Introducción y perspectivas actuales de la sociología jurídica

El contenido de este primer capítulo proporciona los fundamentos desde los que se ha construido lo que hoy denominamos sociología jurídica y, al mismo tiempo, permitirá incardinar esta disciplina en el marco científico sobre el que se asienta. Con esa finalidad, se abordará el análisis de los orígenes y el desarrollo de la sociología jurídica hasta llegar a su institucionalización científica.

Esta breve revisión tendrá como norte el objetivo básico de dar a conocer los fundamentos y el alcance actual de esta disciplina; pero además, proporcionará conceptos y criterios para distinguir las diversas opciones epistemológicas en torno a la misma llevándonos a constatar el fundamento plural de esta disciplina. Así, comprobaremos cómo la sociología jurídica hunde sus raíces en el propio pensamiento jurídico y en diversas ramas de las ciencias sociales –sociología, antropología y psicología social, principalmente. Por otro lado, dando un paso más, también comprobaremos cómo en el seno de estas corrientes se pueden identificar concepciones diversas.

Lo anterior mostrará un panorama complejo que en última instancia aboca a la necesidad de reconocer que no hay una sociología jurídica, sino varias. Por eso, tras las primeras aproximaciones a los orígenes y desarrollo de esta materia, se proporcionará una perspectiva elemental sobre algunas de las principales concepciones y planteamientos metodológicos existentes en torno a la sociología jurídica.

Finalmente, con el objetivo de hacer explícita la posición desde la que se ha escrito este libro, nos formularemos la pregunta sobre cuáles son los fundamentos de la sociología jurídica. Obviamente, esto significará tomar algunas opciones; pero sin pretender en ningún caso imponer esa perspectiva como la única válida. Se trata, simplemente, de formular una propuesta con la que los autores de este libro nos identificamos y justificamos científicamente, asumiendo siempre la existencia de una pluralidad de concepciones y planteamientos metodológicos en torno a esta disciplina.

1. Derecho y sociedad. Aproximaciones a su estudio

El conocimiento científico del derecho y la praxis jurídica se han enfocado tradicionalmente desde planteamientos dogmáticos, esto es, como una disciplina conceptual y autónoma que organiza el saber jurídico y administra la corrección de las decisiones jurídicas desde el interior de la comunidad científica de los juristas (Calvo, 1994).

El desarrollo del método jurídico ha priorizado un enfoque puramente racional-formal. El modelo liberal dio preeminencia a los principios de legalidad, igualdad formal y seguridad. Lo cual tuvo repercusión tanto desde el punto de vista del contenido de las normas jurídicas, propiciando un desarrollo técnico encaminado a asegurar la racionalidad formal de los tipos normativos, como desde el punto de vista de la aplicación de esas normas jurídicas. El método dominante en el ámbito de la ciencia jurídica moderna ha sido el método lógico-deductivo, esto es, un método basado en el esquema del silogismo legal, según el cual la resolución de los casos jurídicos consistiría siempre en la aplicación de una norma jurídica abstracta y general preexistente a los hechos del caso. Según esto, la decisión jurídica sería algo casi automático y se asentaría sobre un modelo de razonamiento puramente lógico. Tanto el contenido del derecho como las decisiones jurídicas estarían al margen de valores, intereses o ideologías. O, dicho en la terminología de Max Weber (1979), serían «racionales» y «formales».

En el ámbito de la ciencia jurídica, esto ha supuesto la primacía de un modelo científico que se puede definir como dogmático, esto es, basado en la primacía de los textos y la construcción de un discurso autónomo a partir de la ley. Las interpretaciones del texto solo podrían ser realizadas por intérpretes autorizados dentro de la comunidad científica de los juristas, que por otro lado administra qué interpretaciones son correctas y cuáles no. Este es el discurso imperante en lo que se denomina black-letter law, es decir, en las disciplinas jurídicas de carácter técnico, y que ha cerrado el paso tanto a los planteamientos filosóficos críticos como a las aproximaciones socio-jurídicas.

Frente a estas tesis, la crítica del formalismo jurídico abrió espacios para la sociología jurídica en el ámbito de la ciencia jurídica y en la teoría del derecho. Sin embargo, un siglo después seguimos formulando la pregunta sobre si cabe una orientación socio-jurídica de la ciencia jurídica e, incluso, si tiene sentido una aproximación socio-jurídica al análisis de los fenómenos jurídicos. Las resistencias del formalismo jurídico a desaparecer como elemento central de la mentalidad jurídica tienen muchas caras.

Una de ellas tiene que ver con las tesis de algunos autores (Kelsen, Hart), que desde planteamientos positivistas y analíticos defendieron la necesidad de una auténtica aproximación científica al conocimiento del derecho como fundamento de la objetividad de la teoría del derecho y la ciencia jurídica.

Como se ha señalado recientemente, esta «desafortunada e intelectualmente obstructora» hostilidad no es menor desde el otro punto de vista (Lacey, 2006). Desde la perspectiva de la sociología, el derecho ha sido visto como un fenómeno social más y se ha querido investigar al margen de su propia comprensión por los agentes que lo producen y lo aplican y con un profundo desprecio por los desarrollos de la ciencia jurídica y la teoría del derecho^[1]. La sociología del derecho se concebía desde esta perspectiva como una rama más de la sociología, al margen de las demandas e intereses de la ciencia jurídica, como pura sociología del derecho, lo cual lleva a defender una aproximación cuantitativa a los comportamientos relacionados con los fenómenos jurídicos sin ningún interés por la metodología y la efectividad del derecho, ya que esto conduciría a un conocimiento valorativo y no científico. Desde estas posiciones, se entiende que la sociología del derecho, para ser una auténtica ciencia, debería centrarse en los hechos del derecho. Para ello, debe evitar contaminarse con cualquier planteamiento de tipo práctico y estudiar el derecho como un fenómeno natural con el fin de desarrollar un conocimiento capaz de predecir y explicar cualquier tipo de comportamiento relacionado con el mismo derecho (Black, 1972, 1989).

Al respecto, pensamos que puede ser interesante reconocer que existen diversos enfoques para conocer y reflexionar teóricamente sobre el derecho. Además, es bueno que sea así, dado que en muchos casos esos enfoques se podrán complementar. Y, por supuesto, cabe un enfoque socio-jurídico que profundice en la descripción y comprensión del derecho como fenómeno social, aunando herramientas metodológicas de diversos campos científicos, en particular de las ciencias jurídicas y las ciencias sociales. En este sentido, la sociología jurídica puede ser vista como un punto de encuentro para facilitar el diálogo entre perspectivas y áreas científicas diversas. Esto es como una aproximación al conocimiento del fenómeno y los procesos del derecho que bebe en fuentes plurales y propicia el intercambio de resultados entre opciones epistemológicas que se incardinan en diferentes campos del conocimiento –jurídico o no jurídico–, permitiendo así la conjunción de las ideas jurídicas o aproximaciones doctrinales al derecho con los métodos y las perspectivas de las ciencias sociales. Pero no solo la sociología; también la criminología, la ciencia política, las ciencias de la administración, la antropología jurídica, la economía y otras.

Al decantarnos por una propuesta incluyente, consideramos importante matizar incluso la terminología a utilizar. Siguiendo a Carbonier (1977) y Cotterrell (1991), nos parece más adecuado el uso del término sociología jurídica que el de sociología del derecho para evitar pensar en esta disciplina como una rama de la sociología aplicada al derecho. Coterrell (2006), incluso, se ha mostrado proclive a otras terminologías menos disciplinares como perspectiva sociológica y comprensión o interpretación sociológica de los fenómenos jurídicos.

En otro orden de cosas, también ha influido considerablemente en el perfil investigador de la sociología jurídica uno de los tópicos más asentados durante años en este ámbito científico, según el cual se insistía en que juristas y sociólogos tienen diferentes concepciones sobre el conocimiento y la investigación socio-jurídica. Los juristas buscan en esta disciplina una herramienta para realizar fines prácticos y la contemplan como una sociología en el derecho, como la sociología jurídica de los juristas. Los sociólogos, por otro lado, entienden la sociología jurídica –que tienden a denominar sociología del derecho– como una rama especializada más de la sociología. De la misma forma que existen una sociología de la familia o una sociología urbana, también puede hablarse de una sociología del derecho, orientada a describir y explicar los fenómenos jurídicos, sin mayor consideración a la utilidad práctica de tales investigaciones. A esta orientación se le ha denominado sociología jurídica de los sociólogos.

Esta distinción entre una sociología jurídica de los juristas y otra sociología del derecho de los sociólogos tiene una larga tradición, habiendo dado lugar a un amplio debate que poco a poco parece agotarse. Quizá es tiempo de superarla definitivamente^[2] e ir más allá del falso dilema sobre el que se fundamenta. La supuesta disyuntiva entre la sociología jurídica de los juristas y la sociología jurídica de los sociólogos lleva a un doble «reduccionismo»: el reduccionismo de los juristas, por una parte, que a veces no dominan suficientemente los recursos metodológicos de la investigación social y tienden a instalarse en las rutinas metodológicas más al uso; y, por otra parte, el reduccionismo de los sociólogos, que desconocen la lógica específica y las claves simbólicas del mundo del derecho y, como consecuencia, tienden a limitar sus investigaciones a un «punto de vista externo» sobre el derecho.

