Es un hecho que, como país, no hemos sabido gestionar de manera adecuada nuestra diversidad lingüística a pesar de ser ésta una de nuestras principales características. Somos un país plurilingüe y, al mismo tiempo, contamos con una lengua mayoritaria conocida por todos. Las situaciones de diversidad son indudablemente más difíciles de gestionar que aquéllas donde predomina lo homogéneo. Sin embargo, los niveles de enfrentamiento, intolerancia y visceralidad a los que se ha llegado en España en materia lingüística llevan a pensar que debemos detenernos un momento y repensar esta cuestión.
En algún momento, el tema de las lenguas debe poder abordarse en España con sensatez y ecuanimidad. El enfrentamiento de las lenguas y su uso para fines políticos ha envenenado la convivencia y malgastado la energía ciudadana hasta límites inauditos. No hemos logrado desarrollar una cultura lingüística que valore el plurilingüismo de España y de sus comunidades bilingües y lo perciba como una característica positiva de nuestro país, una riqueza cultural de todos y un valioso recurso individual. Ha sucedido lo contrario: desde la Transición han aumentado los enfrentamientos y la manipulación sectaria del debate. Ningún partido se ha distinguido por tener altura de miras y voluntad de equidad con este tema. Los dos partidos que han gobernado España, el PSOE y el PP, se han refugiado en lógicas partidistas y han descuidado una cuestión tan fundamental.
Tampoco los gobiernos de las Comunidades bilingües han actuado siempre con respeto al bilingüismo. Al contrario, han optado mayoritariamente por programas pro-monolingüismo que excluyen el español y se sostienen en razonamientos que difícilmente resisten un análisis objetivo. Existen, pues, suficientes razones para promover una gran conversación sobre las lenguas en España e intentar reconducir las políticas lingüísticas hacia fines de convivencia e interés ciudadano, con respeto a los derechos lingüísticos de todos.
La diversidad lingüística es una realidad de España. A unos les gustará más y a otros menos, pero ésta es la realidad y como tal, debe ser pensada y gestionada. Esta realidad debería ser nuestro punto de partida. Asimismo, debemos tomar conciencia de que nuestra diversidad lingüística no nos hace excepcionales. Es todo lo contrario; no somos una excepción en ningún sentido lingüísticamente hablando. Si observamos al resto de países del mundo, vemos que muy pocos son completamente monolingües.
El plurilingüismo es la norma en el mundo
En el mundo se hablan 7.097 idiomas, según la web Ethnologue,2 y hay 194 países reconocidos por la ONU. Las cifras se expresan por sí solas.
En Europa, se hablan unas 200 lenguas y dialectos. En Alemania, por ejemplo, el alemán es la lengua de la mayoría, pero también se habla danés y sorbio, además de los dialectos principales como el bávaro y el kölsch. Si a ello añadimos las lenguas de los inmigrantes podemos llegar a unas 50. Hay pocos países monolingües en Europa. Ethnologue cita a Polonia, la República Checa (desde la disolución de Checoslovaquia) o Islandia. También está el caso de Francia, donde oficialmente sólo se reconoce el francés y donde se ha llevado a cabo, ya desde la Revolución Francesa, una política de debilitamiento de las lenguas distintas del francés, sin lograr eliminarlas del todo.
Los países plurilingües son aquéllos donde se habla más de una lengua y donde puede haber una mayoritaria o no. A veces se argumenta que España no es un país plurilingüe porque existe una lengua mayoritaria conocida por todos. Desconocemos en qué se basa la idea de que, si en un país se hablan varias lenguas, sólo por el hecho de que una sea conocida por todos o casi todos, entonces este país ya no puede ser calificado de plurilingüe y es… no se sabe qué. El plurilingüismo, en su definición técnica, significa la existencia de varias lenguas habladas en un espacio geográfico. Éste es el caso de España. Luego hay que ver la configuración que toma este plurilingüismo, el cual, en el caso de nuestro país, se concreta en una lengua mayoritaria conocida por la mayoría de ciudadanos y hablada en todo el país, cuatro lenguas oficiales, el catalán, el euskera, el gallego y el valenciano, habladas en sus respectivas comunidades autónomas, y una quinta, el aranés, oficial sólo en su zona geográfica, así como varias lenguas no oficiales como el aragonés o el asturiano.
