Prólogo de la autora
El mito de las esterilizaciones forzadas, creado tras la caída del gobierno de Alberto Fujimori, tiene una historia previa que muestra cómo los actores de una misma historia cambian de posición de acuerdo a consignas políticas; dicho con más precisión: construyen una “verdad” en función de sus intereses políticos. Los hechos reales, las evidencias concretas, los estudios académicos, las estadísticas, son puestas a un lado, ignoradas, tergiversadas o arrasadas de acuerdo al discurso que se quiere difundir para sustentar una bandera política coyuntural. De ese modo, la verdad es derribada por la leyenda urbana y una muestra de ese estilo pernicioso de avasallar a la verdad es la creación del mito de las 300 mil esterilizaciones forzadas: una invención construida por organizaciones feministas que, inicialmente, manifestaron entusiasta respaldo al Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar lanzado en 1995 y, años más tarde, cuando la coyuntura política exigía un discurso opositor no dudaron en mudar de opinión, unirse a la Iglesia católica y a los sectores conservadores, para crear una “verdad” –la supuesta ejecución de 300 mil esterilizaciones forzadas— que fuese útil para incorporar una acusación capaz de impactar en la lista de cuestionamientos al régimen fujimorista sin detenerse a pensar que ese afán político estaba destruyendo una adecuada política pública que el país necesitaba y sigue necesitando.
Los programas de planificación familiar no son sustitutos de programas que promueven el crecimiento económico y/o la inversión en capital humano, pero son una de las múltiples inversiones necesarias para incrementar las oportunidades de la población. Son, sobre todo, necesarios en la medida en que les permiten a las mujeres decidir libremente sobre su vida, su cuerpo y su futuro.
La construcción del mito de las esterilizaciones forzadas tiene una historia previa que se inicia el 28 de julio de 1995, cuando en su mensaje de asunción de mando a su segundo gobierno, el presidente Alberto Fujimori anunció:“Lo justo es difundir, he dicho difundir, a fondo los métodos de planificación familiar. Las mujeres peruanas deben ser dueñas de su destino”.
Anunciaba así la prioridad que tendría la salud reproductiva y la planificación familiar en la agenda presidencial. Fue también el inicio de un largo enfrentamiento público entre dos sectores: uno, conformado por Alberto Fujimori y las organizaciones feministas que apoyaban las medidas; y, por el otro, la Iglesia católica y el sector más conservador de la sociedad peruana, quienes consideraban que las mujeres no debían controlar su fertilidad a través de métodos modernos porque atentaban contra el plan de Dios.
El diseño del programa gubernamental implementado durante el gobierno de Fujimori no fue una creación del fujimorismo, siguió los lineamientos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994. La delegación peruana fue encabezada por el propio Presidente y un editorial fechado el 5 de setiembre de 1994, del diario opositor al régimen, La República, daba cuenta de ello: “Nunca como hasta ahora una conferencia de este tipo había estado precedida por tanta polémica, pues ocurre que tanto la Iglesia católica como las Iglesias islámicas han acusado al documento que contiene el anteproyecto de promover el aborto”.
El editorial puntualizaba, además, que algunos países acudían a la conferencia con el propósito —expreso o no— de oponerse a que “bajo la presión de los Estados Unidos, se liberalice el aborto, las relaciones sexuales premaritales y la homosexualidad”.
Días después, en su edición del 15 de setiembre de 1994, el mismo diario publicó una reseña sobre dicha conferencia bajo el título “Conferencia ONU sobre población y desarrollo: un final exitoso”, y en la cual se puede leer lo siguiente: “La conferencia ha logrado su objetivo principal, cual es el mejorar la calidad de vida de los individuos y otorgar a la mujer mayor poder y control sobre sí misma”. Y añadía: “Un Estado moderno que cuenta entre sus metas el elevar la calidad de vida de sus habitantes no puede permitirse olvidarlo, y deberá ligar los conceptos de población y desarrollo, garantizando una planificación familiar tendiente a alcanzar el equilibrio entre su población y los recursos disponibles.”
