Dueño de un poder político y económico descomunal que lo encumbró en 2006 a la antesala de la candidatura presidencial, aliado de narcotraficantes y lavadores de dinero, Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, capturado en Florencia, Italia, el pasado mes de marzo, alcanzó la posición de capo del narcotráfico gracias a su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con las autoridades estadunidenses.
El haber sido calificado como “capo de las drogas” es apenas la medida exacta para entender quién es Tomás Yarrington. Los estadunidenses, que se dieron a la tarea de rastrear sus pasos en más de 50 países, tras permanecer cinco años escondido bajo identidades falsas, se apoyan en declaraciones de testigos, cuentas bancarias, múltiples propiedades registradas por prestanombres, y una larga historia en la que el político tamaulipeco es mencionado directamente por quienes fueron sus principales socios.
Dichos testimonios, retratan a un delincuente que, tras arribar a la gubernatura de su estado en 1999, empezó a construir una empresa criminal con el respaldo del poder político y empresarial local.
Así, los cárteles del Golfo y de Los Zetas, bajo el mando de Osiel Cárdenas Guillén y Heriberto Lazcano Lazcano, respectivamente, se apoderaron de amplias extensiones de territorio dentro y fuera de Tamaulipas, y se consolidaron dentro del crimen organizado en Coahuila y Nuevo León. Yarrington era el principal beneficiario de todo el dinero que lavaban, pues había decenas de prestanombres en su entorno siempre dispuestos a brindar sus servicios “al señor gobernador”, como le decían en sus tiempos de Jauja.
El negocio criminal que Tomás Yarrington proyectó desde el poder era de altos vuelos. Ansiaba el poder político pero también el económico. Sin ambos era imposible escalar a la gubernatura de su estado y a la presidencia de la república. Osiel Cárdenas había tomado el control del Cártel del Golfo en 1996, poco después de la captura de Juan García Ábrego y del asesinato de Salvador Gómez Herrera, el Chava. Falsamente, el gobierno federal difundió la versión de que con la captura y destierro de García Ábrego —quien vivió su etapa de auge en el sexenio de Carlos Salinas— el Cártel del Golfo estaba desarticulado, casi exterminado.
Eso en realidad no era cierto. El Cártel del Golfo tenía vida. Los datos y evidencias así lo confirmaban. Entre 1996 y 1998 la organización criminal entró en una etapa de disputas. Varios miembros connotados de ese cártel pretendieron, sin éxito, controlar los destinos de la organización porque las rivalidades terminaban en matanzas.
Tal fue el caso de Baldomero Medina, conocido en el mundo criminal como El Señor de los Tráileres, quien terminó refundido en una cárcel. Este personaje se hizo famoso en Tamaulipas porque a través de su red de tractocamiones cruzaba droga hacia Estados Unidos con absoluta impunidad. Su etapa fue tan fugaz como la de Óscar Malherbe, exsocio de García Ábrego —miembro activo del narco en la campaña del PRI de 1994 que encabezó Luis Donaldo Colosio—, quien fracasó en su intento por entronizarse en el Cártel del Golfo luego de la captura de García Ábrego, a quien en el mundo del hampa también le llamaban la Muñeca.
En medio de esas disputas emergió la figura de Osiel Cárdenas Guillén, quien era madrina de la Procuraduría General de la República (PGR), un soplón, en pocas palabras. Antes había sido mecánico en su natal Reynosa y fue en esa etapa cuando se enganchó en el mundo del narcotráfico. A principios de los años noventa la PGR no tenía claro quién era Cárdenas Guillén, por aquellos tiempos hombre de corta historia criminal, aunque ya se dedicaba al trasiego de droga. Pronto se fue metiendo en lo más profundo del negocio del narcotráfico. Violento y traidor, Osiel solo existía para Osiel. Ningún afecto amistoso lo ataba a alguien. Por ello sus sociedades fueron efímeras, pues el sentimiento nocivo de la traición lo atenazaba.
Una historia truculenta lo pinta de cuerpo entero. Corría el año de 1998 y para entonces su expediente delictivo se iba robusteciendo: se le acusó de incurrir en delitos como lesiones, uso de armamento prohibido, robo y homicidio, por citar algunos. Por desconocimiento u omisión de las autoridades, el narcotráfico no aparecía en su historial, aunque en realidad su vida ya giraba en torno al tráfico de drogas y a muy alta escala.
Por esos cargos la PGR solicitó a un juez federal el arraigo de Osiel y de varios socios suyos, entre otros Manuel Alquísires García, Jorge Salinas Aguilar, Miguel Ángel Morales Garza y Ángel Salvador Gómez. Todos ellos eran tan traidores como sanguinarios.
Hábil en el arte de corromper, Osiel Cárdenas pudo evadirse de la casa de arraigo que la PGR habilitó en la Ciudad de México. En aquellos años esta parecía una coladera; la procuración de justicia estaba enferma de corrupción. Con algunos cañonazos de dinero, lo que no le faltaba, corrompió a los agentes federales responsables de su custodia. En vísperas de su huida, una fiesta en la que corrieron el alcohol y la droga a raudales relajó las tensiones entre policías y narcos. Los custodios se embriagaron hasta el sueño profundo. Ebrios de licor y de dinero, abandonaron a su suerte a los arraigados quienes, prestos para huir, aprovecharon el amanecer para abandonar la casa de arraigo sin dejar rastro. Cárdenas Guillén y sus secuaces salieron caminando, como quien nada debía ni temía. Abordaron un automóvil y no se supo más de su paradero.
Cárdenas Guillén era un capo en ascenso, que arribaría al poder en el Cártel del Golfo casi a la par que lo hizo en el poder político Tomás Yarrington, entonces alcalde de Matamoros y delfín político de Manuel Cavazos Lerma, quien cogobernó Tamaulipas conjuntamente con el narcotráfico y heredó las bases del llamado “narcoimperio”.
Pero mientras Yarrington terminaba su gestión como presidente municipal, Osiel Cárdenas preparaba el terreno para su arribo a la organización criminal asesinando tanto a socios como a sus amigos. Llevaba a cabo la limpieza de la plaza. Morían los que debían morir y sobrevivían quienes debían quedarse.
Después de fugarse de la casa de arraigo, Cárdenas Guillén se refugió en la ciudad de Reynosa. Ahí pasó varios días hasta que se enfriaron las cosas. Más tarde se encontraría con Salvador el Chava Gómez Herrera para llevar a cabo el plan que había urdido: matarlo. La forma de hacerlo fue relativamente fácil pero sanguinaria hasta el límite: Osiel viajó a la Ciudad de Reynosa en compañía de Arturo Guzmán Decenas, El Z1 —fundador de Los Zetas— y junto con Gómez Herrera abordaron una camioneta.
En aquel momento Osiel ya había urdido el plan de apoderarse del Cártel del Golfo y no quería compartir el poder con nadie. Por esa razón decidió asesinar a todos sus rivales, e incluso a sus propios amigos, que en no pocas ocasiones le salvaron la vida. Pero en el negocio de las drogas no existe la amistad y mucho menos el agradecimiento. Solo impera una ley: el poder no se comparte.
Osiel y Guzmán Decenas se acomodaron en la parte trasera de la camioneta. El Chava Gómez iba de copiloto, sonriente, sin sospechar que la muerte lo esperaba. Después de bromear y soltar algunas risas estruendosas, Osiel tomó su arma y le disparó a sangre fría en la cabeza a su amigo y socio. El cuerpo de Gómez Herrera quedó recostado sobre el cristal de la ventanilla que se impregnó de manchas de sangre. El arma era tan poderosa que le voló gran parte del cráneo. Así se entronizó Cárdenas Guillén como jefe del Cártel del Golfo: la traición como su arma letal.
Las crónicas de la época dan cuenta de que, una vez consumado el crimen, el cuerpo de Gómez Herrera fue arrastrado hacia la parte más profunda de un terreno cubierto de maleza. Cuando las autoridades hallaron el cadáver, este presentaba una avanzada descomposición y mordidas de roedores.
Los Zetas, por su parte, bajo el mando de Guzmán Decenas y Lazcano Lazcano se consolidaron como el brazo armado de esa organización criminal, entonces la más letal del país. En ese tiempo la mayoría de los miembros de Los Zetas aún eran exmilitares. Se trataba de los famosos GAFES (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales), de donde emergieron los nuevos capos en el golfo de México.
Pronto se afianzaron en todo el territorio tamaulipeco. En forma paralela a las acciones del Cártel del Golfo, crearon grupos de poder en los municipios del estado y, dotados de armamento, dieron rienda suelta a la violencia en esa entidad para limpiar las plazas de rivales. Se preparaba el terreno para el arribo de Yarrington a la gubernatura y todo debía estar bajo el control del nuevo grupo en el poder.
En su más puro estilo empezaron a cooptar a los alcaldes y a cuanta autoridad les diera protección. Las policías fueron sus principales instrumentos para mantenerse impunes; atroz fue la corrupción que desataron en todo el estado mediante el pago de sobornos a comandantes y tropa, sus brazos operadores responsables de secuestrar a las víctimas, hacerlas confesar mediante torturas sin fin para luego asesinarlas con el tiro de gracia, su sello inconfundible. La oleada de violencia fue brutal: tanto Los Zetas como el Cártel del Golfo defendieron su territorio a sangre y fuego e impidieron que los hombres del Cártel de Sinaloa, tan violentos como perniciosos, ocuparan sus territorios.
Dueño del negocio y con la protección absoluta del poder, Osiel Cárdenas comenzó a repartir plazas del narco tamaulipeco como quien regala parcelas después de ganar una lucha agraria. Los municipios de Ciudad Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Nuevo Guerrero, territorios estratégicos para el tráfico de drogas, los asignó a Gilberto García Mena y Zeferino el Zefe Peña Cuéllar, sus sicarios incondicionales.
Luego de haber puesto en sus manos el destino del cártel en esas regiones, prometió que nada les pasaría porque tendrían el apoyo de Raúl Antonio Rodríguez Barrera, un capo priista que había sido subdelegado de la PGR en Tamaulipas y en ese momento despachaba como alcalde de Miguel Alemán. El reparto territorial y la protección política se repitió en los 43 municipios del estado; la fusión perversa del narco y la política no tuvo límites.
En junio de 1998 Yarrington terminaba su gestión como presidente municipal de Matamoros y se aprestaba para lanzarse como candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas. Su carrera política estaba en ascenso. Todavía eran los tiempos de bonanza del PRI, cuya estructura política y financiera descansaba en el narcotráfico. Conocedor como nadie de esa maquinaria, Yarrington buscó a su amigo y compañero de escuela, Jesús Vega Sánchez, quien fungía como presidente estatal del partido.
En la charla, Yarrington soltó su preocupación sin cortapisas: “Necesitamos dinero para la campaña y hay que conseguirlo como sea”. Enseguida, el candidato priista instruyó a Vega Sánchez para que se reuniera con los comandantes a fin de que efectuaran una colecta en todo el estado y de esa manera obtener el financiamiento necesario para su campaña política.
Vega Sánchez no sufrió mucho para conseguir el dinero. Se citó en el restaurante La Mansión Prado de Reynosa con Juan José Muñiz Salinas, conocido como el Bimbo, un mando de la policía ministerial al servicio de Osiel Cárdenas Guillén, entonces jefe del Cártel del Golfo.
Después de dos horas de plática, fluyó el acuerdo. El Bimbo contactaría a todos los comandantes regionales para que estos, a su vez, hicieran lo propio con los jefes de plaza del Cártel del Golfo, y de esa manera empezar la colecta de dinero.
Muñiz Salinas no omitió un comentario a manera de pregunta: “¿Tienes claro de dónde saldrán los fondos? Es dinero del crimen organizado”, agregó.
A lo que Vega Sánchez respondió:
—No importa de dónde vengan los fondos y los compromisos que se tengan que pactar. Nos urge dinero. Di a los comandantes que están en la frontera que junten dinero para la campaña y, a cambio, el candidato se compromete a dejarlos en los mismos puestos cuando sea gobernador.
Testigo de estos hechos fue César Eduardo García Martínez, el Pollo Chicken, otro agente ministerial ligado al Cártel del Golfo que terminó como testigo protegido de la Drug Enforcement Administration (DEA). Durante sus años de esplendor alcanzó notoriedad porque era un enlace confiable de Osiel Cárdenas —su negociador personalísimo—, según su expediente criminal.
El plan para reunir recursos del narco se puso en marcha en todo el estado: a través de los comandantes se contactó a todos los jefes de plaza del Cártel del Golfo para captar la mayor cantidad de dinero posible, el cual se guardaba en maletas que le entregaban a Jesús Vega Sánchez, el líder estatal del PRI, quien a su vez lo hacía llegar al candidato Tomás Yarrington a sus diferentes residencias.