Los países plurilingües deben, en algún momento, enfrentar su diversidad lingüística interna y responder a ella. Las respuestas son variadas. Bélgica, por ejemplo, es un mal modelo de tratamiento de las lenguas, con tres comunidades lingüísticas monolíticas y enfrentadas entre ellas.
Luxemburgo, por su parte, es un modelo de buenas prácticas en política lingüística estatal. Tiene tres lenguas oficiales, el luxemburgués, el alemán y el francés. La política lingüística estatal es de integración de las tres lenguas. Las escuelas son trilingües para todos los alumnos, los cuales, además, aprenden bien inglés, y el Gobierno es trilingüe. Al igual que Luxemburgo, Suiza también es reconocida por su excelente política lingüística estatal. Hay tres lenguas oficiales y cuatro lenguas nacionales. Así es y así ha sido desde antes de formarse la confederación suiza moderna en 1848. Las cuatro lenguas habladas en el país son legalmente lenguas nacionales, incluyendo al romanche, y el alemán, francés e italiano son, además, lenguas oficiales. La oficialidad obliga al Estado y al Gobierno a operar en las tres lenguas. La concepción que tiene el Estado de los ciudadanos suizos es que estos no comparten una lengua, hablan varias, pero todos son ciudadanos suizos por lo que sus lenguas deben tener una presencia y un uso en las instituciones federales, aquéllas que son de todos.
Suiza, a diferencia de Bélgica, ha sabido integrar todas las lenguas del país en las instituciones estatales, aceptando plenamente que todas son lenguas suizas y que los derechos de sus hablantes deben ser, en consecuencia, reconocidos y garantizados. Fuera de Europa, otro país que ha sabido abordar con habilidad su diversidad lingüística interna es Canadá, del que hablaremos en detalle en el libro.
Necesitamos una Ley de Lenguas Oficiales en España
En España, el artículo 3 de la Constitución es el punto de partida para la regulación de las lenguas en la época democrática actual. Es un artículo que supone un cambio cualitativo en el reconocimiento de la diversidad lingüística de España, que considera españolas a todas las lenguas y que otorga el máximo rango, el de lenguas oficiales, a todas aquéllas que así sean declaradas por los Estatutos de sus Comunidades. Además, considera que todas las lenguas son una riqueza y un patrimonio común que debe ser respetado y valorado por todos. Es éste un mandato al Estado a actuar en favor de estas lenguas, su visibilización y proyección.
En 1978 partíamos de un artículo justo y prometedor que parecía augurar un nuevo tiempo en el campo de las lenguas en España, dejando atrás prohibiciones y uniformidades. Sin embargo, las cosas no han ido como se esperaba y 40 años más tarde nos encontramos con que las lenguas no unen, sino que dividen y son causa de virulentos enfrentamientos. Los partidos y muchos ciudadanos han devenido «defensores» de unas lenguas —el catalán, el euskera y el gallego— o de la otra, el español. Y así se han formado estas profundas y ya muy arraigadas divisiones donde pocos son capaces de ponerse en el lugar del otro y tratar de ser ecuánimes. Es infrecuente escuchar en el debate público a personas que tengan una visión global de las lenguas españolas. La diversidad lingüística, aunque no sea una idea muy difundida, incluye todas las lenguas, el español también. El reconocimiento de la diversidad significa un reconocimiento de todas, no sólo del catalán, el vasco y el gallego, o sólo del castellano, o sólo del asturiano y las lenguas no oficiales, sino de todas.
Necesitamos poder abordar mejor nuestra diversidad lingüística y es ésta una cuestión en la que probablemente muchos ciudadanos y ciudadanas estaríamos de acuerdo. Somos conscientes de que el tema lingüístico, de alguna manera, se nos ha ido de las manos y, por ello, debe llegar el momento en que éste pueda ser abordado de manera más satisfactoria.
Para lograr cambiar las cosas, necesitamos una Ley de Lenguas Oficiales. Ésta es la propuesta que hace este libro. Es una propuesta que surge de un análisis de lo que no ha funcionado de manera adecuada en el campo de las lenguas durante los últimos 40 años, del estudio de modelos de buenas prácticas en política lingüística estatal, de los conocimientos aportados por la Sociología del Lenguaje y la Lingüística Aplicada y de las entrevistas sociolingüísticas a ciudadanos hablantes de lenguas minoritarias y mayoritarias en España y otros países.
