infantería Serrallo n.º 69, enclavado en Ceuta, y partió por primera vez a África. Un año después recibió el mando de una compañía de las Milicias Voluntarias de Ceuta.

En abril de 1911 ascendió a capitán por antigüedad y fue destinado al batallón de cazadores de Cataluña n.º 1, destacado en Melilla; tras pasar por Jerez de la Frontera, donde mandó la compañía encargada los nuevos contingentes de reclutas de su unidad, en agosto solicitó incorporarse a las recién creadas Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla, fundadas y mandadas por el teniente coronel Berenguer. Ese otoño y la primavera siguiente, al frente de la 1.ª compañía, con el joven teniente Emilio Mola a sus órdenes, intervino brillantemente en la campaña del Kert, librada contra el caudillo rifeño Sidi Mohamed el Mizzian, y en la progresiva ocupación militar del recién instaurado Protectorado, acciones que le valieron su primera Cruz de María Cristina.

En junio de 1913, los Regulares de Melilla se trasladaron por mar a Ceuta para hacer frente a la rebelión encabezada por El Raisuni, cuyas partidas hostigaban Tetuán, capital del Protectorado. Su compañía se distinguió en las operaciones, lo que le valió el ascenso a comandante por méritos de guerra.

Al comenzar el invierno, en enero de 1914, Berenguer, ya general, decidió que se incorporara a su brigada al mando del 1.er batallón del Mallorca n.º 13, una de las unidades que la formaban; con él intervino en diversos combates en la zona de Tetuán y consiguió otra Cruz de María Cristina. En marzo de 1915 solicitó la excedencia por enfermedad y regresó a la Península.

Volvió al servicio activo en África en febrero de 1917, en el regimiento de infantería Tetuán n.º 45, de guarnición en esa ciudad, donde permaneció hasta finales de 1919. Los dos años siguientes pasaría por los regimientos Constitución n.º 29 y Princesa n.º 4; con este último marchó a Melilla en agosto de 1921, tras el desastre de Annual, para integrarse en la columna del general Sanjurjo, con la que intervino en diversas operaciones.

Herido de gravedad en noviembre de 1921, fue evacuado; regresó a su batallón, en Melilla, en mayo del año siguiente y, en junio de 1923, se hizo cargo del mando de la Mehala Jalifiana de Tafersit n.º 5. Los méritos acreditados durante las acciones en las que intervino le llevaron a conseguir la Medalla Militar individual en 1924 y el ascenso a coronel por méritos de guerra en julio de 1925.

Estaba en servicios de guarnición cuando se proclamó la República en 1931; ese año, cuando comenzó la reorganización del Ejército, Azaña le confió el mando del regimiento de infantería n.º 20, cargo que aparejaba el de gobernador militar de la provincia de Huesca.

Fue promovido a general de brigada en enero de 1932 y se le dio el mando de la X Brigada de Infantería, conservando el puesto de comandante militar de la provincia. En octubre de 1933 el Gobierno de Martínez Barrio lo trasladó a Valencia para que se hiciera cargo del mando de la V Brigada de Infantería.

El triunfo del Frente Popular fue el responsable de su siguiente traslado: cuando el general José Sánchez-Ocaña, jefe de la División Orgánica de Cataluña, pasó a ocupar el cargo de jefe del Estado Mayor Central que dejó vacante Franco al ser enviado a Canarias, fue nombrado jefe de la división con sede en Barcelona, a pesar de que todavía era general de brigada. Azaña, ya presidente del Gobierno, confiaba plenamente en que era un hombre disciplinado y fiel a la República.

No actuó así exactamente en el momento en que se produjo el golpe de Estado —del que había sido informado previamente por el capitán Federico Escofet, comisario general de Orden Público de la Generalidad—; de hecho, su indecisión acabó por costarle el puesto cuando los rebeldes fueron vencidos.

En noviembre, tras la constitución del Ejército Popular de la República, Largo Caballero le confió el mando del Ejército del Norte, zona de la que dependían unos 100 000 efectivos, pero que se encontraba totalmente aislada del resto del territorio leal al Gobierno. Se trasladó a Bilbao por vía aérea en el momento en que el comandante Francisco Ciutat de Miguel, jefe interino de esas unidades, intentaba infructuosamente recuperar Vitoria. La tarea encomendada resultó especialmente difícil ante la escasez de mandos, la división del Ejército del Norte en tres cuerpos —Asturias, Santander y Euskadi—, que dificultaba la dirección conjunta, y sus frecuentes e importantes fricciones con el presidente del Gobierno Autónomo Vasco, José Antonio Aguirre Lecube.

Las Cortes acababan de aprobar el Estatuto de Autonomía del País Vasco y el recién elegido lehendakari decidió autoproclamarse general en jefe del Ejército de Euskadi, que guarnecía Vizcaya, por lo que enseguida surgió un conflicto de competencias que abrió una crisis en enero de 1937. Llano de la Encomienda se vio obligado a trasladar su cuartel general a Santander y a inhibirse del mando del Cuerpo de Ejército Vasco. No obstante, cuando las tropas de Mola irrumpieron en Vizcaya a finales de marzo, Aguirre solicitó su ayuda y regresó a Bilbao al frente de una división del Cuerpo de Ejército de Cantabria. Los refuerzos, totalmente insuficientes, y los nuevos enfrentamientos entre Llano y Aguirre, que volvió a asumir el mando en mayo tras acusar al general de incompetente, no impidieron la caída de la ciudad el 19 de junio y la pérdida de Vizcaya. El día 25, Indalecio Prieto, ministro de Defensa del Gobierno de Negrín, lo sustituyó por el general Gamir Ulibarri.

Acusado del fracaso del Ejército del Norte, fue juzgado y absuelto; desde entonces se le encomendó la Inspección General de Infantería, un mando burocrático que desempeñó hasta el final de la guerra sin moverse apenas de Valencia.

En marzo de 1939 embarcó hacia Francia, donde residió algunos meses antes de instalarse definitivamente en Ciudad de México. Allí falleció en 1963.

José Riquelme y López Bago

Nació en Tarragona el 31 de agosto de 1880. Tras ingresar en la academia militar, obtuvo su empleo de segundo teniente en 1899 y, en marzo de 1901, fue destinado a Melilla, donde permaneció sin interrupción hasta mediados de 1922.

En diciembre de 1918, ya coronel tras conseguir todos sus ascensos por méritos de guerra, obtuvo el mando del regimiento de infantería Ceriñola n.º 42, al frente del cual participó en el avance del general Silvestre hacia Alhucemas. En ese territorio permaneció al mando de la circunscripción de Annual desde el 1 de febrero de 1921.