Cuenta García Martínez, el testigo estelar de la DEA:
Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 1998 se hicieron las primeras entregas de dinero a Jesús Vega, y las cantidades oscilaban entre 400 y 800 000 dólares. Los lugares donde se le entregó el dinero fueron diversos.
A principios de octubre de 1998 Osiel Cárdenas Guillén me entregó 500 000 dólares para que a su vez se los diera a Juan José Muñiz Salinas, el Bimbo, recursos que también eran para la campaña de Tomás Yarringtón, por lo cual hablé por teléfono con Muñiz para decirle que ya tenía yo el dinero que había mandado Osiel para Yarrington.
El testigo explica en su testimonio que el Bimbo le comentó que se pusiera de acuerdo con Juan Carlos González Sánchez, un policía ministerial apodado la Torta, primo de Eduardo Costilla Sánchez, el Coss, otro exagente judicial que llegó a ser jefe del Cártel del Golfo tras la aprehensión de Osiel Cárdenas en 2003. Esa sería la vía para entregarle el dinero a Jesús Vega Sánchez.
Con las maletas repletas y en puerta el envío de otras tantas que ya se estaban preparando, el testigo García Martínez narró que se trasladó en compañía de González Sánchez a la ciudad de Matamoros. La encomienda era llevar el dinero a una de las casas de Tomás Yarrington, ubicada, según el testigo, en Nápoles 7, Fraccionamiento Río, primer sector.
“Cuando nos paramos afuera de la casa —explica el testigo— nos abrieron la cochera e ingresamos a una palapa que se encontraba en el patio donde estaban Tomás Yarrington, Baltazar Hinojosa Ochoa y Jesús Vega Sánchez”. A este último García Martínez le entregó una maleta que, según dijo, contenía 500 000 dólares en billetes de 100 y 20 dólares. Al hacer la entrega, dijo: “Este dinero lo manda el señor Osiel Cárdenas para la campaña”.
Baltazar Hinojosa, uno de los acompañantes de Yarrington el día de la entrega del dinero no es un personaje menor. Fue alcalde de Matamoros, donde recibía sobornos del narcotráfico, según declararon varios testigos ante la DEA, a cambio de cederle al Cártel del Golfo los nombramientos en la policía ministerial. Y con la venia del presidente Enrique Peña Nieto, en 2016 se lanzó como candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, la que perdió por más de 15 puntos frente a su oponente panista, Francisco García Cabeza de Vaca, otro personaje de infausta memoria.
En las investigaciones contra Yarrington abiertas en México y Estados Unidos, Hinojosa Ochoa es señalado como una pieza clave de ese grupo político; se afirma que también recibió dinero del Cártel del Golfo para financiar campañas, realizar negocios y lavar activos en empresas del sector inmobiliario, principalmente. Durante el gobierno de Yarrington, Hinojosa fungió como secretario de Educación en 2000 y no escapó a las acusaciones de venta de plazas para maestros, lo que mancilló todavía más su imagen pública.
Pero Hinojosa Ochoa brincó desde el trampolín político tamaulipeco a las grandes ligas del poder, a pesar de sus negros antecedentes: con la habilidad que lo caracteriza, se coló en el círculo cercano de Enrique Peña Nieto desde que este era gobernador del Estado de México y, en 2012, durante la campaña presidencial, fue uno de los principales estrategas, posición a la cual accedió gracias al respaldo de Armando Hinojosa Cantú —su pariente—, el contratista consentido del presidente, quien financió y construyó la Casa Blanca, propiedad de Peña, ubicada en Las Lomas de Chapultepec, uno de los escándalos del sexenio que exhibió la descomunal corrupción del actual régimen.
De acuerdo con sus antecedentes políticos, Hinojosa Ochoa —actual diputado federal— también fue un cercano colaborador de Rogelio Montemayor Seguy —implicado después en el desvío de dinero de Pemex para la campaña del PRI en 2000— cuando era gobernador de Coahuila. En ese entonces fungió como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en esa entidad y también ocupó la Subsecretaría de Finanzas del gobierno del estado. Por esa razón se afirma que Hinojosa es coahuilense, cuando en realidad nació en Tamaulipas.
La relación de Hinojosa Ochoa y Tomás Yarrington fue muy estrecha. Se le consideró una pieza del clan. No es gratuito que por esa razón el testigo protegido con clave Óscar refiera en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 que Hinojosa Ochoa era uno de los receptores de dinero del narcotráfico para financiar, en 1999, la campaña de Tomás Yarrington a la gubernatura de Tamaulipas.
La cercanía de Hinojosa y Yarrington llevó al primero a seguir los pasos de su amigo: fue alcalde de Matamoros, igual que Yarrington, y también aprendió a invertir sus ganancias, legales o ilegales, en fastuosas propiedades. A Hinojosa se le atribuye la propiedad de un rancho en el Fraccionamiento Río, justamente en el mismo sitio donde en 2012 agentes federales catearon una propiedad del exgobernador cuando ya se le investigaba y perseguía por sus vínculos con los cárteles del Golfo y de Los Zetas.
Arropado por el selecto círculo de Peña Nieto, al entonces candidato presidencial priista no le importó que Hinojosa Ochoa estuviera bajo investigación de la PGR desde 2009 por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Desde entonces, la PGR indagaba sobre los sobornos que recibió cuando fue alcalde de Matamoros y sus nexos con Yarrington y otros personajes ligados al lavado de dinero. Pese a estos antecedentes, Peña Nieto nombró a Hinojosa coordinador de su campaña política y le asignó la primera circunscripción.
Como secretario de Hacienda, a Luis Videgaray tampoco le importó el sucio expediente de Hinojosa: lo nombró director del programa Aserca, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). La relación con Videgaray también se fortaleció a través del empresario Armando Hinojosa Cantú, cabeza del grupo Higa, el consorcio que ganó unos 80 000 millones de pesos en obra pública, según datos oficiales, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
Otra pieza clave de Tomás Yarrington para recolectar dinero del narcotráfico y pagar los favores tanto al Cártel del Golfo como a Los Zetas fue Francisco Cayuela, procurador del estado durante el sexenio 1999-2004, según afirma Francisco Alberto Vázquez Guzmán —el testigo protegido Rufino—, quien fue personero de Osiel Cárdenas y durante dos años fungió como una suerte de secretario privado del otrora poderoso jefe del Cártel del Golfo. Este personaje se convirtió en testigo protegido de la PGR y de la DEA luego de ser detenido.
Con base en la información de que disponía, colaboró con las autoridades de ambos países para lograr «el desmantelamiento» de la estructura criminal que había construido Osiel Cárdenas en contubernio con los hombres del poder político de Tamaulipas. En una de sus múltiples declaraciones, rendidas en distintos momentos en México y Estados Unidos, Rufino narró:
El procurador Francisco Cayuela, obedeciendo las órdenes de Osiel Cárdenas Guillén, nombraba a los comandantes de plaza que se le sugerían. Otra de las formas de apoyo que tanto él como Tomás Yarrington daban a la organización era dejar pasar la droga por todo el estado, no molestar a los vendedores, avisar de los operativos que se iban a practicar por parte de las autoridades policiacas y militares, a fin de que Osiel Cárdenas Guillén no estuviera en esos momento en el estado.
Tanto Yarrington como Cayuela, a través de los servidores públicos responsables en ese tiempo de la seguridad pública, omitían cumplir con sus funciones y permitían el trasiego de la droga, como mariguana y cocaína, sin que nadie los molestara, ya que eran apoyados por todas las autoridades. La droga era transportada desde Guatemala a Matamoros y Valle Hermoso, Tamaulipas, y su destino final era Estados Unidos de Norteamérica.
Las reuniones se extendían en estas negociaciones y las imposiciones de responsables de la seguridad pública también. Aquí se hacía lo que nosotros pedíamos. No había ciudad en que no hubiera un sujeto designado por el narcotráfico como responsable de la seguridad pública de quienes ahí vivían. Los pactos continuaron tras la detención de Osiel Cárdenas, en 2003, y el fin del mandato de Yarrington, en 2004.
En otras de sus declaraciones, el testigo Rufino contó que los pactos entre el Cártel del Golfo y el gobierno de Yarrington permitían que Osiel Cárdenas se moviera por todo el estado sin problemas.
Toda la estructura criminal marchaba correctamente, y cuando la PGR, el Ejército o la Marina realizaban operativos en el estado, nos avisaban con tiempo para salirnos del estado.
En esa época nosotros nos poníamos felices cuando llegaban la Marina y el Ejército porque para todos los miembros del cártel venían días de vacaciones: de inmediato nos íbamos a Cancún, a Cozumel, a Isla Mujeres y nos hospedábamos en los mejores hoteles. La pasábamos bien y regresábamos a Tamaulipas cuando nos avisaban del gobierno que los operativos habían terminado y todo estaba en paz.
Según los distintos testimonios que rindió Vázquez Guzmán —también conocido dentro del Cártel del Golfo como Paquito— dos personajes resultaron clave para la expansión y posicionamiento del Cártel del Golfo dentro y fuera de Tamaulipas. Ellos eran Eduardo Costilla, el Coss, y Heriberto Lazcano Lazcano, quienes instauraron un férreo dominio a base de instrumentar una violencia casi generalizada que impactó incluso a la población en general.
Este escenario violento, impuesto como si fuera una política de gobierno, una dictadura o algo parecido al fascismo del dictador Mussolini en Italia, fue lo que en los hechos utilizó el narcotráfico, cual régimen de gobierno, en Tamaulipas. Quien lo explica con detalles es José Salvador Puga Quintanilla, registrado en los expedientes de la PGR y de la DEA como el testigo Pitufo, protagonista de estas oleadas de violencia y de la corrupción que atenazó a todo un gobierno.
Puga Quintanilla es otra figura estelar que, como testigo protegido de la PGR y de la DEA, sirvió a estas autoridades para aportar información y así conocer el amplio andamiaje criminal que se montó en Tamaulipas. Este sujeto fue miembro del Cártel del Golfo y, entre sus múltiples declaraciones, cuenta que entre Tomás Yarrington, sus colaboradores y algunos hombres del narcotráfico hubo varias reuniones en las cuales se acordaron entregas de dinero para el pago de algunas campañas políticas.
El testigo recuerda que al finalizar el sexenio de Tomás Yarrington se efectuó una segunda reunión para apoyar con dinero al candidato del PRI, Eugenio Hernández, impuesto por el crimen organizado como gobernador de Tamaulipas y quien estuvo abierto a las negociaciones con este incluso desde antes de ser gobernador.
Que esa reunión se efectuó en una casa ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Ciudad Victoria-Matamoros. La propiedad se la atribuye a Alí Rodolfo Lara Nájera, administrador de la Casa de Gobierno de Tamaulipas, y uno de los hombres de confianza de Yarrington.
Estuvo presente Eugenio Hernández Flores, exalcalde de Ciudad Victoria y exgobernador de Tamaulipas, actualmente también investigado en Estados Unidos por lavado de dinero, sin acceso a ese país por la cancelación de su visa debido a sus presuntos actos ilícitos que, por cierto, en México le fueron perdonados y, en consecuencia, su expediente fue archivado por una orden superior.
También asistieron, de acuerdo con el testigo, Ricardo Gamundi Rosas, expresidente estatal del PRI y exlíder del Congreso de Tamaulipas; colaborador cercano de Humberto Moreira —investigado por lavado de dinero en España y Estados Unidos— en la dirigencia nacional de ese partido en 2012; mapache electoral, maestro del fraude, quien, al igual que Tomás Yarrington y Eugenio Hernández enfrenta, desde 2009, acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada, de acuerdo con la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009.
A pesar de estos antecedentes criminales, el presidente Enrique Peña Nieto lo ha cobijado. Y aunque no se justifiquen, existen razones para pagarle algunos favores con impunidad.
La siguiente historia así lo acredita.
Después de seis años de estar ausente de las tareas políticas, en 2015 Gamundi Rosas puso en práctica sus conocimientos de mercadotecnia electoral en Sonora: impulsó la candidatura de la priista Claudia Povlovich y recuperó la gubernatura después de 12 años en los que el estado permaneció sumido en la corrupción y golpeado por dos gobernadores de oscuro historial: Eduardo Bours y Guillermo Padrés, ambos con negros expedientes tanto criminales como de corrupción institucional. El primero hizo del narcotráfico su negocio, en tanto que el gobierno del panista Padrés terminó sumido en el descrédito: actualmente está encarcelado bajo acusaciones de desvío de recursos públicos a empresas fantasma, lavado de dinero, delincuencia organizada, entre otros delitos graves.