En definitiva, de lo anterior se desprende que nos vamos encontrar con un panorama complejo, sometido a fuertes tensiones disciplinares. Teniéndolo en cuenta, hemos entendido que quizá la mejor manera de acabar de perfilar las opciones y modelos de la aproximación al conocimiento y la reflexión sobre el derecho desde una perspectiva socio-jurídica pasa por explorar sus orígenes y analizar cómo han ido surgiendo y configurándose esas propuestas científicas. Así, veremos cómo la emergencia de las concepciones socio-jurídicas en realidad procede tanto del ámbito jurídico como del ámbito de las ciencias sociales. Además, esta revisión nos situará ante un panorama de una gran complejidad del que extraeremos como conclusión que no hay «una» sociología jurídica, sino que existen varias propuestas y concepciones al respecto. Como consecuencia, esta revisión dará paso a un último apartado en el que se intentará exponer sistemáticamente algunas de las principales líneas de acercamiento a la sociología jurídica para finalizar proponiendo una opción concreta para la misma.

2. Los orígenes de la sociología jurídica

2.1. La orientación del pensamiento jurídico hacia perspectivas socio-jurídicas

Como se apuntaba más arriba, la crítica del formalismo jurídico abrió espacios para la sociología jurídica en el ámbito del pensamiento jurídico. De entrada, ya en la segunda mitad del siglo XIX, tras los exabruptos de Kirchmann contra la prepotencia infundada de la ciencia jurídica^[3], la autocrítica de Rudolf von Ihering (1818-1892) fue el detonante de un profundo movimiento de crítica contra las concepciones tradicionales del método jurídico que, a veces, se asocia con los orígenes de la sociología jurídica.

Ihering critica el formalismo jurídico del método de la jurisprudencia de conceptos por su alejamiento del valor práctico de las instituciones jurídicas. Este alejamiento del derecho de los valores pragmáticos y sociológicos habría llevado al puro cálculo conceptual. Frente a este estado de cosas, Ihering reivindica el sentido práctico del derecho como norte de la ciencia jurídica, apuntando una tímida y contradictoria propuesta de jurisprudencia pragmática o sociológica.

Unas décadas después, los excesos de la ideología codificadora dan lugar a la elaboración por parte de François Gény (1861-1959) de un proyecto global de revisión filosófica de la ciencia jurídica, que sigue caminos que por algunos autores han sido calificados de «sociologistas» y, por otros, directamente, de «iusnaturalistas»; pero que tendrá continuación en la obra de autores como León Duguit (1859-1928) y en las teorías de la institución y del organismo social de Maurice Hauriou (1856-1929), autores a los que se integra dentro del denominado «sociologismo jurídico» francés.

También tendrá una gran importancia en la reorientación de la ciencia jurídica hacia la sociología el movimiento de derecho libre. Esta corriente no es una escuela propiamente dicha, sino un movimiento de autores que coinciden en sus posiciones críticas sobre el método y la ciencia jurídica tradicional. Surge en los países germánicos y llegará a ver aceptadas sus tesis por algunos legisladores, como ocurrió con el Código civil de Suiza. Eugen Ehrlich y Hermann U. Kantorowicz son los autores más radicales de este movimiento de derecho libre, en el que también se encuadra el pensamiento de Ernst Fuchs.

Es un movimiento antiformalista radical, la decisión jurídica no dependería de la ley; sino de un amplio abanico de factores, entre los que la ley es un dato más. Esto significa que el juez crea derecho. La ley ya no lo es todo, es el juez quien, con sus decisiones, construye el derecho. Estos autores, junto a Philipp Heck, defensor de una jurisprudencia de intereses en la línea de la jurisprudencia pragmática de Ihering, ejercieron una cierta influencia en España.

La mayoría de los autores que integran el movimiento de derecho libre y la jurisprudencia de intereses son juristas prácticos, no son profesores de las facultades de derecho, sino jueces. Jueces que descubren que «sus» decisiones no se sujetan a la ley, sino que crean derecho y, por ello, tratan de construir una teoría jurídica que dé cuenta de esta situación. Max Weber dijo que esta corriente constituía un movimiento corporativo de los jueces frente al protagonismo del legislador. Sin embargo pensamos que la crítica de Weber no hace justicia a los planteamientos de estas corrientes. Más bien se trata de una reacción frente a los excesos de un formalismo que había llegado al paroxismo, distanciando el derecho de la experiencia y las relaciones sociales.

Eugen Ehrlich (1862-1922) es quizá el máximo representante de este giro antiformalista de comienzos del siglo XX y es el autor que con estos planteamientos críticos desarrolla una jurisprudencia sociológica que denomina sociología del derecho e identifica como la auténtica ciencia del derecho. Su propuesta sobre la libre investigación del derecho le lleva también a rechazar la tesis de la identificación del derecho con el Estado a favor del reconocimiento de un «derecho vivo» y una ciencia jurídica que reconozca las fuentes no legales del derecho y las aperturas de la praxis jurídica. En opinión de este autor, el derecho legalmente estatuido no agota el contenido del derecho. Por eso, el conocimiento jurídico debe prestar una atención especial a la elaboración jurisprudencial del derecho en tanto en cuanto las decisiones judiciales representarían un indicador importante del derecho «vivo», que no es ni el derecho fijado arbitrariamente ni por el legislador ni por el juez, sino el derecho que vive en la propia organización de la sociedad, en un renovado espíritu del pueblo. Ehrlich puede ser considerado, según lo anterior, como precursor del pluralismo jurídico y sus propuestas empiezan a ser valoradas en este sentido y por sus aportaciones a la teoría del cambio jurídico y social. Sin embargo, la obra de este autor no encontró el eco merecido en Europa, aunque tuvo una gran influencia en Estados Unidos, donde el realismo jurídico impulsó el desarrollo de una jurisprudencia sociológica.

La crítica del formalismo jurídico por parte del realismo jurídico norteamericano también dará lugar al auge de planteamientos que acaban derivando hacia la sociología jurídica. Sintonizando con el antiformalismo europeo, esta corriente se desarrolla a lo largo de todo el siglo XX e influyó notablemente en las facultades de derecho norteamericanas y en el pensamiento jurídico de este país. Los trabajos pioneros del juez Oliver Wendel Holmes abrieron paso a una producción teórica plural en la que nos encontramos desde la «jurisprudencia sociológica» de Roscoe Pound hasta las posiciones más estrictamente realistas de Karl L. Llewellyn y Jerome Frank. En general, todos estos autores, simplificando un poco las cosas, pueden ser integrados dentro de lo que se denomina genéricamente «realismo jurídico americano». Este movimiento tendría una prolongación en corrientes como el movimiento Law & Society y los Critical Legal Studies, cuya apertura crítica conlleva el reconocimiento de importantes espacios no formales en la decisión jurídica.

Oliver W. Holmes (1841-1935) fue profesor en la Facultad de Derecho de Harvard y juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, órgano equivalente a una conjunción de nuestros Tribunales Supremo y Constitucional. Es considerado como uno de los más influyentes de este alto Tribunal. En lo que aquí nos interesa, hay que desatacar su propuesta de «dar un baño de ácido cínico» al método jurídico tradicional para poder apreciar el derecho tal y como es, el derecho en funcionamiento, lo que los jueces deciden, más allá de las supercherías conceptuales y ficciones que inundan la ciencia jurídica. Lo que le interesa tanto al «hombre bueno», como al «hombre malo», dice el juez Holmes, es que su abogado pueda prever lo que va a decidir el juez. En ese sentido, concluye que el derecho es «lo que los jueces deciden» y, como consecuencia, la cultura, la ideología o la formación del juez son más importantes que el contenido de las reglas del derecho. Esta tesis va a provocar un desplazamiento de la atención teórica y una revalorización de la decisión jurídica. La decisión jurídica se convierte en el centro de su concepción sobre el derecho y va a obligar a prestar atención a todos los elementos que pesan en la misma: morales, políticos, sociales, religiosos, económicos, culturales, etc.

En la senda marcada por Holmes, Roscoe Pound (1870-1964) desarrolló su jurisprudencia sociológica orientada a un conocimiento del derecho como fenómeno social, esto es, atendiendo a los hechos que determinan el origen de las normas jurídicas y a la praxis jurídica real. Este nuevo enfoque tendría como objetivos programáticos:

Al igual que el enfoque empirista de Holmes, la jurisprudencia sociológica de Pound tiene como objeto de estudio el derecho en funcionamiento. Pound desarrolla esta perspectiva con la distinción entre law in action y law in the books, que se ha convertido en un tópico en la actualidad. En la línea de realzar la necesidad de enfocar la atención teórica en la decisión jurídica, defiende que más allá de los planteamientos habituales en la ciencia jurídica, centrados en la construcción conceptual de los principios legales, la jurisprudencia sociológica debe tener fines prácticos e investigar los efectos reales y las consecuencias de la decisión en relación con el desarrollo social, económico y político de la sociedad. En definitiva, la investigación social en el campo jurídico debe perseguir fines prácticos, lo que la convierte en una suerte de «ingeniería social».

