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UN MOVIMIENTO OCUPADO
QUE NO HACE DEMASIADO CASO
DE UNA CONVOCATORIA

A mediados de marzo de 1919, en las calles de la Ciudad de México apareció pegado un cartel con el siguiente encabezado: «Convocatoria al primer Congreso Nacional Socialista».

Zapata estaba en armas en Morelos, Villa continuaba la guerra de guerrillas en el norte del país y Carranza maquinaba una sucesión electoral que diera continuidad a su proyecto. Parecía que la Revolución se había definido con la victoria del bloque obregonista. La Ciudad de México, que había jugado un papel muy secundario en los últimos ocho años de revolución, mantenía una curiosa calma social que la distanciaba de los grandes focos de la conflagración.

Se fijaba como fecha futura para la realización del acto el 15 de junio, y se invitaba a partidos socialistas, sindicatos, Ligas de resistencia y periódicos obreros a enviar uno o dos delegados. Entre los objetivos, se señalaba: «declarar solemnemente qué fines persiguen los socialistas, ya constituyendo partidos, ya individualmente» y «designar un delegado para que represente a los socialistas de México en el próximo congreso internacional acordado en las conferencias de Berna».

El documento cerraba con un apartado de «medidas políticas y económicas que se propone el Comité Organizador para acelerar el objetivo fundamental del socialismo», en el que se presentaban 37 demandas profundamente democráticas de muy diverso carácter y valor: voto secreto a los 18 años para hombres y mujeres, abolición de las corridas de toros, supresión del Senado, semana laboral de 44 horas, nacionalización de las minas, lavaderos y baños públicos gratuitos, seguro obligatorio por accidentes de trabajo y enfermedad, escuela racionalista, abolición del trabajo a domicilio, prohibición del trabajo a menores de 16 años, establecimiento de un jurado en los juicios que ameriten condenas a prisión, reglamento de trabajo en las prisiones, autonomía municipal, impuestos progresivos a los que ganaran más de mil pesos, libertad de prensa, derecho de referéndum y prohibición de bebidas alcohólicas.

Los firmantes del documento, en nombre del Comité Organizador y, por tanto, del Partido Socialista convocante, eran Adolfo Santibáñez, Francisco Cervantes López, Felipe Dávalos y Timoteo García. La convocatoria fue recibida fríamente en los medios sindicales, si se juzga considerando la abundante prensa obrera de la época, y tan sólo recibió el aval de la sorprendente Gale’s Magazine.

No era de extrañarse; por un lado, sonaba demasiado al lanzamiento de un nuevo proyecto electoral y, por otro, el movimiento obrero en los primeros meses de 1919 estaba involucrado en una serie de luchas y trabajos de reorganización de futuro incierto, en el estrecho espacio que le permitía el régimen carrancista.

Las alusiones al voto, las demandas de carácter amplio y, en general, el programa reivindicativo invitaban a repetir la polémica sobre la utilidad de la acción múltiple (o sea, intervención electoral, utilización de los instrumentos gubernamentales de mediación, apoyo en la legalidad constitucional), el término fraguado por Tudó, Morones, Barragán Hernández y otros dirigentes conservadores del movimiento sindical mexicano por oposición al término acción directa, que implicaba utilizar otros medios, además de los de la lucha fabril, callejera y confrontadora de clases. Sonaba a volver a la polémica que se había librado en el movimiento tras la derrota de las huelgas generales de 1916, y que parecía zanjada de momento con la experiencia electoral fallida, en 1917, del Partido Socialista Obrero, cuando un grupo de militantes sindicales, la mayoría del ala más moderada del movimiento, había participado en las elecciones para diputados, aunque sólo a escala del D. F., y habían sido derrotados en los siete distritos en los que intervinieron.

Los convocantes al congreso le hablaban a un movimiento militante formado en el magonismo y el anarquismo. Y a partir de este anarquismo, las posiciones deberían deslindarse. Había los que entendían las derrotas de las huelgas generales de 1916 y el pacto de la Casa del Obrero Mundial con los constitucionalistas en 1915 como dos experiencias de las que se extraía la lección de que el movimiento debería ser fuerte y aliarse con un sector del Estado mexicano surgido de la Revolución. Otro sector leía las mismas experiencias de una manera absolutamente opuesta: de lo que se trataba era de preservar la autonomía del movimiento obrero.