Luego, Gamundi repitió la operación en Colima, donde parecía que el PRI se hundía en su propio lodazal: en enero de 2016 apuntaló la campaña de Ignacio Nacho Peralta y ganó la gubernatura en una operación en la que, de nueva cuenta, salió a relucir su magia electoral y capacidad para ganar elecciones. Quizá por ello este esbirro de Tomás Yarrington siga impune, no obstante las acusaciones que carga a cuestas desde 2009.
El testigo Puga Quintanilla, el Pitufo, refiere en su amplio testimonio que a la reunión efectuada en la casa de Alí Rodolfo Nájera también asistió Rodolfo Torre Cantú, candidato fallido al gobierno de Tamaulipas, asesinado por el crimen organizado en junio de 2010, pocos días antes de las elecciones, en una operación en la que, según las investigaciones de la PGR, se habrían confabulado Yarrington, Eugenio Hernández y el entonces jefe del Cártel del Golfo, Eduardo Costilla Sánchez, el Coss, aparentemente porque el candidato del PRI se negó a pactar con el narcotráfico para mantener el negocio de la llamada “empresa criminal” en Tamaulipas, construida tres sexenios atrás.
El clan no estaría completo sin Fernando Alejandro Cano Martínez, el principal testaferro de Tomás Yarrington y enlace entre el crimen organizado y el gobierno estatal de 1999 a 2004, cuya presencia también fue testificada por el Pitufo. Se dieron cita también el propio testigo colaborador, entonces miembro del Cártel del Golfo, así como Heriberto Lazcano Lazcano, desertor militar, fundador de Los Zetas en 1997 junto con Arturo Guzmán Decenas y que, según una versión oficial, fue abatido por efectivos de la Marina en 2012 en Coahuila, hecho que desató confusiones, dudas y sospechas después de que un grupo armado se robó el cuerpo del exmilitar del sitio donde se efectuaba la autopsia.
La reunión comenzó. Eugenio Hernández, según el testigo declarante, abrió el diálogo con el planteamiento sobre quién o quiénes se encargarían de realizar los pagos y movimientos que se requirieran luego de que asumiera el cargo de gobernador, y ahí se acordó que serían Los Zetas, a través de sus principales operadores en la plaza de Ciudad Victoria y cuyos nombres eran Alberto González Xalate, el Paisa, Rogelio Díaz Cuéllar, el Rojo, “y el de la voz”.
En su amplio testimonio, en poder de la DEA y de la SEIDO, el Pitufo declaró que en esa reunión se acordó que ese día a él le tocaría transportar del municipio de Valle Hermoso a Ciudad Victoria 25 millones de dólares ocultos en 10 maletas, las cuales subió a una camioneta Avalanche negra. El dinero lo tenía que entregar en un rancho donde, según declaró, bajó las maletas y las puso a la vista de Eugenio Hernández.
“Ante el entonces mandatario —prosigue— manifesté que contenían 25 millones de dólares y que el dinero se lo entregaba Heriberto Lazcano Lazcano, lo que agradeció, y le ordenó a Ricardo Gamundi Rosas, Eduardo Rodríguez Berlanga, la Conga, y Fernando Cano Martínez que subieran las maletas a una camioneta Suburban blanca, lo que de inmediato hicieron”.
Las investigaciones contra Tomás Yarrington empezaron formalmente en México en 2004, aunque extrañamente después se detuvieron, no así en Estados Unidos, donde se integraron voluminosos expedientes que lo inculpan no solo como protector del Cártel del Golfo, sino como capo de la droga; por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y uso de una red de prestanombres para ocultar su cuantiosa fortuna.
En abril de 2004, con base en reportes registrados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA, y a raíz del desgobierno en Tamaulipas que propició la infiltración del crimen organizado, la red de complicidades entre políticos y narcos, el lavado de dinero, el financiamiento de campañas, la ola de crímenes y la impunidad con la que se cobijó al narco, la PGR comenzó a investigar al entonces gobernador Yarrington Ruvalcaba por sus vínculos con el tráfico de drogas.
En aquel momento, el responsable de la indagatoria era José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la desaparecida Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), muerto en noviembre de 2008 en un avionazo en el que también falleció el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en circunstancias todavía no aclaradas por el gobierno federal.
Cuando la investigación se encontraba a la mitad de su fase, Vasconcelos le confirmó al que esto escribe (entonces reportero de Proceso) los pormenores de la indagatoria, que fueran publicados en la edición 1433 bajo el siguiente encabezado: “Narcogobierno en Tamaulipas”.
En su detallada explicación, Vasconcelos dijo que la investigación había empezado por las estructuras policiacas estatales y ministeriales, contaminadas en su mayoría por el narcotráfico, y que en estas pesquisas se incluía a los mandos medios y altos ligados al crimen organizado a través de la red de protección o incorporados directamente a las tareas de trasiego de droga, secuestros y a la base de sicarios del Cártel del Golfo, entonces bajo las órdenes de Osiel Cárdenas.
La investigación tenía como punto de partida el reporte 92C-HO-26953 (0-21), que ya relacionaba a Tomás Yarrington con Osiel Cárdenas, aunque hasta esa fecha el exgobernador tamaulipeco no tenía el carácter de indiciado, si bien no se descartaba que alcanzara tal condición, según dijo Vasconcelos:
La ruta que seguimos en esta investigación es ascendente: empieza por la policía y los altos jefes. Esto nos llevaría a los directores, al procurador, como ya ocurrió en Chihuahua, hasta llegar a la cabeza, es decir, al gobernador. En el caso de Tamaulipas, el gobernador aún no tiene [2004] el carácter de indiciado, pero la investigación que realizamos tiene amplios alcances: es muy parecida a la que hicimos en Quintana Roo con el caso de Mario Villanueva,
quien resultó ser una pieza central en el engranaje del Cártel de Juárez en el Caribe mexicano.
Al ampliar los detalles del inicio de la investigación, Vasconcelos expuso:
Las investigaciones de este tipo siempre se realizan de abajo hacia arriba: se empieza por la red de protección que integran los organismos de la procuración de justicia y se va escalando, porque si empezamos de arriba hacia abajo ¿sabe qué agarramos? Nada.
Incluso con la anuencia del entonces presidente Vicente Fox —el que sacó al PRI de Los Pinos tras permanecer este 70 años en el poder, y que prometió cambios en el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada sin cumplir sus promesas fehacientemente— la investigación de la PGR tuvo serios obstáculos: varios agentes federales desaparecieron en Tamaulipas durante la realización de su trabajo. Un caso escandaloso fue la desaparición de cuatro agentes de la PGR que presuntamente fueron secuestrados por el Cártel del Golfo y después arrojados al río Bravo atados a pedazos de concreto o hierro. Nunca los encontraron.
Conforme avanzó la investigación, la PGR fue acreditando con datos y evidencias que durante la administración de Tomás Yarrington el Cártel del Golfo disponía de una amplia estructura política y criminal que hacía las veces de escudo, de blindaje, pues todos los operativos implementados para desarticular al cártel terminaban estrellándose en el cerco protector conformado no solo por Los Zetas sino por policías y funcionarios que cuando no alertaban a los narcotraficantes mediante llamadas telefónicas, se enfrentaban a las fuerzas armadas con una amplia y poderosa capacidad de fuego.
El radio de la investigación federal contra Yarrington y el Cártel del Golfo se fue ampliando y pudieron abrirse mayores espacios tras la captura del jefe del Cártel del Golfo, el 15 de marzo de 2003, en Matamoros. La tarea no fue sencilla ni con ello se pudo exterminar a la organización —pronto hubo un relevo en la jefatura— pero sí marcó un parteaguas en la lucha criminal en Tamaulipas, ya que se pudo conocer con mayores detalles y elementos de prueba la participación directa de buena parte de la clase política y empresarial de Tamaulipas en el crimen organizado y el lavado de dinero. La captura de Osiel dirigió aún más los reflectores nacionales e internacionales hacia Tomás Yarrington y su clan
El plan de trabajo para capturar a Osiel Cárdenas duró seis meses, y un hombre central en esta tarea fue Alberto Vázquez Guzmán —el testigo protegido Rufino—, conocido dentro de la organización como Paquito, el hombre de confianza de Osiel Cárdenas, su personero, centinela de 24 horas, vigía incansable y quien antes de ser detenido por la PGR se libró de varios atentados y amenazas de muerte que, según supo después, fueron ordenados por Osiel. De ahí que Paquito ya no pudo dudar de que su jefe en realidad era un verdadero “mata amigos”.
Durante su etapa como testigo protegido de la PGR y de la DEA, Paquito y/o Rufino detalló la forma de operar de Osiel Cárdenas: expuso que el jefe del Cártel del Golfo utilizaba entre 30 y 31 teléfonos celulares —según los días de cada mes—, uno por día, a fin de que sus conversaciones no fueran intervenidas.
De lunes a domingo, el hombre de confianza de Osiel sacaba de un cajón especial el número telefónico que le tocaba usar. Sin embargo, el capo no pudo evadirse de las escuchas por mucho tiempo: un día la inteligencia mexicana grabó una conversación entre él y su hija. Ambos hablaban de la fiesta de 15 años que se aproximaba y para la que ya se organizaban los preparativos. El festejo sería en Matamoros.
En la SIEDO alertaron a la Policía Federal, coadyuvante en esta investigación, para que realizara un amplio operativo. La instrucción era precisa: “Ahí donde huela a carne asada está la fiesta”. Y es que, según los testigos que lo conocieron, Osiel era un sibarita que solía degustar carne asada, su comida preferida. Y el día de la fiesta esta no podía faltar en el banquete.
El operativo se llevó a cabo y Osiel Cárdenas fue localizado en una de sus casas de Matamoros. En realidad tenía más de 20 escondites en varios puntos del estado. La cuadra fue rodeada y ese día —15 de marzo de 2003— nada pasó. Al día siguiente las fuerzas federales irrumpieron en la residencia. Osiel, quien siempre dormía vestido por si había que salir huyendo, esa noche cayó rendido a pesar de que las más de las veces no conciliaba el sueño por temor a ser capturado o asesinado. Tampoco dormía, según el testigo, porque pasaba horas encerrado con mujeres consumiendo cocaína, su adicción y su locura.
Al percatarse de la presencia de marinos y militares, salió huyendo solo con un pantalón puesto. Con el torso desnudo saltó bardas y brincó por las azoteas de sus vecinos con la intención de evadirse, pero toda la zona estaba acordonada y no pudo escapar: fue detenido en la calle, cerrado el paso por convoyes militares para evitar su fuga o algún intento de rescate por parte de su equipo de sicarios: Los Zetas.
Cárdenas Guillén fue llevado al penal del Altiplano, en el Estado de México. Pero la cárcel no fue impedimento para seguir operando el tráfico de drogas y su empresa criminal. En la prisión disponía de teléfonos celulares, cómplices y de todo tipo de apoyos para continuar con la buena marcha de su negocio. Desde su celda ordenaba asesinatos, secuestros, torturas, desapariciones y todo lo que podía maquinar para mantenerse en pie de guerra frente a otros cárteles que estaban al acecho de su territorio.
Debido a su reclusión física, Osiel tuvo que nombrar a un sustituto en la jefatura del Cártel del Golfo. Y esa responsabilidad cayó en Eduardo Costilla Sánchez, el Coss, uno de sus hombres de mayor confianza. Criminal desde que era policía de Matamoros, Costilla se erigió como el nuevo capo en Tamaulipas, pero se mantuvo bajo las órdenes de Osiel Cárdenas, algo inusual en el crimen organizado. Lo que explica este hecho, según el testigo Rufino, es que ambos eran muy buenos amigos, aunque la amistad en ese ambiente resulta ser una farsa.
*
La recolección de dinero del narcotráfico para financiar la campaña de Tomás Yarrington a la gubernatura funcionó como una maquinaria perfecta en todo Tamaulipas. Pero conforme avanzó el sexenio, las ambiciones personales de Yarrington fueron creciendo y no tuvieron límites: a la mitad de su gobierno se trazó el objetivo de ser candidato presidencial para la contienda de 2006, y desde 2004, el último año de su gobierno, apretó el acelerador para conseguir más fondos de la mafia y así poder enfrentar a Roberto Madrazo Pintado, exgobernador de Tabasco, quien resultó candidato a la presidencia en ese año, no sin soportar una guerra sucia orquestada por el entonces gobernador de Tamaulipas.
En 2004 salió a flote la participación de Francisco Cayuela Villarreal, procurador durante el sexenio de Yarrington, en la recaudación de dinero del crimen organizado en Tamaulipas. El hecho confirma lo que declaró el testigo Rufino ante la PGR y la DEA: que el narcotráfico seguía operando sin problemas, pese a la caída de Osiel, y a que el Cártel del Golfo tenía el control de las policías y las autoridades responsables de la procuración de justicia.
