logías modernas de la información siempre ha sido considerado una prioridad

para los intereses de los estados. Como tal, reivindica alguna regulación pues a

juicio del estado, “(…) las tecnologías que pueden usarse para transmitir algún

tipo de mensaje para audiencias relativamente amplias (…) tienen un profundo

significado como factor de influencia de los valores y estándares morales de las

sociedades modernas” (Slevin 2002).

Sin embargo, Internet plantea también un reto a los estados pues sigue

constituyendo un cierto factor de incertidumbre sobre cuál es la mejor forma

de regular tal medio y cómo conciliar la regulación y los intereses de sus ciu-

dadanos.

Como destaca Slevin (2002), en el intento de dotar Internet de un sistema

regulador que defienda al mismo tiempo los intereses del estado y de los ciuda-

danos, hemos asistido a lo largo de la última década al debate entre dos mode-

los. Los gobiernos tienden a defender un enfoque de Internet como tecnología

que facilita la difusión pública de material, próxima al sistema de broadcasting,

una actividad para la que se han desarrollado sistemas de regulación de conte-

nidos a lo largo de las últimas décadas. Por otro lado, los individuos y organi-

zaciones de la sociedad civil han defendido un enfoque de Internet como tec-

nología derivada del sistema telefónico, que siempre se ha caracterizado por un

sistema de regulación de contenidos bastante tenue. En ambos modelos se bus-

can siempre analogías entre diferentes medios (los ya conocidos y los nuevos)

y los sistemas de regulación implantados. Al igual que en el caso de Terràvista,

los debates sobre la regulación y/o censura de Internet se han desencadenado

con la detección de un problema previo que asume una amplia mediatización,

lo cual a su vez implica la actuación de entidades públicas que comunican el

inicio de un proceso regulador para el sistema. El debate que sigue suele llevarse

a cabo entre especialistas, que debaten los argumentos en los medios de comu-

nicación tradicionales o entre grupos parlamentarios, extendiéndolo a veces a

asociaciones representativas de la sociedad civil cuando se juzga que están en

juego los derechos, libertades y garantías otorgadas constitucionalmente a los

ciudadanos. Este fue también el caso de Terràvista.

Sin embargo, la inexistencia de una estructura organizada, participación

ampliada de las víctimas o un interés de la opinión pública en la defensa de los

derechos, libertades y garantías dio pie a una protesta algo atípica que se hizo