En mayo viajó a la Península para tratarse en el hospital militar de Madrid de una enfermedad contraída en Marruecos. Estaba en la capital cuando se conoció la noticia de la caída de Igueriben y Annual; regresó a Melilla el 24 de julio y se presentó al general Berenguer, recién llegado a la plaza, que le encargó la misión de ocupar las posiciones de Zoco el-Had, Hidum e Ismoart con una pequeña fuerza recién llegada de la metrópoli, con objeto de garantizar la adhesión de la cabila de Beni Chicar y la autoridad de Abd-el-Kader. Riquelme, que había estudiado árabe y tamazigh, cumplió la misión ese mismo día y quedó destacado en Zoco el-Had como jefe del sector y de la columna hasta la llegada de refuerzos.

Iniciada la reconquista del territorio, y tras la muerte del coronel Morales, fue nombrado jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas. En ese puesto tuvo diversos enfrentamientos con el general Sanjurjo, nombrado en diciembre comandante general de Melilla y, por tanto, general jefe de las fuerzas encargadas de la reconquista del territorio.

Riquelme abogaba por la «acción política», una mezcla de negociaciones y sobornos a los líderes de las cabilas; Sanjurjo, por la acción directa.

A mediados de 1922, su enfrentamiento con el comandante general supuso su cese; eso no impidió que permaneciera en África, y en 1924 participara en la reconquista de Tetuán y fuera ascendido a general de brigada.

En 1929 fue miembro del tribunal militar que juzgó al ministro José Sánchez Guerra por encabezar en Valencia una conspiración militar contra Primo de Rivera. La absolución del político conservador provocó que Riquelme pasara a la reserva

En julio de 1936 se mantuvo leal al Gobierno, que lo ascendió a general de división y le dio el mando de la I División Orgánica. Mandó las tropas que guarnecían Madrid y las que combatieron en el frente del Guadarrama; también ocupó Toledo, salvo el alcázar, donde se habían encerrado los sublevados. Posteriormente marchó con el grueso de sus fuerzas hacia Extremadura, pero fue derrotado por las tropas del Ejército de África en Oropesa y Talavera de la Reina. Lo destituyeron y procesaron.

Absuelto en 1938, recibió el cargo de comandante militar de Barcelona. Tras la derrota de la República se exilió en Francia hasta su muerte, ocurrida en París el 28 de enero de 1972.

La V División tenía su sede en Zaragoza y abarcaba las provincias de Huesca, Zaragoza, Teruel y Soria. Estaba al mando de Miguel Cabanellas Ferrer, de notorio pasado masón y republicano, y miembro del Partido Republicano Radical, con el que se había presentado a las elecciones de 1933. Con gran sorpresa para el Gobierno, Cabanellas se unió a la rebelión y arrastró con él a muchos de los indecisos.

El 18 de julio dispuso el despliegue de las tropas en lugares estratégicos de Zaragoza y ordenó detener a 360 miembros principales de los partidos del Frente Popular, incluidos el gobernador civil y el enviado gubernamental, el general Miguel Núñez de Prado. Luego, emitió un bando en el que declaró el estado de guerra al tiempo que ratificaba sus ideas republicanas.

El día 24 los sublevados acordaron formar como órgano supremo una Junta de Defensa Nacional —de ahí el nombre de «nacionales»—, de la que le designaron presidente por ser el general de división más antiguo. El cargo era simbólico, con escaso poder real, pero permitía apartarle del mando efectivo de las tropas. A las dos semanas firmó un decreto por el que la bandera tricolor establecida por la República volvía a ser reemplazada por la bicolor.

La VI División tenía su cabecera en la ciudad de Burgos; abarcaba Navarra, las Vascongadas y casi todas las provincias de Castilla la Vieja: Santander, Burgos, Palencia, Logroño, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Estaba al mando del general de división Domingo Batet Mestres.

La VII División tenía el cuartel general en Valladolid, y de ella dependían parte de Castilla la Vieja, parte de Extremadura y parte de la región de León, con las provincias de Zamora, Salamanca, Valladolid, Segovia, Ávila y Cáceres. Estaba al mando del general de división Nicolás Molero Lobo, que había sido ministro de la Guerra desde el 14 de diciembre de 1935 al 19 de febrero de 1936.

Aunque estaba en plena convalecencia de una operación, ante los rumores de un alzamiento militar, se incorporó a su puesto. En su despacho lo detuvieron el día 19 los generales Saliquet y Ponte, al negarse a secundar la sublevación. Durante la discusión se produjo un tiroteo en el que resultaron heridos Molero y sus ayudantes, Ángel Liberal y Roberto Riobóo; los dos morirían días después.

Trasladado primero a Burgos y luego al fuerte-prisión de San Cristóbal, en Pamplona, Molero fue juzgado en agosto de 1937. El consejo de guerra lo condenó a tres años y un día de prisión por un delito de «negligencia», sentencia que fue recurrida para sustituirla por otra en la que le impusieron treinta años de reclusión por un delito de «adhesión a la rebelión militar». La pena le fue conmutada por Franco en marzo de 1938 por otra de doce años y un día. Fue apartado del Ejército en 1940. Falleció en Barcelona en 1947.

Miguel Cabanellas Ferrer

Nació el 1 de enero de 1872 en Cartagena, en una familia de tradición castrense. Ingresó —al igual que su hermano Virgilio— en la Academia General Militar de Toledo, pasando el 1 de agosto de 1891 a la de Caballería de Valladolid. El 9 de marzo de 1893 obtuvo el despacho de segundo teniente y fue enviado al regimiento de cazadores de Villarrobledo, de guarnición en Córdoba. A finales de mayo de 1894 partió destinado a Cuba. Fue condecorado por los combates de San Serapio, el 23 de agosto de 1895, y Tumba del Tesorero, el 1 de diciembre de 1896. A mediados de ese año, enfermo de vómito negro, fue repatriado a España, donde se incorporó a la Escuela Superior de Guerra para completar sus estudios. El 3 de octubre de 1897 su actuación en Cuba le valió el ascenso a capitán.

Tras ocupar plaza en diversos acantonamientos de la Península marchó a Melilla el 8 de mayo de 1909. Sobresalió en las escaramuzas del barranco del Lobo, por lo que el 27 de julio de aquel año fue ascendido a comandante.

En 1910 propuso la creación de un grupo de escuadrones voluntarios del Rif con el fin de formar unidades indígenas instruidas y disciplinadas; surgió así el primer tabor de regulares de caballería. Desde ese momento, su carrera se aceleró. Por su participación en la acción de los Llanos de Garet, que acabó con el cabecilla Mohamed el Mizzian, consiguió el 7 de octubre de 1913 el grado de teniente coronel; el 20 de octubre fue nombrado jefe inspector de la Mehalla Xerifiana; el 29 de junio de 1916 ascendió a coronel por sus incursiones en el valle del Termis; el 1 de agosto de 1917 se le confió la dirección del regimiento de cazadores de Victoria Eugenia, destacado en Ceuta; el 15 de julio de 1918, el de Húsares de la Princesa, y el 29 de octubre fue nombrado vocal de la Junta de Municionamiento y de Material de Transportes de las Fuerzas en Campaña.