El señalamiento en contra de Cayuela lo hizo Rubén Hernández López, un exagente de la policía ministerial apresado por haber participado en el secuestro y muerte, en diciembre de 2003, de José Antonio Cervantes Espeleta, un empresario regiomontano presuntamente relacionado con el lavado de dinero.
Este hecho desató un fuerte escándalo que confrontó a los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas. El entonces gobernador de la primera entidad, José Natividad González Parás, dijo que el empresario había sido secuestrado y asesinado en Tamaulipas y que su cuerpo había sido arrojado en un municipio de Nuevo León. Lo incineraron con llantas para borrar su identidad.
El director de la policía ministerial de Tamaulipas, Óscar Mario Hinojosa Ramírez —ligado en 2004 con el narcotráfico e involucrado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/483/2004 integrada en contra de Tomás Yarrington y cómplices— dijo entonces que el día de su secuestro y muerte Cervantes Espeleta iba acompañado de una dama y un amigo, este último identificado como Rubén Hernández López.
Tras la aparición del cuerpo, el procurador Francisco Cayuela dijo que la dependencia a su cargo carecía de elementos para acreditar que Cervantes Espeleta hubiera sido secuestrado, con lo cual pretendía lavarse las manos y zafarse del escándalo.
Este caso cobró mayor relevancia y encendió los focos rojos en el gobierno de Tomás Yarrington cuando la PGR atrajo la investigación y dio a conocer que detrás del plagio del empresario había una organización criminal conformada por policías ministeriales. Por su participación en los hechos se giraron órdenes de aprehensión en contra de Juan Manuel Ayala, el Metro, quien fungía como policía ministerial en Reynosa; Vicente Guillén Espinoza, el Cholula, expolicía ministerial, y Rubén Hernández López, exagente del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI).
El caso Cervantes Espeleta tuvo varios efectos estruendosos: provocó el cese del director de la policía ministerial —Óscar Mario Hinojosa— y destapó la colusión de Cayuela Villarreal y agentes ministeriales en la recaudación de dinero del narcotráfico para apuntalar el financiamiento de la campaña presidencial de Tomás Yarrington.
En una carta que le envió a Karen Tandy, entonces directora de la DEA, Hernández López negó haber cometido el secuestro y asesinato de Cervantes Espeleta; dijo además que Óscar Mario Hinojosa le pidió que aceptara su responsabilidad en esos hechos y luego lo presionó secuestrando al hijo de su compañera sentimental. Después lo amenazó con que lo torturaría si no se echaba la culpa. “Por eso estoy aquí”, dijo.
Pero Hernández López era víctima y al mismo tiempo protagonista de dos historias. La segunda tenía que ver con su jefe, Francisco Cayuela, de quien fue chofer, luego se incorporó al GERI y trabajó muy cerca de Cayuela, según dijo entonces, en la búsqueda y detención de unas personas vinculadas con el narcotráfico. También entrenaba perros rottwailler y pastor belga para guardia, protección y detección de drogas. Cuando Cayuela fue ascendido como procurador se convirtió en su hombre de confianza. Después se fue separando, dijo, porque tenía miedo de que lo mataran, ya que su jefe recolectaba dinero del narcotráfico en Tamaulipas.
Este relato lo entregó Hernández López a la DEA, por medio de una carta que le envió a quien en 2003 era su directora, Karen Tandy. Dice la misiva:
[…] Durante mi estancia en el GERI acompañé en múltiples ocasiones al Procurador General de Justicia del estado, Lic. Fco. Tomás Cayuela Villarreal cuando iba a la frontera, con la finalidad de recoger Un Millón de U.S. Dólares por semana de las Comandancias, según el propio Lic. Fco. Tomás Cayuela Villarreal me hacía saber y mi objetivo era garantizar la seguridad del H. Procurador bajo cualquier circunstancia que pudiera surgir.
El Lic. Fco. Tomás Cayuela Villarreal me informó que el dinero provenía de las cuotas que se cobran a los narcos para que puedan trabajar en Tamaulipas. Esa cantidad de dinero supuestamente va a ser utilizada por el gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba en su campaña política para la presidencia de la República.
En su amplio relato, narrado desde la celda que ocupaba con Manuel Serafín Martínez Ortiz —acusado de un fraude contra Bancomer que, según dijo, no cometió— Hernández López expuso que los recorridos con Cayuela empezaban a las 5:00 de la mañana y se realizaban hasta dos o tres veces por semana. La cobranza de dinero se hacía en las comandancias de lugares donde el narcotráfico tenía más poder, como Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Camargo y Matamoros.
—¿Con qué personajes se reunía el procurador? —se le preguntó en voz baja para que la conversación no se filtrara al exterior.
—Sus reuniones eran con alcaldes, directores de seguridad pública y políticos, y supe por el procurador que todo ese trabajo también era parte de los amarres políticos que le ordenaba el gobernador como parte del proyecto para la presidencia de la república.
Con base en los datos que dijo haber obtenido durante los recorridos, Hernández López señaló que uno de los personajes que conoció y aportaba dinero en Matamoros era Jaime Yáñez, hombre cercano a Cayuela, y quien después fue asesinado en un restaurante.
En la carta enviada a la DEA, el policía del GERI dijo que otro canal por el cual se le hacía llegar dinero al procurador era Óscar Mario Hinojosa Ramírez, quien fue director de la policía ministerial del estado, del que recordó lo siguiente: “Es compadre de Hernán Gómez Sedy, uno de los comandantes de la policía ministerial de Matamoros que brindaba protección a Osiel Cárdenas”.
—¿Esta información de que usted dispone se la entregó a la PGR? —se le pregunta.
—No. Nadie ha venido a verme, pero estoy dispuesto a declarar, aunque sé que puedo perder la vida. Hasta el momento solo se la he enviado a la DEA, por conducto de una carta redactada por el licenciado Martínez Ortiz, quien me sugirió denunciar todo lo que sé.
La historia del secuestro del empresario Cervantes Espeleta dio un giro espectacular cuando el policía preso declaró lo que sabía sobre ese hecho. En realidad, detrás del plagio y muerte del empresario estaban la policía ministerial y su titular, Óscar Mario Hinojosa, quien se mantuvo impune y le pidió a Hernández López que se echara la culpa de ese crimen, y para forzarlo lo amenazó de muerte y le dijo que si no lo hacía secuestraría a su hijastro y lo mataría.
Sobre el caso de Cervantes Espeleta, el policía Hernández López dijo que las presiones en su contra empezaron cuando lo nombraron agente de la policía ministerial de Nuevo Laredo, corporación en donde estuvo bajo las órdenes del comandante Israel Castellanos Castillo. En particular, dijo, las presiones que enfrentó arreciaron cuando se abocó a la investigación del crimen de Olga Lidia Osorio López, empleada de una papelería y estudiante de computación, quien fue violada y asesinada en Nuevo Laredo.
El exagente del GERI dijo entonces que este crimen estuvo a punto de resolverlo con el apoyo de Aldo Gatica García, primo de el Chacho García, jefe de la banda de Los Chachos, que en 2004 era una célula del Cártel de Juárez aliada con Joaquín el Chapo Guzmán y los hermanos Valencia de Michoacán.
Hernández López no dudaba de que detrás del crimen de Osorio López estaba la organización criminal de Los Texas, entonces uno de los brazos armados del Cártel del Golfo:
“Cuando di a conocer mis conclusiones, el comandante Castellanos me pidió que me alejara del caso. Luego quisieron matarme y mi jefe me insistió en que ya no le siguiera”.
Días después, Hernández López fue nombrado agente adscrito al grupo de aprehensiones. El 15 de diciembre de 2003 fue llamado por Óscar Mario Hinojosa a su oficina. Le pidió que le pagara el favor de haberle permitido el ingreso a la policía.
En esa charla salió a colación el caso de Cervantes Espeleta. Hinojosa le dijo que había un narco desaparecido con “pantalla de empresario” y que necesitaba que declarara que
había andado bebiendo con él, que dijera que era mi amigo y que le ayudaba a pasar mercancía de Estados Unidos a México, que también dijera que la última vez que lo había visto fue el 14 de enero de 2003 y que me había dicho que se dirigía a la Isla del Padre.
Yo temía por mi vida porque meses atrás Óscar Mario Hinojosa me había dicho que mataría a mi informante si yo seguía con la investigación de Olga Lidia. Por miedo acepté la propuesta de Óscar Mario y me pidió que lo acompañara a Monterrey, pero al salir de su oficina me percaté de que un carro blanco con gente armada me seguía. Me escondí y decidí viajar a Monterrey solo, en busca de los familiares de Cervantes Espeleta para decirles lo que estaba ocurriendo.
Pero las presiones aumentaron todavía más. El 26 de diciembre de 2003 agentes ministeriales detuvieron a su esposa. Los agentes Carlos Alberto González Valderrama y Nicolás Basurto Castro y Quintanilla la torturaron y fue interrogada por el jefe de este grupo de narcopolicías, Paz Pérez Morales.
Luego de salir con vida de una balacera en la que intentaron asesinarlo, Hernández López huyó, pero el 31 de diciembre de 2003 fue detenido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por el comandante Arturo Pedroza Aguirre y un agente de nombre Omar Alanís. Tras ser aprehendido fue llevado a la casa del agente Felipe Ramírez López, donde intentaron convencerlo de que aceptara la propuesta y el trato de Óscar Mario Hinojosa.
Después de una larga charla fue puesto en libertad bajo el acuerdo de que lo pensaría, pero decidió esconderse en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde más tarde fue detenido por el Grupo de Operaciones Especiales del Ejército y agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Hernández López fue trasladado a Ciudad Victoria y permaneció encerrado en el hotel Paradise Inn de esa ciudad, donde fue torturado en las habitaciones 125 y 127. En la carta enviada a la DEA dijo que hasta ese sitio arribó el entonces procurador Cayuela Villarreal, quien le dio dos patadas.
—¿Si usted no secuestró ni mató a Cervantes Espeleta, como explica ese crimen? —se le cuestionó.
—Lo que pienso es que algunos jefes policiacos pretendieron extorsionarlo porque sabían de los negocios en los que estaba metido.
En medio de la más fuerte crisis política y de seguridad que enfrentaba el gobierno de Tomás Yarrington, el procurador Cayuela Villarreal fue consultado al respecto sobre su relación con Rubén Hernández López y la cobranza de dinero del narcotráfico para financiar su campaña a la presidencia de la República en 2006.
Cayuela dijo entonces que no existía ninguna duda de que Hernández López era el autor del secuestro y homicidio del empresario Cervantes Espeleta, pero rechazó haber tenido alguna relación con el policía: “Lo conocía someramente, no era gente de mi confianza”, manifestó.
Y cuando se le preguntó sobre los cobros de dinero al narcotráfico en todo el estado para la campaña de Yarrington, Cayuela Villarreal soltó una carcajada y respondió: “Este hombre está loco. Esa es su arma de defensa. Este hombre es un homicida y un psicópata. Cuando se le trasladó de Tuxtla Gutiérrez a Tamaulipas confesó haber cometido 36 homicidios”.
Era evidente que Hernández López se había convertido en un personaje peligroso para el gobierno de Yarrington; conocía demasiadas historias que implicaban a la policía ministerial con el narcotráfico, con el secuestro y muerte de empresarios, con extorsiones a hombres de negocios y desapariciones forzadas. Pese a ello, Cayuela decía que no le preocupaba que su jefe —Yarrington— estuviera siendo investigado por la PGR y el gobierno de Estados Unidos.
“Estamos trabajando en la depuración de la policía”, solía decir Cayuela; se vanagloriaba de que la de Tamaulipas era otra policía, una corporación distinta porque ya habían dado de baja a entre 500 y 600 agentes policiacos, y negaba una y otra vez tener vínculos con el crimen organizado y mucho menos que el Cártel del Golfo y Los Zetas estuvieran detrás del financiamiento del proyecto de campaña presidencial de Tomás Yarrington.
Unas tres semanas después de que Rubén Hernández López entregó su carta a la DEA y denunció los vínculos de altos funcionarios del gobierno de Tamaulipas con el narcotráfico, un motín encendió los ánimos en el penal de Reynosa. Varios reos provocaron una fuerte trifulca, se trenzaron a golpes por varias horas; el caos privaba por doquier. En medio del conflicto un preso se le fue encima a Rubén Hernández con un cuchillo en la mano y descargó toda su saña: lo apuñaló varias veces hasta que lo mató. La muerte de Hernández López se justificó como una consecuencia de la riña en el penal. Hasta la fecha el crimen no ha sido aclarado; tampoco se trazaron líneas de investigación sobre lo que denunció en su momento, causa probable de su muerte.
El compañero de celda de Hernández López —Manuel Serafín Martínez Ortiz— consideró que el crimen no fue producto del motín sino que ese fue el pretexto para asesinarlo, ya que el exagente ministerial se había convertido en una pieza peligrosa para el grupo político en el poder debido a las denuncias que hizo en Estados Unidos sobre la red criminal que operaba en el gobierno de Yarrington.