Otro aspecto importante de la jurisprudencia sociológica de Pound está relacionado con su teoría del control social, que considera el fin primordial del derecho. Su teoría del control social es particularmente amplia, identificándolo con una perspectiva aún más extensa del orden social. En cualquier caso, una concepción mucho más amplia que las que identifican el control social como la intervención frente al delito y la desviación. El orden jurídico es la forma más extendida y efectiva del control social. El conocimiento de estos intereses y su traducción en mecanismos efectivos para asegurar el orden es tarea de la investigación sociológica en el campo jurídico, una tarea que también liga a su propuesta de «ingeniería social».

Estos desarrollos se vieron truncados por el peso del formalismo en el positivismo jurídico, quizá la corriente del pensamiento jurídico más influyente en el siglo XX. Uno de los autores que recogiendo alguno de los planteamientos de las corrientes críticas de su época devolverá las aguas a cauces formalistas es Hans Kelsen (1881-1973). Su apuesta por un conocimiento jurídico sobre bases científicas sólidas le lleva a propugnar una teoría pura del derecho que, por una parte, consagra la separación positivista del derecho y la moral y, por otro lado, aísla la ciencia jurídica de otras disciplinas conexas en pro de los ideales científicos de autonomía y objetividad (Kelsen, 1979; 1982). De esta manera, su propuesta entronca con las premisas del formalismo jurídico, si bien las renueva y de alguna manera las profundiza. En cualquier caso, este autor propugna que si se quiere alcanzar una ciencia del derecho verdaderamente autónoma y objetiva se debe formalizar necesariamente su objeto (Kelsen, 1992).

Desde estas premisas, Kelsen desarrolla una teoría pura del derecho que concibe el ordenamiento jurídico como un sistema normativo y dinámico autónomo, lo cual excluye radicalmente, entre otras posibles aproximaciones, la perspectiva socio-jurídica. Dicho la anterior, conviene puntualizar que Kelsen no excluye en ningún momento la posibilidad de una sociología del derecho. De facto, como ha puntualizado Renato Treves (1988a), este último reconoció el espacio propio de esta disciplina y tiene publicaciones vinculadas a la misma. Lo que Kelsen sienta tajantemente es la separación de la sociología y la teoría pura del derecho, al igual que desvincula su teoría pura del derecho de la moral, la política, etc.

Varias décadas después, Herbert L. A. Hart (1907-1992) renovó la perspectiva del positivismo jurídico para que, sin abandonar su dimensión general y analítica, mantuviese –según sus palabras– una orientación descriptiva y basada en los sistemas jurídicos –normativos– realmente existentes. Ello ha llevado a plantear que su teoría del derecho tendría un claro anclaje en la realidad social. El propio Hart, en el prefacio de su libro El concepto de derecho, vincula su propuesta analítica a una suerte de sociología descriptiva de los sistemas jurídicos «modernos» asentada en los usos lingüísticos de las prácticas jurídicas (Hart, 1994). Como él mismo indica, esta referencia toma como pie las tesis de J. L. Austin, y descansa en la asunción de que los usos lingüísticos iluminan la percepción de los fenómenos. Cotterrell (2003) ha hablado en ese sentido de un cierto «empiricismo lingüístico», a partir del cual se podría vislumbrar un intento de reconciliación del conceptualismo de inspiración analítica y una cierta perspectiva empírica. Incluso aprecia una cierta «deriva sociológica» –que no una aproximación sociológica seria– en la teoría jurídica normativa de Hart. Según Cotterrell, en la propuesta metodológica de Hart, la realidad empírica se reflejaría en las prácticas lingüísticas de la gente, en la forma en que hablan y piensan, por ejemplo, sobre las obligaciones jurídicas. Pero no serían la psicología o la sociología las encargadas de hacer emerger los elementos esenciales del derecho, su naturaleza esencial, sino la filosofía.

La evolución del positivismo jurídico a lo largo del siglo XX nos ilustra sobre los porqués de la persistencia del formalismo jurídico en la teoría del derecho y en la ciencia jurídica y encontraría paralelo en muchos de los planteamientos dominantes en el ámbito de las facultades de derecho. Algo que explicaría el escaso desarrollo de la sociología jurídica en muchas culturas jurídicas.

Allí donde los planteamientos críticos del método y la ciencia jurídica tradicional arraigaron –como en EE.UU, por ejemplo–, se desarrollaron la jurisprudencia sociológica y otras corrientes vinculadas a la sociología jurídica. Donde no ocurrió así, los enfoques socio-jurídicos no encontraron espacios en el ámbito de las ciencias jurídicas. Sin embargo, la llama de la sociología del derecho prendería –ya desde el siglo XIX– en el contexto de las ciencias sociales.

2.2. Orígenes de la sociología del derecho en las ciencias sociales

Los orígenes de la sociología del derecho también pueden rastrearse en la obra de autores vinculados al campo de las ciencias sociales. El derecho tiene una relevancia singular en la obra de clásicos de la sociología como Karl Marx, Max Weber o Émile Durkheim y su presencia ha ido cobrando relevancia en la obra de otros investigadores orientados al desarrollo de la sociología del derecho como disciplina, entre los que destacaremos a Leon Petrazycki, Georges Gurvitch, Theodor Geiger y Renato Treves.

La obra de Karl Marx (1818-1883) abrió cauces para la consideración del derecho en el marco de una teoría social, el materialismo histórico, de corte conflictualista. El discurso marxista va a ser radicalmente crítico con la sociedad capitalista y buscó poner en evidencia las condiciones de explotación de la clase obrera en la misma. Para ello, a partir del análisis de la realidad social, Marx desarrolló las categorías y las herramientas teóricas –el materialismo histórico, principalmente– oportunas para la realización de ese esfuerzo crítico. Pertrechado con tales recursos, retornó la mirada nuevamente sobre la realidad social para así poner en evidencia las condiciones de explotación en que se produce la venta de la fuerza de trabajo; la función de dominación que desarrollan las formas políticas y jurídicas; etc. Como consecuencia de estas premisas, el derecho y el Estado en las sociedades capitalistas son analizados como formas ideológicas que, por una parte, reproducen las condiciones sociales de dominación de la burguesía y, por otra, tratan de enmascararlas ideológicamente.

Ciñéndonos al campo del derecho, Marx ha estado más centrado en la crítica que en la construcción de alternativas al derecho burgués. En cualquier caso, esas críticas resultan interesantes en muchos aspectos. Para empezar, el propio formalismo jurídico conceptual imperante en la ciencia jurídica es sometido a crítica. Desde este punto de vista, el escamoteo verbal de la realidad no responde a una solución técnica ingenua, sino que estaría determinado por mediaciones reales e intereses de clase: el formalismo de los conceptos jurídicos fundamentales responde a los intereses de las clases burguesas y sirve, entre otros, al propósito ideológico de enmascarar las relaciones sociales reales de desigualdad del capitalismo como relaciones «formales», y por tanto, entre individuos formalmente iguales. El derecho y el Estado son, pues, formas ideológicas de dominación, que en las sociedades capitalistas responden a los intereses económicos y políticos de las clases burguesas. De ahí que Marx contemple su desaparición. O mejor, su utilización primero en el Estado socialista, para llegar a su extinción en la sociedad comunista.

Max Weber (1864-1920), considerado como uno de los padres de la sociología, amén de sus aportaciones metodológicas y epistemológicas fundamentales en el campo de las ciencias sociales, desarrolló una «sociología del derecho» en una de las partes de su obra Economía y sociedad (Weber, 1979) que todavía sigue siendo fundamental para comprender los orígenes y características del derecho moderno. Cuando hablamos de la racionalidad formal del derecho y vinculamos el desarrollo del derecho moderno a las exigencias de seguridad e igualdad de las clases burguesas en ascenso, no hacemos sino utilizar sus tesis e, incluso, su terminología.

El derecho moderno según Weber se caracteriza por ser racional y formal, esto es, ajeno a intereses y valores morales tanto desde el punto de vista de su contenido como desde la perspectiva de su aplicación. Este desiderátum se resolvería según las premisas de un método, el método lógico deductivo, que hace posible la garantía del principio de legalidad y el cálculo que garantiza la seguridad del burgués. Algo importante en una sociedad donde la legalidad se ha convertido en el tipo ideal de dominación, superando a las sociedades basadas en formas de legitimidad carismática o tradicional. En nuestras sociedades la legalidad se habría convertido en el fundamento de la legitimidad de los poderes y si las decisiones de estos poderes son aceptadas, es porque son decisiones sometidas al derecho (racional-formal) y no dependen de valores o intereses materiales. Estos presupuestos metodológicos le llevarán a diferenciar el objeto de estudio del jurista y del sociólogo y, por añadidura, la ciencia del derecho y el estudio sociológico del derecho.