El 31 de diciembre de 1919, promovido a general de brigada, fue trasladado a Madrid, donde quedó al frente de la de Húsares y asumió el cargo de gobernador militar de Alcalá de Henares, que iba anexo. El 26 de julio de 1921 regresó a Melilla, donde vivió de cerca el desastre de Annual.

Intervino en las operaciones de reconquista, toma del Zoco de El Arba y avance sobre Zeluán y Monte Arruit. Permaneció en África hasta el 13 de mayo de 1922, cuando con la brigada de húsares, retornó a Alcalá de Henares y a asumir el Gobierno Militar.

Se negó a secundar a Primo de Rivera. El 24 de mayo de 1924 ascendió a general de división y, el 10 de julio, fue designado gobernador militar de la isla de Menorca. Allí se vio envuelto en varios asuntos políticos que lo llevaron al cese el 4 de noviembre de 1926, quedando en situación de primera reserva.

En la noche del 14 de abril, antes de proclamarse la República, se acercó hasta palacio para comunicar a la familia real, por medio de la marquesa del Mérito, que no corría peligro alguno y que se habían tomado las medidas necesarias para evitar cualquier incidente.

Rehabilitado el 15 de abril, se le ofreció la Capitanía General de Andalucía, donde declaró el estado de guerra para asegurar el orden republicano. Lo hizo de nuevo el 12 de mayo, con motivo del incendio de iglesias y conventos. Por decreto de 3 de junio fue nombrado general en jefe de las Fuerzas Militares de Marruecos, en tanto Luciano López Ferrer ocupó la Alta Comisaría. Su relación no fructificó, discutieron si las intervenciones debían ser civiles o militares, y López Ferrer acabó por ser sustituido por Juan Moles. A Cabanellas se le ofreció el 3 de febrero de 1932 la Dirección General de la Guardia Civil.

Su suerte cambió con el pronunciamiento de Sanjurjo, cuando incumplió la orden del ministro de la Gobernación de desarmar a la Guardia Civil de Sevilla. Recibió su cese el día 15 de agosto y quedó en situación de disponible hasta el 15 de febrero de 1933, en que se le ofreció la III Inspección General del Ejército, permutada el 25 de septiembre por la II.

En noviembre de ese año se presentó en las elecciones a las primeras Cortes ordinarias en las listas del Partido Republicano Radical por la provincia de Jaén; elegido diputado, se le confirió la presidencia de la Comisión de Guerra. Renunció a su acta para ocupar el cargo de inspector general de Carabineros el 19 de mayo de 1934 y luego de la Guardia Civil el 15 de febrero de 1935.

El 11 de enero de 1936 recibió el mando de la V División Orgánica. Poco después, el triunfo del Frente Popular en los comicios le hizo plantearse el unirse a la sublevación que empezaba a forjarse. Iniciado el alzamiento, la desaparición de Sanjurjo lo convirtió en el general rebelde de mayor graduación y, según las normas militares, debía asumir la jerarquía suprema. Mola trató de impedirlo, adjudicándole el 24 de julio la presidencia de la Junta de Defensa Nacional formada por otros cuatro generales —Mola, Ponte, Saliquet y Dávila— y dos coroneles —Montaner y Moreno Calderón—.

El 1 de octubre de 1936 Franco creó la Junta Técnica del Estado y, como primera medida, lo apartó de toda responsabilidad escogiéndolo como inspector general del Ejército, cargo puramente honorífico. Desempeñaba esa función cuando falleció en Málaga el 14 de mayo de 1938.

La VIII División tenía su sede en La Coruña; abarcaba Galicia, Asturias y parte de la región de León con las provincias de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, León y Oviedo. Estaba al mando de Enrique Salcedo Molinuevo, héroe de las campañas de Marruecos, condecorado con la Medalla Militar individual.

Salcedo conocía la conspiración, pero no tomó partido. El 19 de julio —en Galicia la sublevación no se produjo hasta el 20—, el diputado de Unión Republicana, José Miñones, se entrevistó con él para insistirle en el peligro que supondría para su carrera unirse a los rebeldes, a lo que respondió que haría lo que indicase Sanjurjo, con quien le unía una gran amistad. Sin embargo, este falleció sin llegar a mantener con él ninguna comunicación. Quien sí le hizo llegar un mensaje fue Queipo de Llano, que la noche del 18 de julio le conminó a unirse a la sublevación, petición reiterada por Mola en una llamada telefónica el mismo día 19. A pesar de ello, Salcedo y el general Rogelio Caridad Pita, jefe de la 15.ª brigada de infantería con sede en La Coruña, le aseguraron al gobernador civil, Francisco Pérez Carballo, su fidelidad a la República.

El día 20 a las cinco de la madrugada, Salcedo se reunió en la capitanía general con Caridad Pita, que le advirtió de que el coronel Pablo Martín Alonso, al mando del regimiento de infantería Zamora n.º 29, y el teniente coronel Montel, secundados por el jefe de Estado Mayor provisional de la capitanía, el teniente coronel Luis Tovar Figueras, pretendían apoyar la rebelión. Durante la mañana destituyó a Tovar. Sin embargo, los sublevados acabaron por reducirlo en su despacho. Fue detenido, y poco después trasladado a Ferrol junto a Caridad Pita. Allí, los dos quedaron internados en el Castillo de San Felipe. Ambos fueron encausados por un consejo de guerra el 24 de octubre; acusados de traición, los condenaron a muerte. Fueron fusilados el 9 de noviembre en el patio del castillo.

La división de caballería la mandaba el general de división Cristóbal Peña Abuín, que había sido gobernador militar de Madrid. Se mantuvo fiel al Gobierno, con un comportamiento atípico: ni se pronunció en ningún sentido ni tomó ninguna medida contra los oficiales a sus órdenes que sí lo hicieron. No desempeñó ningún cargo hasta octubre de 1937, fecha en que cumplió la edad reglamentaria y pasó a la reserva. Falleció en 1953, a los 81 años.

Un gran número de unidades no formaban parte ni de las divisiones orgánicas ni de la división de caballería, sino que tenían la categoría de cuerpo de ejército o de ejército y, en principio, eran orgánicamente autónomas, aunque estuvieran acuarteladas dentro de la jurisdicción territorial de una división orgánica. Eso hacía muy importante saber hacia qué bando se inclinaban.

La Comandancia Militar de Baleares tenía su sede en Palma de Mallorca y estaba a las órdenes de Manuel Goded; de él dependían las tropas de Mallorca, mientras que las de Mahón lo hacían del general de ingenieros José Bosch y Atienza. Ambos se sumaron a la sublevación.

La Comandancia Militar de Canarias estaba en Santa Cruz de Tenerife; su jefe era el general Franco, designado para el mando por el Gobierno el 21 de febrero de 1936. Las tropas de las Palmas de Gran Canaria dependían del general Amado Balmes Alonso, que falleció el 16 de julio. A pesar de lo que pueda decir la rumorología popular, no fue asesinado por orden de Franco para eliminar un posible rival; Balmes probaba en el campo de tiro unas pistolas que se iban a entregar a miembros de Falange que se unirían al alzamiento, cuando se le encasquilló una de ellas y, al manipularla, se disparó, hiriéndolo de muerte.