La Ley de Lenguas Oficiales (Ley de Lenguas, a partir de ahora) es una ley de ámbito estatal para cuya tramitación y ejecución los cuatro partidos nacionales deberían ponerse de acuerdo. Siendo realistas, estamos lejos de un escenario así. Sin embargo, cada partido individualmente es consciente de que una nueva mirada a la cuestión lingüística contribuiría decididamente a una mejora en la cohesión territorial de España.
Para llegar a adquirir esta nueva mirada, el Estado debe abandonar su tradicional pasividad y tomar conciencia de que él también tiene responsabilidades ante la realidad del plurilingüismo del país y ante los conflictos que giran en torno a él. Con la Ley de Lenguas, el Estado se convertiría gradualmente en un nuevo actor lingüístico en nuestro país, realizando su propia política lingüística de forma activa dentro de sus competencias
Ello sería inédito ya que desde 1978 los únicos que han llevado a cabo políticas lingüísticas en España han sido los gobiernos autonómicos, mayoritariamente nacionalistas, de las Comunidades bilingües. El Estado ha dejado hacer a estos gobiernos, se ha mostrado mayoritariamente tolerante con la diversidad lingüística, pero ha sido incapaz de desarrollar una política lingüística propia enfocada al bien común y lejos de sectarismos.
Si no se ha hecho ya una Ley de Lenguas es porque no ha habido la voluntad de hacerlo, en primer lugar. En segundo lugar, la hegemonía nacionalista en el campo de las lenguas, que empezó en Cataluña y el País Vasco durante la década de los años ochenta, ha sido para el Estado un muro imposible de franquear. En el libro analizaremos las razones de la inhibición del Estado y aportaremos ideas sobre cómo podría salir de esta posición con la meta de devenir un nuevo actor lingüístico. En su nueva posición, el Estado dispondría de capacidad y legitimidad para, dentro de sus competencias, gestionar todas las lenguas españolas oficiales, representar a sus hablantes y garantizar los derechos lingüísticos de todos.
Cómo está estructurado el libro
El punto de partida del libro es 1978 y el artículo 3 de la Constitución. En la primera parte del libro, «Cómo no promover una lengua», examinaremos el particular desarrollo que tuvo el artículo 3 en los primeros Estatutos y leyes de Normalización Lingüística de las Comunidades bilingües. Examinaremos también la posición de los dos partidos que han gobernado España, el PSOE y el Partido Popular, frente a las políticas lingüísticas de las Comunidades y las dificultades de ambos partidos para escuchar a todos los ciudadanos, limar asperezas y enmarcar estas políticas dentro del respeto al bilingüismo, la igualdad entre todos los ciudadanos y las libertades individuales. Esta primera parte presenta, pues, un diagnóstico de la situación. Responde a la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí y qué papel han tenido los actores involucrados.
La segunda parte, «Cómo abordar mejor nuestro plurilingüismo», pone las bases para un cambio gradual en la percepción y gestión de la diversidad lingüística en nuestro país. Examina cómo el Estado, independientemente del Gobierno que lo haya ocupado en cada momento, realiza ya algunas actuaciones estatales en favor de las lenguas cooficiales, su visibilización y proyección, siguiendo el mandato constitucional. Es a partir de este camino que ya ha recorrido el Estado, aunque lo haya hecho con poca conciencia y de forma poco sistemática, que podemos empezar a construir el Estado plurilingüe. Un Estado moderno que reconoce su pluralidad y complejidad lingüística es también un Estado capaz de valerse del más importante instrumento moderno para regular el plurilingüismo, es decir, los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas. Veremos en esta segunda parte el crucial rol de estos derechos humanos y civiles en toda planificación lingüística estatal. Finalmente, proporcionaremos cuatro ejes conceptuales a partir de los cuales repensar las lenguas de España, entre ellos el lugar del español dentro de este nuevo marco. El objetivo general de esta segunda parte es proporcionar las bases conceptuales para desarrollar la Ley de Lenguas.