Para los últimos, esto implicaba la abstención electoral como un principio; para los primeros, una abstención temporal, mientras se encontraba el aliado idóneo y se iba levantando un movimiento sindical potente que les permitiera negociar con el Gobierno con un poder atrás.

La salida de la crisis posterior a las derrotas de 1916 había sido lenta y difícil, pero al iniciarse 1919, los dos proyectos sindicales se presentaban con posibilidades de dirigir la reorganización del movimiento a escala nacional, junto con multitud de proyectos regionales apoyados por grupos de afinidad y periódicos con cada vez mayor incidencia en la lucha de fábrica.

La Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), nacida en mayo de 1918, representaba la vertiente derechista de estos proyectos, quizá la que tenía más posibilidades de construir una organización obrera de masas a escala nacional. En sus primeros meses de vida, la CROM, nacida de una asamblea que conciliaba intereses diversos a nivel de las vanguardias y plasmaba la necesidad de la unidad del sindicalismo nacional a nivel de base, había tenido un desarrollo muy tormentoso. A escala regional, muchas de sus organizaciones habían protagonizado movimientos huelguísticos importantes, enfrentándose a la represión de los gobernadores carrancistas en relativo aislamiento entre sí. Esto había producido derrotas en Monterrey, Tampico, Torreón y Orizaba a lo largo de 1918 que, sin ser definitivas, habían mermado el poder de la federación. Su dirección nacional estaba copada por un grupo moderado formado desde el Congreso de Saltillo por Luis N. Morones, Ricardo Treviño y Marcos Tristán, quienes, vinculados a dirigentes regionales, constituían el equipo conservador y posibilista que estaba a la cabeza de la central.

Sin embargo, no fueron diferencias en torno a la línea sindical lo que provocó la ruptura entre la izquierda y la derecha dentro de la CROM, sino la política internacional de la dirección de estrechar lazos con la AFL norteamericana, que aparecía a los ojos de los militantes sindicales mexicanos como claramente reaccionaria, entregada al Gobierno y agresora de los Trabajadores Industriales del Mundo (IWW).

El choque más violento en torno a este problema se suscitó en noviembre de 1918, durante las conferencias AFL/CROM en Nuevo Laredo, cuando los grupos anarquistas dirigieron sus baterías contra Morones, que a toda costa buscaba el pacto con la AFL y la utilización de la influencia de la central norteamericana para hacer política en México. En un complejo juego a dos bandas, Morones pretendía que la AFL avalara a la CROM ante el Gobierno de Carranza y que la AFL, a su vez, presionara para que el Gobierno norteamericano reconociera al mexicano. Con estas cartas en la mano, si bien no logró del carrancismo una actitud de privilegio hacia los movimientos fabriles dirigidos por la CROM, sí se colocó en la situación personal de embajador extraoficial del Gobierno, que puso a su disposición «fondos secretos» para viajes y reuniones internacionales.

La dirección de la ofensiva contra Morones, en particular, y el equipo dirigente de la CROM, en general, estuvo protagonizada por el periódico Luz, dirigido por Jacinto Huitrón, López Dóñez y Enrique H. Arce, quienes pidieron en sus páginas una y otra vez la destitución de Morones y la celebración de un nuevo congreso.

La posibilidad de que la CROM se convirtiera en central única se perdió así, y aunque el sector más conservador de la dirección sindical en el Valle de México se incorporó a la CROM, los grupos anarquistas del interior de la República y los sindicatos más militantes del D. F. rompieron abiertamente con ella.

El 7 de noviembre de 1918, la ruptura se produjo formalmente en el D. F., y cinco sindicatos (tranviarios, botoneros, harineros, panaderos y cocheros) iniciaron la escisión. Las cabezas visibles del proyecto alternativo, que tomó el nombre de Gran Cuerpo Central de Trabajadores, eran tres sindicalistas: Genaro Gómez, Leonardo Hernández y Diego Aguillón, y un asesor de formación marxista, Nicolás Cano.

Genaro Gómez, dirigente de los panaderos, un sindicato con más de un millar de afiliados, había sido uno de los dirigentes del Comité de Huelga en 1916; Leonardo Hernández, organizador de los cocheros y asesor de los harineros, había dirigido la lucha contra la alianza CROM/AFL; Diego Aguillón, tranviario, era el fundador de los Jóvenes Socialistas Rojos; y Nicolás Cano, un minero de Guanajuato de 39 años que había sido diputado en el congreso de 1916-1917 y uno de los que habían intervenido en la formulación del artículo 123, era miembro de la dirección del pequeño Partido Socialista y asesor de los tranviarios, y también colaboraba como asesor legal Adolfo Santibáñez.