“Aquí —dijo— existe una empresa criminal que lo controla todo. Desde el gobierno del estado se maneja el narcotráfico y todos los políticos y funcionarios tamaulipecos están vinculados a ese negocio que encabeza Tomás Yarrington. Esto ya lo saben en Estados Unidos y pronto tendrá que haber una investigación de alto impacto para desmantelar a esta mafia”.
*
Antes de concluir su mandato, en 2004, Tomás Yarrington ya estaba siendo investigado dentro y fuera de México por la PGR y la DEA. En Estados Unidos se encendieron los focos rojos por el descomunal enriquecimiento del exmandatario y la crisis de seguridad que enfrentaba el estado de Tamaulipas, sobre todo por la protección que Yarrington otorgó a las redes criminales de Los Zetas y el Cártel del Golfo, sus aliados.
No todo este desastre fue propiciado por Yarrington y sus cómplices. Datos oficiales acreditan que el Cártel del Golfo se adueñó de Tamaulipas desde el gobierno de Manuel Cavazos Lerma —también investigado en Estados Unidos—, antecesor de Yarrington, pero cobró su mayor auge en los dos sexenios que siguieron, encabezados por Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández, este último acusado en Estados Unidos de lavado de dinero.
Los expedientes criminales en contra de Tomás Yarrington se robustecieron en Estados Unidos. Ocho años después de haber dejado la administración, enfrentó las primeras acusaciones por crimen organizado y lavado de dinero. Las demandas se presentaron en las cortes federales de San Antonio, Corpus Christi y Brownsville, Texas, en 2012. En esta última perdió varios juicios civiles y tuvo que entregar algunas propiedades registradas a nombre de testaferros
En estos juicios se ventilaron las maniobras que Yarrington realizó para ocultar su patrimonio y que consistieron en crear una amplia red de testaferros para registrar a nombre de ellos casas, cuentas bancarias, departamentos de lujo, ranchos, aviones, vehículos, entre otros bienes, que amasó durante su gobierno y cuyo origen era dinero del narcotráfico.
Toda la trama de esta película de corrupción se empezó a descubrir con mayores detalles cuando José Antonio Peña Argüelles —empresario y enlace de Yarrington con el narcotráfico— decidió entregarse a la DEA, acogiéndose al programa de testigos protegidos para salvar su vida. Según documentos oficiales este personaje era lavador de dinero del narco, socio, compadre y testaferro de Yarrington.
Un día Peña Argüelles recibió una llamada telefónica. Eran Los Zetas. Le dijeron que devolviera los cinco millones de dólares que se había robado, lo acusaron de haber ejecutado a Rodolfo Torre Cantú, el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas “porque estaba afectando los intereses y las empresas que tienen en sociedad Tomás Yarrington y Osiel Cárdenas”.
Al día siguiente apareció tirado el cuerpo de Alfonso Peña Argüelles, hermano de Antonio, con varios disparos. En una narcomanta Los Zetas reclamaban la devolución del dinero y agregaron: “Sigues tú, Antonio”.
En el mensaje que recibió se detallan pormenores del robo del dinero, la compra de propiedades y le reclaman que se había quedado con los recursos, ya que no fueron entregados a políticos, como se argumentó inicialmente. Este es el mensaje textual:
Mire, Sr. Toño, no le estamos pidiendo por un secuestro, es por el dinero que usted pidió, que era para políticos y fueron puras mentiras. Así que es mejor que pague lo que debe. Sabemos cómo está la situación. Muy bien, no pague, como sea a ver dónde se esconde porque usted bien sabe que no va a tener dónde esconderse, ni usted ni Ponchito ni Tony. Todos están metidos, así que quédese el dinero y en su próxima vida sepa bien a quién le roba. Además, su hermano anda diciendo aquí que usted y Tomás Yarrington, junto con Costilla [se refiere a Eduardo Costilla Sánchez, el Coss, sustituto de Osiel Cárdenas en la jefatura del Cártel del Golfo] mataron al candidato a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, porque estaba afectando al negocio de la construcción y estaba protegido. De todas maneras lo mataron por nada, su hermano se quedó y usted no logró nada. Y recuerde que mientras la persona esté viva en cualquier momento lo van a matar. No habrá un lugar seguro para usted, Sr. Toño, así que buena suerte. No sea pendejo y ponga atención a quién le anda robando, y sobre el candidato, fue por los negocios que usted tiene con Costilla, Tomás y Osiel Cárdenas. Su hermano también me dijo de los prestanombres que tiene con las propiedades suyas y de Osiel y sabemos que están en Laredo, Texas y San Antonio.
Debido a la amenaza, Antonio Peña huyó a Estados Unidos y se refugió en su residencia en la subdivisión de Champions Ridge, en San Antonio, Texas, donde algunos meses después fue arrestado bajo el cargo de lavado de dinero y crimen organizado. Y es que Peña Argüelles en realidad era el principal enlace de Tomás Yarrington con Miguel Treviño Morales, quien fue uno de los principales cabecillas de Los Zetas.
Peña Argüelles se convirtió en testigo estelar de la DEA y, con base en sus declaraciones, se pudo armar el verdadero rompecabezas criminal de Tamaulipas, lo que dio origen a una amplia investigación internacional en contra de Tomás Yarrington. Fue así como empezó el aseguramiento de propiedades en Estados Unidos, registradas a nombre de testaferros, las cuales Yarrington adquirió con recursos obtenidos del crimen organizado.
Por haberse declarado culpable de los delitos que se le imputaron, Peña Argüelles fue condenado por la corte de San Antonio, Texas, a una pena de 30 meses de cárcel y al pago de 5.5 millones de dólares. Paralelamente, se acogió al programa de testigos protegidos y se convirtió en el testigo estelar en el caso de Tomás Yarrington.
De acuerdo con su historial, Antonio Peña Argüelles comenzó a trabajar con Tomás Yarrington entre 2000 y 2001. Su función consistía en lavar todo el dinero que el entonces gobernador de Tamaulipas recibía de parte del Cártel del Golfo y de Los Zetas por permitirles operar el tráfico de drogas en Tamaulipas y brindarles protección oficial.
De acuerdo con los expedientes criminales, Peña Argüelles estaba muy bien relacionado con los jefes del Cártel del Golfo, entre otros estaba ligado a Guadalupe Rivera Mata, conocido en el mundo del crimen organizado como el Gordo Mata; de igual forma estaba vinculado con Juan José Muñiz Salinas, el Bimbo.
Según las investigaciones, estos personajes —Rivera Mata y Muñiz Salinas— eran los responsables de entregar a policías, alcaldes y al propio gobernador Tomás Yarrington los sobornos que pagaba Osiel Cárdenas, quien tomó el control del cártel en 1997, tras la captura de Juan García Ábrego, hasta encumbrar a la organización como una de las más poderosas del norte de México.
Los expedientes dan cuenta de que los pagos oscilaban entre 5 000 y 10 000 dólares mensuales para agentes del Ministerio Público Federal. La tarea de estos funcionarios consistía en informar a los hombres del cártel todo lo relacionado con los operativos que realizaban tanto la policía como el Ejército. Al alcalde de Nuevo Laredo, así como a los de otros municipios importantes, les pagaban 500 000 dólares y, de acuerdo con Peña Argüelles, al gobernador Yarrington le entregaban por lo menos un millón de dólares mensuales.
Las investigaciones refieren que Peña Argüelles tenía sus bancos preferidos para blanquear el dinero del narcotráfico: las operaciones las realizaba en el Falcon Bank, el International Bank of Commerce de Texas, HSBC y Banamex, así como en el Commerce Bank de California donde, según las pesquisas, se lavaba un millón de dólares mensuales, aproximadamente.
De acuerdo con los testimonios de Peña Argüelles, la campaña de Tomás Yarrington fue pagada por el narcotráfico; de igual forma, se disponía de cuantiosas sumas para sobornar a funcionarios, policías y así tener el control de las autoridades para que el Cártel del Golfo siguiera creciendo en el negocio de las drogas.
En la corte del distrito de Brownsville se ventiló información, basada en las declaraciones de Peña Argüelles, en el sentido de que con los sobornos del narcotráfico, Tomás Yarrington adquirió decenas de propiedades que le fueron confiscadas por haber sido adquiridas con dinero de la mafia.
En los juicios que enfrentó en Estados Unidos, por ejemplo, salió a la luz que había comprado un lujoso departamento en la Isla del Padre; casas y ranchos en San Antonio, Texas, que registró a nombre de Fernando Cano Martínez, su socio, principal prestanombre y enlace con el crimen organizado, quien por cierto vive en Monterrey, Nuevo León, a pesar del cúmulo de acusaciones que lo vinculan con el lavado de dinero y negocios turbios.
Los primeros datos fehacientes sobre este descomunal enriquecimiento cobraron mayor relevancia cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos inició el aseguramiento de propiedades. En agosto de 2013 fue subastado un departamento en una torre de condominios de Bridgepoint, en la Isla del Padre, el cual le fue asegurado a Napoleón Rodríguez de la Garza, un empresario ferretero quien, al ser enjuiciado, no tuvo otra alternativa que confesar lo que las autoridades sabían: era testaferro de Yarrington.
Durante la cacería de propiedades que emprendió el gobierno estadunidense también incautaron una fastuosa residencia de dos niveles, cinco recámaras y seis y medio baños ubicada en Ware Road, una exclusiva zona residencial de McAllen, Texas. La propiedad mide más de 12 000 metros cuadrados, tiene 1 491 metros de construcción y, según cálculos oficiales, su valor es de poco más de 600 000 dólares.
Esta propiedad, de acuerdo con su historial, fue adquirida por Yarrington cuando era alcalde de Matamoros y se registró a nombre de Cindy Chapa, quien fuera su secretaria durante su gestión como presidente municipal de esa demarcación fronteriza.
Pero los expedientes estadunidenses abiertos en contra de Yarrington Ruvalcaba no solo se enfocan en el enriquecimiento descomunal del exgobernador detenido en Florencia, Italia. También abundan en evidencias de que el exmandatario se vinculó directamente con el tráfico de drogas, por lo que el gobierno de Estados Unidos considera a Yarrington como un capo de la droga.
“Para finales de 2007 y hasta 2009, Tomás Yarrington Ruvalcaba se involucró más directamente en el tráfico de múltiples toneladas de cocaína”, se asienta en las investigaciones. Y se agrega: “Tomás Yarrington acordó con los representantes del Cártel del Golfo y con los hermanos Beltrán Leyva organizar el acceso sin trabas a grandes cargamentos de cocaína que arribaban al puerto de Veracruz, México, a cambio de un porcentaje por cada carga”.
En el mismo proceso legal que enfrentó por lavado de dinero también salió a relucir que el exgobernador de Tamaulipas se reunía frecuentemente con los principales líderes de Los Zetas. Durante el gobierno de Yarrington, Peña Argüelles era propietario de un rancho en Nuevo Laredo y recibía una suma mensual de Los Zetas como renta por utilizar ese predio y de esa manera evadir un retén militar para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
En ese juicio en la corte de San Antonio se ventiló información que hundía aún más a Yarrington, sobre todo cuando el testigo refirió que en esa misma propiedad el exgobernador tamaulipeco se reunió en un par de ocasiones con el jefe de Los Zetas, Miguel Treviño Morales, conocido como el Z-40 por su jerarquía en el grupo criminal, así como con Heriberto Lazcano Lazcano, fundador de ese cártel.
La información que reveló Peña Argüelles ante las autoridades de Estados Unidos y la PGR fue considerada relevante, y con base en esos datos se integraron los expedientes y se ampliaron las investigaciones en contra de Yarrington, sus socios y prestanombres por los delitos de lavado de dinero, tráfico de drogas y delincuencia organizada.
Por considerar que el testigo corría peligro y podía ser asesinado por sus declaraciones, la DEA y la PGR determinaron conjuntamente protegerlo. Fue por ello que en las declaraciones que rindió se le asignó la clave Ángeles.
Peña Argüelles, o el testigo Ángeles, fue quien dio a conocer a las autoridades la lista de testaferros que utilizó Tomás Yarrington para ocultar su patrimonio; de igual forma, él mismo reconoció haber sido lavador de dinero de Yarrington, enlace del exgobernador con Los Zetas y el Cártel del Golfo y una pieza clave en el financiamiento de campañas políticas con dinero del narcotráfico.
El testigo expuso que el principal testaferro de Yarrington responde al nombre de Fernando Alejandro Cano Martínez, dueño de la empresa constructora Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, una de las compañías consentidas de Yarrington: durante su gestión gubernamental le otorgó cerca de 1 473 millones de pesos en contratos de obra pública. Y a través de esa empresa también se recibían fondos del crimen organizado para pagar sobornos a una amplia red de políticos, entre ellos al entonces gobernador.