En 1995, un año después de la Conferencia de El Cairo, se inició en el Perú un intenso debate sobre el uso de métodos anticonceptivos modernos y se lanzó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar cuyo objetivo fue mejorar las condiciones de salud en los segmentos menos favorecidos de la sociedad. Para ello, se puso énfasis en la población más pobre del país dada la desigualdad que existía —y existe— en el acceso a los servicios de salud, lo que se vería reflejado en los indicadores de salud correspondientes. El diario El Comercio, en un especial sobre la conferencia, del 4 de setiembre de 1995, resaltó la necesidad de un programa capaz de proveer información y acceso a métodos anticonceptivos porque ya se registraba que el 68.3% de las mujeres peruanas mayores de 15 años eran madres y, poco antes, en 1991 se había detectado que el 55% de las mujeres embarazadas sufría de anemia.
El lanzamiento del programa en setiembre de 1995, inició un enfrentamiento entre la Iglesia católica y el gobierno de ese entonces. El cardenal Augusto Vargas Alzamora sostenía que la decisión del Congreso de legalizar la esterilización solo fomentaría el libertinaje sexual y que dicho proyecto de ley atentaba contra la ley de Dios.1 A su vez, la Conferencia Episcopal afirmaba que legalizar la esterilización era un paso hacia la legalización futura del aborto,2 añadiendo que “de acuerdo a diversos estudios realizados por universidades e institutos de prestigio mundial, la esterilización femenina, denominada ligadura de trompas, así como la masculina, conocida como vasectomía, ocasionan serios daños físicos y dejan una grave secuela psicológica”. Sin embargo, la Conferencia Episcopal nunca hizo mención ni acreditó los estudios a los que hacía mención.3
Tres días antes de viajar a la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer en Beijing, en setiembre de 1995, Alberto Fujimori promulgó la ley que legalizaba la esterilización, la vasectomía y la ligadura de trompas como método anticonceptivo. El Congreso también aprobó una ley por la cual las mujeres podían optar libremente por la esterilización, sin que el consentimiento de sus esposos o parejas fuera requerido.
Ambas leyes representaron avances importantes en la igualdad de género y estuvieron fuertemente apoyadas por organizaciones de derechos humanos y organizaciones feministas mientras que, como era previsible, enfrentaron una fuerte oposición de la Iglesia católica y los grupos conservadores.
Un grupo de congresistas de oposición, entre los que se encontraban Fredy Ghilardi, Arturo Salazar Larraín y Javier Velásquez apoyados por la Iglesia católica iniciaron la recolección de las firmas necesarias para someter a referéndum la ley que reconocía la esterilización como un método anticonceptivo. Frente a esto, el entonces congresista Rafael Rey llegó incluso a afirmar —sin prueba o sustento alguno— que el 66% de los hombres que se hacían una vasectomía eran más propensos a contraer cáncer de próstata.4
En declaraciones desde Pekín, Alberto Fujimori sostuvo que había viajado a China para dar “su respaldo al movimiento de mujeres que se ha generado a nivel mundial. Vine porque es importante para el desarrollo el tema de la mujer, y porque es importante que este tema, que afecta a todos, no se debata solamente entre mujeres”. Sobre el enfrentamiento generado con la Iglesia católica por la legalización de la esterilización dijo que “lo importante, es que esta es la primera vez en la historia del Perú, y de América Latina, que se habla sobre este tema tan importante”. Además, resaltó que el Perú era el único país del mundo que era representado en Beijing por su presidente, varón.56 El cardenal Vargas Alzamora respondió afirmando que “Fujimori no sólo ha declarado la guerra al Papa sino también a Dios”.7
Congresistas opositores al programa, como Rafael Rey, consideraron que las declaraciones de Fujimori constituían una ofensa y una vergüenza. Mientras que, Carlos Ferrero, congresista fujimorista entonces, y años después primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo, sostenía que “ninguna norma puede ir contra la ley moral, y la esterilización es contraria a la ley moral”.8
El cardenal reconocería que la política de planificación familiar del gobierno provocó un enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia y, en respuesta a Fujimori, Vargas Alzamora sostuvo: “Y si (Fujimori) se enoja porque no le gusta que la Iglesia oriente a la población sobre este tema, lo sentimos y los fieles católicos pueden emplear métodos anticonceptivos artificiales si así lo desean pues al final serán ellos los que rindan cuentas a Dios”.9