Canarias se unió a la rebelión, aunque el teniente coronel de la Guardia Civil, Emilio Baráibar, intentara oponerse a Franco tras unos momentos de indecisión. Las islas eran un enclave importante para los sublevados, la única refinería de todo el Estado, la factoría de CEPSA, estaba en Tenerife; controlarla era necesario para obtener la gasolina que necesitaban ambos bandos.

El Ejército de África estaba al mando del general Agustín Gómez Morato, que tenía su cuartel general en Ceuta. A sus órdenes estaban dos circunscripciones: la oriental, con sede en Melilla, dirigida por el general Manuel Romerales Quintero y dividida en dos partes, Melilla y el Rif; y la occidental, con sede en Tetuán, al mando del general Osvaldo Capaz Montes y dividida a su vez en dos partes: Ceuta-Tetuán y Larache.

Otras unidades estaban en Villa Bens, desde donde se controlaban los territorios de Ifni, Cabo Juby, Río de Oro y La Agüera-Cabo Blanco, y en la Guinea Española —Fernando Poo, Río Muni, Elobey, Annobón y Corisco—. En los dos casos eran fuerzas que dependían directamente de la presidencia del Consejo de Ministros; consistían en una compañía disciplinaria estacionada en Villa Bens, destacamentos de infantería, ametralladoras, ingenieros, transmisiones, artillería, intendencia y sanidad repartidos por los fuertes del territorio, tres tabores del batallón de Tiradores de Ifni, la Guardia Civil de Ifni, las Tropas Nómadas del Sahara y la Guardia Colonial de Guinea Española.

Gómez Morato, que era ferviente partidario de las reformas militares que había decidido Azaña y llevaba al mando del Ejército de África desde 1932, estaba en Larache el 17 de julio, cuando se enteró por una llamada que le hizo el presidente Casares Quiroga de la sublevación de las guarniciones de su territorio. Se dirigió a Melilla para hacerse cargo de la situación, pero fue detenido por sus subordinados en cuanto su avión tocó tierra. Encarcelado durante toda la contienda —probablemente lo salvó de la ejecución el que tres de sus hijos y su yerno estaban entre los oficiales sublevados—, le dieron de baja en el ejército el 23 de diciembre de 1936; luego fue procesado en 1940 y condenado a 12 años de prisión. Falleció en Valencia en 1956.

Romerales Quintero, un veterano muy condecorado que había conseguido sus ascensos en la guerra de Cuba y las campañas marroquíes, tampoco se unió a la sublevación; fue detenido por un grupo de oficiales de su Estado Mayor dirigidos por los tenientes coroneles Luis Solans Labedán y Juan Seguí. El 26 agosto lo juzgó un consejo de guerra, presidido por el general Álvarez de la Gándara, en el que se pidió para él la pena de muerte bajo la acusación de rebelión militar y traición. Fue condenado a muerte y fusilado en el campo de tiro del fuerte de Rostrogordo, Melilla, el día 29.

Capaz Montes, con cierta fama por haber sido el que finalmente ocupara Sidi Ifni y el Sahara español tras décadas de indecisiones políticas, era otro de los africanistas que parecían ser adeptos a la República, pero en esta ocasión optó por no hacer pública su postura. Organizó todo para hacer un viaje a Madrid durante las fechas en que estaba previsto el alzamiento y abandonó Tetuán. Para su sorpresa, en la capital fue arrestado por milicianos. Ingresado en la cárcel Modelo, fue fusilado la noche del 22 al 23 de agosto durante una de las sacas entre militares y políticos de derechas que los anarquistas hicieron en la prisión.

El coronel inspector de la Legión, Luis Molina Galano, y el alto comisario Arturo Álvarez Buyila se opusieron, respectivamente, en Ceuta y Tetuán a la sublevación. El primero fue fusilado el 26 de julio; el segundo, el 17 de marzo de 1937, junto a tres oficiales de aviación que la habían apoyado.

Descabezado el Ejército de África, Franco, que se había trasladado de Tenerife a Gran Canaria para desde ahí desplazarse a Marruecos, no tuvo ningún problema en ponerlo bajo su mando.

La última comandancia militar, la de Asturias, creada tras la revolución de 1934, estaba a las órdenes del coronel Antonio Aranda Mata, un ingeniero geógrafo que había desempeñado un brillante papel durante el desembarco de Alhucemas. Considerado republicano moderado de la línea de Lerroux, acabó por sublevar solo Oviedo, que quedó cercado por las fuerzas fieles al Gobierno.

En el resto de unidades se repartieron las suertes: de las dos brigadas de montaña, la 1.ª, con sede en Gerona, se sublevó; cuando la rebelión fue sofocada en Barcelona, su jefe, el general Jacinto Fernández Ampón, fue detenido. Acabó fusilado por los milicianos en los fosos del castillo de Montjuic. La 2.ª, vacante de mando, terminó disgregada.

De los cuatro regimientos de artillería pesada, el 1.º, con sede en Córdoba, estaba a las órdenes del coronel Ciriaco Cascajo, que se sublevó; el 3.º, con sede en San Sebastián, estaba bajo el mando del coronel León Carrasco Amilibia, que se mostró indeciso. Su vacilación le supuso ser detenido por fuerzas leales al Gobierno el 28 de julio; esa misma noche lo asesinaron. Tanto el 2.º como el 4.º, con cuarteles generales en Gerona y Medina del Campo, respectivamente, se disgregaron.

Regimientos de caballería sueltos eran Taxdir n.º 7, Lusitania n.º 8, Castillejos n.º 9 y Farnesio n.º 10, estacionados, respectivamente, en Sevilla, Valencia, Zaragoza y Valladolid, que se unieron a la sublevación al triunfar el golpe en las ciudades en que tenían su sede. Algo similar ocurrió con los dos regimientos ligeros de carros de combate, cada uno de los cuales contaba solo con 5 vehículos ametralladores Renault FT-17, supervivientes de la campaña de Marruecos. El 1.º estaba estacionado en Madrid a las órdenes del coronel Ángel Cuadrado Garcés y no se sublevó, y el 2.º, que estaba en Zaragoza, sí lo hizo.

Los FT-17, utilizados durante la Primera Guerra Mundial, habían sido considerados los primeros carros de combate modernos del mundo debido a sus prestaciones y su reducido coste, pero ya estaban muy obsoletos. Contaban con una torre central superior que podía girar totalmente y en la que, por lo general, estaba emplazado el cañón principal, pero los 10 que Francia le había vendido a España solo disponían de ametralladoras, y, en un único caso, una instalación de TSH (Telegrafía Sin Hilos).