Por estos hechos, Fernando Cano enfrenta una amplia investigación en Estados Unidos, junto con Yarrington, por fraude bancario y lavado de dinero, por lo que la empresa fue embargada en 2012, casi al concluir el gobierno de Felipe Calderón. De hecho, la PGR investigaba a Cano Martínez y su empresa por actividades presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada.
Mientras en Estados Unidos las indagaciones continuaban, en 2014 extrañamente la compañía y su dueño dejaron de ser investigados en México y el gobierno federal le empezó a dar contratos. En Estados Unidos la investigación continúa avanzando y la siguen cuatro dependencias: el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), el Departamento de Seguridad Interna (DHS) y la Drug Enforcement Administration (DEA).
En los expedientes integrados se detalla que Cano Martínez recibió contratos del gobierno de Tomás Yarrington y fondos del crimen organizado para pagar sobornos al gobernador y a una amplia lista de funcionarios. Cano Martínez es señalado como el principal testaferro de Yarrington y socio en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
El testigo Ángeles entregó una extensa lista de prestanombres a las autoridades estadunidenses que comenzaron a ser investigados dentro y fuera de México por delitos relacionados con la delincuencia organizada. El 8 de septiembre de 2008 declaró que otro de los prestanombres que utilizó Tomás Yarrington para ocultar su fortuna fue Eduardo Rodríguez Berlanga, alias la Conga.
Este personaje fue detenido en mayo de 2012 por las autoridades federales mexicanas, luego de una larga búsqueda que incluyó alertas migratorias para impedir su salida del país. Rodríguez Berlanga se acogió al programa de testigos protegidos y colaboró con la información de que disponía para ampliar el radio de acción de las investigaciones contra Yarrington.
De acuerdo con los testimonios rendidos por Ángeles, Rodríguez Berlanga es propietario de la empresa constructora Jalambres, SA de CV, la cual tuvo un crecimiento descomunal en poco tiempo y, según afirmó, su boyante desarrollo se debió a la intervención de Fernando Cano Martínez, quien durante el gobierno de Yarrington era llamado “el constructor del sexenio” y el “Ahumada de Tamaulipas”, en alusión a Carlos Ahumada, el empresario de origen argentino que terminó implicado en escándalos sentimentales y de corrupción durante la administración de Rosario Robles como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
A decir del testigo, “Fernando Cano subcontrataba a la empresa de Eduardo Rodríguez y por tal motivo era favorecido obteniendo contratos a la sombra” del testaferro de Yarrington. Rodríguez Berlanga, según afirma Ángeles, es prestanombre de Yarrington y tiene registradas varias propiedades que pertenecen al exgobernador, entre otras:
“Un rancho denominado El Mirador, el cual está ubicado en la sierra de Maratines, a la altura de la ciudad de Aldama, Tamaulipas. Dicho rancho consta de 1 200 hectáreas, el cual se compró en dos partes”. Según el testigo, Eduardo Rodríguez le dijo que 700 hectáreas se las regaló Fernando Cano a Tomás Yarrington, las otras 500 fueron compradas a un particular que dice desconocer.
El testigo enumeró otras propiedades de Rodríguez Berlanga que dan cuenta de su cuantiosa riqueza, en gran medida amasada durante el gobierno de Yarrington.
“Eduardo Rodríguez tiene otro rancho denominado El Colmenar, el cual está ubicado en la misma sierra de Maratines, el cual colinda con un predio propiedad de Alfonso Caso Lombardo y con el rancho que ahí tiene Jorge de la Vega Domínguez. El rancho El Colmenar consta de 600 hectáreas; ese lugar es un vergel y tan es así que cuenta con aproximadamente mil vacas de la raza brangus rojo”.
Según afirma el testigo, esta no es la única propiedad que posee la Conga: tiene otro predio en Ciudad Victoria llamado La Providencia, ubicado en la ruta a Monterrey, y a continuación describe lo fastuoso de esa propiedad:
Cuenta con bar, palenque, pista para carreras de caballos, caballos finos, huertas de agave, naranjas, tomate, frijol, ganadería, ovejas, entre otras cosas. Eduardo Rodríguez se ostenta como dueño de todas estas propiedades desde el año 2003, pero quiero aclarar que antes de ese año no contaba con ningún inmueble y que es bien conocido que antes se le conocía aquí en Ciudad Victoria como el carga pacas y que era de condición muy pobre. Yo lo conocí en el año 2003.
Peña Argüelles y/o el testigo Ángeles se refirió enseguida al empresario Fernando Alejandro Cano Martínez, señalado en las investigaciones como principal testaferro de Yarrington, “el constructor consentido” y personaje central en la trama criminal que implica al exmandatario con la delincuencia organizada:
Que respecto a Fernando Cano Martínez, prestanombre de Tomás Yarrington, cuenta con los siguientes inmuebles: un rancho denominado Hacienda San Juan, de aproximadamente 1 700 hectáreas. Posteriormente se amplió a unas mil hectáreas más. El rancho es cinegético y cuenta con pista de aterrizaje de concreto, que mide una milla y tiene un hotel para los cazadores. El rancho fue comprado a Antonio Peláez, quien al parecer fue prestanombre de la organización de Juan García Ábrego.
Antonio Peláez se ostenta como dueño de una isla denominada El Frontón, la cual se encuentra ubicada a 20 o 25 kilómetros, aproximadamente, de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Cuenta con 100 hectáreas, pero el verdadero dueño de [esa] isla es Tomás Yarrington. Fernando Cano Martínez tiene, además, otros terrenos que están pegados y su extensión aproximada es de unas 500 o 600 hectáreas. Dichos terrenos fueron muy criticados cuando los adquirieron, ya que se los compraron a unos ejidatarios a un precio muy bajo.
El testigo estelar de la DEA y de la PGR —de ello dan cuenta sus propias declaraciones— tiene una memoria privilegiada. Recuerda pormenores de las transacciones y acuerdos con el narcotráfico con una precisión inusitada. Sigue el testigo:
Otro prestanombre de Tomás Yarrington es Gabriel Maldonado Pumarejo, quien se ostenta como dueño de unos terrenos de un desarrollo turístico ubicado en la población de La Pesca, a una hora de Ciudad Victoria, rumbo al golfo de México. Él representa los intereses del exgobernador tamaulipeco en ese negocio. Además, tiene un avión King Aire 90, de modelo reciente, que está a su nombre, pero la aeronave es de los dos.
Yarrington, de acuerdo con el testigo protegido, también incursionó en los medios de comunicación a través de testaferros. Y con dinero público y del narcotráfico adquirió estaciones de radio y periódicos en Tamaulipas y Veracruz, entidad esta última que, según las investigaciones, utilizaba como uno de sus principales trampolines para el movimiento de la droga que, una vez que llegaba a Tamaulipas, era enviada a Estados Unidos.
Narra el testigo Ángeles:
Otro prestanombre de Tomás Yarrington es Manuel Montiel, al parecer su segundo apellido es Govea. Esta persona cuenta con estaciones de radio en los municipios de Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Ciudad Mier y Matamoros. En este último tiene dos radiodifusoras, al igual que en Tampico y Xalapa, Veracruz, las cuales están a nombre de Manuel Montiel pero debo precisar que el verdadero dueño es Tomás Yarrington.
Enseguida enfoca sus reflectores hacia otro testaferro de Yarrington. Su nombre: Pedro Alfonso García, quien aparece como dueño de los periódicos La Razón y El Expreso, los cuales se editan en las ciudades de Tampico y Ciudad Victoria, respectivamente. Todo el mundo sabe que el verdadero dueño de esos medios de comunicación es Tomás Yarrington, afirma el testigo.
Y añade que todo esto lo sabe porque los mismos prestanombres le dijeron que representaban los intereses de Tomás Yarrington, y también le confesaron —dice— qué propiedades y empresas manejaban. El testigo también sostiene que aceptaron ser prestanombres para cubrir las apariencias, pues en muchas ocasiones tienen que poner de su dinero para sostener los negocios y las empresas.
“Otro prestanombre de Tomás Yarrington —continúa el testigo—, sin que me conste, es Alejandro Pérez Salinas”, quien aparece como propietario del rancho ganadero y cinegético denominado El Tinieblo, el cual se encuentra ubicado en la población de Jiménez, aproximadamente a una hora de Ciudad Victoria.
“Cabe mencionar que Alfredo Pérez también aparece en el acta constitutiva del periódico El Expreso de Matamoros. Esta persona representa asimismo los intereses de Tomás Yarrington en una empresa denominada Grupo Milenio, que está asociada con el desarrollo del Puente Internacional Comercio Mundial número tres, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas; otro testaferro es el ingeniero Miguel Treviño, quien fue encargado de la Casa de Gobierno en el sexenio de Tomás Yarrington. Este señor se ostenta como dueño de una gasolinera en Ciudad Victoria, la cual se encuentra ubicada cerca de la Casa de Gobierno. Tiene, además, varios vehículos que están a su nombre y se utilizan para mover a la gente de Tomás Yarrington.
Sé también que otro prestanombre del exgobernador de Tamaulipas es Alfonso Salazar, exsecretario de Turismo en el mismo sexenio. Esta persona aparece como dueña de una empresa que surte de alimentos a diferentes centros penitenciarios al parecer y opera en cuatro estados: Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco y el otro no lo recuerdo.
Tengo conocimiento de que Tomás Yarrington es dueño del cable de Matamoros, ya que en una o dos ocasiones vi que Jorge Max, notario público y primer procurador del gobierno de Yarrington, le rendía cuentas a Tomás cuando se reunían en su casa de Matamoros.
En su amplio testimonio, también recordó que otra empresa ligada al exgobernador Yarrington Ruvalcaba se llama Osaca y se encarga de brindar asesoría política y “cualquier otra cosa que necesiten los gobiernos de los estados”. Afirma, además, que la compañía es utilizada por Tomás Yarrington como una fachada para justificar su riqueza y los bienes que posee dentro y fuera del país.
Y enseguida menciona que en la larga lista de testaferros del exmandatario también aparece “el doctor Alfredo Sandoval”, quien fue subsecretario de Egresos durante su gobierno. Actualmente es asesor del gobierno de Coahuila. Sobre las funciones que desempeñaba este personaje dice el testigo:
Esta persona es clave ya que tiene conocimiento de todo lo que mencioné, es el administrador de gran parte de los bienes de Tomás Yarrington y de su familia. Esto me consta porque he estado presente en reuniones entre ellos en San Marcos, Texas, y en la oficina que tenía Tomás en el Distrito Federal, en el piso 12 de un edificio ubicado enfrente de la Embajada Americana, la cual utilizaba para operar el Tucom (Todos Unidos contra Madrazo).
Según refiere, la relación entre Yarrington y Alfredo Sandoval era de las más estrechas, pues frecuentemente también se reunían en Port Isabel (Isla del Padre), “entre otras de las que recuerdo, en las cuales hablaban”, dice, respecto de los negocios que tenían y de la administración de los inmuebles de Tomás Yarrington.
En el cúmulo de información que Peña Argüelles entregó a la DEA y a la PGR también hizo referencia a una conversación que sostuvo con Eduardo Rodríguez Berlanga, la Conga, quien le dijo que conoció a un personaje al que apodaban el Rojo, quien le ofreció dinero a través de préstamos “para lo que quisiera”.
De acuerdo con el testigo, Rodríguez Berlanga le dijo que no. Tiempo después, Eduardo Rodríguez le presentó a Heriberto Lazcano y a Miguel Treviño Morales, jefes del cártel de Los Zetas, a quienes les consiguió granjas en renta en los alrededores de Ciudad Victoria, las cuales utilizaban para descansar.
Eduardo Rodríguez me platicó que visitó al Rojo en una prisión de Ciudad Victoria y que fue muy criticado, injustamente según él, por la gente cercana al gobernador. También me comentó que llevó a Heriberto Lazcano a su rancho La Providencia y que este se quedó maravillado con el rancho por todo lo que tenía.
Otro dato que recuerdo del ingeniero Miguel Treviño, que no tiene nada que ver con Miguel Treviño, el Z-40, es que junto con el señor Bernardo González ven lo relativo a la isla El Frontón, la hacienda San Juan y otro rancho que está ubicado en San Fernando. También sé que Miguel Treviño se encarga de los gastos de Tomás Yarrington y de su familia.
Durante el interrogatorio al que fue sometido en Estados Unidos por la DEA y el FBI, así como durante sus declaraciones rendidas ante la PGR, el testigo Ángeles mencionó a tres empresarios que financiaron la campaña de Eugenio Hernández, sucesor de Tomás Yarrington al gobierno de Tamaulipas. Ellos son Alfonso de la Garza, empresario constructor; Farau Corcuera, comerciante, y René Castillo, “este último es compadre de Eugenio Hernández”, afirmó.