Por su parte Monseñor Luis Bambarén, entonces obispo de Chimbote le exigía al gobierno “usar el cerebro y no el bisturí para afrontar el problema de la pobreza, afirmando que es un sofisma afirmar que reduciendo la población se va a tener menos pobres”.10
En aquellas semanas de setiembre de 1995, la prensa difundió el primer mito creado por la Iglesia católica en su afán de combatir el programa de esterilizaciones. Se dijo que el programa de vacunación contra el tétano llamado VAN95 era, en realidad, un programa para la esterilización de escolares. El cardenal Vargas Alzamora no tuvo reparos en afirmar que un grupo de médicos católicos estaba evaluando las vacunas suministradas por el gobierno a estudiantes escolares, pues, creían que podían causar esterilidad. La denuncia fue finalmente descartada pero el programa de vacunación fue sin duda afectado, pese a que recibió el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud y de Unicef.11
Durante la implementación del programa, la Iglesia católica seguiría denunciando las realización de esterilizaciones, lo que llevaría a la Defensoría del Pueblo a elaborar cuatro informes sobre el programa y a sugerir recomendaciones (las opiniones de la Defensoría no tienen carácter vinculante) dirigidas al Ministerio de Salud para mejorar su implementación.
La contienda entre el gobierno, organizaciones feministas y de derechos humanos versus Iglesia católica y sectores conservadores, tuvo un cambio radical en junio de 1999. Los sectores de izquierda asumieron una posición de cuestionamiento al gobierno de Alberto Fujimori y, activados por un particular estilo de hacer política, no se bastaban con los argumentos opositores que la realidad les otorgaba sino que necesitaban construir denuncias adicionales, aunque ello significase sacrificar la verdad y, peor aún, una verdad que habían respaldado con entusiasmo años antes. De ese modo, aquel año, se dio inicio a una acción que es el hito fundacional del mito de las 300 mil esterilizaciones forzadas que jamás existieron.
En efecto, el 15 de junio de 1999, las organizaciones de Derechos Humanos DEMUS, CLADEM y APRODEH denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el caso de María Mamerita Mestanza Chávez, de 33 años y madre de 7 niños, fallecida el 5 de abril de 1998, nueve días después de someterse a una esterilización dentro del programa, utilizándolo como ejemplo de la «política gubernamental masiva, sistemática y obligatoria que usó la esterilización para cambiar el comportamiento reproductivo de la población peruana, particularmente de las mujeres pobres, indígenas y rurales».12
Los cuestionamientos al programa llegarían, incluso, a la prensa internacional. El diario El País de España publicó el 26 de diciembre de 1998 un informe bajo el título: “250 000 peruanas esterilizadas en tres años”, para luego sostener que el gobierno de Fujimori “ha aplicado una campaña sistemática de esterilización de miles de mujeres en las zonas más deprimidas del país. En total han sido 250 000 peruanas las que en los últimos tres años han quedado estériles muchas de ellas sin su consentimiento”. Este artículo fue replicado en distintos medios de comunicación internacional como The New York Times, Sunday Telegraph y la BBC de Londres. La investigadora peruana Maruja Barrig sostuvo que dicha publicación era cuestionable: “La información era lo suficientemente ambigua (“muchas de ellas sin su consentimiento”) y el sesgo moral acentuado por la ‘campaña sistemática de esterilización de miles de mujeres’ tan desbrozado que 250 000 mujeres hubieran quedado estériles no podía ser otra cosa más que un exterminio de una población inerme”.13
El caos político generado luego de que se hiciera pública la intención de Fujimori de reelegirse inconstitucionalmente para un tercer periodo de gobierno y su renuncia posterior a la Presidencia de le República desde el Japón a causa de grandes escándalos de corrupción, abrieron una nueva ventana de oportunidad para alinear intereses que, poco antes, habían sido contradictorios. Así, los grupos de derechos humanos, las organizaciones feministas y las agrupaciones políticas de la izquierda peruana, quienes en un principio apoyaron a Fujimori en la iniciativa de planificación familiar y salud reproductiva, de pronto, olvidando las convicciones y argumentos que habían expuesto largamente en apoyo al programa de esterilizaciones, aparecieron como aliadas de la Iglesia católica y de los líderes de grupos conservadores para, combinando fuerzas, denunciar “violaciones a los derechos humanos” producidas durante la implementación del Programa de Planificación Familiar y Salud Reproductiva entre 1996 y 2000.
