Editorial UOC 94 Teoría de las relaciones laborales...
diferenciados de mundos sociolaborales; así, por ejemplo, el que comparten
los países ribereños del Rihn (con las matizaciones diferenciales correspon-
dientes a sus subvariedades) que se distingue del de los bañados por el Missis-
sippi, el Amazonas, el Volga o el Yang-Tsé.
En el presente apartado, vamos a establecer un esquema de algunos contras-
tes relevantes entre el modo neoliberal y el neosocialdemócrata de pensar y de
actuar sobre el mundo sociolaboral. Posteriormente, enfocaremos algunos puntos
cruciales del debate ideológico al respecto. En el apartado “Tópicos especiales de
discusión” consideraremos la configuración específica que adopta la dialéctica
entre estas dos tendencias en política sociolaboral concreta: la diseñada y relati-
vamente aplicada en el entorno de la Unión Europea, a lo largo de los últimos
lustros.
El núcleo del debate ideológico-político contemporáneo sobre el mercado
de trabajo se centra en torno a la naturaleza de la crisis del mismo y a las pres-
cripciones terapéuticas subsiguientes a ese diagnóstico. En la tabla 3, esque-
matizamos algunos de los contrastes más significativos entre las perspectivas
neoliberal y neosocialdemócrata. Ambas orientaciones son adoptadas como
tipos ideales perfectamente diferenciables; lo que las distancia considerable-
mente de la realidad práctica que, como hemos apuntado anteriormente,
constituye una especie de continuo entre socialismo y liberalismo, en el que
predomina una multiplicidad de tendencias eclécticas, híbridas, sincréticas y
mixtas, que realizan integraciones sui generis de componentes de ambas ten-
dencias.
Así, en la vertiente izquierda de este continuo, figura la herencia del socialis-
mo clásico, que propone ampliar, profundizar y desarrollar el sistema de política
social, laboral y de bienestar, convirtiendo en derechos cívicos universales los
que, hasta ahora, han sido considerados simples logros, méritos o premios indi-
viduales o bien conquistas corporativas. Este hecho conlleva un cierto protago-
nismo del estado en la regulación y la gestión de tales políticas. Esta tradición
parte además de la premisa de que pocas veces resultan ventajosas económica-
mente las acciones orientadas a combatir situaciones de pobreza y exclusión, in-
justicia y desigualdad sociales. Por ello, no cabiendo esperar que iniciativas
individuales motivadas por el interés particular desarrollen acciones eficaces en
este campo, el Estado (las administraciones públicas) debe asumir las plenas res-
ponsabilidades y competencias al respecto.