Antonio Aranda Mata

Nació en Leganés, Madrid, el 13 de noviembre de 1888 en el seno de una familia numerosa. Fue el mayor de 10 hermanos. Hijo de un cabo de Sanidad Militar, cursó sus primeros estudios en Zaragoza, adonde fue destinado su padre cuando él contaba cinco años, posteriormente, a los doce, regresó de nuevo la familia a Madrid y al poco entró a trabajar en una tienda para llevar las cuentas.

El 28 de agosto de 1903, ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, donde obtuvo el grado de segundo teniente en julio de 1906; el rey Alfonso XIII le entregó personalmente el despacho y eligió destino, como le correspondía por ser el número uno de la promoción, después de don Alfonso de Orleans, que lo era de honor. Pidió ir al regimiento de Gravelinas, que estaba de guarnición en La Granja de San Ildefonso, Segovia. Teniente de infantería dos años más tarde y capitán por antigüedad en octubre de 1911, ingresó en la Escuela Superior de Guerra y fue promovido a capitán de Estado Mayor en septiembre de 1913.

Participó en la campaña de Marruecos y consiguió el ascenso a comandante por méritos de guerra en junio de 1916. Desempeñó el cargo de jefe de Estado Mayor del grupo de fuerzas de la zona de Tetuán en 1919 y fue varias veces condecorado. Sobresaliente fue su actuación en la posición de El Jamas, en la que recibió una gravísima herida en diciembre de 1924. El 8 de mayo del año siguiente ascendió a teniente coronel de Estado Mayor por antigüedad.

Desempeñó trabajos como jefe de la Comisión Geográfica de Marruecos y de la Internacional de Límites con Francia, colaboró en la preparación del desembarco de Alhucemas y participó, junto con el general Goded, en las conferencias de Rabat del 10 de julio de 1925 en las que el general Sanjurjo y las autoridades francesas trataron sobre la rebelión del protectorado marroquí. Siguió la etapa final de pacificación de Marruecos hasta 1927, cuando fue ascendido a coronel y nombrado jefe de Estado Mayor del Ejército.

Al implantarse la República se retiró del servicio activo hasta que fue destinado forzoso a la primera Inspección del Ejército y después a la jefatura de los Servicios Geográficos en el Estado Mayor Central. Fue detenido con ocasión del intento de golpe de Sanjurjo, aunque no había tenido ninguna intervención en su preparación y desarrollo.

En octubre de 1934 intervino en los sucesos de Asturias; impulsó las fuerzas en el sur de la región, penetró por los puertos de Leitariegos, San Isidro y Tarna, en los que se habían refugiado partidas de revolucionarios que mantenían en alarma extensas zonas, y consiguió en poco tiempo la pacificación del territorio recorrido.

Tras las elecciones de febrero de 1936, participó en los planes de sublevación. Al producirse el levantamiento el 18 de julio, pareció mostrarse indeciso, pero finalmente, aunque hasta el último momento le aseguró a Indalecio Prieto que se mantendría fiel al Gobierno, optó por unirse a los rebeldes y logró inclinar definitivamente hacia su bando Oviedo, una ciudad que parecía destinada a convertirse en baluarte del Frente Popular. Primero ordenó la concentración de la Guardia Civil en Oviedo y Gijón, y luego logró enviar hacia Madrid a cerca de 2000 mineros a los que previamente les había facilitado armamento.

A las 06:30 del 19 de julio prometió en conversación telefónica con Mola declarar el estado de guerra. A las 10:00, el gobernador civil le ordenó la entrega de armas a las milicias y a varios miles de mineros que no habían salido el día anterior, pero se negó a hacerlo y a obedecer al Gobierno.

A media tarde, con la mayor parte de la Guardia Civil ya concentrada, abandonó la sede del Gobierno Civil de Oviedo, donde estaba prácticamente vigilado, y fue a la comandancia a preparar la salida de las fuerzas. Gracias a la decisiva intervención del comandante de infantería Gerardo Caballero se hizo también con el control de la Guardia de Asalto. De madrugada fueron puestos en libertad los presos de derechas y se presentaron los primeros voluntarios. A las 10:00 del 20 de julio declaró el estado de guerra sin encontrar mayor resistencia. Oviedo se convirtió en una isla sublevada en un entorno fiel al Gobierno. Comenzó un asedio que se prolongaría durante meses.

Con fecha 1 de octubre de 1936 el Gobierno «nacional» lo ascendió a general de brigada, y el 31 de enero le dio el mando de la VIII División Orgánica. El 3 de octubre de 1937 se le concedió también la Cruz Laureada de San Fernando por su actuación durante el cerco de Oviedo. La misma condecoración con carácter colectivo se otorgó a las fuerzas defensoras de la plaza.

Terminada la campaña del Norte cesó en el mando del ya 8.º Cuerpo de Ejército y asumió la jefatura del Cuerpo de Ejército de Galicia que se unió a las fuerzas del Cuerpo de Ejército de Castilla y a las divisiones de García Valiño y Monasterio, piezas básicas en la operación de reconquista de Teruel a comienzos de 1938. Fue de los primeros en acudir a esa ofensiva, iniciada por las unidades republicanas, pues se hallaba en Huesca, con su cuartel general en Zaragoza. Sus tropas cubrieron la línea del frente aragonés, intervinieron en las batallas de Teruel, Montalbán y Utrillas, donde están las minas de carbón, y entraron en Morella, para, posteriormente, descender hacia la costa hasta Vinaroz.

La llegada al Mediterráneo rompió en dos la retaguardia enemiga en abril de ese año. En esa etapa final del avance sus fuerzas conquistaron Peñíscola el 29 de abril; Castellón, el 14 de junio y Nules, el 8 de julio, donde el empuje ofensivo quedó frenado. Desde julio hasta noviembre de 1938 participó en la batalla del Ebro.

A finales de febrero de 1939 ascendió a general de división, y en la Ofensiva de la Victoria, llevada a cabo en marzo, entró al frente de sus tropas en Sagunto y Valencia. En junio, una vez acabada la guerra, marchó a Alemania al frente de la comisión militar que acompañó de regreso a la Legión Cóndor.

Sin ningún mando a partir de 1940 por discrepancias con el Régimen, y separado del servicio en 1942, vivió sus últimos años totalmente sordo como consecuencia de un tiro recibido en Oviedo el 22 de diciembre de 1936, que le entró por la mándibula y le salió por el pabellón auricular, afectándole ambos oídos. Falleció en Madrid el 8 de febrero de 1979.

Una clara muestra de la división del Ejército se produjo en los dos regimientos de ferrocarriles, creados en su momento para transportar tropas y pertrechos al frente con rapidez, que tenían su base en las instalaciones militares de Leganés. El 1.º, a las órdenes del coronel Enrique del Castillo Miguel, se mantuvo fiel al Gobierno; en el 2.º, su jefe, el coronel Manuel Aspiazu Paúl se mostró indeciso; lo detuvieron cuando la sublevación fue sofocada en Madrid y terminó fusilado en Paracuellos en noviembre de 1936.