Así lograron la cancelación del programa a principios del 2001. Es decir, una política pública cuyos criterios técnicos eran válidos y cuya ejecución, más allá de errores específicos, había sido exitosa, fue desvirtuada y cancelada porque, desde el punto de vista político, había que destruir toda acción del expresidente Fujimori, incluso aquella que hubiese tenido resultados favorables para la población. Un dato importante es que pese a que el programa ya había cancelado, durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo la Defensoría del Pueblo documentó 26 esterilizaciones sin consentimiento.14
¿Cómo es que grupos de los extremos opuestos del espectro político hallan coincidencias en la oposición a una política pública como el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar? Por un lado, las fallas durante la implementación del programa sirvieron para que las organizaciones de derechos humanos y los grupos feministas, retomaran el liderazgo que habían perdido en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres peruanas y, con él, recuperarían los fondos de las organizaciones internacionales que habían perdido. De otro lado, la Iglesia y los grupos conservadores aprovecharon la oportunidad para buscar limitar los derechos de las mujeres y el uso de métodos anticonceptivos.
El 17 de julio del 2002, el ministro de Salud Fernando Carbone, médico de profesión ha sido miembro de la Comisión de Familia de la Conferencia Episcopal Peruana, conservador impulsor de la agenda provida, y la limitación de los derechos sexuales y reproductivos, presentó un informe al Congreso de la República afirmando que, entre 1996 y 2000, se realizaron 215 227 ligaduras de trompas y 16 000 vasectomías en el marco de un plan masivo de salud cuyo objetivo era disminuir el número de nacimientos en los sectores más pobres de Perú. Juan Súccar, quien presidía la comisión investigadora del Ministerio de Salud que redactó dicho informe, sostuvo que las pacientes recibieron diversas promesas, incluida la entrega de alimentos gratuitos, si se sometían a la intervención quirúrgica, mientras que las que se negaron fueron amenazadas con no ser atendidas en los centros de salud.
La respuesta al informe del Ministerio de Salud provino de la Defensoría del Pueblo, a través de la defensora adjunta de la Mujer, Rocío Villanueva, quien cuestionó las cifras publicadas. “Lo que me ha llamado la atención es que ahora se diga que hay más de 200 000 mujeres ligadas contra su voluntad. Me gustaría saber en qué se basa este informe”.
En una clara campaña política, el ministro Carbone, tras pedir disculpas públicas a todas las mujeres involuntariamente esterilizadas, sostuvo que “en la mayoría de los casos se observa una clara disposición del despacho presidencial que involucra a altos funcionarios del Estado, incluido el despacho del Ministerio de Sanidad y sus direcciones regionales y generales”.15 Las conclusiones del informe Carbone llegarían incluso a las páginas del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y, así, comenzó el mito, inicialmente, de las 200 000 esterilizaciones forzadas y un intenso proceso de acusaciones constitucionales e investigaciones fiscales que continúa más de 15 años después.
El tema de las esterilizaciones forzadas adquirió vigencia durante la campaña presidencial del 2011 como un argumento para cuestionar a Keiko Fujimori, hija del ex mandatario Alberto Fujimori, quien competía por alcanzar la Presidencia de la República. Para entonces, el mito de “esterilizaciones forzadas” había incrementado mágicamente sus cifras pasando de las 200 mil del ministro Carbone a las 300 mil en la leyenda urbana creada con fines de contienda política.