Creciendo rápidamente en los últimos meses de 1918 y los primeros de 1919, el Gran Cuerpo desplazó rápidamente a la CROM en el Valle de México e inició su expansión nacional, pero la presencia de Cano a la cabeza de la federación provocaba suspicacias entre algunos núcleos anarquistas que se mantuvieron al margen, sobre todo tras una declaración suya en la que hablaba de las posibilidades de la acción múltiple, la intervención de las Juntas de Conciliación, aún poco establecidas a lo largo del país, y la reglamentación del 123.

Si en el movimiento obrero la situación a fines de 1918 se caracterizaba por el estancamiento de la CROM, el crecimiento del Gran Cuerpo Central y la reorganización de los grupos anarquistas (16 de los cuales se reunirían en abril), las luchas que se dieron en el primer trimestre de 1919 harían que estos factores se desarrollaran más aún. El año se inició en la capital con conflictos en las compañías harineras. Las demandas eran el aumento salarial y el cumplimiento de la constitucional jornada de ocho horas, que ninguna empresa respetaba y que era papel muerto en el artículo 123. Primero, fue en La Esperanza, luego, en La Estrella y en la Compañía Harinera Mexicana. Tras la agitación se encontraba un pacto solidario entre los obreros molineros de todas las compañías del Distrito Federal, respaldado por el apoyo del Gran Cuerpo y resultado del trabajo que Leonardo Hernández había realizado entre ellos. El comportamiento de los propietarios harineros es ilustrativo de las actitudes del conjunto de los grupos patronales del país. La jornada legal podría ser de ocho horas, pero en las harineras se trabajaban 11 o 12, y ante los llamados a huelga, respondían con la amenaza del lock-out y despidos masivos. El paro patronal se inició el 8 de enero. La Junta de Conciliación intervino a petición del Gran Cuerpo y convocó a los patrones harineros a una convención para fijar salarios. Cinco mil obreros trabajaban en la industria de harinas y pastas del D. F., concentrados en su enorme mayoría en ocho fábricas con un capital de 20 millones de pesos. Los patrones, gachupines en su enorme mayoría, estaban íntimamente ligados a la industria panadera.

Mientras se sucedían los paros parciales en algunas empresas, la patronal se declaraba en rebeldía, boicoteando la convención convocada por las autoridades, y crecía la agitación. El Gran Cuerpo abrió un segundo frente de lucha en los Talleres de la Compañía de Tranvías en Indianilla, donde se exigía la destitución de capataces, la reposición de Nicolás Cano y que se reconociera al sindicato. El 14 de enero estalló un paro parcial. El conflicto era ahora directamente contra el Gobierno carrancista, que mantenía una administración temporal de los intereses de la compañía extranjera. El 17 se levantó el paro tras una entrevista del Gran Cuerpo con Carranza. La federación cromista de sindicatos del D. F. se había desolidarizado del movimiento y los tranviarios retrocedieron. Carranza se limitó a ofrecerles que se retiraría la orden de selección del personal, dada al iniciarse el movimiento, y que se abrirían negociaciones sobre las demandas generales que lo originaron. El mismo día en que se realizaban las negociaciones, una movilización de mil trabajadores de todos los departamentos de la Compañía de Tranvías había de mostrar la fuerza del movimiento, a la que las autoridades respondieron con la decisión de alertar a la policía y declarando: «El Gobierno apoya a la gerencia, ya conocemos a los agitadores, aténganse a las consecuencias».

Si bien la amenaza de represión frenó el movimiento tranviario, la intransigencia patronal impulsó a los harineros y hacia fines de mes ya eran cuatro las empresas en huelga: sumándose La Guadalupe y La Fe. La lucha se desarrollaba con asambleas generales conjuntas de los trabajadores y, pronto, la demanda se unificó: jornada de ocho horas y salario mínimo en la industria molinera.

La respuesta gubernamental era característica de su comportamiento hacia las luchas obreras. Por un lado, el Gobierno había promulgado un artículo 123 que no se cumplía en el interior de las fábricas, por otro, mantenía una actitud pasiva en las mediaciones en las que intervenía, promoviendo negociaciones eternas y sin salida, o absteniéndose de participar en los conflictos hasta que éstos se agudizaban y, en ese momento, amenazaba con la represión. El Carranza de 1919 no podía cubrirse con el manto del 123 constitucional de 1917.