Émile Durkheim (1858-1917) renovó el enfoque de la sociología a partir del reconocimiento de los «hechos» sociales, como objeto de un conocimiento científico específico y a partir de ahí definió la sociología como la ciencia que tiene como objeto el estudio de estos hechos sociales. Los hechos sociales son externos al propio individuo, existen con anterioridad a su nacimiento, son colectivos y se imponen a los individuos que nacen en una determinada sociedad.

Durkheim, como Weber, reparará en el derecho como hecho social. Ya en su tesis doctoral «La división del trabajo social» (Durkheim, 1982), abordó el tema del derecho en relación con las formas de cohesión social. Durkheim identifica las formas de solidaridad social en el derecho vinculadas a la pena represiva, característica de las sociedades primitivas, y la pena restitutiva, propia de las sociedades modernas. Las sociedades modernas no sólo son más complejas, también representan un estadio más individualista en el que se diluye la conciencia social colectiva. La pena restitutiva devuelve el estado de cosas al momento anterior al crimen, pero individualiza la ofensa que ya no da lugar a la respuesta de toda la sociedad. La división del trabajo social se hace necesaria, precisamente, por esa mayor complejidad. Como consecuencia, surgen esa nueva forma de reacción penal y los nuevos desarrollos del derecho relacionados con la diferenciación y una individualización que exige un tratamiento que vaya más allá de la consideración puramente mecánica de la solidaridad, dando paso a una concepción orgánica.

Otro tema importante en la obra de Durkheim con repercusiones significativas desde el punto de vista de los fenómenos jurídicos es el de la anomia. En «La división del trabajo social» aparece ya el concepto de anomia, entendida como una falla en la solidaridad característica de las sociedades modernas. Posteriormente, volverá sobre el tema en su obra sobre El Suicidio (Durkheim, 1976), donde la investigación empírica le lleva a identificar el suicidio anómico como una de las formas del mismo. La anomia, en su opinión, es un indicador del bajo nivel de integración social y se produce como consecuencia de la falta de reglas morales y jurídicas que lleva aparejada la debilidad de las instituciones económicas y sociales.

Más allá de las tesis defendidas por Marx, Durkheim y Weber, que pueden ser discutidas y puestas en cuestión desde diversos puntos de vista, lo importante es que estos autores no se desentienden del derecho. Al contrario, de una forma u otra, el derecho es percibido como un fenómeno sin el cual no puede construirse el discurso de las ciencias sociales. De esta manera, los padres del conocimiento sociológico abrieron un espacio importante para la sociología del derecho. La presencia del derecho continuó cobrando relevancia en la obra de otros autores que ya desarrollaron teorías sociológicas del derecho, como Leon Petrazycki, Georges Gurvitch, Theodor Geiger o Renato Treves.

Leon Petrazycki (1867-1931) desarrolló una teoría social del derecho con bases empíricas y desde una perspectiva psicológica. Una de sus aportaciones más interesantes radica en la diferenciación del «derecho oficial», producido por el Estado y los agentes públicos, y el «derecho no oficial» o «derecho intuitivo», originado en la sociedad civil y presente en los procesos psíquicos mentales de los individuos. Obviamente, estas tesis emparentan por un lado con las defendidas por Ehrlich sobre el «derecho vivo» y las fuentes no legales del derecho y, por otro, conectan con las tesis actuales del pluralismo jurídico. Este autor elaboró una obra interesante, muy original dados sus planteamientos empíricos, y abierta a los campos de la psicología y la filosofía jurídica; pero que ha sido ignorada durante muchos años a pesar de sus influencias en autores posteriores, como Gurvitch, por ejemplo, y su relevancia para las tesis del pluralismo jurídico.

Georges Gurvitch (1894-1965) es una figura especialmente relevante en el desarrollo de la sociología del derecho. Su obra ha sido objeto de consideración en los estudios socio-jurídicos y puede decirse que ha contribuido sustancialmente a la construcción de la sociología del derecho (Treves, 1988). En la misma línea que Petrazycki, subrayó que el derecho no es sólo un conjunto de normas y decisiones producidas por agentes estatales; sino que otros agentes sociales como grupos o comunidades producen normativas que pueden ser consideradas como jurídicas desde un punto de vista sociológico. El concepto de derecho social puede decirse que es una de sus ideas fundamentales sobre la que hace descansar su perspectiva socio-jurídica. Obviamente, esta tesis también aboca hacia el reconocimiento del pluralismo jurídico, si bien, en el caso de Gurvitch, este concepto es más amplio y riguroso que en los autores que hemos considerado más arriba.

Otro autor de gran relevancia en el desarrollo de la sociología del derecho, también a medio camino entre la sociología general y el enfoque socio-jurídico más específico, es Theodor Geiger (1891-1952). Ya su tesis doctoral estuvo enfocada en la sociología del derecho y en la misma se encuadra una investigación empírica en el ámbito del derecho de familia. Con posterioridad, en una investigación de carácter más general, distingue entre una sociología del derecho «material», donde estudia cómo la sociedad condiciona y determina el derecho, de una sociología del derecho «formal», que estudia cómo el derecho plasma y condiciona la vida social (Treves, 1988). En España es conocido por su obra sobre las relaciones de derecho y moral, que él vincula con la sociología del derecho; pero que ya le acerca a lo que serán sus planteamientos más maduros orientados al desarrollo de una teoría general del derecho enfocada desde una perspectiva socio-jurídica.

Renato Treves (1907-1992) inició su carrera académica en el campo de la filosofía del derecho, pero en sus años de exilio en Argentina entró en contacto con la sociología general. Tras su retorno a Italia, aunque le fue restituida su cátedra de Filosofía del Derecho, de la que había sido desposeído por el fascismo, acabaría renunciando a ella para dedicarse a la sociología jurídica jugando un papel especialmente relevante en el desarrollo de esta disciplina en Italia y en España. Treves, que se caracteriza por una encendida defensa de la sociología empírica del derecho, coordinó una macro-investigación en Italia sobre la administración de la justicia, que puede considerarse como el origen de la sociología jurídica italiana.

Como conclusión, podemos subrayar que en la primera mitad del siglo XX, tanto desde el punto de vista de la sociología general como desde otras ciencias sociales, se repara en el derecho como fenómeno social y que, incluso, hay orientaciones específicas encaminadas a construir la sociología del derecho como disciplina que cobran un auge importante. En estos casos, los puentes con la orientación del pensamiento jurídico hacia las ciencias sociales son importantes. En la segunda mitad del siglo XX, vamos a encontrarnos con la consolidación de los estudios socio-jurídicos. Esto supondrá una amplia eclosión de propuestas teóricas e investigaciones empíricas que desbordarían la posibilidad de un tratamiento individualizado, por eso hemos optado por resolver esta etapa aludiendo a la institucionalización de la sociología jurídica, un proceso que por otro lado puede ayudar a esclarecer la diversidad de las perspectivas de aproximación a los estudios socio-jurídicos.

2.3. La institucionalización de la sociología jurídica

La institucionalización de la sociología jurídica es un proceso complejo que resume fidedignamente la diversidad de aproximaciones que caracterizan los enfoques socio-jurídicos en la actualidad. Sin ánimo de ser exhaustivos, haremos referencia a la creación del Comité Científico de Sociología del Derecho (Research Committee on Sociology of Law), dentro de la Asociación Internacional de Sociología; a la Asociación Derecho y Sociedad (Law and Society Association), surgida originariamente en Estados Unidos y que ha tenido réplicas en diversos países; por último, haremos una breve referencia a un proceso, todavía embrionario, de creación de una red internacional de sociología jurídica.

El Research Committee on Sociology of Law de la ISA (Asociación Internacional de Sociología) fue creado en 1962 a iniciativa de William M. Evan, de la Universidad de Pennsylvania, y Adam Podgòrecki, de la Universidad de Varsovia; con el apoyo de Renato Treves de la Universidad de Milán, que en ese momento ocupaba cargos relevantes en la Asociación Internacional de Sociología. El propio Treves fue elegido como primer presidente de RCSL, con Podgòrecki como vicepresidente y Evan como secretario. Previamente, a lo largo de 1961, Evan y Podgòrecki habían contactado con un importante número de especialistas a los que consiguieron sumar a este proyecto, incorporándolos como miembros del board del recientemente creado comité. Así, en el mismo encontramos nombres de la talla científica de Vilhelm Aubert (Noruega), Jean Carbonnier (Francia), Ralf Dahrendorf (Alemania-Reino Unido), Karl Olivecrona (Suecia), Luis Recaséns Siches (México), Philip Selznick (USA), entre otros.