1.4 España dividida

Tras las primeras jornadas del alzamiento, Mola tenía una amplia zona sobre la que ejercer su autoridad, pero repartida en varios focos sin enlace entre sí. El Gobierno, como hemos visto, retuvo La Mancha, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía Oriental, más de la mitad de Aragón, Menorca y, en el norte, aisladas, Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias —salvo la capital—.

Esa semana de la sublevación fue crítica, y en gran parte la suerte de la República se jugó en las decisiones tomadas por uno y otro bando. La muerte de Sanjurjo dejó descabezada momentáneamente la jefatura de los nacionales, como desde un principio se autodenominaron. El Gobierno republicano tenía en sus manos los medios suficientes para abortar la intentona golpista, pero ni logró derrotarlos, ni los rebeldes consiguieron sus objetivos. La evidente situación de división desembocó —contra todas las expectativas anteriores, que esperaban poco más que una corta campaña—, en una cruenta guerra civil. Para librarla, y sin contar con las unidades inmovilizadas en las provincias insulares o en los territorios de soberanía y protectorado, ambas partes contaban únicamente con las fuerzas acuarteladas en la Península.

El Gobierno conservó íntegramente las divisiones I, III y IV, la 1.ª brigada de montaña y parte de las 2.ª, 6.ª, 7.ª y 8.ª y la división de caballería. Los sublevados, la totalidad de la división V y fracciones mayoritarias de las compartidas. Un reparto relativamente equilibrado que se vencía del lado del Gobierno por la importancia determinante de las guarniciones de Madrid, Barcelona y Valencia, en las que se acumulaba la mayoría de los medios de apoyo y reserva, y por el desigual apoyo de los medios e individuos de los cuerpos de la Guardia Civil, Carabineros y Seguridad, fuerzas profesionales con un valor inicial superior a las del ejército territorial, que estaba formado por reclutas con escasísima instrucción y pobre encuadramiento.

Esta situación le daba una clara ventaja a las magníficas y fogueadas tropas africanas —6 banderas del Tercio, 15 tabores de Fuerzas Regulares Indígenas; 6 batallones de cazadores y 2 grupos de ametralladoras—, tropas ligeras, pero sumamente entrenadas, bien mandadas, muy disciplinadas y, sobre todo, las únicas con experiencia real en combate, que estaban dispuestas a sumarse al levantamiento. El problema para los sublevados era que no podían atravesar el Estrecho, dominado por la flota, de la que se habían adueñado los oficiales auxiliares y de máquinas. Solo el acorazado España, que no estaba en servicio; el crucero Cervera, que se encontraba en dique seco, y el destructor Velasco se habían unido a la rebelión. Más de 300 de los 450 aviones de que se disponía quedaron también en poder del Gobierno, con lo que su dominio del aire era tan completo como el que ejercía en el mar.

En definitiva, a finales de julio el Gobierno disponía en tierra, aproximadamente, de 160 000 hombres y los sublevados de 150 000, de los que 70 000 y 35 000, respectivamente, eran milicianos. A los 17 413 oficiales en activo se sumaban los casi 8000 retirados en edad de servicio y los algo más de 6000 de complemento, unos 31 000 individuos que después de muy distintas vicisitudes se repartieron aproximadamente de la manera siguiente: unos 14 000 engrosaron las filas de los sublevados, 8000 las gubernamentales y los restantes quedaron anulados, bien por muerte o encarcelamiento, bien por haber sido expulsados o porque decidieron permanecer escondidos.

Ante este panorama, los sublevados decidieron mantener, con ligeros retoques, la estrategia de Mola. Su objetivo siguió siendo Madrid. El Gobierno, una vez asumida la consumación del golpe de Estado, se dispuso a defender la capital, pero actuó con demasiada moderación, pues en parte buscó cauces de diálogo con los insurgentes, lo que ofreció una imagen de debilidad. El mismo 18 de julio dimitió Casares Quiroga, e, inmediatamente, se formó un nuevo Gobierno presidido por Martínez Barrio, que intentó entablar negociaciones con Mola y se opuso a entregar armas a los obreros, como pretendían socialistas y anarquistas, ante el temor de que se produjera una revolución proletaria desde el interior de la República. Cuando Mola rechazó la negociación, las presiones socialistas aumentaron, y el Gobierno que se había organizado a primeras horas del día dimitió antes de la mañana siguiente.

Se constituyó otro. Lo presidió José Giral, fundador, junto con Manuel Azaña, de Acción Republicana y miembro de Izquierda Republicana, que fue quien realmente tomó las primeras medidas para modificar la labor ordinaria de gobierno y hacer frente a la guerra; las más importantes fueron la transformación de la Guardia Civil en Guardia Nacional Republicana, con la intención de asegurarse la fidelidad y fiabilidad de los guardias civiles que se habían mantenido fieles al Gobierno, y la incautación de las industrias y tierras abandonadas por sus dueños.

Luis Castelló Pantoja

Nació en Guadalcanal, el 26 de marzo de 1881. Su padre, Leonardo Castelló Castro, fue funcionario de Hacienda en Filipinas, donde llegó a director general de Aduanas y presidente del Tribunal de Cuentas. Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en septiembre de 1899 a la edad de dieciocho años. El 14 de julio de 1902, tras los tres años de estudios pertinentes, obtuvo el empleo de 2.º teniente de infantería y, una semana después, fue destinado al regimiento Soria n.º 9 con guarnición en Sevilla.

En julio de 1905 fue ascendido a 1.er teniente, y cuatro años despús, el 27 de julio de 1909 destinado al Batallón de cazadores Segorbe n.º 12 con guarnición en Tarifa. Acababa de comenzar el conflicto con las cabilas rifeñas, y su batallón marchó a Melilla.

Durante los meses de agosto a noviembre de 1909, al mando de su sección de cazadores, mantuvo frecuentes combates con los rifeños. Algunas de estas acciones serían recompensadas con dos cruces al Mérito Militar con distintivo rojo. Una vez finalizado el conflicto, el 6 de junio de 1910 regresó a Tarifa, guarnición habitual de su regimiento.

El 25 de noviembre de 1911 fue destinado al batallón de las Navas n.º 10 con guarnición en Madrid. Ascendido a capitán, apenas un mes después se trasladó al batallón de cazadores de Barbastro n.º 4 con guarnición en Alcalá de Henares. El 9 de abril de 1913, Barbastro n.º4 fue destinado a Tetuán, donde permaneció de guarnición hasta 1915. En ese tiempo entró frecuentemente en combate, por lo que de nuevo fue condecorado con otras dos cruces al Mérito Militar y una Cruz de María Cristina de 1.ª clase.

En marzo de 1915, tres años después de su ascenso a capitán, fue ascendido a comandante por méritos de guerra. Días más tarde lo destinaron a la 1.ª Región Militar y, en junio de ese año, al regimiento de infantería Soria n.º 9, en Sevilla.