Luego habla de unos asesinatos ocurridos en el rancho de Luis Edmundo González, la Güicha, predio que le había vendido —dice— a Miguel Treviño, el Z-40, quien nunca se lo pagó en su totalidad. Narra:
Quiero referir que durante la administración de este rancho [se refiere a cuando la propiedad estaba bajo el dominio de Miguel Treviño, el jefe de Los Zetas] se suscitaron los asesinatos de Sergio Castillo Ortiz, alias el Checo Ortiz, así como de su papá, de quien solo recuerdo que se apellidaba Castillo. Esto lo supe por medio de la mamá y esposa de los recién mencionados, así como por medio del licenciado Gilberto Ortiz Medina.
Los crímenes que el testigo refirió tuvieron una causa: el narcotráfico. Afirma Ángeles que una de las personas que mueve droga para Miguel Treviño, el Z-40 , es Jorge Ortiz, mejor conocido en el mundo del hampa como la Mamba, de quien dice que actualmente está preso en la cárcel de Nuevo Laredo.
Sostiene que esta persona recibe ayuda para el trasiego de droga de sus hermanos Rafael y Juan Ortiz, quienes son primos hermanos de Sergio Castillo Ortiz —el que fue asesinado en el rancho de Luis Edmundo González, la Güicha—, y asegura que esta relación la conoce porque se la contó su hijo, a quien menciona por el apodo de Tony la Amenaza y cuyo nombre es Antonio Peña.
Con mayores elementos, datos y evidencias, Peña Argüelles fue ampliando el espectro político y social que controlaba el narcotráfico en Tamaulipas, particularmente el cártel de Los Zetas —uno de los más violentos del país—, al referir que conoció bien a Miguel Treviño, quien fue socio de Heriberto Lazcano Lazcano en ese grupo criminal antes de que se dividieran y pelearan por su dominio a sangre y fuego.
De Miguel Treviño dijo que lo conoce bien y que al tiempo que se dedicaba al tráfico de drogas también invertía buena parte de sus ganancias en la compra de venados sementales. Que su enlace en este negocio era Alejandro Ortiz, a quien refiere como gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa).
Durante los gobiernos de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández —12 de los años más negros que vivieron los tamaulipecos—, el narcotráfico no solo se relacionó con la clase política sino que algunos personajes del crimen organizado despacharon como funcionarios públicos, según afirmó Peña Argüelles en sus declaraciones.
Un caso tan relevante como escandaloso fue el nombramiento de José Guadalupe Herrera Bustamante como procurador general de Justicia en el gobierno de Eugenio Hernández. A pesar de su negro pasado y de que dos de sus hermanos —Ariel y Érick— formaban parte del Cártel del Golfo, el congreso de Tamaulipas aceleró la ratificación de Herrera Bustamante, quien tiene antecedentes penales y brinda protección al narcotráfico desde el sexenio de Manuel Cavazos Lerma, donde fungió como procurador.
La historia de sus hermanos indica que son criminales de altos vuelos: Ariel Herrera, por ejemplo, fue identificado por la abogada Raquenel Villanueva —acribillada en un mercado de Monterrey, Nuevo León— como el sicario que ingresó a su despacho e intentó asesinarla el 31 de agosto de 2000. La investigación, entonces a cargo de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), lo identificó como miembro del Cártel del Golfo y dueño de una larga historia criminal. El otro hermano —Érick— también estuvo vinculado con el tráfico de drogas. Fue ejecutado el 29 de septiembre de 1990 cuando salía de un mall en McAllen, Texas.
El testigo Ángeles afirma en su declaración que cuando fue procurador, Herrera Bustamante obedecía órdenes de Juan José Muñiz, quien fue director de Seguridad Pública en el municipio de Reynosa cuando Óscar Luebbert fue presidente municipal.
Y añade:
Que esto lo sé porque Juan José Muñiz me lo contó. Él mismo fue el impulsor de Osiel Cárdenas, Gregorio el Goyo Sauceda, Eduardo Costilla Sánchez, el Coss, Héctor Sauceda, el Caris, Guadalupe Mata, alias el Gordo Mata. También, que Ricardo Gamundi Rosas, con el poder que le dio el gobernador de Tamaulipas [se refiere a Eugenio Hernández] tiene mucha influencia en Reynosa y sus contactos con el Cártel del Golfo los estableció a través de Pedro Argüelles, quien fue colaborador de la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas.
Después de leer las declaraciones de Peña Argüelles —que en conjunto son una película de terror, corrupción y muerte—, queda claro que el narcotráfico gobernó en Tamaulipas a lo largo de muchos sexenios; que la impunidad, la corrupción y el tráfico de drogas era lo normal durante el gobierno de Tomás Yarrington, quien poco tiempo después de terminar su gestión como gobernador tuvo que enfrentar a la justicia tanto de México como de Estados Unidos.
Al saber que era investigado y los cargos en su contra tenían que ver con el crimen organizado y con que se le consideraba un capo de la droga —las averiguaciones PGR/SIEDO/UEIDCS/147/2007 y PGR/SIEDOUEIDCS/76/2007 dan cuenta de ello—, Yarrington Ruvalcaba comenzó a defenderse de todas las acusaciones en su contra dentro y fuera de México.
Sin embargo, la madeja sobre su inmensa fortuna, amasada mediante acciones de corrupción y protección al narcotráfico de acuerdo con las acusaciones, empezó a salir a flote entre 2008 y 2012, cuando la señora Sonia de Pau García presentó una demanda para divorciarse de su esposo, Fernando Cano Martínez, principal testaferro de Yarrington.
En su demanda, presentada en 2008, la entonces esposa de Cano Martínez pidió que todos sus bienes fueran repartidos entre ambos: la lista incluye constructoras, desarrollos inmobiliarios y turísticos, medios de comunicación, una empresa de televisión por cable, parques industriales, aviones y un total de 3 800 hectáreas entre ranchos, terrenos rústicos (y urbanos), así como casas, mansiones y departamentos, entre otros.
En el expediente 848/2008 presentado en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar de Ciudad Victoria, Tamaulipas, la entonces esposa de Cano Martínez incluyó una lista de 17 empresas dedicadas al negocio de bienes raíces en Estados Unidos, las cuales fueron creadas por Cano a través de Adrián Gracia Martínez, señalado como uno de los prestanombres de Tomás Yarrington.
En el mismo documento se incluyen 33 lotes, un condominio en Isla del Padre, en Brownsville, y decenas de propiedades ubicadas en el condado de Cameron, Texas.
A través de esta demanda de divorcio las autoridades pudieron conocer, y en muchos casos confirmar, la descomunal fortuna de Yarrington oculta en una vasta red de testaferros, a quienes lo mismo utilizó para registrar propiedades que para ocultar el dinero que recibió del crimen organizado cuando fue gobernador.
Aunque los gobiernos de Estados Unidos y México llevaban varios años investigándolo, no fue sino hasta 2012 —ocho años después de haber concluido su mandato— cuando Tomás Yarrington cayó en desgracia y tuvo que huir de la acción de la justicia. Desde entonces no se volvió a saber de él hasta que fue detenido en Italia en abril de este año.
Los días de libertad de Tomás Yarrington empezaron a contarse a partir del mes de febrero de 2014, cuando le fue negada la protección de la justicia federal al desecharse la demanda de amparo —75/2014— por parte del Juzgado Cuarto de Distrito en materia penal del Distrito Federal. Ante esta instancia, el exmandatario pidió cancelar la orden de aprehensión que había solicitado la PGR y que lo obligó a evadirse de la justicia, ya que la Interpol lo empezó a buscar en 189 países.
La resolución negativa fue apelada por los abogados de Yarrington, pero un tribunal de alzada ratificó la sentencia bajo el argumento de que no había razón de amparo, pues en el expediente criminal Yarrington era acusado por cinco testigos protegidos —Óscar, Ángeles, Pitufo, Yeraldin y Rufino— de recibir sobornos del narcotráfico. Estos testigos declararon tanto en México como en Estados Unidos.
Para entonces, Tomás Yarrington ya no estaba en México. Al parecer viajó a Estados Unidos y de ahí saltó a Europa, donde se refugió a lo largo de cinco años.
A principios de este año, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, viajó a Estados Unidos y, entre otros temas, pidió apoyo para la localización de Tomás Yarrington. Al gobierno de Enrique Peña Nieto le urgía asestar un golpe espectacular que recompusiera su mala imagen, su fama de protector de políticos corruptos. Ya habían estallado los casos emblemáticos de corrupción de Javier y César Duarte, exgobernadores de Veracruz y Chihuahua, respectivamente; y el de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, entre otros. En realidad, aunque hay varios exgobernadores detenidos, siguen pesando las dudas sobre la forma en que enfrentarán sus respectivos juicios. En el fondo se les procesa y al mismo tiempo se les protege porque existen demasiadas complicidades tejidas a lo largo de los años.
Pero al arrancar 2017 todo indicaba que el objetivo central era Yarrington, quien llevaba cinco años prófugo. Nadie sabía de su paradero. Parecía que se lo había tragado la tierra. El exmandatario enfrentaba una orden de captura por parte de la justicia mexicana y otra de las autoridades de Estados Unidos, que lo acusan de lavado de dinero, crimen organizado y de haber amasado una fortuna con recursos que, según los testigos, recibía de Los Zetas y del Cártel del Golfo por permitir el tráfico de drogas de Tamaulipas a Estados Unidos.
Las pesquisas se agudizaron por parte de la DEA y de la Interpol en 2016, cuando María Antonieta Morales Loo, esposa de Tomás Yarrington, fue ubicada en Roma, la capital italiana. Este hecho activó la alerta de la División de Cooperación Internacional de la policía italiana.
De acuerdo con los datos que se han podido confirmar con respecto a su ruta de escape, Yarrington pudo viajar a Europa a través de Estados Unidos, país que ya lo investigaba pero del cual tuvo que salir porque su visa estaba por vencer. No dudó en cruzar el Atlántico. Existen datos que confirman su estadía en España y luego pudo desplazarse sin mayores problemas por varios países hasta que decidió quedarse en Italia, donde vivía cómodamente y daba la apariencia de ser una persona jubilada que vivía con bajo perfil.
Según datos de la PGR y de las autoridades italianas, Yarrington estuvo a punto de ser detenido el 26 de diciembre de 2016 en Calabria. Ese día había salido y tuvo que pasar una especie de retén o control de rutina establecido por los carabineros en Scalea, un pueblo costero localizado cerca de la comunidad de Paula.
Yarrington viajaba en un automóvil Audi, propiedad de un italiano amigo suyo. Al ser interceptado, la voz del policía fue imponente.
—Alto —le dijeron.
Yarrington se detuvo y atendió la orden.
—Identifíquese, por favor. ¿Adónde va? —le preguntaron, mientras los ojos de otro agente lo recorría de pies a cabeza.
El exgobernador de Tamaulipas sacó su licencia de conducir y la mostró. En la mica se leía: José Ángel Márquez Pérez. Prestos para hurgar en sus archivos, los agentes introdujeron el nombre en su base de datos criminales. El resultado fue negativo y el exmandatario prófugo se libró de ser capturado. El fugitivo pudo evadir a las autoridades italianas por una razón específica: no era buscado en ese país debido a que ninguna institución policiaca mexicana ni estadunidense había emitido una alerta internacional, a pesar de que el político mexicano llevaba cuatro años en calidad de tránsfuga.
Lo extraño de todo es que las autoridades italianas no tenían registro de su ingreso a ese país ni se sabe, hasta ahora, qué actividades realizó durante su estadía. “No tenemos registro de que haya entrado por alguna de nuestras fronteras”, aseguran.
Todo lo anterior sugiere que Tomás Yarrington ya estaba en Europa y se desplazaba libremente por cualquier país sin ningún contratiempo, pues como ya se dijo, no era buscado por autoridad alguna.
En la edición 2111 de la revista Proceso, el abogado Lucca Marafioti, uno de los litigantes que comenzó a defenderlo, expuso que Tomás Yarrington no se fugó de Estados Unidos, donde radicó por un tiempo tras salir de México. Y aclara que su cliente se fue porque no podía quedarse. La razón: su visa se vencía y no había certeza de que se la renovaran, por lo que en 2012 optó por refugiarse en Europa. En ese año Yarrington ya era investigado por sus vínculos con el crimen organizado y se integraban amplios y voluminosos expedientes en su contra.