Terminada la campaña electoral del 2011, y durante el gobierno de Ollanta Humala, el mito de las esterilizaciones forzadas continuó siendo un arma política contra el partido Fuerza Popular que había logrado tener 37 representantes en el Congreso Así, por ejemplo, el columnista del diario La República, Jorge Bruce, sostendría, con un énfasis sin fundamentos, que “está demostrado fehacientemente que se trató de una política sistemática de esterilización forzada”, mientras monseñor Bambarén aseguraba que “en la selva desaparecieron etnias pequeñas a raíz de las esterilizaciones”.16
La utilidad de mencionar a estos dos opinantes es que, al igual que ellos, muchos de los que utilizan como argumento político el mito de las esterilizaciones forzadas, no tienen ningún fundamento, estudio o prueba que sustente sus afirmaciones. En eso consiste un mito: en una historia ficticia.
En el 2015, ad portas de una nueva elección presidencial con la candidata Keiko Fujimori liderando la intención de voto, el gobierno de Ollanta Humala emitió el Decreto Supremo 006-2015 del Ministerio de Justicia, disponiendo la creación del Registro Nacional de Victimas de Esterilización Forzada —REVIESFO— y declarando de interés nacional “la atención prioritaria de las víctimas de esterilizaciones forzadas”.
La entonces primera dama, Nadine Heredia, declaró: “Termina una larga espera, empieza un tiempo de justicia”.17 Nuevamente, el tema como argumento para el combate político. El registro formal cuenta con alrededor de 1700 personas que se consideran víctimas de las esterilizaciones forzadas, en su mayoría mujeres. Lo que no se dice, es que, quienes han utilizado el mito de las esterilizaciones forzadas, utilizan también el incentivo de una reparación económica.
El mito de las 300 mil esterilizaciones forzadas se integra en el fenómeno que hoy se conoce como la posverdad. La “política posverdad” es el uso sistemático de ideas fuerza o slogans que manipulan y tergiversan la realidad para deslegitimar a un rival o a una posición política contraria. En la “política posverdad” el debate se convierte en emocional, se recurre al uso de frases comunes, que carecen de sustento y buscan desacreditar a un oponente, sin entrar al debate de fondo y basado en evidencias. Las ideas fuerzas y los slogans de “la política posverdad” dan la impresión de ser ciertos, pero no son ciertos porque no están basados en hechos concretos. En muchos casos la evidencia demuestra que son falsos o exagerados y, sin embargo, siguen siendo repetidos al punto que, en el imaginario nacional, se convierten en verdades incuestionables. En el Perú, la “política posverdad” tiene como uno de sus pilares al mito de las 300 000 esterilizaciones forzadas. Este libro contiene un estudio basado en evidencia y en información sustentada que demuestra, con fundamentos, no solo la existencia de ese mito sino, sobre todo, cómo la ausencia de verdad y la manipulación política pueden dañar una política pública válida y necesaria para las mujeres, sin importar banderas políticas porque la existencia de programas públicos debe apuntar al bien común, al bienestar de los sectores sociales que necesitan suplir carencias por beneficios, y no a la utilización política.
Lima, julio del 2017
María Cecilia Villegas
1 La República 11 de setiembre de 1995.
2 La República 9 de setiembre de 1995.
3 La República 9 de setiembre de 1995.
4 La República 13 de setiembre de 1995.
5 La República 14 de setiembre de 1995.
6 El Comercio 15 de setiembre de 1995.
7 La República 14 de setiembre de 1995.
8 El Comercio 9 de setiembre de 1995.
9 La República 16 de setiembre de 1995.
10 La República 16 de setiembre de 1995.
11 La República 16 de setiembre de 1995.
12 De acuerdo a la denuncia presentada por las organizaciones de derechos humanos DEMUS, CLADEM y APRODEH a la CIDH el 15 de junio de 1999.
13 Ver Maruja (2008).
14 Informe Defensorial Nº 69, Defensoría del Pueblo, 2002.
15 http://elpais.com/diario/2002/07/25internacional/1027548004_850215.html
16 La República 29 de noviembre del 2012.
17 El Comercio 6 de noviembre 2015.