índices elevados en todos los campos analizados. En cambio, las sociedades en
transición presentan esencialmente un mejor rendimiento en cuanto al uso la
red básica de telefonía, telefonía móvil e Internet y el nivel de uso de ordena-
dores además del coste, la calidad y la confianza que los servicios ofrecen.27
Estos datos son corroborados por otras fuentes, como por ejemplo la OCDE o
el Foro Económico Mundial, cuya clasificación se analiza a continuación.
Figura 2.1 – Empresas que usan Internet y empresas que reciben pedidos a través de Internet,
porcentaje de empresas con diez o más trabajadores, 2002 y 2003 o último año disponible1.
1. La definición provisional de patentes TIC se presenta en el anexo B del compendio.
2. Punto límite: países con más de 100 aplicaciones ETO en 2000.
Fuente: OCDE, base de datos de patentes, septiembre 2004.
También en relación a las comparaciones en torno de la competitividad, el
Global Competitiveness Report (2004) producido por el Foro Económico
Mundial se basa en el cálculo del ranking efectuado en base a tres índices: tec-
nológico, instituciones públicas y entorno macroeconómico.28 Lo que el índice
© Editorial UOC 98 Los medios de comunicación en la sociedad en red
28. El índice tecnológico se obtiene a partir de un conjunto de datos con diferentes ponderaciones. Por
ejemplo, se mide el acceso a Internet en las escuelas, si la competencia entre proveedores es suficiente
para garantizar un elevado nivel de calidad, pocas averías y precios bajos, si los programas guberna-
mentales tienen o no éxito en fomentar el uso de las tecnologías de la información y si las leyes sobre
comercio electrónico, firmas digitales y protección del consumidor están desarrolladas y se aplican. Por
otro lado, se analiza la penetración de la telefonía móvil, usuarios de Internet, hosts de Internet, líne-
as telefónicas y ordenadores personales. El índice de instituciones públicas se obtiene a partir de si el sis-
tema judicial es o no independiente de las influencias del poder político, los ciudadanos y las empre-
sas, si los derechos de propiedad, incluyendo bienes muebles, están bien definidos y protegidos por ley,
si el estado es imparcial en la adjudicación de contratos públicos y si el crimen organizado supone o
no un coste elevado para la actividad económica. También se analizan los parámetros de corrupción,
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