Objetivos del Congreso

Los primeros debates en ese Congreso de Washington en el que se crea el Comité tratan del «Alcance y los métodos de la sociología del derecho» y tuvieron como objetivo definir este campo de investigación. Entre los principales objetivos que guiaron el debate en este Congreso, estaba el de diseñar las líneas básicas para la comparación entre países y culturas y, especialmente, desarrollar la investigación empírica sobre los fenómenos jurídicos.

Bastantes años después, en 1988, en esa dirección, el Comité de Investigación de Sociología del Derecho de la ISA creó el Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati. Este instituto se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociología jurídica, creando vínculos académicos y científicos entre universidades y centros de investigación de todo el mundo. El instituto cuenta con la mejor biblioteca especializada en sociología jurídica del mundo, un máster internacional en sociología jurídica en que han impartido docencia los más importantes especialistas en este campo científico, y organiza encuentros en los que intervienen anualmente más de trescientos investigadores de todo el mundo. En este sentido, puede decirse que el Instituto Internacional de Sociología Jurídica se ha convertido en el centro de referencia para la red mundial de especialistas que trabajan en ámbitos socio-jurídicos.

Paralelamente a la creación del Comité de Investigación de Sociología del Derecho de la ISA, se creó la Asociación Derecho y Sociedad (Law and Society Association). Esta asociación fue fundada en 1964 por un grupo de especialistas procedentes de diversos campos de la investigación socio-jurídica interesados en analizar el derecho desde un punto de vista social, político, económico y cultural. Originariamente, se crea en Estados Unidos, pero progresivamente se ha ido abriendo a investigadores de otros países: primero de Latinoamérica y poco a poco ha ido adquiriendo perfiles globales. Lo primero que es preciso señalar es que los promotores e integrantes de esta asociación no circunscriben los objetivos científicos de la misma al campo de la sociología y en modo alguno consideran los estudios socio-jurídicos como una rama especializada del conocimiento sociológico. Al contrario, desde el comienzo en la misma, se incorporan personas procedentes de diversos campos de las ciencias sociales: antropología, psicología social, derecho, sociología, ciencia política, etc. En principio, esta es una seña de identidad que marcaría las diferencias con el Comité de la ISA, más escorado hacia un enfoque sociológico sobre el derecho. El movimiento Derecho y Sociedad tiene una vocación interdisciplinaria y el objetivo de investigar empíricamente sobre el derecho con una perspectiva que rompa con la metodología jurídica tradicional (Silbey, 2002).

Ni que decir tiene que un movimiento de este tipo encuentra su razón de ser en los planteamientos del realismo jurídico americano. De ahí que su presencia en las facultades de derecho sea amplia y no se circunscriba a la teoría del derecho y a la filosofía jurídica. Derecho y Sociedad está presente en todas las disciplinas jurídicas y las personas que forman parte de este movimiento han colaborado con todas las universidades norteamericanas de relieve. Ciertamente, con el tiempo este movimiento ha desbordado las barreras de los edificios jurídicos. Así, por un lado, al mismo se han incorporado personas procedentes de diversos campos de la investigación científico-social (antropología, psicología social, etc.) y, por otro, también desde instancias oficiales y desde la praxis se promueven investigaciones socio-jurídicas en esta dirección.

También puede decirse que desde hace unas décadas la Asociación Derecho y Sociedad ha desbordado sus fronteras geográficas iniciales y tiene una vocación universal o global. Además de que ya se autodefine en ese sentido, esta asociación ha sido una de las principales promotoras de un proyecto para integrar a todas las demás vinculadas con la investigación socio-jurídica del mundo, con independencia de sus raíces disciplinares. Este proyecto ha dado lugar a una nueva organización: The World Consortium for Law and Society.

La Red Mundial de Derecho y Sociedad surge con el fin de ir configurando una federación de asociaciones e investigadoras e investigadores vinculados al campo de la investigación o la docencia sobre derecho y sociedad. Su propósito originario es de coordinación y visibilización más allá de los ámbitos locales y nacionales en los que se desenvuelven sus actividades. Esta es una organización todavía en estado embrionario, pero presenta características que son especialmente destacables. En primer lugar, su vocación global; y en segundo lugar, la amplitud interdisciplinar de los perfiles de las organizaciones y personas a las que se dirige. Objetivos que implican una dimensión intercultural en las aproximaciones a los fenómenos jurídicos –que sólo podrán ser entendidos desde la óptica del pluralismo– y que desborda los estrechos cauces de la sociología jurídica de los juristas y de los sociólogos.

En definitiva, la institucionalización de la sociología del derecho-sociología jurídica muestra los perfiles plurales que ya se habían podido percibir a la hora de estudiar sus desarrollos. Sin embargo, poco a poco se van haciendo evidentes las confluencias. Es cierto que la sociología jurídica presenta perfiles extraordinariamente plurales tanto desde la perspectiva de los enfoques epistemológicos como de las metodologías al uso; no obstante, ello no parece impedir el diálogo entre los grupos de investigación y las asociaciones que coexiste dentro de este ámbito plural.

Una experiencia particularmente interesante en este sentido es la del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, donde se han conseguido aglutinar los esfuerzos de personas vinculadas a la investigación de la sociología jurídica procedentes de todo el mundo y con planteamientos plurales tanto desde un punto de vista teórico como metodológico.

3. Orientaciones de la sociología jurídica: un intento de síntesis

La sociología jurídica, como se ha podido apreciar en lo anterior, nunca ha representado una perspectiva unitaria. Bajo este rótulo o el de sociología del derecho han coexistido corrientes y formas de plantear el conocimiento sociológico de los fenómenos jurídicos que partían –y parten– de intereses cognoscitivos y fundamentos metodológicos diversos. Hasta este punto hemos apostado por la complejidad, con el fin de tener un panorama amplio del tratamiento del derecho desde las perspectivas de las ciencias sociales y el desarrollo de la sociología jurídica como disciplina. En este apartado, trataremos de hacer más aprehensible ese abanico de planteamientos y con ese fin vamos a presentar la pluralidad de corrientes y formas de concebir el conocimiento socio-jurídico agrupándolas en tres orientaciones generales típicas: la teoría sociológica del derecho; la sociología empírica del derecho y la orientación de la teoría del derecho y las ciencias jurídicas hacia una perspectiva socio-jurídica.

3.1. Teoría sociológica del derecho

La teoría sociológica del derecho o mejor quizá las teorías sociológicas del derecho tendrían como antecedente más remoto el estudio que realizaron los autores clásicos de los fenómenos jurídicos. Algunos de los «pioneros» de la ciencia social atribuyeron al derecho una gran relevancia en la estructuración de la sociedad. Karl Marx, Max Weber, Èmile Durkheim y otros clásicos del conocimiento sociológico dieron una gran importancia a las funciones del derecho en la estructuración del orden social, ya fuese como instrumento de dominación o como instrumento de cohesión social, y ello les llevó a preservar un lugar preeminente al análisis de los fenómenos jurídicos en sus obras.

Paradójicamente, el paradigma funcionalista, con Talcott Parsons como autor más representativo en su primera época, aun basándose en las propuestas teóricas de Durkheim y Weber entre otros, marginó durante años la consideración del derecho como fenómeno social. Mientras que los clásicos del pensamiento sociológico valoraron la importancia del derecho y se dedicaron a su estudio, los sociólogos posteriores lo ignoraron casi todo del derecho. Sólo el marxismo y algunas sociologías «conflictualistas», esto es, basadas en el reconocimiento del carácter conflictivo de las relaciones sociales, siguieron prestando atención al derecho y considerándolo como un fenómeno clave para comprender los mecanismos del orden social.

Sin embargo, a partir de los años sesenta del siglo XX, los propios desarrollos de las tesis funcionalistas y el auge de nuevas corrientes críticas abrieron de nuevo espacios al derecho en la teoría social. Por una parte, algunos seguidores de Parsons, como Harry Bredemeier o William Evan, impulsaron una sociología del derecho en sus propios términos, con especial referencia a las cuestiones relacionadas con el control social. Posteriormente, la obra de Niklas Luhmann, aun suponiendo un giro en relación con el funcionalismo estructural de Parsons, abrió nuevas perspectivas para una teoría sistémica del derecho con pretensiones nuevamente de «gran teoría». Desde un punto de vista crítico, también las tesis conflictualistas tuvieron un auge importante en esta época, tanto en general (Ch. Wrights Mills, Lewis Coser, Ralf Dahrendorf), como en su proyección socio-jurídica y las tesis sobre el control social (William Chambliss, Austin Turk).

Las teorías sociológicas aportan un sinfín de perspectivas que resultan de interés para el conocimiento de los fenómenos jurídicos. Incluso cuando no hablan del derecho, este silencio puede decir muchas cosas. Estudiar el amplio panorama de las teorías que desde las diversas ciencias sociales se han ocupado del derecho sería excesivamente prolijo. En particular abordaremos esta cuestión contraponiendo las tesis conflictualistas con los enfoques funcionalistas que se han elaborado desde el llamado paradigma del consenso. Quizá se nos quedarán en el tintero las perspectivas centradas en las dimensiones micro de las relaciones sociales, como el interaccionismo simbólico y las aproximaciones etnográficas y sus repercusiones metodológicas. El interaccionismo tendrá una gran repercusión sobre todo en el ámbito de la teoría criminológica a partir de la obra de Howard S. Becker.