Las Juntas de Conciliación existían en el papel, muchas estaban instaladas formalmente, otras no habían empezado a funcionar, las menos, sin facultades ejecutivas y bajo el control del poder regional, eran instrumentos de una política proindustrial ejercida por los caudillos. Estas concesiones continuas de la política carrancista a las patronales tenían parcialmente su origen en la situación caótica en la que se encontraba la industria a escala nacional, a causa de la Revolución. Problemas de suministro de materias primas y combustible afectaban a casi todas las empresas del país. Algunas industrias, como la textil, tenían paralizado 12% de las empresas (las más alejadas de los centros comerciales o las más atrasadas tecnológicamente); en la industria minera, las tremendas oscilaciones del mercado de los metales pobres, a causa del fin de la guerra mundial, mantenían en estado caótico a las explotaciones que abrían y cerraban, sin importarles la situación de sus trabajadores, que quedaban en la calle de la noche a la mañana sin previo aviso; y problemas en el transporte afectaban la distribución de combustible y la circulación de las mercancías.

Pero si la industria se encontraba en una situación muy inestable, las condiciones de trabajo se encontraban bien definidas: la inestabilidad industrial la pagaban los trabajadores. El costo de la vida había aumentado en el D. F. entre 79 y 90% respecto a 1910, y los salarios seguían iguales; las jornadas podían ir de 9 a 14 horas (desde luego, la jornada de ocho horas no era respetada ni siquiera por empresas bajo administración estatal); abundaba el trabajo infantil (en el sector textil, los menores de edad representaban 10.8% de la fuerza laboral activa); en la mayoría de las empresas, no existía seguro médico, no había garantías contra el despido, los salarios eran muy bajos (los trabajadores municipales, como jardineros, barrenderos y basureros, ganaban 75 centavos diarios y los policías apenas 1.50, cuando el salario de subsistencia podía ser fijado en tres pesos); abundaba el destajo y el no pago del séptimo día.

Con estas condiciones actuando como acicate, el ascenso de las movilizaciones continuó en febrero de 1919. Los textiles de Orizaba y del D. F. comenzaron a protagonizar luchas aisladas contra capataces y para imponer la jornada de ocho horas; había inquietud entre los petroleros de Tampico, los textiles poblanos, los ferrocarrileros de los grandes talleres de Aguascalientes y los mineros del norte.

La CROM se mantenía en una actitud pasiva y el Gran Cuerpo, que había crecido rápidamente (para febrero contaba con 24 organizaciones en el D. F., 42 en abril y llegaba a 75 en provincia), se veía desbordado y en marzo tuvo que convocar a una huelga general de apoyo a textiles, harineros y tranviarios, que no estalló finalmente, por falta de consistencia de sus promotores.

Los conflictos de estos dos últimos sectores no se resolvían. Carranza, en una entrevista con los tranviarios (la sexta en tres meses) emitió el siguiente boletín: «El señor presidente escuchó atentamente […] manifestó que estudiará el asunto y resolverá lo que sea de estricta justicia». Así llevaba tres meses, dando largas al asunto, «escuchando atentamente» con oídos sordos, manifestando que estudiaría asuntos que dormían sobre su mesa y posponiendo las resoluciones.

Los harineros, provocados por las empresas, generalizaron la huelga en ocho fábricas el 25 de febrero; la policía cercó las empresas, Carranza señaló que las peticiones eran justas, pero «extemporáneas», los patrones contrataron esquiroles y pidieron garantías. Seis días más tarde, el Gran Cuerpo levantó nuevamente la huelga con la jornada de ocho horas impuesta de hecho y la promesa de que no habría represalias y que las conversaciones sobre el aumento salarial se darían más tarde.