La tercera parte, «Cómo desarrollar una Ley de Lenguas Oficiales», es la concreción de la Ley de Lenguas una vez discutida su necesidad y sus fundamentos en la primera y segunda partes respectivamente. Esta tercera y última parte empieza con un análisis del rol y funciones del Estado como nuevo actor lingüístico, y examina el modelo de bilingüismo federal de Canadá, país con el que compartimos ciertas similitudes y cuya peripecia lingüística y política puede enseñarnos mucho. Seguidamente, abordamos en detalle los dos objetivos de la Ley de Lenguas, es decir, la construcción del Estado plurilingüe y la especificación de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, con posibilidades efectivas para su ejercicio. El último capítulo trata de los contenidos concretos de la Ley de Lenguas y las medidas que deben tomarse para hacer efectiva su ejecución.
En Política Lingüística se habla de derechos positivos y negativos. Estos últimos son aquellos que se plasman en legislaciones lingüísticas nacionales o internacionales en forma de «los ciudadanos tienen derecho a usar su lengua en el ámbito público» o «nadie puede ser discriminado por razón de lengua». Son derechos generales, sin concreción. Por lo contrario, los derechos positivos son aquellos que concretan dónde y en qué condiciones unos ciudadanos tienen derecho a usar su lengua. La Ley de Lenguas está constituida por derechos lingüísticos positivos y, en consecuencia, con obligaciones concretas para las administraciones. Es en esta tercera parte donde el lector/a encontrará la concreción de la Ley de Lenguas, tras haber hecho en las páginas anteriores un recorrido por sus fundamentos sociolingüísticos y políticos.
La Ley de Lenguas supone un cambio de enfoque respecto a cómo hemos abordado las lenguas en estos últimos 40 años. En primer lugar, la Ley de Lenguas cambia la percepción de las lenguas cooficiales; éstas no son exclusivamente lenguas de las Comunidades donde se hablan, sino que son también lenguas plenamente españolas, por lo que son lenguas de todos. Démosles, pues, una presencia y un uso mayor y mejor del que han tenido hasta ahora en las instituciones del Gobierno y del Estado. Y, en segundo lugar, la Ley aporta las bases necesarias para introducir los derechos lingüísticos individuales porque no hay plurilingüismo efectivo si no se pueden garantizar los derechos lingüísticos de todos.
La Ley de Lenguas que proponemos en este libro es un nuevo marco legislativo y discursivo sobre las lenguas españolas. Pone las bases para una percepción más moderna y más cívica de ellas y para una gestión orientada hacia la inclusión, la convivencia y los derechos lingüísticos.
Razones para escribir este libro
Nací en el año 1964 en Sabadell en una familia catalanohablante y prácticamente todo mi entorno se comunicaba en esta lengua. El catalán era la lengua oral mientras que el español era la lengua escrita y culta. Vivía, sin ser consciente de ello, en una situación de diglosia.
A partir de 1975, con la llegada de la democracia, empecé a comprender por qué el catalán había sido sólo una lengua oral. Se me abrió un mundo nuevo cuando pude empezar a leer textos escritos en catalán y cuando aprendí a escribir en esta lengua. Comencé a descubrir la literatura catalana, leí con placer a Mercè Rodoreda y Santiago Rusiñol y me emocioné con las canciones de Marina Rosell y el Lluís Llach de entonces. Un mundo nuevo, efectivamente.
Sin embargo, este mundo nuevo no lo sentí nunca opuesto al español y a la cultura en español. Sentí que sumaba el catalán como lengua escrita y culta a la que hasta entonces había sido mi única lengua culta, el español. En ningún momento sentí que tenía que escoger entre la una o la otra o que el interés que tenía por descubrir el catalán escrito implicara necesariamente que tenía que rechazar el español.
Con los años, esta posición personal llegó a ser mal vista por parte de los poderes públicos en Cataluña. Había que escoger. Al igual que miles de ciudadanos catalanes, yo no entendía por qué gozar de la lengua y la cultura catalanas tenía que hacerse en oposición a todo lo español. ¿Por qué teníamos que restar cuando podíamos sumar?
Esta pregunta devino el motor de mi actividad profesional. Soy lingüista y ejerzo la docencia como catedrática de Lengua Inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas-Drassanes de Barcelona. Debido a mi profesión, veo cada día a alumnos y alumnas aprendiendo una segunda lengua y, con los años, he llegado a familiarizarme con las motivaciones y necesidades de aquellos que quieren expresarse en un idioma distinto de su lengua materna. He visto también lo difícil que es llegar a dominar una lengua y, en consecuencia, puedo valorar lo que significa ser bilingüe desde el nacimiento. No tengo dudas: el bilingüismo es un privilegio.