3.2. Sociología empírica del derecho

En las aproximaciones al origen de la sociología jurídica, se ha puesto de manifiesto que junto a las orientaciones teóricas también puede hablarse de una sociología empírica del derecho. Esta vertiente de la sociología jurídica apuesta por recurrir a los métodos y técnicas de investigación social con el fin de propiciar un conocimiento empírico de los fenómenos jurídicos.

La investigación social había sido utilizada por los grandes padres de la sociología como Marx, Durkheim y, sobre todo, Weber, quien además llevó al terreno de las técnicas de investigación sus preocupaciones metodológicas. Posteriormente, la investigación empírica ha tendido a identificarse como el «modelo americano» de hacer sociología. Mientras que en Europa, el desarrollo de una sociología general y sistemática se orientaba hacia los senderos de la teoría social, en EE.UU. el proceso era el inverso, desarrollándose técnicas y procedimientos adecuados para el conocimiento empírico de los fenómenos sociales. Esta es una observación que no es del todo cierta porque también existen países europeos –en particular los países nórdicos o Polonia– con una larga tradición de investigaciones empíricas, tanto en el ámbito de la sociología general como de la sociología del derecho.

Siguiendo a Renato Treves (1988b), a quien se puede considerar el principal impulsor de la sociología empírica del derecho en Italia y en España, los temas de esta disciplina pueden articularse en torno a los siguientes campos de investigación:

La selección tan «estrecha» de los temas de investigación de la sociología empírica del derecho ha estado determinada, en primer lugar, por la limitación de espacios que supuso el desarrollo previo o contemporáneo de otros saberes «fronterizos» –ciencia política, criminología, ciencia de la administración, relaciones internacionales, sociología de la familia, sociología del trabajo, etc. La existencia de estos saberes próximos operó como un dique de contención en los márgenes de la sociología del derecho propiciando un desarrollo excesivamente estrecho de la investigación socio-jurídica «específica». A este respecto, quizá haya de precisarse que no se trataba tan sólo de que las otras «disciplinas» se comiesen el terreno de la sociología del derecho, sino también de la propia vocación de autonomía de la sociología del derecho como estrategia de desarrollo académico y científico. Obvia decir que esta apuesta y el proceso al que dio lugar no estaban exentos de quiebras y contradicciones.

Ejemplo

El fuerte vínculo de la sociología del derecho con la criminología existente en muchos países y, en general, la dificultad de deslindar en la práctica las investigaciones «específicamente» socio-jurídicas de las pertenecientes a los campos de las otras disciplinas «fronterizas».

En cualquier caso, se debe evitar tanto la renuncia metodológica en la que suelen incurrir los juristas, como la renuncia a la complejidad del objeto de investigación en la que suelen incurrir los sociólogos. La investigación socio-jurídica debe partir de la pluralidad metodológica y realizar una importante apertura temática que supere el estrecho cauce de los campos tradicionales de la misma y aborde el análisis de los fenómenos jurídicos en toda su complejidad. En particular, la incorporación de nuevos métodos y técnicas para la recogida de datos permitirá ampliar considerablemente las perspectivas y los temas de la investigación empírica.

3.3. La orientación de la teoría del derecho y las ciencias jurídicas hacia una perspectiva socio-jurídica

El desplazamiento de los interrogantes teóricos en el seno del conocimiento jurídico está provocando que la teoría del derecho y las ciencias jurídicas se desplacen hacia enfoques socio-jurídicos. Surgen así la jurisprudencia sociológica, la orientación de las ciencias jurídicas hacia las ciencias sociales y la teoría socio-jurídica del derecho.

La ciencia jurídica tradicional se asentaba sobre postulados formalistas, desentendiéndose de todo lo que no fuera un concepto técnico del mismo y del estudio de su estructura y contenido conceptual. En consecuencia, se centraba en torno a la consideración del derecho como un conjunto de normas abstractas, más o menos sistemático, más o menos cerrado, promoviendo un conocimiento jurídico independiente de las funciones y la trascendencia social del derecho.

Eugen Ehrlich reorientó la ciencia jurídica hacia la búsqueda de las instituciones reales que en el marco del desarrollo del derecho se convierten en relaciones jurídicas y los procesos sociales que sustentan esta transformación. En la misma dirección, Roscoe Pound enfocó la jurisprudencia desde el estudio del derecho en acción, considerando los fenómenos jurídicos como una obra de ingeniería social. Estos enfoques, que podríamos encuadrar bajo el rótulo de jurisprudencia sociológica propuesto por el propio Pound, representan una orientación específica de la teoría del derecho y la ciencia jurídica y pueden ser fructíferos desde una perspectiva jurídica. La jurisprudencia sociológica permite, para empezar, someter a revisión las categorías y algunos de los mitos o postulados teóricos de la ciencia jurídica a la luz de los hechos del derecho.

La jurisprudencia sociológica, por lo demás, conectaría con la orientación de las ciencias jurídicas^[4] hacia las ciencias sociales. En los últimos años, son cada vez más los juristas teóricos que empiezan a mostrar su insatisfacción con el «reduccionismo» derivado del tratamiento excesivamente formal que impone el derecho a la resolución de los conflictos de valores y a ciertos aspectos de la realidad.

Como hemos visto, las aperturas de la teoría del derecho y las ciencias jurídicas hacia los enfoques de las ciencias sociales tienen ya una gran tradición en los discursos académicos y están teniendo un renacer importante en la actualidad. Uno de los autores que lidera esta propuesta es Roger Cotterrell. Según este autor, la teoría normativa del derecho debe afrontar con urgencia la tarea de dar sentido «teórico» a las nuevas realidades del derecho. Con este fin, en su opinión (Cotterrell, 2003), se impone la conclusión de que la teoría normativa del derecho y la teoría empírica del derecho, orientada socio-jurídicamente, deben confluir en una sola tarea. Lo cual no supone rechazar o minusvalorar el valor del análisis conceptual del derecho, propio de las propuestas de la teoría normativa del derecho tradicional, más bien supone insistir en que dado el contexto de vertiginoso cambio del medio jurídico, las tareas de la teoría del derecho no pueden permanecer estáticas. En realidad, Cotterrell defiende con carácter general la necesidad de interpretar sociológicamente las ideas jurídicas. La tarea de la interpretación sociológica de las ideas jurídicas no es un complemento deseable, sino un recurso esencial para la comprensión del derecho. Las ideas legales son medios a través de los que se estructuran las dinámicas sociales. Para apreciarlas correctamente en este sentido y reconocer su poder y sus límites, es necesario entenderlas sociológicamente (2006).

La teoría socio-jurídica del derecho, desde esta perspectiva, se orienta hacia la incorporación de las investigaciones de la teoría social para el conocimiento de las instituciones y las prácticas jurídicas, el cambio jurídico, los mecanismos jurídicos de control social, etc. En este sentido, la teoría socio-jurídica del derecho puede ser vista como una aproximación al conocimiento del fenómeno y los procesos del derecho, que bebe en fuentes plurales y propicia el intercambio de resultados entre opciones epistemológicas que se incardinan en diferentes campos del conocimiento –jurídico o no jurídico–, permitiendo así la conjunción de las ideas jurídicas o aproximaciones doctrinales al derecho con los métodos y las perspectivas de las ciencias sociales. Pero no solo la sociología o la sociología jurídica; también la criminología, la ciencia política, las ciencias de la administración, la antropología jurídica, la economía y otras. Se trata pues de una aproximación interdisciplinar que nutre su perspectiva, general y compleja, con herramientas tomadas del ámbito de la teoría del derecho y las ciencias sociales. Esta perspectiva ayudará a reparar en las transformaciones del derecho y en las nuevas funciones del mismo.

4. ¿Qué sociología jurídica?

Hasta ahora hemos venido introduciendo elementos que han ido añadiendo complejidad al ámbito de saber que denominamos sociología jurídica. Tanto desde un punto de vista teórico como metodológico e institucional, el panorama que hemos ido pergeñando es de una gran complejidad. En el apartado anterior, incluso cuando se ha recurrido a un planteamiento reduccionista para dar cuenta de los enfoques que coexisten en el ámbito de la sociología jurídica, hemos tenido que partir de la premisa de que la sociología jurídica nunca ha representado una perspectiva unitaria y que dentro de esta denominación o de la de sociología del derecho han coexistido corrientes y formas de plantear el conocimiento socio-jurídico basadas en intereses cognoscitivos y fundamentos metodológicos diversos.

En este apartado, como recapitulación y tratando de dejar, al menos, una idea clara sobre esta disciplina, vamos a hacer una propuesta sobre qué sociología jurídica defendemos. Obviamente, esta propuesta es la que consideramos más sólida desde un punto de vista científico. Si la planteamos entre interrogantes y la defendemos como una propuesta particular, es porque consideramos que no es la única defendible, de hecho es «una más» en el ámbito de la investigación socio-jurídica y los estudios sobre derecho y sociedad.