Estas experiencias impulsaron cada vez más en las fábricas y talleres la idea de que el único camino era la acción directa. En la fábrica textil La Fama Montañesa, los trabajadores decidieron prescindir de la Junta de Conciliación y respondieron con los hechos a la suspensión del segundo turno, decretada unilateralmente por la empresa. En otra empresa textil, los trabajadores metieron violentamente a trabajar a un despedido. En el Molino el Euskaro, los harineros impusieron la jornada de ocho horas de hecho, abandonando la fábrica al término de la jornada y sin esperar que sonara la sirena una hora más tarde. Pero la acción más trascendente la realizó el Sindicato Panadero con un movimiento simultáneo en centenares de panaderías en toda la Ciudad de México, abandonando el trabajo en la jornada nocturna, tras siete horas de labor (en lugar de las 9 o 10 que se acostumbraban). El movimiento, exitoso en casi todas las panaderías, fue contestado por la patronal con represalias, pero se mantuvo durante los siguientes meses.

Éste era el marco social de la convocatoria socialista de marzo de 1919, y ésta era también la explicación del débil eco que había alcanzado. Mientras los socialistas se proponían construir un partido que, entre otras cosas, aboliera las corridas de toros y ganara la existencia de jurados en el sistema judicial nacional, el movimiento sindical estaba reconstruyendo su fuerza en medio de una feroz batalla contra las patronales y el carrancismo. Los trabajadores iban por un lado, los militantes socialistas por otro.

Las luchas continuaron con la misma intensidad. En abril fueron los rieleros de Aguascalientes, el centro ferrocarrilero más importante de la República, los que iniciaron una huelga para despedir a un mayordomo despótico y por un aumento de salarios. La huelga se extiende. Se adelanta un paro convocado para el día 28 y entran en el movimiento rieleros de San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo y Durango. Los talleres, y dentro de ellos los mecánicos, son el centro de la movilización. Ahora se exige el reconocimiento de las sociedades ferrocarrileras. La huelga llega a los talleres de Balbuena en la Ciudad de México. La CROM ofrece una huelga solidaria y no la inicia. La huelga llega a Guadalajara. El Gran Cuerpo, que influye en el Ferrocarril Mexicano, hace prolongarse el movimiento hasta el sur del país. La dirección del movimiento habla a través de Valdés, delegado de los mecánicos de Aguascalientes: «La huelga no es antigobiernista, los ferrocarrileros se mantienen en la oposición y están serenos». La prensa ataca el movimiento. Al Gobierno no le importan las declaraciones, los soldados hacen su aparición en los talleres, se producen algunas detenciones.

De repente, la política gubernamental vira y, en lugar de las presiones contra los huelguistas, ataca a los dirigentes del Gran Cuerpo. El día 29 de abril, el dirigente tranviario Diego Aguillón es secuestrado por la policía, se le lleva al Cuartel de Lanceros y de ahí al Cuartel de Zapadores. Lo hacen desaparecer. El 1˚ de mayo es detenido otro de los cuadros de dirección del GCCT, Genaro Castro. Ambos aparecerán más tarde, detenidos en Torreón. El Gobierno de Carranza practica con los sindicalistas las deportaciones dentro del territorio nacional.

La huelga ferrocarrilera por fin termina con un empate; «victoria moral», dicen los obreros. Nada se consigue de aumento de salario, pero sí, en cambio, un reconocimiento parcial el 6 de mayo de las organizaciones que habían participado activamente en el movimiento. Carranza se entrevista con ellos para dar por terminada la huelga entre amenazas.

No se acaba de enfriar el medio sindical cuando, mientras en el congreso nacional se debate entre grandes obstrucciones una ley federal del trabajo que regule el 123, se inicia la gran huelga magisterial. Estalla en 244 escuelas (49 de enseñanza superior, 136 de elemental, 43 nocturnas y 16 jardines de niños) en la Ciudad de México el 12 de mayo. La huelga ha sido forzada por la retención de pagos a los maestros por el ayuntamiento; éste culpa al Gobierno de que no le da presupuesto. Tres mil profesores se reúnen en la Escuela de Ingenieros Mecánicos. La Federación de Sindicatos Obreros del D. F. (FSODF) de la CROM y el Gran Cuerpo ofrecen la huelga solidaria; estalla el movimiento en artes gráficas, entre los tranviarios, los choferes, La Alpina, los trabajadores del Panteón de Dolores…