A partir del año 2009 me especialicé en políticas lingüísticas y realicé una investigación sobre las lenguas en la educación de las comunidades y países bilingües de Europa. Ello me sirvió para analizar la inmersión lingüística de Cataluña. La investigación se plasmó en mi primer libro Sumar y no Restar. Razones para introducir una educación bilingüe en Cataluña, publicado en 2012.
Ocho años más tarde, es una satisfacción para mí comprobar que mi trabajo, junto con el de muchas otras personas, ha contribuido a un cambio muy importante en el discurso público. En los últimos años la inmersión ha llegado a ser nombrada públicamente como lo que es, sin embellecimientos: una educación monolingüe, obligatoria para todos los alumnos, en una comunidad bilingüe. Es decir, una excepción en Europa. Las palabras enseñanza monolingüe o monolingüismo escolar cada vez se usan más como sinónimos de la inmersión en artículos y debates. Es éste un gran paso que ha logrado que la palabra inmersión deje de ser el término sagrado que enmascara los problemas de esta práctica escolar.
Paralelamente al trabajo en favor de una educación bilingüe en Cataluña, inicié una investigación sobre planificación lingüística estatal y países plurilingües que integran todas las lenguas de sus países en sus instituciones estatales. Junto con mi colega y amigo Juan Claudio de Ramón, empezamos a elaborar la propuesta de una Ley de Lenguas Oficiales para España. Las primeras formulaciones de la propuesta los explicamos en varios artículos en El País y otros medios a partir de finales de 2014. Los años de investigación me han convencido de que el Estado plurilingüe es el camino adecuado para abordar la diversidad lingüística interna: es la manera de sumar desde una perspectiva estatal.
Ésta es la razón por la que he escrito este libro. Mi convicción es que necesitamos una reforma lingüística en España, que nos aporte una visión de las lenguas más cívica y menos romántica, una comprensión de la diversidad lingüística como una realidad que afecta a todo el país y una apertura a esta diversidad como una característica positiva de España. El libro, pues, tiene como meta abrir un debate constructivo y forjar nuevos consensos en favor de otra mirada y otra gestión de la diversidad lingüística de España.
Puntualizaciones léxicas
Utilizaremos español y castellano indistintamente en las páginas que siguen. De la misma manera, usaremos euskera y vasco indistintamente.
Respecto a las lenguas cooficiales de las Comunidades bilingües, las llamaremos lenguas cooficiales o las llamaremos por su nombre en orden alfabético: catalán, euskera y gallego. Por catalán entendemos las tres grandes variantes de la misma lengua habladas en España: las que se hablan en Baleares, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Por la misma razón, hablaremos de las cuatro lenguas oficiales en España, el castellano, el catalán, el euskera y el gallego. Aunque el Estatuto valenciano declara el valenciano como lengua cooficial, entendemos que ésta es una variedad de la lengua que conocemos como catalán, sólo que se le ha dado otro nombre. Aunque desde un punto de vista lingüístico el tema es claro, somos conscientes de que no es así desde un punto de vista político. Nosotros hemos tomado la decisión que acabamos de explicar, pero entendemos que, en el caso de la aprobación de una Ley de Lenguas, la cuestión de si debe considerarse el catalán y el valenciano variantes de la misma lengua o si son lenguas distintas debería ser objeto de deliberación y consenso.
Las seis Comunidades bilingües, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y el País Vasco, tienen dos lenguas cooficiales, excepto en Cataluña y en Navarra. En esta última, la cooficialidad del euskera está delimitada al norte de la Comunidad, la zona donde se habla. En Cataluña, por su parte, hay tres lenguas cooficiales, el catalán, el castellano y el aranés, aunque éste, hablado por unas 3.000 personas, es sólo cooficial en el Valle de Arán. En aras de la claridad, cuando hablemos de las lenguas de las Comunidades bilingües, nos referiremos a las dos lenguas de las Comunidades ya que son dos (catalán-español, euskera-español, gallego-español) las que componen el paisaje lingüístico general en estos territorios, dando por entendido que en Cataluña y en Navarra hay ligeras variaciones.