El domingo 9 de abril parecía un día normal en la vida de Tomás Yarrington. No se imaginaba que una alerta internacional había activado su localización y la policía italiana comenzó a seguirlo por todas partes en completa secrecía. Ese día el exgobernador estaba en la ciudad de Paula, en Calabria, considerada una de las regiones más peligrosas de Italia porque ahí tiene su base el grupo criminal ’Ndrangheta, uno de los más temibles de Italia y de buena parte de Europa.
Según datos confirmados en la PGR y ante las autoridades italianas, Yarrington Ruvalcaba ocupaba una vivienda alquilada a través de una agencia en la avenida Dei Giardini, cerca de una comisaría de policía. Esta ciudad tiene unos 16 000 habitantes. Yarrington vivía en un barrio residencial. Ahí llevaba algunos meses, perdido entre la gente, en el anonimato más absoluto. Al menos así estuvo antes de que se activara la alerta que encendió los reflectores sobre él.
Las autoridades italianas dijeron que el político mexicano parecía estar muy tranquilo, sin sobresaltos ni escándalos. De ello da cuenta el hecho de que acudía con frecuencia a un gimnasio y había adquirido un perro que lo acompañaba en sus largos momentos de soledad.
En la casa que habitaba no había muchos lujos, según confirmó la policía italiana luego de efectuar un cateo en el lugar. No se conoce si el espacio tenía vigilancia a través de un sistema de seguridad. Al parecer, Yarrington se desplazaba cada cierto tiempo de una ciudad a otra. No se sabe si sus salidas eran simples paseos recreativos o realizaba algunos negocios. Lo que también llama la atención es que se movía en territorios controlados por la mafia italiana.
Lo cierto es que, en la medida de lo posible, cuidaba algunos detalles: no se dejaba ver mucho y cuando transcurría algún tiempo de estadía en una ciudad decidía cambiarse y alquilaba otro espacio para vivir. No iba de país en país, pero se sabe que antes de instalarse en Italia vivió en España y Francia.
Algunos de sus socios, como Fernando Cano Martínez, con frecuencia realizaban viajes a Europa. Se da como un hecho que el motivo era encontrarse con Yarrington para afinar algunas estrategias de su defensa ante los tribunales mexicanos y estadunidenses, en los que todos sus testaferros están bajo investigación por lavado de dinero y por la relación que tejieron con el crimen organizado.
Cuando decidió afincarse en Italia, Yarrington vivió algunos meses en Roma. Luego se pasó a Grosseto, y tiempo después se instaló en la Toscana, la región más próspera de ese país por su riqueza cultural y agrícola.
De acuerdo con datos oficiales, la alerta internacional que recibió la policía italiana llegó en el mes de febrero. Provenía de Interpol, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país. Era claro que Yarrington ya había sido ubicado después de un lustro de haberse evadido de la acción de la justicia.
Conforme la policía italiana fue recibiendo información de Washington, se instrumentó el operativo de búsqueda y el cerco en su contra se fue estrechando. Las estrategias para lograr su localización fueron las tradicionales: la intervención telefónica, el rastreo de algunos pagos con tarjeta de crédito y otras operaciones electrónicas. Yarrington se confió y empezó a dejar rastro de sus movimientos. El seguimiento duró dos meses, según aseguró la policía.
El domingo 9 de abril, Yarrington Ruvalcaba salió de su casa. Parecía un día normal, pero sus pasos ya eran seguidos muy de cerca por la policía italiana. Del seguimiento se desprende que se dirigió a la estación de trenes de la ciudad de Paula y compró un pasaje. Su destino: Roma. Iba solo. Llegó a la capital de Italia al mediodía y enseguida tomó otro tren hacia Florencia. Se hospedó cerca de la plaza Cesare Beccaria. Pagó dos habitaciones. Una para él y otra para un amigo de origen polaco con quien se entrevistaría. Al parecer ambos se habían reunido con una pareja de italianos en el transcurso de esa tarde.
El seguimiento de los pasos de Yarrington era puntual. Luego de que la policía italiana tuvo confirmación de que no se trataba de José Ángel Márquez Pérez sino del exgobernador de Tamaulipas, el político mexicano de larga historia criminal que conjuntamente era investigado por los gobiernos de Estados Unidos y México, lo seguían por todas partes.
Por la noche Yarrington y su amigo salieron a cenar a un restaurante de la plaza de la Señoría, la principal de Florencia. La policía italiana se mantuvo de cerca. Cuando ingresaron en el restaurante los agentes italianos emitieron una orden: rodear la plaza y no dejar lugar para una posible fuga. Así se hizo. Decenas de agentes estaban preparados para detener al fugitivo mexicano.
Cuando Tomás Yarrington concluyó su cena y salió del restaurante, donde había comido pasta, pescado y degustado un exquisito vino italiano —de la Toscana para no errar—, los agentes se le acercaron respetuosos, firme la postura de quien tiene la certeza de lo que busca:
—Buenas noches, puede identificarse, por favor —le pidieron.
Yarrington no titubeó, el temple por delante. De inmediato sacó de su cartera la licencia de conducir que, meses atrás, lo había salvado de ser capturado por un grupo de carabineros. Pero esta vez la estrategia no resultó: los agentes tenían suficiente información y fotografías previamente estudiadas que no permitían la confusión. El exgobernador fue llevado de inmediato a una comisaría donde le tomaron las huellas digitales. La información se introdujo en una base de datos que dio positivo. No había error. Se trataba de Tomás Yarrington. Tras el arresto solo pidió hablar con su esposa, para lo cual dio un número telefónico de Estados Unidos. Luego fue recluido en la cárcel de Sollicciano. Ahí se le preguntó si aceptaba ser extraditado y su respuesta fue negativa.
La PGR inició el trámite de la extradición a la par que lo hizo el gobierno de Estados Unidos. Yarrington tenía dos destinos: una cárcel de máxima seguridad en México y otra en Estados Unidos, donde seguramente le espera la máxima sentencia: cadena perpetua o al menos unos 90 años de reclusión por el cúmulo de delitos de los que se le acusa.
La captura de Tomás Yarrington —dos meses antes de las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz— tuvo un efecto mediático. La señal que emitía el presidente Enrique Peña Nieto era que no solaparía la impunidad y combatiría la corrupción, el principal problema que arrastra su administración y ha mancillado su imagen como presidente dentro y fuera de México.
A pesar de que el gobierno de Felipe Calderón comenzó a investigar a tres exgobernadores de Tamaulipas en 2012 —Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández— no actuó para castigar a quienes se les atribuye la descomposición de Tamaulipas y el auge criminal que enfrenta ese estado. Tampoco lo hizo Enrique Peña luego de asumir el poder. En realidad los protegieron.
Peña Nieto, flamante candidato del PRI en 2012, resumió con estas palabras las investigaciones realizadas por el gobierno de Felipe Calderón en contra de los exgobernadores:
“No es más que una campaña orquestada y bien planeada del gobierno para desprestigiar al partido”. Y es que durante el gobierno de Calderón, quien emprendió una guerra contra el narcotráfico, se iniciaron varias investigaciones en contra de exalcaldes y exgobernadores bajo la sospecha fundada de que operaban con el narcotráfico.
En Michoacán hubo una abierta cacería de alcaldes que fueron encarcelados por sus presuntos nexos con el crimen organizado. La mayoría de ellos tuvieron que regresar a sus cargos porque la PGR no aportó pruebas suficientes para sostener sus acusaciones. La entonces procuradora Marisela Morales se había valido de un gran número de testigos protegidos a quienes utilizaron con fines políticos.
A finales de 2012, en plena campaña presidencial del PRI, la PGR confirmó en un comunicado de prensa que los tres exmandatarios de Tamaulipas eran investigados por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
De igual forma, la PGR le solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que proporcionara información sobre el registro de las entradas y salidas de los exgobernadores. En la mira también estaban varios excolaboradores de Yarrington y familiares suyos, entre ellos su esposa, María Antonieta Morales Loo, quien fue ubicada en Europa y a partir de ahí se hizo el seguimiento para capturar a su esposo.
Entre Enrique Peña Nieto y Tomás Yarrington hay líneas políticas y hombres que los unen desde hace varios años. Su cercanía data desde que el actual presidente fue candidato a gobernador del Estado de México en 2005. En ese año Arturo Montiel, padrino político de Peña Nieto, era el mandatario mexiquense y competía para ser lanzado como candidato a la presidencia de la república.
Entonces Yarrington emprendió una fuerte campaña en contra de Roberto Madrazo para descarrilarlo. Había creado el grupo Tucom —Todos Unidos contra Madrazo— porque en realidad apoyaba el proyecto de Arturo Montiel, el impulsor de Peña Nieto. En este grupo también figuraban Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila y actual embajador en Cuba; Manuel Ángel Núñez Soto, exgobernador de Hidalgo, así como Enrique Jackson, excoordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República. Yarrington fue un personaje clave para que Montiel fuera el candidato presidencial, pero la ofensiva de Roberto Madrazo fue letal cuando salieron a relucir sus propiedades y su descomunal enriquecimiento. Y ya no se pudo levantar. Sin embargo, esos amarres y complicidades políticas aún siguen vigentes y todo indica que Yarrington tiene buenos aliados en el poder.
En medio de la encrucijada que enfrentó Peña Nieto a la mitad de su mandato, no tuvo más remedio que decidirse por encarcelar a los exgobernadores corruptos, pues de otra forma él encararía las más duras críticas como solapador y encubridor del narcotráfico y la corrupción de sus amigos.
La cacería empezaba con Tomás Yarrington; seguiría Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, acusado de desviar miles de millones del erario público a través de empresas fantasma y con el apoyo de múltiples cómplices y testaferros que, al igual que él, están presos en Veracruz por brindar protección al narcotráfico. La lista de exmandatarios incluye también a Eugenio Hernández, sucesor de Yarrington, acusado en Estados Unidos de lavar dinero de origen dudoso. Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, capturado en Panamá, corre la misma suerte: deberá enfrentar a la justicia por peculado, enriquecimiento inexplicable, lavado de dinero y delincuencia organizada. Lo mismo enfrentará César Duarte, exgobernador de Chihuahua, quien hasta el mes de junio seguía prófugo de la justicia.
El efecto político que generó la captura de Yarrington duró poco tiempo. Fue evidente que el gobierno federal utilizó el impacto para apuntalar su imagen y así fortalecer al PRI en las elecciones del pasado 5 de junio. Y es que hasta el 9 de mayo no existía una solicitud formal para extraditar a Tomás Yarrington. El procurador general de Florencia, Marcello Viola, dijo que la solicitud formal no había llegado ante la autoridad judicial italiana.
“Hasta que nos llegue la solicitud no tenemos la posibilidad de afrontar la cuestión”, dijo. Y expuso que el político mexicano seguía recluido en la cárcel de Sollicciano, la más importante de Florencia.
A mediados del mes de abril, el procurador general de la república, Raúl Cervantes, y el secretario de Justicia estadunidense, Jeff Sessions, acordaron pedir al gobierno de Italia que otorgue prioridad a la extradición de Yarrington a Estados Unidos.
Sin embargo, el procurador florentino dijo: “Me anticiparon informalmente el acuerdo [entre México y Estados Unidos], pero a mí formalmente no me ha llegado esa comunicación. Por lo tanto, la corte de apelaciones de Florencia es la que decidirá sobre el caso, pero aún no hay una fecha determinada para la audiencia respectiva”.
El abogado de Tomás Yarrington, Lucca Marafioti, dijo que México tenía hasta el 9 de junio para formalizar su solicitud de extradición; Estados Unidos hasta el 9 de mayo. Todo indica que será la corte de apelaciones italiana la que decidirá el futuro de Yarrington. Sin duda extraditarlo a México resultaría sumamente peligroso: existen decenas de políticos y empresarios —algunos son alcaldes, legisladores, senadores y funcionarios de alto nivel del gobierno de Tamaulipas y de instancias federales— que realizaron negocios con él y se podrían ver afectados si el exmandatario habla sobre la red de complicidades que los implican en el narcotráfico y el lavado de dinero. Sería como hacer estallar una bomba de cara a la elección presidencial de 2018, la más difícil que enfrentará el PRI a lo largo de su historia. Yarrington ha dicho que no quiere ser extraditado a Estados Unidos, pues sabe lo que le espera. Y es que los delitos que enfrenta lo retratan no solo como un político que se valió del poder para brindar protección al crimen organizado. En realidad, el exgobernador de Tamaulipas, de acuerdo con las acusaciones que enfrenta, se vinculó directamente con el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Es por ello que para la DEA tiene el perfil de un verdadero capo aliado de capos y lavadores de dinero y en cuyo gobierno floreció el tráfico de drogas de dos poderosos cárteles: Los Zetas y el Cártel del Golfo.
Tomás Yarrington Ruvalcaba gobernó el estado de Tamaulipas siempre aliado con la mafia.
Páginas del expediente de la denuncia contra los exgobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, presentada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.