En 1917, cuando se forman las Juntas Militares de Defensa, fue elegido representante de la Región Militar de Andalucía para poco después, formar parte como vocal del Directorio del Arma de Infantería, en Madrid. Obtuvo destino en el regimiento de infantería n.º 1 Inmemorial del Rey con guarnición en Leganés, Madrid, y, un mes más tarde, quedó como disponible en la 1.ª Región Militar. En este tiempo desempeñó su cargo como vocal de la Junta de Defensa de la 2.ª Región Militar.

El 4 de agosto de 1921 ascendió por antigüedad al empleo de teniente coronel continuando en situación de disponible en la 1ª Región Militar y prestando sus servicios en el Ministerio de la Guerra. El 30 de noviembre abandonó su puesto en la Junta de Defensa y se incorporó a petición propia al regimiento de infantería León n.º 38 con guarnición en Madrid.

En agosto de 1924 su regimiento fue destinado a Melilla. Desde esa fecha, hasta febrero de 1925, al frente de su batallón y formando parte de distintas columnas, sostuvo acciones con el enemigo. El 2 de febrero embarcó para la Península y regresó a Madrid. En agosto de ese año se hizo cargo del mando accidental del regimiento y, dos meses más tarde, el 1 de octubre, ascendió al empleo de coronel por méritos de guerra.

De nuevo fue destinado a Marruecos, esta vez como jefe de la 2.ª media brigada de cazadores de Larache. Allí permaneció más de un año. Su siguiente destino sería el de gobernador militar en Alcazarquivir. Más tarde sería comandante militar de Ceuta y, en Cádiz, delegado del gobernador general y presidente de la Junta de Obras del Puerto.

El 3 de febrero de 1932, ya con la República, ascendió a general de brigada y fue designado para ocupar el cargo de subsecretario del Ministerio de la Guerra. Desempeñó ese puesto con distintos ministros hasta el 6 de mayo de 1935.

En diciembre asumió la cartera de Guerra el general Nicolás Molero Lobo, quien decidió prescindir de sus servicios. Lo destinó a Badajoz, donde ocupó el cargo de gobernador militar de la plaza, que iba unido al de jefe de la 1.ª brigada de infantería de la I División.

En la madrugada del 18 al 19 de julio, tras haber conseguido sofocar la rebelión en Badajoz, recibió una llamada del recién nombrado ministro de la Guerra, el general José Miaja, para que se dirigiera a Madrid y se hiciera cargo de la capitanía de la capital. A su llegada a Madrid y puesto que el Gobierno había dimitido en bloque, fue nombrado ministro de la Guerra

Apenas pasó un mes al frente del ministerio, pero a él se debieron, entre otros hechos, la reestructuración de los distintos gabinetes, la incorporación a filas de los nuevos reemplazos y la creación de los batallones de voluntarios según decretos de 29 de julio y de 2 de agosto de 1936, respectivamente.

El 6 de agosto, con su familia en Badajoz, ciudad cercada por los sublevados, y muy conmocionado por el fusilamiento de su hermano José, su primo Luis y un hijo de este a manos de las milicias anarquistas, solicitó la dimisión de su cargo por depresión; cesó el 4 de septiembre, y pasó de nuevo al mando de la 1.ª brigada, donde no ocultó su pesimismo por la marcha de las operaciones militares. «Con hombres como estos al frente del Ejército —dijo de él Francisco Caminero Rodríguez, representante del Partido Sindicalista en la Junta de Defensa de Madrid—, no es de extrañar que las cosas vayan como van».

En octubre, cuando ya decía tener contactos telepáticos con su esposa y había intentado suicidarese, fue ingresado en el sanatorio mental del doctor Esquerdo, en Carabanchel. Desde allí consiguió dirigirse a la embajada francesa y, el 7 de julio de 1937, fue evacuado a Francia.

Una vez confirmada su presencia al otro lado de la frontera, Queipo de Llano puso en libertad a su mujer y a sus hijas, que estaban retenidas en Sevilla, donde habían sido trasladadas desde Badajoz, y las envió también a Francia para que se reunieran con él. En junio de 1938 fue dado de baja en el ejército republicano por ignorarse su paradero.

Detenido por la Gestapo en Francia, fue devuelto a España en mayo de 1942, e ingresó en prisiones militares. Condenado a muerte y conmutada su pena, salió en libertad en 1946. Falleció en Madrid el 27 de septiembre de 1962.

Giral era partidario de la entrega de armas a las organizaciones obreras y de la disolución del Ejército, pero sus intenciones se resintieron en la zona que mantenía bajo control al desencadenarse en muchos lugares una revolución que creó sus propios órganos de gobierno. El poder pasó a los comités de partido, sindicato, localidad, provincia o región, y el Estado y sus Fuerzas Armadas se desmoronaron. Aunque también es cierto que el Gobierno contribuyó a su desmantelamiento al disolver las unidades en que se hubieran producido brotes de rebelión. Como, dada la división del Ejército, no hubo prácticamente ninguna guarnición en la que no se produjera alguna, las Fuerzas Armadas quedaron dislocadas, a pesar de que inicialmente constituyeran el nervio de todas las columnas que el Gobierno envió para detener a los rebeldes.

En Madrid, donde se hacía más caso a las órdenes del ministro de la Guerra, se dispuso la salida de diferentes columnas mandadas por los generales Riquelme, Bernal y Miaja, y los coroneles Castillo y Puigdendolas, con la misión de cortar el camino a las fuerzas rebeldes que de Valladolid, Burgos y Pamplona habían salido en dirección a la capital. Debían también reducir los núcleos insurrectos de Toledo, Alcalá y Guadalajara, y ocupar Albacete, para desde allí seguir hacia Granada, Córdoba y Sevilla, en poder de los sublevados. Esta última columna, al mando de Miaja, tendría que enlazar con las levantinas del general Martínez Cabrera, que avanzaba hacia Granada desde Málaga, Almería, Cartagena, Murcia y el propio Albacete.

La organización de columnas, sistema que emplearon los jefes de ambos bandos, no era nada nuevo, ya se había utilizado durante las guerras carlistas y las de Marruecos, articuladas de manera que pudieran actuar de forma independiente mezclando unidades heterogéneas con otras de apoyo de combate, para completar las cualidades de cada una de ellas. Coordinar varias columnas de manera que pudieran combinar direcciones de ataque y despliegue de efectivos requería jefes experimentados. Una vez entraban en acción, lo mejor era que los fusileros avanzaran rápido bajo la cobertura de fuegos de artillería, ametralladoras o morteros; si detenían su progresión hasta haber asegurado el apoyo artillero, para luego volver a ponerse en marcha, tenían muchas probabilidades de fracasar en su cometido.

