© Editorial UOC 479 Medios de comunicación, movilización y protestas
logÃas modernas de la información siempre ha sido considerado una prioridad
para los intereses de los estados. Como tal, reivindica alguna regulación pues a
juicio del estado, “(…) las tecnologÃas que pueden usarse para transmitir algún
tipo de mensaje para audiencias relativamente amplias (…) tienen un profundo
significado como factor de influencia de los valores y estándares morales de las
sociedades modernas†(Slevin 2002).
Sin embargo, Internet plantea también un reto a los estados pues sigue
constituyendo un cierto factor de incertidumbre sobre cuál es la mejor forma
de regular tal medio y cómo conciliar la regulación y los intereses de sus ciu-
dadanos.
Como destaca Slevin (2002), en el intento de dotar Internet de un sistema
regulador que defienda al mismo tiempo los intereses del estado y de los ciuda-
danos, hemos asistido a lo largo de la última década al debate entre dos mode-
los. Los gobiernos tienden a defender un enfoque de Internet como tecnologÃa
que facilita la difusión pública de material, próxima al sistema de broadcasting,
una actividad para la que se han desarrollado sistemas de regulación de conte-
nidos a lo largo de las últimas décadas. Por otro lado, los individuos y organi-
zaciones de la sociedad civil han defendido un enfoque de Internet como tec-
nologÃa derivada del sistema telefónico, que siempre se ha caracterizado por un
sistema de regulación de contenidos bastante tenue. En ambos modelos se bus-
can siempre analogÃas entre diferentes medios (los ya conocidos y los nuevos)
y los sistemas de regulación implantados. Al igual que en el caso de Terrà vista,
los debates sobre la regulación y/o censura de Internet se han desencadenado
con la detección de un problema previo que asume una amplia mediatización,
lo cual a su vez implica la actuación de entidades públicas que comunican el
inicio de un proceso regulador para el sistema. El debate que sigue suele llevarse
a cabo entre especialistas, que debaten los argumentos en los medios de comu-
nicación tradicionales o entre grupos parlamentarios, extendiéndolo a veces a
asociaciones representativas de la sociedad civil cuando se juzga que están en
juego los derechos, libertades y garantÃas otorgadas constitucionalmente a los
ciudadanos. Este fue también el caso de Terrà vista.
Sin embargo, la inexistencia de una estructura organizada, participación
ampliada de las vÃctimas o un interés de la opinión pública en la defensa de los
derechos, libertades y garantÃas dio pie a una protesta algo atÃpica que se hizo