4.1. Interdisciplinariedad y punto de encuentro

Los orígenes y el desarrollo de la sociología jurídica nos sitúan ante discursos que en un momento dado apuestan por la construcción de una disciplina que construye barreras epistemológicas buscando una autonomía científica. Y ello, con independencia de la orientación teórica o empírica por la que se apueste. Ahora bien, si los contenidos de la sociología jurídica son plurales, los perfiles de la sociología jurídica podríamos decir que son porosos. La verdad es que es difícil establecer barreras «disciplinares» entre la sociología jurídica y otros campos de investigación vinculados a la criminología, la ciencia política, las ciencias de la administración, la antropología jurídica, la psicología jurídica, etc. En nuestra opinión, esta es la razón por la que no se acaba de ver con claridad dónde empieza la investigación socio-jurídica y dónde acaba la de cualquiera de las disciplinas vinculadas con el ámbito científico articulado en torno a «derecho y sociedad». Ahora bien, si preguntamos quién debe investigar sobre control social, políticas públicas y sociales, derecho regulativo económico o participación, seguro que se alzarán muchas voces propugnado la exclusividad de puntos de vista disciplinares.

Ejemplo

Si hablamos de control social, por ejemplo, tendremos que tener en cuenta los discursos originados desde diversas perspectivas de la ciencia social, pero también desde la investigación socio-jurídica y la criminología se ha investigado sobre el tema. Esto es, existen enfoques sobre el tema que pueden ser parcialmente divergentes, pero que coinciden en el objeto y más que encadenarse se solapan y entreveran. Por eso hablamos en relación con estos saberes de «disciplinas fronterizas» y, frente a los enfoques que propugnan la autonomía científica de los mismos, apostamos por la interdisciplinariedad.

El punto de partida al que se acaba de hacer referencia nos ha llevado a contemplar el engarce teórico de la sociología jurídica con el resto de las disciplinas jurídicas –y no jurídicas– como una cuestión interdisciplinar, o mejor, como un punto de encuentro. Según esto, la sociología jurídica podría ser vista como una disciplina que facilita el diálogo entre áreas científicas diversas. Esto es, como una aproximación al conocimiento del fenómeno y las dinámicas del derecho que bebe en fuentes plurales y propicia el intercambio de resultados entre disciplinas que se incardinan en diferentes campos del conocimiento –jurídico o no jurídico–, permitiendo así, por una parte, la conjunción de los métodos y las perspectivas de las ciencias sociales y jurídicas y, por otra, el intercambio con las disciplinas fronterizas como la criminología, la ciencia política, las ciencias de la administración, la antropología jurídica y otras.

La conjunción con otras perspectivas de análisis, sociales y jurídicas, puede ser útil para el análisis socio-jurídico; recíprocamente, el enfoque socio-jurídico también puede ser útil para otras disciplinas dentro del campo de las ciencias sociales y jurídicas. Cada uno de los enfoques tiene sus propios métodos y objetivos y sería erróneo pensar que la relación con esos saberes pase por la exigencia de que asuman la metodología y los intereses específicos de la sociología jurídica. Pero ello no obsta para que el diálogo entre esas disciplinas y el enfoque socio-jurídico pueda ser útil, hablando en términos generales, para las investigaciones sobre derecho y sociedad, como para esos otros enfoques. La relación entre estos ámbitos de saber es, según esto, simbiótica.

Por lo demás, la vinculación de la sociología jurídica con estas disciplinas fronterizas no debe basarse únicamente en el intercambio de resultados; sino que también deben establecerse relaciones de producción. En ese sentido, creo que es necesario realizar investigaciones conjuntas que abarquen diversas perspectivas sobre las que sustentar las relaciones de la sociología jurídica con las ciencias jurídicas, por un lado; y con esas otras disciplinas fronterizas, por otro. Esto es, apostar por la interdisciplinariedad en el sentido más estricto del término.

4.2. Sustentada en investigaciones empíricas

Al matizar que la investigación socio-jurídica «debe sustentarse» en investigaciones empíricas, queremos subrayar que este fundamento empírico no quiere decir que todos los investigadores en el ámbito de la sociología jurídica deban hacer trabajo de campo, sino que tiene que haber personas y grupos que afronten esta tarea y cauces para fomentar el diálogo entre quienes la llevan a cabo y quienes trabajan en el terreno del análisis o la reflexión teórica. Además, debe quedar claro que la sociología jurídica admite enfoques plurales, entre los que caben la teoría social del derecho, la jurisprudencia sociológica o la teoría socio-jurídica.

Ahora bien, una vez hechas estas puntualizaciones, debe quedar claro que la sociología jurídica debe basarse fundamentalmente en la investigación empírica. Dando un paso más, quizá se puedan adelantar algunas pinceladas de tipo metodológico, dado que no se apostaría por cualquier investigación empírica. La alternativa que defendemos se basa, por una parte, en la renovación metodológica, por lo que supone en sí misma y como paso previo para avanzar en la pluralidad metodológica y en la consiguiente apertura temática; y, por otro lado, en la necesidad de superar todo tipo de reduccionismos, ya sea mutilando metodológicamente las posibilidades de la investigación socio-jurídica o defendiendo una sociología jurídica de los sociólogos o una sociología jurídica de los juristas.

La renovación metodológica que está teniendo lugar en al ámbito de las ciencias sociales debe proyectarse en el ámbito de la sociología jurídica. En este sentido, la investigación socio-jurídica debe abrirse a la metodología cualitativa, porque así se enriquecerá metodológicamente y, también, porque ello hará posible la apertura temática tan necesaria para que la investigación socio-jurídica aborde en toda su complejidad su objeto de investigación. De paso, ello redundará en la superación de los tópicos que, ingenua o interesadamente, se utilizan para ridiculizar una sociología jurídica excesivamente centrada en investigaciones cuantitativas sobre la opinión de los ciudadanos y los profesionales sobre el derecho y la administración de justicia. Dado el tono tajante que se ha empleado, quizá no esté de más matizar que lo anterior no quiere decir, en modo alguno, que se deba renunciar a la investigación cuantitativa. Abrirse a la metodología cualitativa, tal y como lo entendemos, es una opción a favor de la pluralidad metodológica.

Las técnicas y los métodos de investigación son como la «caja de herramientas» –por utilizar el símil wittgensteiniano– de la investigación socio-jurídica. El investigador debe seleccionar el método o, mejor, los métodos adecuados en función de los objetivos y las exigencias del campo de investigación. No cabe, según esto, el reduccionismo cuantitativista de antaño, ni tampoco el sectarismo cualitativista que surgió como respuesta al predominio –también sectario– del positivismo sociológico cuantitativista. La pluralidad metodológica debe convertirse en el soporte de una investigación válida, rica en perspectivas e información y rigurosa en sus afirmaciones. En este sentido, si la investigación requiere utilizar métodos cuantitativos por supuesto que deberán utilizarse. Esto aparte, la apertura hacia la investigación cualitativa y la renovación metodológica si se utilizan con imaginación pueden abrir nuevas e interesantes perspectivas en la sociología jurídica. Por lo demás, las tendencias de la investigación empírica en la actualidad apuntan cada vez más a la utilización conjunta de métodos cuantitativos y cualitativos y a la renovación metodológica.

La investigación empírica en el ámbito de la sociología jurídica debe superar tanto la renuncia metodológica en la que suelen incurrir los juristas por carencias respecto al dominio de las técnicas y métodos de investigación de las ciencias sociales, como la renuncia a la complejidad del objeto de investigación en la que suelen incurrir los sociólogos por la falta de conocimiento de las prácticas jurídicas. Dicho de otra manera, si los juristas quieren hacer sociología jurídica, deben adquirir métodos y técnicas de investigación social y esta metodología sólo se adquiere aprendiendo de las sociólogas y los sociólogos. Dicho sea de paso, también puede ser interesante –y en algunos casos, necesario– aprender de las «hermanas menores», como la psicología social o la antropología. A la inversa, si quienes hacen sociología pretenden hacer investigación socio-jurídica, primero habrán de conocer el lenguaje de los juristas y sus claves simbólicas, además de saber cómo funciona el derecho en la práctica. De otro modo, no podrán formular las preguntas que hagan posible y útil la investigación socio-jurídica.

4.3. Vinculación recíproca de teoría e investigación empírica

La necesidad de vincular la teoría con la investigación empírica la entendemos como una exigencia epistemológica; pero también dentro de una apuesta global por una sociología jurídica que no se desarrolle de espaldas a la crítica. Sin reflexión teórica no hay crítica. Una aproximación empírica exenta de herramientas teóricas para profundizar en el análisis de los fenómenos jurídicos, en el mejor de los casos sólo serviría para reproducirlos «especularmente». Subrayamos que en el mejor de los casos, porque lo que puede ocurrir es que la investigación empírica sin la concurrencia de la teoría nos lleve a extraviarnos y genere un conocimiento errado o estéril. En cualquier caso, quedándonos en la superficie o sin posibilidad de desenmascarar las ideologías jurídicas imperantes en los discursos institucionales y científicos.