Persecuciones, golpes, arrestos; las maestras se ponen en el paso de los tranvías para impedir que éstos circulen manejados por esquiroles. El día 16 la huelga es quebrada en las artes gráficas y periódicos, que tras cuatro días de interrupción vuelven a salir a la calle. Los soldados yaquis de Obregón se hacen cargo de la guarnición de la ciudad. Circulan carros con ametralladoras. Una asamblea de los profesores en el Salón Granat es disuelta por la policía. Hay heridos. La prensa anuncia el levantamiento del movimiento el día 17. No es verdad, los maestros y algunos gremios obreros resisten, otros han levantado la huelga engañados o amedrentados. Un grupo de maestras feministas ataca un camión y los periódicos hacen un gran escándalo: «Eso es el feminismo». Las imprentas privadas se van a la huelga, nuevas detenciones. El día 19, Carranza ordena la clausura de los centros obreros: la policía toma el local del Gran Cuerpo, la Casa del Obrero Mundial, la FSODF, el Sindicato de Choferes, la Unión de Mecánicos y la Unión de Linotipógrafos. Los maestros cambian su pliego petitorio: reinstalación de los despedidos, liberación de los detenidos, garantías de pago a los profesores, protección a los obreros de los periódicos. El 20 de mayo, la policía reservada detiene a los dirigentes más moderados de la FSODF (Yúdico, Álvarez, Quintero); los liberan el 21, pero la advertencia ha sido clara. Se producen despidos en las fábricas. La huelga se desmorona. Se golpea, de paso, a textiles y panaderos que no habían tenido una gran intervención en la huelga. El movimiento se hunde. Carranza abandona el uso de su mano derecha y utiliza la izquierda, nombra a Plutarco Elías Calles ministro de Industria; éste toma posesión después de la derrota de la huelga. La Federación de Hilados y Tejidos, ante la clausura de todos los locales sindicales, le pregunta públicamente a Carranza: «¿Quiere usted destruir a los trabajadores?». Libertario comenta: «Por lo que hace a los obreros que seguimos en su actitud de rebeldía a los maestros, mal la pasamos, […] los empleados de Gobierno […] volvieron a cobrar sus decenas y en nada mitiga ahora los apuros de un 10% de los obreros de artes gráficas y tranviarios que se quedaron sin trabajo».

No había terminado el movimiento magisterial cuando entraron en lucha los petroleros de Tampico. Todo se inició a principios de junio con una huelga contra la Pierce Oil, que fue reprimida. La huelga se hizo general. Un huelguista muerto, 15 heridos graves. El jefe militar disuelve la Casa del Obrero Mundial («no es otra cosa que una agencia bolchevique»), 500 huelguistas detenidos. El 22, se levanta la huelga general. Los presos van deportados a San Luis Potosí.

El ascenso del movimiento ha sido frenado por la represión. El Gran Cuerpo desaparece al quebrarse su columna vertebral en el D. F. El Partido Socialista, al romperse el nexo entre Cano y el Gran Cuerpo, no tiene ahora ningún contacto con los trabajadores organizados; aun así, persiste en su convocatoria. ¿Va un partido socialdemócrata a oponer una muralla más eficaz al carrancismo?

En estos mismos meses de grandes huelgas y de violencia gubernamental contra los trabajadores, se produce un fenómeno que habrá de ser muy importante en la historia del movimiento obrero mexicano. Entre los últimos días de febrero y mediados de marzo, Morones convoca a varios de los líderes más moderados de la CROM al D. F. y forma el Grupo Acción, que se instituye como dirección real, aunque informal, de la confederación. El instrumento de la acción múltiple se establece, ahora necesita su contraparte en el Estado para cerrar una alianza. Carranza no sólo no se la ofrece, sino que incluso los golpea en la huelga de mayo.