Todas las columnas se vertebraban en vanguardia, grueso de la columna, retaguardia y unidades de flanqueo. La misión de la vanguardia, organizada en diferentes escalones que siempre debían estar dispuestos a prestarse apoyo inmediato, era asegurar la maniobra del grueso, recoger información sobre la marcha de la situación del enemigo y ganar tiempo para que el grueso pudiera reaccionar de forma adecuada. Algo similar hacían los flanqueos, que en caso de producirse un ataque debían comportarse igual que la vanguardia y enlazar con ella estrechamente para evitar filtraciones. El problema volvía a ser que, a principios de la guerra, no todas las unidades tenían la suficiente experiencia como para realizar este tipo de maniobras de manera efectiva.

Ildefonso Puigdendolas y Ponce de León

Nació en Figueras, Gerona, en 1876. Hijo de un militar de ideas liberales, tras quedar huérfano muy joven ingresó con 14 años en la escuela de cabos y sargentos del Colegio de María Cristina para Huérfanos de Infantería. En 1895 fue voluntario a la Guerra de Cuba y, posteriormente, participó como teniente en la Guerra del Rif.

En abril de 1931, al momento de la proclamación de la República, estaba destinado en Sevilla como jefe del Cuerpo de Seguridad —la Policía—, cargo que mantuvo con el nuevo régimen, dada su ideología de izquierdas y vinculaciones políticas con el ministro Diego Martínez Barrio. En agosto de 1932 se opuso en persona a la sublevación de Sanjurjo en Sevilla. Por esta época se afilió a la Unión Militar Republicana Antifascista y fue ascendido a coronel. Dos veces fue nombrado coronel inspector.

Causó baja al frente del Cuerpo de Seguridad el 27 de mayo de 1936, pasando a la situación de reserva en el Ejército.

Nada más producirse la sublevación se puso a las órdenes del Gobierno. El 20 de julio salió de Madrid al frente de la columna que consiguió hacerse con el control, al día siguiente, de Alcalá de Henares, donde se había producido un amago de revuelta. El día 22 fue uno de los encargados de dirigir junto a Cipriano Mera la conquista de Guadalajara, donde se habían hecho fuertes unos 600 militares y falangistas.

Tres días después fue nombrado por el ministro de la Guerra comandante militar de Badajoz. Organizó la defensa de la ciudad durante la primera mitad del mes de agosto frente a las tropas rebeldes dirigidas por el general Yagüe. El 14 de agosto, antes de que la ciudad cayera, y tras ser herido de metralla en el brazo por un bombardeo, consiguió huir de Extremadura y escapar a Portugal.

Durante casi dos meses permaneció detenido en el cuartel del batallón de cazadores de Elvas y, desde el 24 de agosto, en el fuerte de Caxias, en Lisboa, hasta que consiguió ser evacuado en el buque Nyassa. Llegó a Tarragona el 13 de octubre, y desde allí regresó a Madrid. Tras ser depuradas sus responsabilidades por la pérdida de Badajoz, fue nombrado el 26 de octubre jefe de la agrupación de columnas de Illescas, Toledo, en sustitución de Ramiro Otal Navascués, designado jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército del Centro.

Fue uno de los artífices de la ofensiva republicana en Seseña el día 29. Se haría famosa por el avance imparable durante horas de una veintena de carros de combate soviéticos que llegaron a penetrar con facilidad en el interior del pueblo, controlado por los nacionales. Pese al ímpetu inicial, el ataque republicano no consiguió los propósitos esperados.

El día 31, después del intento de conquista de Seseña, Puigdendolas se encontraba en los alrededores de Parla tratando de frenar un ataque rebelde; tras el avance fulminante de los regulares, se produjo una espantada de milicianos que defendían una posición elevada. Con el objetivo de frenarla pistola en mano, disparó sobre el capitán que la mandaba con la intención de evitar la retirada. Acto seguido, varios de los hombres que huían respondieron con sus fusiles a la agresión del coronel, acribillándolo a balazos. Fue enterrado esa misma tarde.

De Valencia, donde el mando militar recaía en el general Martínez Monje, salieron sendas columnas, una hacia Andalucía para sumarse a las de Martínez Cabrera y otra hacia Teruel.

De Barcelona partieron cuatro a la conquista de Aragón, organizadas por el Comité Central de Milicias Antifascistas, que tenían un predominante aire miliciano —una de ellas estaba al mando del líder de la CNT Buenaventura Durruti, que fallecería el 20 de noviembre de 1936—, aunque en ellas no faltaran fuerzas específicamente regulares, como las que mandaban los coroneles Villalba, comandante militar de Barbastro, y Martínez Peñalver, jefe del regimiento Almansa.

En el norte se produjeron acontecimientos similares, solo que las unidades estaban formadas por guardias civiles y de asalto, miqueletes y milicianos; los republicanos en la región eran muy pocos y los nacionalistas vascos, aunque ya se habían inclinado hacia uno de los bandos, todavía no se habían incorporado a la lucha.

En San Sebastián las columnas mandadas por el comandante de Estado Mayor Pérez Garmendia se enfrentaron a las navarras, que pretendían invadir Guipúzcoa, y, en Vizcaya, fue el teniente coronel Joaquín Vidal Munárriz, jefe del batallón de montaña Garellano n.º 6, de guarnición en Bilbao, el jefe de las columnas que partieron hacia los puertos de la línea divisoria proponiéndose como objetivo Vitoria. En Santander el comandante García Vayas se adentró en tierras burgalesas y en Asturias el coronel José Franco Mussió organizó los sitios de Gijón y Oviedo, donde se defendían los coroneles Pinilla y Aranda.

Todas las columnas, en todos los frentes, eran heterogéneas, como ya hemos comentado, pero en las que el componente miliciano resultó preponderante, acabaron por disolverse las fuerzas regulares.

Por su parte, los sublevados constituyeron en Burgos, el 24 de julio, la ya comentada Junta de Defensa Nacional, presidida por Cabanellas, que dispuso la articulación de sus fuerzas en tres grandes agrupaciones: el Ejército del Norte, al mando de Mola, con autoridad sobre el territorio de las divisiones V, VI, VII y VIII; el Ejército de Marruecos, a las órdenes del general Franco, y el Ejército del Sur, dirigido por el general Queipo de Llano.

Mola inició una serie de operaciones ofensivas en dirección a Madrid e Irún, pero se vio pronto detenido y llegó a pensar en retirarse a un reducto en el que pudiera extremar la resistencia. La falta de municiones y la baja calidad de sus tropas, tan diversas como las adversarias, imponían un equilibrio que se alcanzó enseguida y que determinó el establecimiento de los frentes del norte, de Aragón y de las sierras centrales.

Mientras, Franco continuaba inmovilizado en Marruecos, y para salir de esta situación inició un puente aéreo entre el Protectorado y la Península con los escasos medios aéreos de que disponía. Comenzó el 20 de julio con 2 Fokker, 1 Douglas, 2 hidros Donier Wall y 3 Breguet XIX que transportaron a razón de 8 hombres por vuelo, destinados a reunirse con los 2 tabores que habían logrado cruzar por mar el 18 de julio.