La apuesta por la investigación empírica, según lo anterior, no debe oscurecer la reflexión y el análisis teórico. Contar con el respaldo y unas señas de identidad teóricas es fundamental. Tomar posición ayuda a dar coherencia a los discursos sobre la realidad tanto desde un enfoque general como en lo que se refiere a las investigaciones sobre los fenómenos jurídicos. Pero no sólo se trata de contar con herramientas analíticas proporcionadas por una perspectiva macro, la teoría también es importante desde una aproximación micro. En este sentido, el análisis teórico debe profundizarse a la luz de los datos obtenidos por la investigación empírica.

Estas afirmaciones pueden parecer banales. Sin embargo, a la vista de lo que ocurre en la práctica quizá no está de más recordarlas.

El sociólogo apegado a los métodos cuantitativos tiene claro que la teoría es importante; pero al margen de la praxis investigadora y reducida a un papel marginal: antes, para formular hipótesis, y, sobre todo, después, para confirmar o refutar esas hipótesis. Los juristas que hacen teoría socio-jurídica del derecho también tienen claro que deben apoyar sus conclusiones en investigaciones empíricas, pero mientras esperan que lleguen las investigaciones que ellos no realizan acaban olvidándose de la realidad o se limitan a formular digresiones retóricas sobre la misma.

La exigencia epistemológica de poner en relación teoría e investigación llama precisamente a superar este tipo de planteamientos.

Por lo que se refiera a la investigación empírica, la teoría debe aflorar tanto en el diseño, como durante y después de la misma, esto es, en el análisis de los resultados. Dicho de otra manera, la reflexión teórica debe estar presente en todas las fases de la investigación: desde el momento en que se plantea el problema hasta el análisis de los datos y, por supuesto, en la formulación de los objetivos y en el diseño de la investigación. Esta es una tesis que, tras haber sido vulgarizada por el constructivismo racionalista (Bourdieu y otros, 1989), no es necesario justificar extensamente. Aunque quizá sí sea necesario subrayar que, en lo que atañe a la sociología jurídica, la teoría bebe tanto en las fuentes de lo social como en las de lo jurídico.

Ejemplo

Uno de los campos en los que hemos trabajado en el Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza es el de la violencia de género. En los estudios realizados dentro de este ámbito, se han evaluado reformas legislativas y se han recogido datos sobre aspectos socio-jurídicos relacionados con la violencia de género (Calvo, 2003). Estas investigaciones, además de facilitarnos datos importantes para comprender este fenómeno y sus dimensiones de género, han permitido avanzar reflexiones teóricas importantes sobre las transformaciones del derecho o las políticas encaminadas a su erradicación (Calvo, 2005a). Por lo demás, estos trabajos nos han ido llevando a una perspectiva de género. No sólo por la dimensión crítica que incorpora, sino porque se trata de una perspectiva sin la cual resulta difícil visualizar muchos de los factores y problemas que concurren en la problemática analizada. La perspectiva de género es importante tanto para configurar las investigaciones empíricas realizadas, como desde el prisma de la evaluación y los análisis teóricos avanzados. También, incluso, a la hora de ponderar los conflictos de valores y el difícil equilibrio de los derechos en juego, pensamos que la perspectiva de género representa una opción epistemológica ineludible en este campo.

4.4. Vocación reflexiva

Por último, consideramos que la sociología jurídica debe desarrollarse también con vocación «reflexiva» (Lamo, 1990), es decir, con el objetivo claro de establecer comunicación con las instituciones y los agentes colectivos e individuales que intervienen en el ámbito de la promoción e implementación de las reformas legales. Al respecto, partimos de la idea según la cual una sociología jurídica encerrada en sí misma carecería de fundamento y de razón de ser. En ese sentido, la apuesta que hacemos pasaría por favorecer la conexión del saber científico con la sociedad y los operadores jurídicos, facilitando una estructura de «intermediación» consistente en un modelo de conocimiento adecuado y métodos que hagan posible la comunicación entre las diversas esferas del saber relacionadas con la investigación socio-jurídica.

El saber socio-jurídico procede de los agentes sociales y jurídico-institucionales y pensamos que debe buscar hacer revertir los resultados sobre la praxis. No tiene sentido que existan investigaciones encargadas por los propios agentes jurídicos para acabar en un cajón de escritorio o en publicaciones científicas con una difusión limitada al ámbito académico y sin trascendencia en los «operadores» jurídicos o en la sociedad en general.

Una investigación relacionada con la producción legislativa tiene como finalidad inmediata la elaboración de una ley, pero puede ayudar enormemente a la implementación de la misma. Lo mismo ocurre con una investigación sobre la administración de justicia encargada por el Ministerio o el Consejo General del Poder Judicial. Puede tener su razón de ser en objetivos de evaluación, eficacia y modernización; pero qué duda cabe de que su presentación y debate con los profesionales de este ámbito y la sociedad civil tiene también un interés de primer orden.

Esta vocación reflexiva de la que hablábamos es más importante aún, si cabe, cuando la investigación socio-jurídica afronta investigaciones con una dimensión «social», como la que antes mencionábamos como ejemplo, esto es, la violencia familiar y de género. La investigación en estos casos no toma pie en un ámbito de la realidad frío y distante. Se refiere a un fenómeno social colmado de dolor y desesperación y a una praxis jurídica compleja, sometida a tensiones importantes y desarrollos vertiginosos. Si en abstracto planteábamos que los resultados alcanzados deben volver sobre la realidad, con el fin de que repercutan «reflexivamente» sobre la acción de los agentes sociales y los operadores jurídicos. En este tipo de investigaciones, el desiderátum genérico cobra un sentido imperioso al vincularse a la esperanza de que el esfuerzo científico pueda servir para mejorar los instrumentos de intervención encaminados a la erradicación y prevención de la violencia familiar y de género y hacerlos eficaces en la praxis.

La apuesta por una investigación reflexiva conectaría con las propuestas de la llamada «investigación comunicativa crítica», basada en el llamado «giro dialógico» (Flecha, Gómez y Puigvert, 2001). Esta propuesta metodológica busca superar las tendencias puramente reproductoras en la investigación y puede decirse que da un paso más que el que supone la mera vocación reflexiva. Las metodologías comunicativas implican al sujeto investigado y apuestan por la posibilidad de un saber válido surgido de la interacción de las personas investigadas y el equipo investigador mediante el diálogo igualitario y la reflexión conjunta (Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha, 2006). Esta metodología aboga por la inclusión de los sujetos y grupos sociales investigados en todo el proceso de la investigación, desde el diseño a la interpretación de datos pasando por su obtención. Por lo demás, quizá no está de más subrayar que, cuando la investigación tiene como objeto grupos excluidos o desfavorecidos, esta opción supone obviamente una apuesta trasformadora y de lucha contra las desigualdades.

En definitiva, la alternativa científica que defendemos para la sociología jurídica consistiría en el desarrollo de una disciplina interdisciplinar y concebida, de entrada y fundamentalmente, como punto de encuentro de las aproximaciones jurídicas y de las ciencias sociales. En segundo lugar, una sociología jurídica sustentada en investigaciones empíricas, esto es, basada en la investigación empírica aunque no limitada a ella, y orientada en la dirección de un pluralismo metodológico que abra nuevos espacios para la investigación. Una sociología jurídica, en tercer lugar, que apueste por la vinculación recíproca de teoría e investigación empírica y, por último, en cuarto lugar, que haga gala de una vocación reflexiva capaz de favorecer la conexión del saber científico con la sociedad y los operadores jurídicos, tanto desde el punto de vista de su producción como desde su proyección en ámbitos institucionales y de la sociedad civil.

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Research Committee on Sociology of Law - Comité de investigación de Sociología del derecho (núm. b12) de la Asociación Internacional de Sociología)

Canadian Law and Society Association / Association Canadienne Droit et Société (CLSA/ACDS)

Perspectivas socio-jurídicas sobre el derecho

Introducción

1. Derecho y sociedad. Aproximaciones a su estudio

2. Los orígenes de la sociología jurídica

2.1. La orientación del pensamiento jurídico hacia perspectivas socio-jurídicas

2.2. Orígenes de la sociología del derecho en las ciencias sociales

2.3. La institucionalización de la sociología jurídica

3. Orientaciones de la sociología jurídica: un intento de síntesis

3.1. Teoría sociológica del derecho

3.2. Sociología empírica del derecho

3.3. La orientación de la teoría del derecho y las ciencias jurídicas hacia una perspectiva socio-jurídica

4. ¿Qué sociología jurídica?

4.1. Interdisciplinariedad y punto de encuentro

4.2. Sustentada en investigaciones empíricas

4.3. Vinculación recíproca de teoría e investigación empírica

4.4. Vocación reflexiva

Bibliografía