NOTAS

a) Fuentes: «Convocatoria al Primer Congreso Nacional Socialista». Rogelio Vizcaíno y Paco Ignacio Taibo II, «La matildona y sus vaquetones», doc. inédito. Luz, 27 de noviembre y 18 de diciembre de 1918; 31 de enero, 19 de febrero, 19 de marzo, 2 de abril y 16 de abril de 1919. «Acta fundacional del GCCT», archivo José C. Valadés. El Socialista, 30 de septiembre y 10 de octubre de 1918. «Nicolás Cano», nota biográfica del autor para el Diccionario Obrero Latinoamericano. P. I. Taibo II, Estadística salarial de costureras durante el carrancismo. Carleton Beals, Glass Houses y Mexico: An Interpretation. Barry Carr, «Marxists, Communists and Anarchists in the Mexican Labor Movement, 1910-1925». Rosendo Salazar y José G. Escobedo, Las pugnas de la gleba. Irwin Granich, «Well, What About Mexico?». P. I. Taibo II y R. Vizcaíno, Memoria roja. Higinio García, «La huelga general apoyando la del profesorado», doc. inéd. Emilio Portes Gil, Autobiografía de la Revolución mexicana. El Universal, 3 y 9 de enero de 1919. El Pueblo, 16 y 23 de noviembre de 1918; 4, 7, 9, 14 al 17, 23 y 27 de enero, 9 al 11 de febrero, 14, 15, 22 y 25 de marzo, 16, 18, 23 y 27 al 29 de abril, 1º, 4, 7, 8, 11 al 14, 18, 20 y 24 de mayo de 1919. El Sol, 1º de mayo de 1925. Libertario, 9 de marzo, 6 y 20 de mayo de 1919. El Demócrata, 16, 17 y 25 de enero, 6 de febrero, 18 al 23, 28 y 31 de mayo, 7, 14, 17 y 22 de junio, 2 y 4 de julio de 1919. El Dictamen, 22 al 24 de junio de 1919. Informe del inspector J. Poulat, 24 de marzo de 1920, AGN, Trabajo. Informes del censo industrial de 1919, AGN, Trabajo, c. 169, exps. 8 y 40.

b) Sobre los antecedentes: el PSO había sido dirigido por Luis N. Morones, J. Barragán Hernández, Ezequiel Salcedo y Enrique H. Arce, y además de los mencionados fueron candidatos: Reynaldo Cervantes Torres, Jacinto Huitrón y Nicolás Jiménez. El programa electoral del PSO se deshacía en disculpas por utilizar el espacio electoral, del que sólo se esperaba que contribuyera a «fomentar y sostener nuestras nacientes agrupaciones sindicalistas y, sobre todo, a evitar los abusos y atropellos de que somos constantemente víctimas, debido a nuestro deficiente espíritu de clase». Sin renunciar a la acción directa como fórmula central, se hablaba de «ampliar el sistema de lucha» con la acción múltiple (Luis Araiza, Historia del movimiento obrero mexicano, y Rosalinda Monzón, «El Partido Socialista Obrero y el Partido Laborista Mexicano»). Sobre el pacto de 1915, véase el trabajo colectivo de Jorge Jaber, Jorge Fernández y Jorge Robles, «Alrededor de 1915». Para una detallada reconstrucción de las huelgas de 1916 y su represión, véase J. Jaber, «Reporte de 1916. Un año de vida del proletariado militante».

c) Un recuento superficial mostraría la existencia de grupos anarquistas en 1918-1919 en Aguascalientes (Cultura Racional), Veracruz (Evolución Social), Tampico (Fuerza y Cerebro, Vida Libre, Hermanos Rojos), Puebla (Evolución Social), Nuevo Laredo (Ferrer Guardia), Zacatecas (Acción Cultural Sindicalista, Centro Femenino de Estudios Sociales), Orizaba (Hermandad Ácrata, CROM), D. F. (Luz, Los Autónomos, Jóvenes Socialistas Rojos), El Oro (Evolución, Luz y Fuerza), Mérida (Centro de Estudios Sociales), Monterrey (Acción Consciente), Ciudad Victoria (Alba Roja) y Guadalajara (Centro Femenino de Estudios Sociales, CROM). Entre los periódicos obreristas pueden citarse Luz, Acción, Fiat Lux, Gale’s Magazine, Libertario, El Socialista y Tierra y Libertad, del D. F.; Iconoclasta, de Guadalajara; Acracia, de Ciudad Juárez; Alba Roja, de Zacatecas; Emancipación, de El Oro; Ideas, de Mérida; El Pequeño Grande y Vida Libre, de Tampico; Proparia, de Orizaba; y Resurgimiento, de Puebla (P. I. Taibo II, Catálogo de la prensa obrera mexicana 1915-1934).

d) Las Juntas de Conciliación: no existían Juntas de Conciliación en Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Chiapas, Chihuahua, Tlaxcala e Hidalgo. En Aguascalientes, «fue recibida con apatía, no pudo hacerse cargo de varios casos por falta de jurisprudencia. Se la usa poco y sólo como conciliatoria». En Tampico, los obreros retiraron su representación, porque las compañías no hacían caso de los fallos. La de Toluca era propatronal. La de Colima sólo había conocido tres casos en su vida. Además de la del D. F., con relativa operatividad, funcionaban tres: Córdoba, Mérida y Zacatecas (AGN, Trabajo, c. 126, exp. 32).